Mainor Anchía Angulo, Presidente Seccional ANEP- Fuerza Pública
Al escuchar las declaraciones de varios funcionarios, jerarcas o exjerarcas del Ministerio Público, quienes a viva voz, relatan que el sistema anti-lavado es incapaz de detectar capitales ilícitos, o sea, lavado de dinero; no me queda la menor duda de que nuestro país se encuentra a merced del crimen organizado. Extracto de una de las declaraciones: “Por eso señores diputados y señoras diputadas, comprenderán que en esta materia existen más sinsabores que alegrías (…)”.
Para nadie es un secreto que el lavado de dinero tiene una estrecha relación con la producción, venta y distribución de drogas ilícitas (narcotráfico). Por ello, podríamos considerar, a partir de las declaraciones antes transcritas, que no hemos golpeado al narcotráfico como lo hace ver el actual Ministro de Seguridad Pública, con cada decomiso de drogas; por el contrario, vamos perdiendo por goleada y estamos sacando agua del bote.
Esa presunta incapacidad para detectar dinero de dudosa procedencia, podría estar relacionada con la falta de voluntad política tendiente a fortalecer los mecanismos de control; aunque surge la duda con relación a que pueda ser algo premeditado. Al menos, se deja ver con claridad la falta de interés.
Paralelamente, el desinterés por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, se concatena con el desmejoramiento paulatino de las condiciones laborales de los cuerpos policiales. Entre otras cosas que muestran su deterioro, podemos citar, falta de calzado policial (vemos policías en tenis, zapatillas, o en botas de hule); es notoria la falta de mantenimiento y repuestos para la flotilla vehicular; la infraestructura es deficiente en la mayoría de los casos, etc. Todo eso se ve agudizado con la regresividad salarial de los últimos años (los cuerpos policiales fueron incluidos en la Ley Fiscal; ahora están incluidos en la Ley Marco de Empleo Público, con lo cual verán también congelados sus paupérrimos salarios). Contrario sensu, el crimen organizado, tiene mucho dinero y todos los recursos a su disposición.
¡Sí!, el narcotráfico opera en todo el país. Ya, aquel discurso de que los problemas de inseguridad se encontraban focalizados en algunos sectores urbano-marginales, es cosa del pasado.
Lo mismo vemos homicidios, asaltos, narcotráfico, en Puntarenas, Limón, San José, o la Zona Sur. Hablando de la Zona Sur del país, Punta Burica es un sector utilizado por el crimen organizado para trasegar drogas. Nuestra frontera con Panamá no cuenta con la seguridad requerida, necesaria y pertinente; no tiene el recurso humano y logístico para operar con mayor efectividad.
Para el año 2019, según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Fronteras contaba con 390 funcionarios, los cuales se distribuyen en turnos, así como en distintas regiones del territorio nacional. Esa cantidad de funcionarios (390), debería ser mínimo el que atienda la Frontera Sur.
En ese mismo sentido, estrechamente ligado con el tema fronterizo, la Policía de Migración, como lo constatan varios reportajes del Diario Extra, muestra las paupérrimas condiciones que enfrenta dicho cuerpo policial. Al efecto, el funcionario y dirigente sindical, Gerardo Mora Ordoñez, clama, de manera incansable, por la inyección de recursos que les permita operar de una mejor manera; pero, una vez más, no parece haber voluntad política, en momentos en que, por cierto, vivimos una situación delicada con la constante llegada de población migrante a suelo nacional.
El panorama luce oscuro, al menos, así lo vemos quienes nos movemos en la llanura. Al parecer, nuestros gobernantes tienen otra perspectiva. En más de una ocasión me he cuestionado: ¿será falta de voluntad política, o más bien es producto de una confabulación con algunos grupos que, de repente han apoyado campañas políticas con bolsas de dinero? Lo anterior se fundamenta en la falta de acciones concretas; la “sordera” de nuestros legisladores es pasmosa. En varias oportunidades les hemos señalado la necesidad de fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales, hemos advertido que no es oportuno afectar sus condiciones laborales, mucho menos provocar en las personas que los integran, una disminución en sus pocos ingresos.
Nuestro territorio viene siendo “tomado” por el narcotráfico, y el crimen organizado, mientras tanto, seguimos careciendo de una verdadera estrategia nacional sobre drogas, así como de una Política de Estado que procure articular acciones, mitigar o dar contención al ilícito negocio de los estupefacientes.
Extrañamente, la policía especializada, la Policía de Control de Drogas (PCD), sigue trabajando con las uñas, continua sin incrementar el recurso humano, de manera tal que pueda fortalecer sus investigaciones y, por ende, la lucha contra el flagelo que carcome nuestras comunidades. Para el año 2019, la PCD contaba con 169 funcionarios, siendo el segundo cuerpo policial con más bajas por renuncia, superado únicamente por la Fuerza Pública.
Nuestros gobernantes parecen desconocer, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país. Inexcusablemente, para mejorar el combate a la criminalidad, es preciso dignificar su trabajo; así mismo, urge robustecer su capacidad operativa. Pero, para ello, se requiere voluntad política, una que hasta ahora parece inexistente.
