Incertidumbre en Fuerza Pública ante incapacidades por Covid-19

La Seccional ANEP-Fuerza Pública nuevamente alza la voz en defensa de los derechos laborales de los funcionarios y funcionarias de la Fuerza Pública. En esta ocasión respecto a las incapacidades que están recibiendo los oficiales que ha tenido contacto laboralmente con un caso positivo de Covid 19.

Así lo manifestó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que la administración está extendiendo incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cuando debería extenderse por la Póliza de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Hemos venido recibiendo reportes de casos de funcionarios de la Fuerza Pública, que son enviados a guardar cuarentena por haber estado laboralmente en contacto con un caso positivo de Covid 19 (compañero de trabajo y/o un particular) que, aunque no se tenga certeza de que puedan estar contagiados se les extiende una incapacidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Ahora bien, en los supuestos de que un contagio se dé dentro de la jornada laboral, el asunto es competencia absoluta del INS, lo cual viene a proteger daños futuros por riesgos del trabajo, algo que no sucede al extenderse una incapacidad por enfermedad de la CCSS”, detalló Anchía.

Lo anterior, a pesar de que el Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó que ante la sospecha razonable de que un trabajador fuera contagiado por el Coronavirus COVID-19, por causa o a consecuencia de su trabajo este sería atendido al amparo de la Póliza de Riesgos del Trabajo. Situación que también está contemplada en la legislación laboral costarricense en su artículo 197.

Artículo 197.- Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, queresulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que éstos han sido la causa de la enfermedad.
Código de trabajo

Anchía indicó que esta situación también viene a generar una afectación económica a los funcionarios que son incapacitados por medio de la CCSS.

“La incapacidad, evidentemente provoca una disminución en el salario mensual de nuestros uniformados, o sea, una afectación o perjuicio por ser parte de la primera línea de respuesta de la pandemia ¡algo si se quiere irónico!. Por tanto, lo mínimo que se espera y que se procede a solicitar de manera respetuosa, pero vehemente, es que se proceda con una revisión del manejo que se viene dando de lo supra indicado, pudiendo ser que, en algunos casos, la génesis del problema se encuentre en la negativa de hacer el respectivo reporte de riesgo de trabajo”, cuestionó Anchía.