Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Nadie lo pone en duda. A las puertas de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica del coloniaje español, el próximo año 2021, nuestra querida Costa Rica enfrenta una crisis de enormes proporciones y en distintos órdenes, que la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, tan sólo profundizó abriendo el escenario sanitario de esa crisis.
Antes del 6 de marzo, los principales indicadores socioeconómicos de diversas procedencias ya perfilaban un país con un sostenido crecimiento de la exclusión social y económica, aunado a ello a un debilitamiento de la credibilidad en lo que denominamos la clase política tradicional (“fortalecida” ésta con la inserción en ella del PAC y sus dos gobiernos), de lo cual no escapan los partidos-partidos que gravitan en torno a la misma.
En el campo de lo social y de lo popular la dispersión es la característica. También aquí hay crisis, especialmente en el sindicalismo cuyo corporativismo gremial, su vida básica afincada en el seno del sector Público, mayoritariamente; así como los liderazgos individuales, han marcado un derrotero que, al parecer, no está en condiciones de enfrentar el desafío de esta crisis multidiversa en la república del bicentenario.
Sin embargo, considerando que todo lo que nos confronta parece que arrasará con todo y con todos, emerge la necesidad de un esfuerzo mayúsculo de tolerancia en la diversidad, a tenor de la magnitud que parece mostrar la desestructuración de la sociedad tal cual vio crecer a ese sindicalismo excesivamente corporativista-gremial. Un llamado unitario, por tanto, es lo que conviene y es lo que hacemos por esta vía en lo que a nuestra parte nos toca.
Hemos visto, a la vez, cómo se están mostrando nuevos sectores y nuevos reclamos a raíz de las repercusiones económico-sociales de las restricciones gubernamentales producto de la pandemia; sin dejar de lado las anteriores peticiones y los juntos planteamientos de sectores tradicionales de la lucha social que, en algunos grandes episodios de ésta han coincidido con los sindicales, especialmente cuando éstos deciden juntarse y bajar el diapasón de lo que los estaba confrontando entre sí en un momento coyuntural especial.
Al parecer, aún no hemos tocado fondo. La profundidad y la extensión de la presente crisis augura mayores tormentos y más dolor para los sectores populares. Más pobreza, más desempleo y más desigualdad es lo que pronostica el Ministro de Hacienda, según reportes de prensa de su pasada comparecencia en el parlamento.
El testimonio de calle que están dando micro-pequeños y medianos empresarios, junto a sectores informales que muestran indicios de organización a un nivel superior (como los trabajadores conductores de las plataformas tecnológicas), muestra que se ha de extender la lucha social y que, con sindicalismo o sin él, ésta se va a dar.
El sindicalismo debe poner su parte y debe poner de su parte. Es decir, el amplio abanico de documentación analítica alternativa y propositiva que ha acumulado a lo largo de los últimos años, debe servir de base para construir unos puntos mínimos de acuerdo entre sí; y, presentarse ante el resto de los sectores sociales (y hasta productivos), como un aliado de confianza y de respeto.
Por otra parte, también se nota una actividad en el campo de la ciudadanía activa, es decir, personas y grupos sin pertenencia organizacional de ningún tipo (al menos, aparentemente), que reivindican desde diversos puntos de vista, contenidos patrióticos de integración social y alertan sobre el deterioro y sobre la pérdida de la institucionalidad heredada que, de una manera u otra, funcionó para el bien común y para el ascenso social; enfatizando en el problema de la corrupción gubernamental en sus proclamas. Varios de estos grupos formulan llamados unitarios, pero no muestran efectividad práctico-operativa de cohesión ante tanta diversidad.
No incluimos aquí la inminencia de la llegada del proceso pre-electoral para las votaciones diputadiles y presidenciales de febrero de 2022, estando ya a 18 meses de las mismas. Es de esperar que esto resultará imposible de obviar para la efectividad de los llamados unitarios y con una crisis más profunda, la confusión será mayúscula en amplios sectores de la población golpeada y ya casi que excluida. Sin embargo, los llamados unitarios seguirán siendo legítimamente válidos.
