Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Consideramos de gran relevancia una respuesta pública por parte de la señora Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), acerca de cómo votó, en el seno de la directiva de la CCSS, de la cual ahora forma parte, en el caso del polémico nombramiento del señor Gustavo Picado Chacón, en el altísimo y sensible cargo de Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Doña Martha, recientemente, fue nombrada por Carlos Alvarado Quesada como integrante de la Junta Directiva de la CCSS para ocupar el escaño sindical disponible en el seno de la misma, luego del sensible fallecimiento del legendario luchador social, don Mario Devandas Brenes.
La designación presidencial de doña Martha para que ocupe el cargo dejado por don Mario (q.d.D.g), ha sido sumamente controvertida, con problemas de transparencia, especialmente en cuanto a la veloz transición de ella como funcionaria asalariada de la Caja, hacia la categoría de persona trabajadora pensionada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); pues siendo empleada tenía prohibición para llegar al mencionado cargo directivo. Se presume que podría haber ocurrido un tráfico de influencias al más alto nivel al respecto. Sobre este particular, la discusión no está terminada.
A don Gustavo Picado Chacón le nombraron por seis años en ese altísimo cargo, mismo que conlleva enormes sensibilidades, objetivas y subjetivas, a raíz del impacto financiero para la CCSS que ha venido generando la atención de la pandemia; y, porque, además, él fue protagonista de primer orden en un pasado reciente en el cual las finanzas de la Caja sufrieron un duro golpe negativo, según lo investigara el Ministerio Público, para el cual se tomaron decisiones erróneas y controversiales que habrían dejado a la institución pérdidas de, al menos, 217 mil millones de colones.
Otras personas especialistas de altísimo nivel y de gran rigurosidad técnico-profesional, conocedores de estos temas, han hablado de una suma extraordinariamente mayor.
Ante consulta de prensa, y sobre la inclusión de don Gustavo Picado Chacón en el grupo demandado ante el Ministerio Público, éste respondió lo siguiente: “Respecto a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que, desde el 13 de marzo del 2020, envió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una acusación dentro de la causa 12-000046-0615-PE, contra 16 personas, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública; además de solicitud de sobreseimiento en relación con tres personas más. La Fapta indicó que, actualmente, está a la espera de que el Juzgado programe la fecha en la que se realizará la audiencia preliminar”.
Don Gustavo es una de esas 16 personas y jamás estaríamos de acuerdo en que ni a él, ni a ninguna otra persona, se le violara el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, si él y las otras quince personas serán llevadas a juicio no está definido, pues eso será resuelto en una audiencia preliminar que todavía no tiene fecha; pero lo real es que la acusación del Ministerio Público, según tenemos entendido pues estuvimos muy cerca del proceso que derivó en ello, es muy sólida.
Entendemos que la lista de personas candidatas profesionales a ese cargo superó las veinte; entonces, no entendemos las razones de peso para que la directiva de la Caja nombrara a don Gustavo que, si bien no ha sido sentenciado a nada, creemos que dado su paso controversial anterior por la gestión financiera ameritaba no reposicionarlo en este mismo ámbito.
Es en tal sentido que, repetimos, doña Martha Rodríguez González no debería permanecer más en silencio. Su designación presidencial para ocupar un puesto directivo en la Caja, autoproclamada por la corriente sindical a la que pertenece, como representación de toda la clase trabajadora, le impone un imperativo obrero-ético y moral para actuar con toda transparencia en la toma de decisiones a nivel de tal condición.
Sobran razones para que, en este caso, doña Martha nos cuente cómo votó ella misma: si la decisión fue unánime por parte de las nueve personas integrantes de esa directiva; si fue votación dividida, quiénes fueron mayoría y quiénes fueron minoría; quién presentó el nombre de don Gustavo y si podemos conocer el informe de sustentación de su nominación; qué otras personas candidatas se consideraron y sus atestados; etc.
Doña Martha: como podrá apreciar, la transparencia en estas y en otras decisiones a nivel de la Junta Directiva de la Caja, se impone como nunca antes por las condiciones que representa la realidad costarricense y, especialmente, por la realidad de la clase trabajadora en todas sus denominaciones. Su respuesta será muy apreciada. Su silencio, de persistir, también puede ser considerado respuesta.
