- La organización sindical presentó una denuncia penal por la administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita al Ministerio Público celeridad ante la denuncia penal presentada para que se investigue la supuesta mala administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional.
“Lo que nos interesa sobremanera, como ANEP, es que el Ministerio Público en cuyas manos dejamos una fuerte denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el Teatro Nacional intervenga con celeridad y así evitar cualquier traspié que pueda (de alguna manera) enturbiar la investigación”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
De acuerdo con el documento, una de las actuaciones más graves por parte de la administración son los pagos abusivos en consultorías jurídicas a profesionales en Derecho, así como el abuso en las contrataciones “outsourcing”.
En el caso de la contratación de servicios vía “outsourcing”, se creó una licitación (2015LN-000111-03300) bajo la modalidad de entrega según demanda.
Sin embargo, dichas contrataciones las han hecho para funciones permanentes las cuales pueden ser realizadas por los mismos trabajadores públicos. Con ello, crearon una planilla paralela donde los administradores del Teatro Nacional eligen a “dedo” a dicho personal, aun existiendo una licitación para que una empresa ajena al teatro se encargue de la suplencia de personas por trabajos temporales.
Cabe destacar que, anteriormente a la licitación antes mencionada, existía una que sólo era para el nombramiento de acomodadores y encargados de puerta del Teatro Nacional. Pero con los cambios implementados, se contrata personal para siete posiciones laborales: encargado de puerta, personal de apoyo, personal grado administrativo, personal artístico, personal grado artístico, personal nivel técnico y personal nivel operativo.
“En total se han generado órdenes de compra por un total de ¢270.539.240”, resalta la denuncia.
En cuanto a la contratación de abogados externos, la ANEP denunció que se han pagado ¢346 millones por servicios profesionales en derecho y que ningún caso se ha ganado.
“Pero lo curioso de todo esto es que las facturas de estos abogados no tienen detalle de qué se les paga, sino que se pone sólo “servicios profesionales” y se pasan.
“No hay control en ese contrato, las facturas mensuales son de ¢5 millones o ¢9 millones y no especifican qué se les paga, solamente dicen “servicios profesionales”, agregó Vargas.
“Por eso queremos que intervengan rápido porque podría dar pie a eventuales separaciones transitorias de cargos relevantes o incluso para resguardar documentación física o tecnológica importantísima para esclarecer la verdad real de los hechos”, indicó el sindicalista.
ANEP denunció irregularidades como la realización de un contrato para una remodelación que no se enmarca en la figura adecuada de contratación; la omisión de mantener a funcionario laborando pese a que una investigación arrojó el despido; y el contrato para un festival al margen del sistema de compras del Estado.
Además, se suma el pago de vacaciones del auditor institucional, el contrato del ingeniero y una empresa constructora para mejora del Teatro por casi dos años y aún no culminan los trabajos; contratación al ICE sin pasar por el sistema de contratación, y, por último, el mal manejo del impuesto sobre espectáculos públicos.
