La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió en un conversatorio en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con cuatro instituciones del Estado, para pedirles “cuentas” sobre cuál es la actual situación de las personas y trabajadores migrantes en nuestro país.
En el conversatorio estuvieron presentes Kattia Rodríguez de la Dirección de Migración y Extranjería, Johnny Ruiz, Director del Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo; así como un representante de inspección del Instituto Nacional de Seguros y el Director de Inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Fidelina Mena, Abogada en el Sector Migrante de la ANEP, indicó que otras de las solicitudes planteadas a las instituciones fue que indicaran cuál es la verdadera ruta, que supuestamente esta especificada en la ley, se debe cumplir para las inspecciones de esos derechos vulnerados a la persona migrantes, ya que esta no se está cumpliendo.
“Lo que nosotros como sindicato podemos llegar a ver, es que efectivamente en Costa Rica existe una ley ejemplar que respeta todos los derechos humanos en el campo laboral, sin embargo, a la hora de su aplicación y cumplimiento los mecanismo son poco efectivos, para abordar y multar al patrón de ser necesario por la infracción que comete”, indicó Mena.
Otro de los temas preocupantes abordados con la Dirección de Migración y Extranjería, fue el de la efectividad de aplicación de dos transitorios, que buscan facilitar la regulación de los trabajadores y la obtención de su permiso de trabajo, ya que estos han sido utilizados escasamente por los empleadores.
“En dos años solo 28 mil personas han podido regularizarse, y en relación al trabajo solo aproximadamente 6 mil. Esto se da por falta de voluntad del ente patronal y a que este va postergando el permiso laboral del migrante y se la va jugando, porque con esta norma transitoria las multas están suspendidas. Cuando termina el transitorio lo que hace es despedir al trabajador y supuestamente no se puede cobrar la multa, pero aquí nosotros tenemos la posición de que si infringió la ley tiene que pagarse”, dijo Mena.
Según Mena, la solución más viable para cambiar ese escenario, es realizar una reforma a la Ley, para que el permiso de trabajo le corresponda solicitarlo al trabajador y no al empleador. “Este es un paso que debería de dar la Dirección de Migración y Extranjería”.
“Es muy difícil cambiar eso, ya que la Ley de Migración es más que todo una ley de seguridad, sin embargo las asociaciones sociales y los sindicatos debemos luchar por eso y estar pendientes de que no se degrade la norma, si no que favorezca más a la parte del trabajador”, finalizó Mena.
Actualmente en la ANEP, como una de las centrales sindicales reconocidas por la OIT, se trabaja con una seccional específicamente de migrantes para brindar esa ayuda a una población vulnerable ante los abusos a los derechos laborales.
