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¡FCL sigue en peligro inminente!
Con relación al proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de Protección al Trabajador, me permito hacerles llegar algunas consideraciones:
1. ¿Qué hizo la LPT en materia de cesantía?
Básicamente lo que la LPT hizo en materia de cesantía fue disminuirla del 8.33% al 5.33%. La disminución equivalente al 3% dejó de ser auxilio de cesantía, y se convirtió en lo que se denomina fondo de capitalización laboral (FCL) que no es sino una prima de antigüedad, es decir, una suma de dinero que el patrono deposita a favor de cada trabajador-a, a un fondo de su propiedad, durante todos los meses y años de trabajo sin tope alguno, y que éste recibe en dos supuestos: cuando la relación laboral termine por cualquier causa, o bien cada cinco años.
Sin embargo, como parte del proceso de negociación de la LPT, se acordó que anualmente, la mitad de los aportes fuera trasladado a otro fondo propiedad de los trabajadores: el fondo de pensión complementario obligatorio, que también se financia con otros recursos provenientes de otras fuentes. Obviamente este segundo fondo, en tanto un fondo de pensiones individual, no puede retirarse ni cuando termina el contrato de trabajo, ni cada cinco años, sino solamente cuando el trabajador se pensione.
Así podemos esquematizar la LPT de la siguiente manera
1. Cesantía antes de la LPT: 8.33% por mes laborado con tope de ocho años (o lo que es lo mismo, 1 mes por año laborado con un tope de 8 años)
2. Cesantía después de la LPT: 5.33% por mes laborado con tope de ocho años (o lo que es lo mismo, la cantidad de días indicados en la tabla del artículo 29 del Código de Trabajo que va de 19 a 22 días por año laborado.
3. Fondo de capitalización laboral (FCL): antes de la LPT no existía. Se crea con la LPT y se financia con un aporte patronal mensual del 3% (equivalente a lo que se le disminuyó al auxilio de cesantía)
4. Fondo de pensión complementaria obligatoria (FPCO): antes de la LPT no existía. Se financia con el 50% de los aportes hechos por el patrono al FCL, es decir con el 1.5% del aporte mensual patronal, y que anualmente se trasladan de un fondo a otro. Adicionalmente se financia con aportes patronales adicionales equivalentes a un 1.5% de cotización patronal adicional derivada de una disminución de los aportes al seguro de riesgos de trabajo y al INA; así como del traslado del ahorro de las personas trabajadoras al Banco Popular (1%) y del traslado del 50% de cuota patronal al Banco Popular (0,25%). Es decir, en total, el FPCO se financia con un aporte del 4.25%
2. ¿Qué recibe actualmente la persona trabajadora?
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- recibe un auxilio de cesantía del 5,33%, que sumado al 3% que el patrono le deposita mes a mes en el FCL, equivale al 8,33% que existía antes de la reforma.
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- recibe los beneficios de la existencia de un FCL en el que el patrono le deposita mes a mes lo que se disminuyó a la cesantía, y sobre ese dinero gana intereses. Esos recursos son de su propiedad sin importar cómo termine la relación laboral.
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- adicionalmente puede, si lo desea, retirar el acumulado del FCL (menos los traslados hechos al fondo de pensión complementaria obligatoria) cada cinco años. Esto equivale aproximadamente a un salario adicional cada cinco años, es decir, una especie de aguinaldo quinquenal.
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- finalmente, recibe una pensión complementaria a su pensión principal, cuando se pensione por su régimen principal. Esta pensión la financia solo parcialmente el trabajador (con lo que antes se le devolvía por ahorro al banco popular), mientras que el resto de las cotizaciones las hace el empleador.
3. ¿Cómo se llegó a esa negociación?
Para llegar a esa negociación en la LPT había básicamente tres intereses en juego: lo sindicales, los empresariales y los de gobierno.
