Con la consigna de que el agua es un derecho y no un negocio, más de 23 comités de base de comunidades de diferentes partes del país, organizaciones ambientales, estudiantes y otros colectivos sociales se concentraron este jueves 13 de marzo a las 11am en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en Barrio Escalante, para luego marchar hasta la Asamblea Legislativa donde se desarrolló una actividad cultural e informativa con diputados actuales y electos en el bulevar hasta las 4 de la tarde.
Las comunidades y sectores aliados están luchando contra la expansión de proyectos hidroeléctricos, mayoritariamente privados, que proliferan debido a la expectativa de que aumente el porcentaje de generación eléctrica lo que permitiría a empresas privadas vender e incluso exportar electricidad a otros países, tal cual se permitiría si se aprueba el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica.
De los 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013) ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA. Esta gran cantidad de proyectos evidencia que se están adelantando al nuevo sistema de licitación establecido por el Gobierno y a una eventual apertura del mercado, a partir de las leyes que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa (ver recuadro). A estos proyectos hay que sumarles los ya construidos, más los que están en planes del ICE, cooperativas, empresas de servicios públicos y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para ocupar prácticamente todas las cuencas del país.
No sería de extrañar que esta carrera por presentar estudios ambientales y aprobar determinadas leyes antes de que termine la Administración Chinchilla, se vincule con el pago de favores políticos a generadores privados tal cual lo denunció recientemente el diputado Juan Carlos Mendoza, durante la tramitación del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. Mendoza recordó que en la pasada campaña 2008 donde resultó electa Laura Chichilla, se hicieron contribuciones al Partido Liberación Nacional por ¢220 millones entre aportes económicos directos por ¢117 millones y compra de bonos de deuda hasta por ¢103 millones, y que entre quienes hicieron las contribuciones figuran empresas de generación eléctrica a nivel centroamericano. Por ello se infiere que hay una presión por terminar de debilitar el sistema solidario del ICE y privatizar el mercado eléctrico nacional.
La resistencia de las comunidades permite comprender la práctica del Gobierno que impulsa la apertura del mercado eléctrico por medio de iniciativas de carácter centralistas y privatizadoras, que no vendrían a regular este tipo de conflictos. Los grupos organizados exigen que se aprueben los proyectos de ley que vendrían a asegurar una administración participativa y justa del agua como son las propuestas originales de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (presentado por iniciativa popular), la Ley para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales (ASADAS) y la reforma constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano.
Situación por regiones
– Zona Sur. De los 23 proyectos que ya presentaron estudios ambientales a SETENA, 14 se encuentran en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas. Debido a que existe gran escasez y poca disponibilidad de fuentes de agua limpia, el control de los pequeños ríos ha detonado en conflictos porque las comunidades reclaman su derecho de que el recurso hídrico debe ser primero para uso de la población. La problemática se agravó en febrero de 2013 cuando el ICE adjudicó a 11 empresas privadas la realización de 6 proyectos hidroeléctricos en distintas partes del país. De estos proyectos, al Consuelo y Monteverde II (en Buenos Aires y Pérez Zeledón, respectivamente) se les dio un año de tiempo para completar el EIA, por lo cual las municipalidades corrieron a establecer moratorias para evitar que el agua se destinara a la generación eléctrica, sin embargo, por la presión de las empresas interesadas, Pérez Zeledón terminó derogando el acuerdo municipal. En dicha licitación, el ICE no consideró ningún ordenamiento ni otro mecanismo efectivo para definir el uso racional de las cuencas que se emplean para la generación eléctrica, ni tampoco ha tenido consideraciones hacia la garantía del agua para el consumo humano, asunto que ha provocado conflictos por el uso del recurso en diversas regiones del país. (Programa del Estado de la Nación, 2004)
Por su parte, en el Cantón de Dota, 6 distintos proyectos hidroeléctricos amenazan el rio Savegre. Las comunidades de la zona están organizadas contra las represas y otras problemáticas, como quedó demostrado recientemente cuando evitaron que el ICE colocara líneas de alta tensión en áreas catalogadas de protección silvestre. Tanto en Dota como en otras regiones de la Zona Sur, los comités de base se han aliado con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Diquís por los impactos sociales y ambientales que tendría el megaproyecto.
– Zona Norte. Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, para el año 2000 solo en la cuenca del río San Carlos se consignaban un total de 28 proyectos, 14 en operación y otros 14 en fase de estudio, todos privados y en manos de cooperativas. Además, en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres (Canalete II, Los Negros I y Cote) ya entraron en operación.
Actualmente, el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua en Upala, desarrollado por Coopeguanacaste está causando efectos altamente destructivos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua, lo que ha movilizado la oposición comunitaria y de otros actores aliados para la protección de estos ecosistemas y garantizar el suministro del agua a la población local.
– Caribe. Estudios previos para una represa sobre el rio Chirripó ha generado la alerta de las comunidades cabécares por la construcción de caminos y posible desplazamiento, ocasionando división entre la población. A unos kilómetros del Chirripó se encuentra el río Parismina donde una empresa privada quiere realizar otro proyecto que ha implicado impactos y conflictos con vecinos.
Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica #18.093
– Consumaría la apertura del mercado eléctrico del país para favorecer a empresas privadas locales y transnacionales. Trata de confundir llamándose “Ley de Contingencia” cuando la verdad es que el país no está en estado de emergencia en materia de generación eléctrica y satisfacción de la demanda.
– Permitiría construir centrales eléctricas de hasta 50 MW (actualmente tope es de 20 MW) y hasta proyectos del 30% del sistema eléctrico (777 MW), es decir, más grandes que el Diquís por ejemplo. Esto equivale a eliminar por completo los límites actuales y asegurar la subasta de todas las fuentes energéticas nacionales para la generación eléctrica.
– Negocios con los ríos: solo en el año 2011 la sociedad costarricense le pagó a 27 empresas privadas US$109.701.774 (₡60.335.975.700 a un tipo de cambio de ₡550 por dólar) por generación eléctrica. Al romper el tope de los proyectos con esta nueva ley, se puede dimensionar el gran negocio que está detrás.
(Ver más en (http://www.feconcr.org/doc/contingenciaelectrica.pdf)
