La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) junto a la Seccional ANEP-INDER denunciaron ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República la compra de dos fincas de mala calidad para la producción agrícola y agropecuaria, así como presuntos pagos indebidos por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el objetivo de que los casos sean investigados y se sienten las responsabilidades que corresponda.
Así lo manifestó esta mañana en conferencia de prensa el Lic. Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INDER quien indicó que la compra de dos fincas por parte del INDER, en el sector de Guanacaste, adolecen de condiciones para el desarrollo de proyectos productivos (agrícola y agropecuario), terrenos que, además fueron adquiridos sin el consentimiento de la Comisión de Compra de Fincas, órgano técnico del INDER.
Según Quesada, la primera de estas fincas llamada Los Jilgueros fue rechazada por la Comisión de Compra de Fincas, al determinar que: “en la finca del centro hacia el norte, se presenta la Unidad Cartográfica denominada Río Tempisque (con 90.91 ha que representan el 42,6 del área total del terreno) que corresponde a suelos clasificados como vertisoles (arcillas que se expanden en invierno y se contraen en verano, características físicas que los hace de muy difícil manejo, tanto en período lluvioso como el seco)…lo anterior unido al hecho de que este sector de la finca no tiene actualmente disponibilidad de agua para riego (no hay certeza de que se pueda irrigar a futuro)”.
La otra finca adquirida por el INDER de forma irregular es la conocida como La Urraca, la cual fue comprada a Nelson Espinoza Hernández, sin embargo esta también fue rechazada por la Comisión de Compra de Fincas como consta en el acta 09-2013 del 30 de mayo del 2013.
“La comisión de Compra de Fincas la rechaza por cuanto: “no hay posibilidad de abastecimiento de la finca por medio de agua superficial, se debe pensar en abastecimiento de agua subterránea para lo cual el SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) ha indicado que la finca se ubica cerca de fuentes de agua subterránea, pero no existe un estudio específico para la finca que determine, no solo la existencia, sino la capacidad de abastecimiento para un desarrollo parcelario intensivo y el proyecto productivo que en él se establezca”, indica el acta.
Ante estos escenarios, Quesada indicó que se formularon las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para sentar responsabilidades, ya que “algunas personas podrían estar sacando beneficio por la compra de los terrenos”.
Presuntos pagos indebidos en el INDER
Además de las denuncias interpuestas por la compra de fincas de mala calidad por parte del INDER. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados junto a la Seccional ANEP-INDER formularon dos denuncias más en contra de la institución, esta vez por presuntos pagos indebidos. Ambas ya fueron interpuestas ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
Quesada detalló que la primera de ellas se formula por un pago de prohibición que desde hace varios años se le viene haciendo a dos directores de la institución.
“Respecto a esto la Contraloría ha dicho que el pago le corresponde a la persona o personas que ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del sector público, fuera de las cuales ningún otro cargo de dirección se entiende cubierto por la prohibición”, explicó el Secretario General Adjunto de la ANEP.
El otro caso se refiere a la contratación de un chofer para la Gerencia General, el cual paso de ganar ¢400.000 antes de pensionarse a ¢1.100.000 después de recibir ese beneficio.
“Son cuatro denuncias graves, en las cuales dicho sea de paso podría tener responsabilidad Rolando González Ulloa, candidato a diputado en primer lugar por el Partido Liberación Nacional en la Provincia de Alajuela y expresidente del Instituto de Desarrollo Rural”, finalizó Quesada.
A estas denuncias se une la realizada públicamente por la ANEP, en donde se deja en manifiesto que los requisitos que piden para los puestos vacantes del INDER hacen prever que cada puesto ya tiene nombre y apellidos, lo que ha permitido que se nombre a familiares y amigos sin determinar si tales contrataciones corresponden o no a las necesidades institucionales.