Los sindicatos habían logrado demostrarle a la OIT que la regulación de auxilio de cesantía existente antes de la LPT, era discriminatoria con el ánimo de favorecer al solidarismo. Esto lo tuvo por comprobado la OIT que reiteradamente empezó a exigirle al gobierno modificar las regulaciones sobre cesantía para eliminar esa discriminación. Adicionalmente, los sindicatos tenían la aspiración de transformar la cesantía en un derecho adquirido y de romper el tope de cesantía.
El Gobierno por su parte tenía la presión de muchos años de OIT, que le exigía esa modificación.
Por su parte los empresarios, incluyendo los políticos-empresarios, querían dos cosas: primero la creación de fondos de cesantía y de pensión, que permitieran la generación de ahorro nacional al que pudieran tener acceso vía préstamos para financiar sus actividades empresariales. Adicionalmente el sector empresarial financiero quería todo o parte del negocio de administrar esos fondos.
Por razones distintas, era claro que todos esos actores querían crear fondos de cesantía similares a los que ya funcionaban para los solidaristas.
Ahora bien, lo que posibilitó el acuerdo fue un principio general: la transformación de la cesantía no podía significar que el trabajador recibiera menos que el 8.33% por mes laborado (o mes por año laborado) y tampoco podía significar que el empleador tuviera que pagar más que el 8.33 por mes laborado (o mes por año laborado).
Fue así como se acordó que la cesantía se disminuyera del 8.33 al 5.33% y que la diferencia del 3% financiaría el FCL.
4. Consecuencias del proyecto de ley de la SUPEN y del sector finaciero privado
Este acuerdo fundamental es el que se quiere romper con el proyecto de ley de la SUPEN, y que hace frotar las manos al sector financiero privado.
Por qué rompe el acuerdo? Pues precisamente porque el FCL se disminuirá del 3% al 1.5%, y el restante 1.5% pasará directo, sin generarle ganancias al trabajador, a su fondo de pensión complementario obligatorio, que podrá recibir hasta que se pensione, lo que generará mayores ganancias a las operadoras de pensiones.
Adicionalmente, el sector financiero y la SUPEN, quieren que los recursos de las personas trabajadoras del FCL no sean accesibles a para esas personas trabajadoras sino solo en el caso de que pierdan el empleo, a diferencia de lo que sucede actualmente, en que las personas trabajadoras, si han permanecido 5 años en el empleo, pueden, si lo desean retirar los recursos del FCL en lo que viene a ser un aguinaldo quinquenal. Algunos “expertos” quieren quitarle esa posibilidad a los trabajadores, de forma tal que se le obligue a que el sector financiero le administre por más años eses fondo.
De mucha gravedad además es lo que el proyecto pretende con respecto al Banco Popular, ya que pretende que el banco de los y las trabajadoras no reciba el ahorro de ellos-ellas, ni el aporte patronal, sino que de forma directa, sin que pase por el Banco Popular, el sector financiero privado reciba esa plata. Esto evidentemente es un intento más de debilitar al Banco Popular en beneficio del sector financiero privado que como sabemos es insaciable.
Finalmente, frente a la voracidad del sector financiero privado, el sector sindical planteó al final del proceso de negociación de la LPT, que las operadoras de pensión y de FCL públicas, debían repartir entre las personas trabajadoras el 50% de las utilidades generadas anualmente. Esto genera un incentivo adicional para el fortalecimiento de las operadoras de pensión y de FCL de naturaleza pública. Esto también molesta a la SUPEN y sin duda al sector financiero privado que plantea en el proyecto de ley que las personas trabajadoras que hayan decidido abrir sus fondos (FPCO y FCL) en una operadora pública, ya no recibirán esas utilidades.
CONCLUSIONES
En general podemos decir que el proyecto busca:
1. Que las personas trabajadoras tengan menos recursos en su FCL y tengan menor acceso a esos recursos.
2. Adicionalmente busca aumentar los recursos que administran las operadoras de pensiones en el FPCO y que alejan por al menos 30 años a los trabajadores de esos fondos, generándole mayores ganancias al sector financiero.
