Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Un telediario sacó nota de prensa con este título: “Medidas cautelares contra los investigados por el caso Cochinilla aumentó la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos”.
¡Exacto! Pero digámoslo con mayor contundencia y en mayúsculas: LA CLASE POLÍTICA TRADICIONAL (la vieja y la recién llegada a esta categoría) ESTÁ CORRUPTA; y las excepciones (porque todavía hay personas dentro de la misma que son honestas) solamente confirman que nuestros y nuestras gobernantes, ubicados en los distintos niveles de la institucionalidad, se pudrieron.
Les transcribimos algunos comentarios de personas ciudadanas que, con motivo de la indicada noticia, escribieron lo siguiente:
“No podemos seguir dormidos, esperando que alguien robe y robe tantas oportunidades de jóvenes. Necesitamos un líder de verdad, alguien que esté dispuesto por los pobres y la clase trabajadora”.
“Cuánta gente no tiene trabajo en este país, con problemas de pagar alquiler de su casa, de su comida; pero solo hablamos. Tenemos que despertar”.
“Necesitamos un… Bukele… Para extirpar tanta lacra política neoliberal y lacra judicial servil a los neoliberales políticos corruptos. Basta ya de tanto engaño y tanta m…”.
“Siervos menguados que solo para el berreo somos buenos. Pendejos que no salimos a las calles a luchar por un país más justo y equitativo”.
“Porque tiene plata todo lo puede comprar y con la plata del pueblo. Si fuese un pobre ni siquiera finanza le ponen”.
“Eso ya se resolvió: una fianza que da vergüenza y cada uno a gastar sus millones que de por sí este pueblo es tonto”.
“Todo pinta a impunidad una vez más”.
Las anteriores opiniones, de una manera u otra, reflejan un amplísimo criterio ciudadano generalizado. El hartazgo, el enojo, la molestia, la ira, la rabia y hasta el odio, efectivamente, tienen que ver con el impactante aumento de la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos; agréguele la Contraloría, el TSE, la Fiscalía, el Consejo de Transporte Público, etc., etc.; y del Conavi, ¡ni hablar!
¡Ah, bueno! Y para peores, la resolución final en el caso Cochinilla puede durar diez años o más. Todo parece indicar que, nuevamente, nos arrastran al perverso lodazal de la impunidad.
En este mismo espacio, el miércoles 28 de marzo de 2018, hace 3 años y 3 meses, escribimos un artículo-propuesta que titulamos el Consejo Cívico contra la Corrupción, algo que parece ser de gran urgencia en estos momentos, considerando que es irrefutable la realidad de que “aumentó la desconfianza de los ticos en el Poder Judicial, en el gobierno y en los partidos políticos”, entrando ya a lo que pareciera ser un punto de no retorno.
En esa ocasión, indicamos lo siguiente: “La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.
Cuando hablamos de “en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar”, hacíamos alusión al de Luis Guillermo Solís Rivera; y, al escribir en ese artículo “pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de hasta un determinado momento, ‘intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico’”; estábamos indicando los casos de Juan Carlos Bolaños Rojas y de Samuel Yankelewitz Berger.
Hoy, otro hombre de negocios de intachable prestigio, se adiciona a ese club de magnates involucrados en presuntos casos de corrupción monumental a los cuales se les da casa por cárcel, Carlos Cerdas Araya; pero para que haya equidad de género, aparece involucrada una mujer empresaria, Mélida Solís Vargas.
Y en cuanto a la participación de personas funcionarias públicas en estos casos de corrupción, apuntamos lo siguiente: “Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.”.
Ese artículo, “El Consejo Cívico contra la Corrupción”, del miércoles 28 de marzo de 2018, empezó con este párrafo: “El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica)”.
Saque sus propias conclusiones, pero es incuestionable que la corrupción está sin control lo que obliga a la autodefensa civil.
