Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
No podemos dejar pasar desapercibido, como un dato más del proceso electoral del pasado domingo 6 de febrero, la circunstancia de que 4 de cada 10 costarricenses, no hiciera uso del sagrado derecho al sufragio.
Pensamos que en todas las instancias político-partidistas y en las de las diferentes organizaciones de la denominada sociedad civil, se debe reflexionar, como nunca antes, sobre este fenómeno del abstencionismo; mismo que, según nuestra visión, no se puede abordar sin considerar el estado actual de la realidad socioeconómica de nuestro país.
Muchas personas estudiosas han logrado puntualizar, mediando las más diversas investigaciones, que las zonas costeras, del Pacífico y del Atlántico, así como las zonas fronterizas, muestran indicadores de pobreza y de extrema pobreza más que alarmantes.
De hecho, la vergonzosa situación de que Costa Rica ocupe el octavo lugar del listado de países más desiguales del planeta, tiene mucho origen en esas áreas geográficas del territorio nacional en las cuales, precisamente, parecen estar los niveles más altos de abstencionismo.
Entonces, el abstencionismo, por una parte, parece que no puede desvincularse de procesos de exclusión y de ruina económica. Además, muestra vínculo con importantes servicios públicos deteriorados o insuficientes, por una parte; y, por otra, no es despreciable asociarlo con el creciente fenómeno de la delincuencia y del crimen organizado del narcotráfico, especialmente en ciertos niveles territoriales.
El fenómeno del abstencionismo guarda relación con el grado de legitimidad de las autoridades electas. No es lo mismo que un gobernante obtenga un mandato por mayoría producto de una altísima votación; que un mandato procedente de, apenas, la mayoría de la mitad del universo electoral establecido.
Y, si esos altos abstencionismos debilitan la legitimidad de la autoridad del gobernante electo, es previsible que su acción ejecutiva presente problemas de gobernabilidad; es decir, el grado de aceptación de ese mandato en el seno de la población, podría restringirse a la votante; mientras que la abstencionista puede sentirse liberada de someterse a la nueva autoridad gubernativa.
Para el proceso electoral en desarrollo, dado que habrá segunda ronda de votaciones presidenciales, es dable esperar un mayor nivel de abstencionismo.
Si en la ciudadanía abstencionista los sentimientos de decepción, de frustración, de desesperanza y de enojo arrojan puntos clave para explicarse el fenómeno; las opciones partidistas finalistas harían muy bien si realizan una ofensiva de sensibilización de la importancia del voto de segunda ronda presidencial; no solamente para procurar que la cifra del 40% de abstencionismo de primera ronda, se redujese; sino que, por el contrario, esta segunda elección brinde una mayor legitimidad a la opción triunfante.
Ahora bien, si ese abstencionismo del 40% será mucho mayor para el domingo 3 de abril, fecha de las segundas votaciones presidenciales, el gobierno saliente de las mismas tiene la ineludible obligación de realizar algún tipo de intervención integral en las comunidades de mayor dramatismo abstencionista, mediando la organización comunal de base existente o por crearse, con la finalidad de comprender bien las causas y proceder a combatirlas.
Finalmente, el abstencionismo tiene relación directa con la calidad de la democracia. No es posible, repetimos, dejarle pasar desapercibido; si, además, tomamos en cuenta que las limitaciones que está demostrando la democracia electoral, la cual se sustenta, cada vez más, en una cuestión de poderío económico de las opciones en pugna; la misma estabilidad democrática de la República es la que está en juego, llevándonos por el camino peligroso del Estado fallido si no hacemos algo al respecto. Todavía hay tiempo.