3. Busca golpear fuertemente al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
4. Busca descincentivar la afiliación a las operadoras públicas de pensiones.
Lic. Mauricio Castro Méndez
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP
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Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Como es de conocimiento general, durante la ausencia del compañero Mauricio Castro, me ha correspondido asumir la Coordinación de la Unidad Jurídica de la organización, lo que implica darle seguimiento a los procesos que el compañero había venido impulsando desde este puesto. Uno de esos procesos el el de Reforma Procesal Laboral, proyecto de ley de reforma procesal laboral, que busca modifical más o menos la mitad del Código de Trabajo.
Este proyecto ya fue dictaminado afirmativamente de manera unánime en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa y probablemente será convocado para su discusión en plenario, en las sesiones extraordinarias de diciembre.
El texto dictaminado en términos generales contiene avances importantes que representan un salto cualitativo con respecto a la regulación actual, sin embargo, hay asuntos que deben ser mejorados y otros que deben ser modificados radicalmente,. Entre los primeros está la regulación de la huelga y de la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público, y entre los segundos el tema de los comités permanentes de trabajadores y los arreglos directos.
Es importante el estudio y análisis de este proyecto por parte de las dirigencias sindicales. Estamos llevando a cabo un proceso en un espacio intersindical facilitado por la Fundación Eberth, buscando una posición común del movimiento sindical costarricense. En los últimos días nos llegó la posición de APSE, que recoge en gran medida los aportes y el análisis elaborados por la suscrita.
Les adjunto dos cuadros que he elaborado y que ayudarán a comprender el tema de la reforma procesal laboral. Uno nos ilustra con relación a los avances que contiene el proyecto y el otro, nos permite ir conociendo las posiciones del movimiento sindical con respecto al mismo.
Saludos,
Susan Quirós Días
Coordinadora a.i.
Unidad de Asesoría Jurídica
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Cuadros en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
Movimiento fotocopiando para estudiar a la Asamblea Legislativa
Estimados compañeros periodistas
Sirva la presente para ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en esta última semana, con respecto al Proyecto de Reforma 17342.
El Proyecto fue remitido a una subcomisión, con un mes plazo para rendir un informe, y posterior a esto sería disctaminado, es decir podríamos estar hablando que para finales de octubre, el proyecto se estaría votando por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La Sub comisión está integrada por los Diputados Jose Ma Villalta del Frente Amplio, (coordinador), Victor Emilio Granados del Pase, Alfonso Perez del PLN. Con este último hay una situación particular, le hemos mandado dos cartas solicitando reunión con el y no hemos recibido respuesta alguna.
Para este miércoles 6 de octubre de 2010, al ser la 1pm, hemos sido convocados a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a una audiencia, para exponer la posición del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, con respecto al Proyecto de Reforma. Esta audiencia ¡Es sumamente importante!, de ella va a depender mucho la decisión que vallan a tomar los diputados a la hora de votar el Proyecto, más aún cuando la Cámara del Libro, también fue convocada.
Lo que está en discución en este proyecto, es el presente y futuro de la Educación en nuestro país, así que no es cualquier proyecto lo que tenemos enfrente. Es por eso que esperamos contar la presencia de ustedes, tal y como lo han hecho en las anteriores oportunidades en que los hemos invitado.
Muchas gracias
Josué Aguirre Thomas
La fallida carretera a Caldera: ¿Quiénes son los accionistas?
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Ante las más contundentes evidencias de que la nueva carretera a Caldera tiene enormes cuestionamientos del más diverso orden, entre ellos graves problemas de fiscalización y una inauguración aventurada y apresurada por parte del anterior gobierno que encabezó el Presidente Oscar Arias Sánchez; conviene, es más que urgente, que la ciudadanía costarricense sepa, con total transparencia, los nombres de todas las personas y de todas las firmas empresariales que fungen como accionistas de la empresa Autopistas del Sol.
