Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Ante la crisis social y económica que está en desarrollo en nuestro país, derivada de los altísimos precios de los combustibles, producto de la alta carga tributaria (impuesto único), que pesa sobre los mismos, el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, indicó que se va a eliminar el subsidio al asfalto que venía favoreciendo a las diversas empresas constructoras, especialmente las involucradas en el sonado caso “Cochinilla”.
Estamos seguros de que la inmensa mayoría de personas propietarias de todo tipo de vehículos ni idea tenían de que, cada vez que iban a la bomba de gasolina y compraban combustible, el precio a pagar incluía 8 colones por cada litro adquirido; dineros que se destinaban para financiar la compra de asfalto para empresas constructores como MECO y H Solís.
El respetado y prestigioso medio de prensa Semanario Universidad, al informar sobre la indicada decisión presidencial, muy acertada, por cierto, recordó que ya había denunciado esta situación desde el mes de julio del año pasado 2021.
Universidad denunció que ambas empresas recibieron tal tipo de financiamiento por una cantidad anual de casi 5 mil millones de colones (4.780 millones para ser exactos), mediante ese impuesto de 8 colones incluido en el valor de cada litro de combustible que usted, honorable persona lectora de este comentario, pagaba en la bomba, como propietaria de un vehículo.
La indicada publicación nos dice que en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, la cuestionada medida que el propio Presidente dice, ahora, que debe desaparecer, alcanzó un monto de subsidio superior a los 18 mil millones de colones (18.000.000.000). Es decir, tal cantidad de dinero y en ese período, se la sacaron a usted, en la bomba de suministro de combustibles, cada vez que acudía a llenar el tanque.
Tal cifra, según Universidad, es elaboración propia con base en datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Fue en la administración gubernativa de Luis Guillermo Solís Rivera que tal impuesto se decretó, en enero del año 2016.
Ahora bien, ¿cuál es nuestro punto central aquí): Que el denominado impuesto único a los combustibles es de los más inequitativos de la perversa estructura tributaria costarricense; y, “compite” en injusticia con el impuesto al valor agregado (IVA), establecido en el 2018, dentro de la no menos injusta ley del combo fiscal.
Que el sencillo automovilista, integrante del amplio conglomerado mayoritario de la población costarricense (los sectores populares, trabajadores y la clase media); subsidiaria la actividad empresarial de las mega-constructoras mencionadas, en esto de la compra de asfalto, es un acto de gran inmoralidad política, más allá de la injusticia.
Nos preguntamos: ¿es que un mínimo resarcimiento ético para tanto compatriota agredido, económicamente, por ese subsidio, no merecería que la actual Asamblea Legislativa llame a dar explicaciones políticas al hoy exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera y a su ministro del MINAE, co-firmante del decreto que lo estableció, el señor Edgar Gutiérrez Espeleta?
