Gran revuelo mediático ha causado la notificación que Tributación Directa le entregó al señor Johnny Araya Monge, candidato presidencial y que anunciamos como usuarios del twitter @albinovargasb.
El editorial del periódico La Nación del día viernes 21 de febrero de 2014 trata sobre lo acontecido y llama a nuestra acción como “un arma innoble”, preguntándose si todo esto no es más que una estrategia electorera para dañar la imagen del candidato de Liberación Nacional. Debemos ser enfáticos en que tal componenda no existe, y que la socialización de la información a la que tuvimos acceso fue en aras de que la misma era de un innegable interés público.
No negaremos que algunos de los términos utilizados en la comunicación de redes sociales no fueron lo exacto que quisiéramos. La famosa notificación no trataba sobre una presunta evasión fiscal, pero la premura del hecho noticioso no nos permitió confrontar la cantidad de fuentes necesarias para validar el fondo de la acción tributaria, valorando solamente la fuente original inicial.
Sabíamos que la llegada del funcionario tributario al domicilio de Araya Monge era inminente y utilizamos twitter principalmente para alertar al contingente periodístico de lo que estaba pasando. Hacemos el mea culpa de que debemos mejorar la precisión periodística en ese sentido.
Tema aparte es la protección que debemos tener hacia nuestras fuentes. Al igual que sucede en Hacienda, muchísimas instituciones públicas tienen en sus leyes y estatutos cláusulas que defienden no sólo la confidencialidad de toda información que se genere en su seno, sino que obligan a sus trabajadores a no divulgar ninguna cosa que pueda menoscabar la imagen de dicha institución. Esto pasa desde la Caja Costarricense del Seguro Social hasta en algunas municipalidades, cruzando todo el espectro de la función pública.
¿Qué pasaría con la cosa pública si los y las valientes funcionarios que han filtrado información, a los medios, sobre corrupción o malversación de fondos hubieran preferido callar ante los cerrojos de la “confidencialidad”? La sociedad costarricense tiene claro que debemos defender a quienes se atreven a contar lo que está sucediendo. Y La Nación también lo tiene claro, como lo demostró en su editorial de 11 de abril de 2012, titulado “El Peligro de Cazar Brujas”, donde defiende, y citamos textualmente: “a quien hubiera tenido la valentía de revelar una verdad necesaria”, refiriéndose al funcionario de tributación que filtró la declaración de impuestos de la empresa Procesos, vinculada al ex ministro de Hacienda, don Fernando Herrero.
ANEP, al igual que hacen los medios de comunicación, tiene la OBLIGACIÓN, así en mayúsculas, de defender la confidencialidad de nuestras fuentes. El artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH; el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre DDHH; y el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. Y nos dice la destacada jurista argentina, la Dra. Liliana Piccinini, que la libertad de expresión, y la libertad de prensa, comprende también el acceso y la protección a las fuentes periodísticas. Sin esto segundo no puede existir lo primero.
Nuestro sindicato defiende el accionar de los medios masivos de comunicación. Nuestras manifestaciones públicas en favor de Diario Extra en el ya famoso caso de espionaje, así lo demuestran. Nosotros mismos, como organización, servimos de fuente todos los días a la gran diversidad de medios que trabajan en nuestro país, y en algunos casos hemos brindado, de manera confidencial, información que han terminado en escándalos públicos. Pero al mismo tiempo, nos consideramos un medio de comunicación también. Bajo este concepto es que creamos nuestro sitio web, www.anep.cr, como un diario digital de nuestro accionar político sindical, al igual que producimos espacios radiofónicos y gestionamos nuestras redes sociales.
No concebimos, como lo hizo La Nación en el 2012, que este caso genere una cacería de brujas en la Dirección General de Tributación Directa, y mucho menos que la misma sea orquestada desde algún medio masivo de comunicación. Debemos defender, todos y todas, a los empleados públicos y privados, que exponiendo sus trabajos, su imagen y hasta su integridad física, nos brinden información que consideremos de un alto interés público. No podemos aceptar que sean tratados como delincuentes. Ni a ellos ni a los medios que difunden la información.
Finalmente, queda claro que se le notificó a la persona que se le dijo que se le iba a notificar; que la notificación indicada provenía de la Tributación Directa como lo dijimos con antelación; que el notificado, aparentemente, tenía en deuda algunas responsabilidades tributarias, quedó como cierto; que la información exacta de tales irresponsabilidades tributarias no fue del todo correcta como se nos indicó al principio, es cierto y lo corregimos inmediatamente, mediando un minuto de tiempo entre los dos twitter que emitimos.
Si un ciudadano o ciudadana aspira al máximo cargo político del país, la Presidencia de la República, sabe que es objeto de auscultación cada minuto y cada hora de cada día. No debió el señor Araya molestarse por la presencia de la prensa en su casa al momento en que se le iba a entregar la notificación tributaria; debió enseñar su contenido, alegrarse de que ahí mismo podía despejar la incógnita de su contenido y haber quedado éste con plena exactitud ante la opinión pública.
Pero lo que hizo de coger el teléfono y llamar al máxima jerarca político de la Tributación Directiva, el mismísimo Ministro de Hacienda para cuestionarle sobre el acto notificador, ¿no es acaso un intento de tráfico de influencias a sabiendas de que él, el candidato eventualmente convertido en Presidente, dejaría en su puesto a quien llamó telefónicamente a propósito de dicho acto notificador?
Ahora bien, a la institución sindical bajo la sigla ANEP también se le giró una notificación tributaria. Un error involuntario de la firma “outsourcing” encargada de llevar la cuestión financiera de la ANEP, no lo respondió a tiempo. Esto no lo sabíamos al momento de alertar sobre la notificación que se le dio al señor Araya. En el caso de la ANEP, como sindicato que es según el ordenamiento jurídico vigente (Código de Trabajo), no le corresponde pagar impuestos sobre la renta. El Secretario General de la ANEP no paga más impuestos que el de la renta de su salario deducida desde la fuente.
La ANEP como institución sí puede exhibir el detalle de sus compras para efectos de referirse a este tipo de notificaciones tributarias. No sabemos si el señor Araya pueda y quiera hacer lo mismo. Nuestra lucha sostenida durante muchos años por la transparencia tributaria y contra el robo de impuestos en todas sus formas, en nada queda descalificada por el asunto de la propia notificación a la ANEP. Ni la ANEP, ni su Secretario General, son candidatos a la Presidencia de la República, el señor Araya, ¡sí! Él sí debe ser sumamente cuidadoso en estos aspectos tributarios. La ANEP, también. La diferencia es las aspiraciones político-personales del señor Araya.
Finalmente, jamás divulgaremos los nombres de las personas trabajadoras asalariadas que nos dan información sobre la cuestión tributaria. Mucho menos en la circunstancia objeto de todo este asunto de la notificación al señor Araya. Será un secreto que nos llevaremos a la tumba. Pero una cosa clara es que a quien siempre le llega información tributaria detallada, con datos, nombre y apellidos, es a La Nación (recordemos el caso del exministro Ferraro). La información tributaria que ha llegado a la ANEP jamás ha sido divulgada y a nadie hemos perjudicado, jamás. Así lo seguiremos haciendo. En el caso del señor Araya, lo divulgado fue la entrega de una notificación cuyo contenido desconocemos por completo. En el caso de la notificación llegada a la ANEP, sí estamos en condiciones de divulgar su contenido.