Es más que necesario, (si bien es acertada la decisión adoptada por la Presidente de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda de ordenar investigar el proceso de fiscalización seguido en la fallida carretera a Caldera); la gente sepa cuáles podrían ser las fuerzas político-económicas y de negocios que habrían presionado para la apertura de tal vía, a sabiendas de que las debilidades diversas que presentaría, generarían una profunda molestia ciudadana, especialmente cuando se han sentido de manera muy fuerte los peajes que se cobran a los automovilistas.
El conocimiento público de la posesión de las acciones de Autopistas del Sol podría ampliar la lista de personas, sobre todo del mundo político, que estarían quedando por fuera de la investigación ordenada por la Presidenta Chinchilla.
Las imprecisiones técnicas que han generado los problemas que está presentando la nueva carretera a Caldera, podrían obedecer a presiones y lineamientos políticos de alto nivel para que fuera inaugurada a cómo diera lugar, en aras de apresurar el retorno de la inversión realizada.
La ANEP recuerda que desde el día 10 de junio de 2010, mediante su oficio S.G. 09-11-0802-10, dirigió nota a la primera mandataria del país, la Presidenta Chinchilla, indicándole que “la nueva carretera a Caldera debe cerrarse y darle prioridad a la vida humana”. Recordamos las tres peticiones fundamentales al respecto.
– Ordenar el cierre de la nueva carretera a Caldera hasta que haya la más absoluta certeza de que se puede transitar por ella sin temor a perder la vida, sin riesgo alguno a la integridad física de los conductores de vehículos y sus acompañantes, sin riesgo de daños para esos vehículos y/o los bienes y mercancías que se transportan.
– Instaurar una comisión multisectorial, integrada por ejemplo, por entidades como el CFIA, la CNE, la Defensoría, el propio MOPT, la empresa concesionaria e instancias de reconocido prestigio e interlocución de la sociedad civil, para establecer todas las alternativas posibles a fin de garantizar el más supremo de todos los supremos valores que animan nuestra convivencia civilizada como país: la preservación de la vida humana, algo altísima superior a el afán de lucro privado de la lógica mercantil introducida en la prestación de los servicios públicos.
– Ordenar las investigaciones de rigor para determinar las actitudes permisivas, tolerantes, negligentes que permitieron la apertura de esa carretera en las condiciones de alto riesgo para las vidas humanas que por ella transitan; e, igualmente, ordenar investigar las razones para que en la CNE se impusiera una mordaza a un criterio eminentemente profesional sobre los riesgos que se presentan en la mencionada vía.
Hoy, cuando los hechos hablan por sí solos, agregamos esta cuarta petición: la de que se sepan todos los nombres de las personas y/o firmas privadas socias de Autopistas del Sol para determinar posibles conexiones políticas de eventual presión en la apertura de tal carretera, pese a los problemas que ya se veían venir y que ahora quedaron completamente al desnudo.
San José, domingo 3 de octubre de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Organización afiliada a la
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
¿Qué lecciones extraemos de lo acontecido en Ecuador?
Los mismos dan cuenta del cambio profundo que se ha vivido en las dos últimas décadas en nuestros países, luego del colapso de las experiencias del neoliberalismo económico implantadas en ellos y de haberse exterminado, prácticamente, cualquier tentativa popular por acceder a la democracia y a la equidad social, basándose en la doctrina de seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos.
Con ello, bastaría que esa voluntad fuera encauzada adecuadamente para ir más allá de la simple defensa del hilo constitucional, dándosele oportunidades de crear las condiciones que hagan imposible la repetición de la vieja fórmula del golpe de Estado, así éste se halle arropado por formalidades legalistas, como ocurriera impunemente en Honduras. Esto se podrá lograr si se cambian las relaciones de poder imperantes en nuestras naciones, con un cambio estructural que afecte significativamente el Estado burgués tradicional y el empoderamiento de las masas populares mediante el ejercicio soberano de la democracia participativa y protagónica. En este sentido, los nuevos gobernantes inspirados en el deseo común por vivir en una sociedad de nuevo tipo tendrían que mostrarse audaces a la hora de impulsar cambios, teniendo como su principal base de sustentación al pueblo organizado y consciente. De otro modo, los planes desestabilizadores continuarán siempre vigentes en la agenda de los grupos derechistas y ultraderechistas que han sido desplazados de las estructuras de gobierno, pero que siguen aferrados a su aspiración de recuperarlas, respaldados no nos cause sorpresa alguna por sus mentores estadounidenses.
