¿Más impuestos?… ¿para que siga la robadera?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Dijo don Elián Valverde Villegas, ministro de Hacienda, en la Asamblea Legislativa, que vienen nuevos impuestos, pero que estos serán “solidarios” y “progresivos”. Si el Estado va hacia la quiebra “que le vuela la chaqueta”; si el déficit fiscal ya está fuera de control; si la prioridad fiscal son los acreedores de la deuda pública y el escandaloso pago de intereses de la misma; parece lógico suponer que a la gente de a pie (la trabajadora en su más amplio concepto, la clase media en desaparición, el micro-pequeño y mediano empresariado en proceso de extinción), dejen de castigarla con el descalabro fiscal en puertas, de lo cual no es responsable, pese a que sí ha estado sobre sus hombros, llevar la parte más dura y durante muchísimo tiempo de la carga tributaria de este país.

Suponemos (como ha sido nuestro reiterado reclamo durante varios años, en esta columna y en otros espacios, momentos y circunstancias), que don Elián, al hablar de impuestos “solidarios”, está pensando en las personas realmente acaudaladas cuyas fortunas individuales y/o corporativas ya eran sumamente gigantescas antes de la llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 al país. Y que, suponemos también, al hablar él de impuestos “progresivos”, se refiere a que todos los actuales, incluido el más injusto de todos, el impuesto al valor agregado (IVA), han sido “regresivos”. 

¡Eureka! ¡Efectivamente! Debemos alegrarnos de que, a lo mejor, el sistema tributario costarricense iniciará, “por fin”, una transición, una transformación; abandonando su histórico e injusto carácter regresivo (pagan todos por igual sin discriminar capacidad de ingreso), para adoptar el carácter progresivo (pagan más lo que más tienen). Si es eso lo que está, realmente, afirmando el actual Ministro de Hacienda, tendrá nuestro aplauso y respaldo.

Ahora bien, aunque fuese tímido un primer paso de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria, no se logrará nada sin impulsar y poner en práctica una serie de medidas paralelas (ejecutivas y legislativas), para atacar (o empezar a atacar), lo que hasta ahora ha sido la médula podrida o el ADN tóxico del sistema tributario nacional: la evasión y la elusión: esos 250 millones de colones por hora que se robaban los ladrones de impuestos (al menos, a la llegada de la pandemia), mediante una combinación de triquiñuelas jurídico-legales y administrativas, o por medio de una conducta evasora descarada.

Con ocasión de la manifestación vehicular pacífica que se efectuó el pasado lunes 27 de julio, las entidades sociales y sindicales promotoras, organizadoras y ejecutoras de la misma, entregaron un documento a las presidencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo; en cuyo apartado segundo se planteó lo siguiente: “La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, en el próximo período de sesiones extraordinarias a iniciar el 1 de agosto, de expedientes legislativos relacionados con:… Frenar el fraude fiscal que comete el gran capital”. Y, en lo específico, se anotó en ese documento lo siguiente: “Expedientes legislativos que contemplen recomendaciones del Informe Final de la Comisión Especial Legislativa 19.973, que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Papeles de Panamá”. 

Si alguna vez la Asamblea Legislativa fue responsablemente seria en cuestiones de orden tributario-fiscal, fue en el periodo constitucional anterior, 2014-2018, cuando la indicada comisión especial 19.973, puntualizó, una a una, las bases esenciales para impulsar una transformación tributaria estructural, lo cual ha sido y sigue siendo un eje estratégico de lucha cívica en el seno de la corriente sindical en la cual militamos a lo largo de los últimos años. 

Quienes estamos interesados, con sinceridad, en aportar para que nuestro país no sufra la demencial tragedia social de un default (no poder pagar lo que se debe como país, pese a que podría ser catalogada hasta de inmoral la deuda pública); debemos oponernos a más impuestos de carácter regresivo (como el anunciado incremento en el IVA); y exigir que, si de nuevos tributos hay que hablar, entonces que se trate, de verdad, de los “solidarios” y de los “progresivos”; y, a la vez, paralelamente, que se establezcan las primeras medidas que paren el gigantesco y vulgar robo de impuestos que era de hasta 8,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), al momento de la llegada del Covid-19.

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