Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Lo venimos planteando, lo reiteramos e insistiremos en ello: la distancia entre el gobernado y los gobernantes se hace cada día que pasa, más grande y profunda.
En las redes sociales hay un hervidero de comentarios fuertes que muestran distintas expresiones de un enojo ciudadano con eso que han dado en llamar la clase política, especialmente la de corte neoliberal y sus diferentes expresiones actuales a nivel de partidos: PLN, PUSC, PAC, el PLUSC-PAC.
“Desobediencia civil”, “golpe de Estado”, “lucha armada”, “insurrección popular” …, resumen sentires cargados de impotencia y de rabia, de iracundo enojo ante la percepción (más que justificada), de que no se están haciendo bien las cosas en este país y que quienes están perdiendo son las mayorías.
La última encuesta que acaba de salir a la luz pública es más que contundente: Alvarado resulta calificado como el peor mandatario de los últimos 40 años (desde Rodrigo Carazo Odio); entre el 70-75% de la gente que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), y cerca del 95% que habita las zonas costeras en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, consideran que Costa Rica va por un rumbo equivocado.
La gente está empezando a darse cuenta de que, si bien va a votar cada cuatro años, no elige. El rumbo que adoptan los gobernantes, no es el que la gente eligió cuando, ingenua y manipuladamente, fue a votar.
En el caso de las 57 personas diputadiles que conforman el parlamento, con destacables excepciones, notamos que la legitimidad formal que les llevó a ocupar una curul, no guarda relación con la legitimidad real que están ostentando en estos momentos.
Eso podría ser corregido al atender ya no sólo las necesidades de las personas que les eligieron, sino las del pueblo, en general; cada vez más estrujado por las derivaciones negativas de una sociedad que tiene en la desigualdad, en el desempleo y en la corrupción, su principal flagelo.
Se está gobernando-legislando para poderosos intereses del alto gremialismo corporativo-empresarial; se está protegiendo las enormes riquezas y fortunas concentradas (algunas mal habidas); tolerándose, de manera cómplice y hasta remunerada, que siga la evasión y la elusión tributario-fiscales, tanto en lo administrativo-gubernativo como en lo legislativo.
El creciente alejamiento entre el gobernante y el gobernado va de mal en peor. Ahora, la clase política tradicional, que responde a la élite económica que la nutre y la respalda, va a dar un paso peligrosísimo, provocador y hasta detonante, socialmente hablando:
Van a instaurar una especie de dictadura parlamentaria institucionalizada, con la anuencia del poder Ejecutivo, reformando el reglamento legislativo para impedir que ese alejamiento entre el gobernante y el gobernado, germine en adversa reacción popular de insospechadas consecuencias.
“Cuando el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley podrá optar para que su proyecto reciba mociones de modificación o bien, no aceptar ninguna, o aceptar solamente las que en su criterio tiendan a mejor el proyecto o garantizar su aprobación”.
Es ésta una moción de fondo presentada con relación al expediente legislativo No. 21.116, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa; modificando el artículo 123 del mismo, “Presentación de mociones en comisión”.
La dictadura parlamentaria institucionalizada operaría, de manera especial, durante los dos períodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (agosto y de diciembre a abril), en los cuales es el Poder Ejecutivo es el que indica qué proyectos de ley se deben tramitar; asegurándose que se aprueben tal y como los envía, a contrapelo de opiniones ciudadanas responsables, diputados y diputadas con real vinculo cívico y popular (no corporativo-empresarial), criterios especializados y legislaciones contrarias al bien común.
Considerando la naturaleza de corte neoliberal que controla la hegemonía política en el actual gobierno Alvarado Piza; considerando los intereses reales que se protegen desde la tríada gobiernista PLUSC-PAC y su mayoría parlamentaria de corte cuantitativo; agregándole la naturaleza de los intereses preponderantes que la misma promueve en conjunto con los fundamentales que se defienden desde Zapote; esta reforma al reglamento legislativo no tiene más propósito que el de instaurar una dictadura parlamentaria institucionalizada, a fin de pasar peligrosa legislación contraria al bien común.
La serie de tropelías que se vienen cometiendo desde la extremadamente sorda clase política tradicional (como el fallo constitucional de compadre hablado que impuso, como ley de la República, el combo fiscal -hoy ley de la República No. 9635-); tiene, lamentablemente, espacio abierto para esta abusiva reforma al reglamento legislativo… y, ¡para más!; pues el gobernado está disperso, desarticulado, excesivamente gremializado, con precariedad de visión, con no pocos oportunismos y arribismos en su interior, que le impiden presentarse ante el gobernante con altura cívica integradora de desafío estratégico. Pero no será así por siempre…