Aún así, es necesario dotar al pueblo de herramientas teóricas que le permitan definir el momento histórico y las circunstancias a promover y a vencer en esta lucha contra la exclusión social, la explotación de los trabajadores y la dependencia económica, militar y tecnológica. Si las enmarcamos en lo que llamamos socialismo del siglo XXI, habrá que escudriñar a fondo lo pasado durante los siglos pasados en nuestra América, cuáles fueron sus perspectivas abortadas y sus potencialidades actuales, redefiniendo desde las bases populares lo que es la democracia, de manera independiente y sin dogmas que terminen por secuestrarla y distorsionarla en función de los intereses de una nueva minoría burocratizada.
_ *especial para ARGENPRESS.info_
Inteligencia USA penetró a fondo la policía ecuatoriana
El informe precisaba que unidades de la Policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
El uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ”buena voluntad” de oficiales de policía fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la CIA Philip Agee quién, antes de abandonar las filas de la agencia, estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito.
En su informe oficial, difundido a finales de octubre 2008, el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de la Fuerzas Armadas.
Confirmando el hecho, la jefatura de la Policía ecuatoriana anunció entonces que sancionaría a sus agentes que colaboraban con Estados Unidos mientras la Embajada estadounidense proclamaba la “transparencia” de su apoyo a Ecuador.
“Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares, con la Policía, para fines muy importantes para la seguridad”, declaró la embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges.
Sin embargo, la diplomática dijo a periodistas que no haría comentarios “sobre temas de inteligencia”.
La agregada de prensa, por su parte, Marta Youth, se nego rotundamente a referirse a las denuncias del gobierno ecuatoriano, que incluían la participación de la CIA en una operación con Colombia que derivó en el ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano del 1 de marzo de aquel año.
El jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, había sido destituido por ocultar información relacionada con el ataque contra las FARC.
En los últimos meses, funcionarios norteamericanos se aparecieron en Ecuador, bajo pretexto de profundizar las relaciones entre Ecuador y EEUU.
El secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado Arturo Valenzuela, visitó y re-visitó al presidente Correa, en vista a una visita de la canciller Hillary Clinton.
Valenzuela se hizo acompañar por Tedd Stern, “delegado especial para los cambios climáticos” también conocido por su afinidad con la CIA.
Golpismo derrotado
El descontento entre los uniformados de la fuerza pública por la reciente aprobación legislativa de una nueva ley de servicio público, que en última instancia los favorece, tuvo que ser resultado de una labor de envenenamiento y desinformación con propósitos subversivos y golpistas.
Los instigadores están también al descubierto: “hermandades” corruptas enquistadas en la institución policial, sectores oligárquicos y de la llamada “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos. El vínculo visible de los segundos con los policías insurrectos es el aventurero Lucio Gutiérrez, militar golpista en 2000, electo presidente dos años más tarde, feroz represor en 2004, defenestrado por las movilizaciones populares del año siguiente y, desde entonces, gestor de intereses injerencistas y empresariales.
En cuanto a la participación de instancias gubernamentales estadunidenses, debe recordarse que en 2008 el periodista canadiense Jean Guy Allard documentó la infiltración de la policía ecuatoriana, por la embajada de Washington en Quito, mediante “el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.
Así pues, aunque la intentona ostenta el rasgo atípico de haber sido emprendida por la policía y no por las fuerzas armadas, es claro que lo que se frustró ayer en Ecuador fue un clásico golpe de Estado de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.
La involución que ha vuelto a colocar en el panorama regional esos ejercicios de violencia y barbarie tiene un arranque preciso: el cuartelazo perpetrado en Honduras en junio del año pasado, el cual logró trastocar en forma perdurable el orden institucional, debido, principalmente, a la complacencia que encontró en la comunidad internacional y, muy especialmente, en el gobierno de Barack Obama.
