Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con la tramitación del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. Se trata de una agresión de carácter ideológico a la institucionalidad fundamental de los postulados fundacionales de lo que la historia oficial registra como la Segunda República.
Por una parte, tenemos que las personas diputadas conformantes de la Asamblea Constituyente que, en 1949, promulgaron la actual Carta Magna de la República, decidieron que no debería Costa Rica seguir teniendo un Estado central, vertical-autoritario, con una figura presidencial todopoderosa.
Se optó por distribuir el poder público, mismo que hasta la llegada del doloroso conflicto-guerra civil de 1948, tenía el control total “de vidas y haciendas”, hasta el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Tal estado centralista, verticalista-autoritario, tiene mucho que ver con la voladera de balazos entre compatriotas, ocurrida en ese año 1948.
Por tanto, establecieron que la administración pública del país dispersara su poder y se caracterizara por las autonomías; naciendo las autonomías de las universidades públicas, la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las propias instituciones autónomas y la del régimen municipal. Tales autonomías se caracterizaron por diversos grados de independencia con relación al poder central del Estado.
Lamentablemente, tales corrientes ideológico-políticas, de un Estado central, todopoderoso, han vuelto a tomar fuerza después de muchos intentos en estos años de lucha cívico-popular en defensa del Estado Social de Derecho. Esta denominación, Estado Social de Derecho, es el concepto filosófico, político y jurídico para calificar la institucionalidad republicana que nació el 7 de noviembre de 1949, cuando se promulgó, repetimos, la Constitución Política todavía vigente.
Con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, están impulsando este Golpe de Estado parlamentario al carácter del Estado que quedó plasmado en la Constitución Política de 1949.
Por otra parte, con la Ley Marco de Empleo Público se ataca el corazón del sistema democrático reconocido universalmente: la separación de poderes. “Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello, debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás”. Así consignado en su obra máxima El espíritu de las leyes. (https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/el-origen-y-la-evolucion-de-la-separacion-de-poderes).
Tal equilibrio y contrapeso entre los tres poderes supremos del Estado (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial), es vulnerado, de manera peligrosa, en el proyecto Ley Marco de Empleo Público; puesto que será uno de ellos, el Ejecutivo, el que tenga el poder sobre los otros dos, el Legislativo y el Judicial, en todo el ámbito de las políticas de gestión de los recursos humanos, integralmente conceptuada, teniendo implicaciones profundas que contaminarán los procesos administrativo-financieros de esos dos poderes que, de un modo u otro, pasarán a sufrir un control ejecutivo desde la Casa Presidencial de turno (Poder Ejecutivo: Ministerio de Planificación y Política Económica -Mideplan- y Dirección General de Servicio Civil).
Este Golpe de Estado parlamentario, actualmente en desarrollo en el propio seno del primer poder de la República, el Legislativo, tiene mucho que ver con la acción política de gran agresividad que se ejecuta en el país en contra del bien común y en contra de la inclusión económica y social, por parte de las fuerzas del gran capital.
Éste se ha empoderado demasiado luego de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y la traición del Partido Acción Ciudadana (PAC) a sus postulados fundamentales fundacionales: enfrentar al neoliberalismo en la política pública, especialmente; e imponer la ética y la transparencia en la función pública atacando sin piedad a la corrupción. Hacia el término del segundo gobierno PAC, es contundente el juicio ciudadano de que se entregó al neoliberalismo y de que terminó coludido con la corrupción como sucedió con el PLN y con el PUSC.
La campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica desplegada en los últimos años en contra del empleo público, creó el escenario “ideal” que posibilita el trámite parlamentario del actual proyecto Ley Marco de Empleo Público; notándose un comportamiento legislativo de rebaño en la mayoría de las actuales personas diputadas que, con gran desconocimiento de la historia Patria, mocionan y votan según un titular de periódico.
