La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP manifiesta su profunda preocupación por los recientes nombramientos realizados en puestos de alta dirección dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales continúan generando serias dudas sobre los criterios utilizados para conformar la estructura gerencial de la institución.
Resulta imposible ignorar que los funcionarios públicos recientemente designados provienen directamente de otras instituciones del actual aparato gubernamental y mantienen vínculos laborales previos con quienes hoy ocupan posiciones de poder dentro del AyA.
Tal es el caso de Roberto Alvarado Astúa, quien recientemente fungía como Director Nacional de DINADECO y anteriormente laboró en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que ahora asume una de las posiciones de mayor relevancia administrativa y financiera dentro del Instituto.
De igual forma, María Morera Calderón laboró en la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), dependencia donde también desempeñó funciones la actual Presidenta Ejecutiva del AyA. Posteriormente fue incorporada a la institución y ascendida a una posición de alta jerarquía.
Desde ANEP consideramos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron los criterios técnicos, profesionales y de experiencia que justificaron estos nombramientos, así como los estudios de atestados y análisis realizados para determinar que las personas designadas cumplen con los requisitos establecidos para cargos de tan alta responsabilidad e impacto en los resultados institucionales.
Más preocupante aún resulta la ausencia de información pública suficiente sobre algunos de estos perfiles, particularmente en lo referente al puesto de Subgerencia General, situación que impide a la ciudadanía verificar con transparencia la idoneidad de quienes hoy administran recursos públicos millonarios y toman decisiones estratégicas para el país.
Surge entonces una interrogante fundamental: ¿cuál es la verdadera necesidad institucional que justifica el fortalecimiento de nuevas posiciones de subgerencia y alta dirección mientras persisten múltiples necesidades operativas, técnicas y de infraestructura en los sistemas de agua potable y saneamiento?
¿Se está fortaleciendo la capacidad operativa del AyA o se está fortaleciendo la burocracia institucional?
¿Existe una evaluación técnica, organizacional y financiera que demuestre que estas nuevas posiciones no generan duplicidad de funciones con gerencias, direcciones y estructuras ya existentes?
¿Puede la Junta Directiva de AYA demostrar que estos nombramientos responden a una necesidad institucional real y no al crecimiento de una estructura administrativa cada vez más pesada y costosa para la institución?
Por transparencia, corresponde a la Administración Superior y particularmente a la Junta Directiva poner a disposición de la ciudadanía los estudios técnicos, criterios de selección y análisis organizacionales que respaldan estas decisiones.
Mientras miles de usuarios enfrentan problemas de abastecimiento, infraestructura rezagada, pérdidas de agua, limitaciones presupuestarias y crecientes demandas de inversión, resulta legítimo cuestionar si el camino correcto es aumentar la estructura administrativa superior o fortalecer las áreas técnicas y operativas que impactan directamente la prestación de los servicios.
La ANEP continuará vigilante y exigirá que todos los nombramientos en el AyA respondan a principios de mérito, capacidad, experiencia comprobada, transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones públicas deben estar al servicio del interés general y no convertirse en espacios donde prevalezcan relaciones de confianza, cercanía política o redes de influencia por encima de la idoneidad profesional.
La administración de una institución estratégica para Costa Rica no puede estar rodeada de dudas ni de cuestionamientos sobre la utilización de los recursos públicos. La ciudadanía merece respuestas claras, documentos públicos, procesos transparentes y la certeza de que cada decisión adoptada responde al interés institucional y no a intereses particulares.