Desde el momento en que los golpistas hondureños fueron beneficiados con una benevolencia que contradice los principios democráticos de los gobiernos que les otorgaron reconocimiento diplomático y que se negaron a adoptar sanciones contra el régimen emanado del golpe contra el presidente Manuel Zelaya, se extendió una patente de impunidad que puede alentar atentados semejantes contra el orden constitucional en otros países latinoamericanos.
Por fortuna, en el episodio de ayer en Ecuador, el golpismo resultó derrotado, con una cuota de sangre pequeña, pero de cualquier forma lamentable, y después de muchas horas de tensión y zozobra en la sociedad. El ejército se deslindó de los sublevados y, a la postre, tomó por asalto el hospital policial en el que mantenían secuestrado al mandatario, lo liberó y lo transportó hasta el palacio presidencial de Carondelet, donde Correa fue objeto de un recibimiento apoteósico de sus seguidores. De esta manera quedó restablecido el orden democrático en la nación sudamericana.
La intentona dejó ver, por otra parte, un patrón golpista que viene afectando a diversas naciones de la región desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales, lo que se repitió en escala menor en Bolivia en 2008 y que un año más tarde logró subvertir el orden democrático en Honduras. Tal fenómeno plantea uno de los más graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y amenaza con causar una regresión histórica que podría borrar lo conseguido en materia de normalización democrática desde hace cinco lustros, cuando colapsaron las dictaduras militares que se enseñoreaban en la mayor parte de las naciones centro y sudamericanas.
El corolario inevitable de la violenta y peligrosa jornada que hubo de padecer ayer Ecuador es que no debe otorgarse impunidad a los golpistas y que las aventuras de subversión política emprendidas desde el aparato gubernamental deben ser rigurosamente castigadas conforme a derecho. Cabe esperar que el gobierno de Rafael Correa actúe en ese sentido en los próximos días y que la derrota experimentada ayer por la derecha oligárquica sea factor de fortalecimiento para las instituciones democráticas ecuatorianas, que sirva para superar las fracturas en el partido gobernante y que impulse la consolidación del proyecto de justicia social, soberanía y democracia que actualmente se aplica en el territorio de esa nación.
Bajo presión nada, con diálogo todo: Correa
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INFORMACION RELACIONADA
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Correa agradece a su pueblo
Correa habla de conspiracion
Correa sobre inutil intento golpista
Jamás cedimos, jamás aceptamos negociar nada, bajo presión nada, con el diálogo todo, afirmó esta noche el presidente ecuatoriano Rafael Correa al relatar ante miles de ciudadanos los momentos más críticos del secuestro al que fue sometido hoy por un grupo de oficiales que le exigió revocar la Ley Orgánica del Servicio Público, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional.
Minutos antes, cuando eran las nueve de la noche en Quito (igual horario que en la ciudad de México), varios comandos militares terrestres se abrieron paso al hospital de la policía nacional con disparos de fusiles para rescatar al mandatario y llevarlo en un automóvil rodeado de vehículos militares hasta la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio de Carondelet, donde fue recibido entre vítores y cantos patrióticos por militantes de Alianza País, el partido que lo llevó al poder en 2006 y que respalda la revolución ciudadana.
Gran culpa de todo esto la tienen los conspiradores de siempre, los que no lograron ganar en las urnas, dijo Correa vestido con el mismo traje que vistió en la mañana cuando se presentó ante los policías del Regimiento Quito número 1 a tratar de convencerlos de que desistieran de su sublevación en rechazo a la nueva legislación, que forma parte de una serie de reformas legales en las que se ha sumergido Ecuador desde que en 2008 fue aprobada la nueva Constitución.
En respuesta, los policías agredieron al mandatario, lo insultaron y lanzaron gases lacrimógenos e intentaron quitarle la máscara antigas que llevaba y casi lo asfixian, por lo cual fue llevado al hospital contiguo.
Desde la sede presidencial, hacia la una de la tarde, un contingente se dirigió hacia el hospital encabezado por miembros del gabinete y otros funcionarios para demandar la liberación de Correa, pero después de una hora de marcha, los uniformados –muchos de ellos miembros de escuadrones de motociclistas– recibieron a la gente con gases lacrimógenos, piedras y golpes. Estos enfretamientos se repitieron a lo largo de la jornada.
A esa hora, los pronunciamientos políticos de legisladores y magistrados eran en favor de la defensa de las instituciones que Ecuador trata de reconstruir después de una década caracterizada por la inestabilidad y los cambios presidenciales. La oposición guardó silencio la mayor parte del día hasta que desde Brasilia, Gutiérrez habló a los medios para rechazar su involucramiento, al tiempo que sugirió la disolución del Congreso y la anticipación de comicios presidenciales.
El alzamiento de los uniformados se extendió en varias ciudades. Riobamba, Latacunga, Guaranda, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala y Manta.
Aunque se habló en general de que militares participaron en el intento de asonada, el único cuerpo claramente identificado fue el de la fuerza aérea, que ocupó el aeropuerto internacional de Quito para obligar a la cancelación de operaciones, las cuales fueron reabiertas al anochecer, según la autoridad local de aeronáutica civil.
El mando militar y policial manifestó su pleno respaldo al presidente Correa, pero el jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, general Ernesto González, declaró que no estamos condicionando, estamos solicitando que la mencionada ley (que elimina bonificaciones a los uniformados) sea revisada y si es el caso en las instancias correspondiente, sea derogada.
Correa responsabilizó esta noche directamente al coronel retirado del ejército, Lucio Gutiérrez, quien gobernó al país entre 2003 y 2005, año que en fue derrocado por un levantamiento popular. Vi a los infiltrados por Lucio, dijo el presidente al referirse al diálogo que sostuvo en las primeras horas del día, antes del amotinamiento de los policías en cuartel policial.
En el espectacular operativo de rescate, la irrupción de unos 500 soldados –según el recuento de la televisión pública ecuatoriana que transmitió en directo y en cadena nacional los hechos– desató un tiroteo en las inmediaciones del nosocomio, que se prolongó durante una hora y que junto con los otros acontecimientos del día arrojó un saldo de 74 heridos y dos muertos.
El rescate y traslado de Correa tardó alrededor de 30 minutos. En las imágenes televisivas se pudo ver que una persona en silla de ruedas era llevada de un lugar a otro, pero no quedó claro de quién se trataba hasta que lo confirmó el viceministro del Interior, Edwin Jarrín. Lo sacamos, lo sacamos, dijo a medios locales y extranjeros, mientras en la televisión se observaba aún la movilización militar en la zona del hospital, ubicado en el sur de Quito.
Tras celebrar que había logrado salir del hospital con vida, Correa confesó sobre su cautiverio: se me salieron las lágrimas, no de miedo, sino de tristeza, porque los hechos, explicó, sólo se deben al temor a la revolución ciudadana, es decir, el programa de gobierno basado en la recuperación de recursos naturales, austeridad administrativa y alianzas con países afines como Venezuela y Bolivia.
El retorno de Correa estuvo acompañado de una movilización de miles de personas que desde el mediodía –cuando se supo que el presidente estaba secuestrado– acudieron a Carondelet a defender la institucionalidad política.
No ha tocado una prueba durísima, resumió Correa por la noche, ante los ciudadanos. Un grupo de oficiales muy cortés se entrevistó conmigo en el hospital para exigir la revocación de la ley, lo que corresponde a la Asamblea. Les respondí que no haría eso, que salidría con dignidad de ahí o como cadáver.
Como en una función de opereta, los policías secuestraron a su comandante en jefe, dijo Correa en tono reflexivo. Hoy es un día triste. Fueron unos cuantos, pero no habrá perdón ni olvido. Además, la ley no será revocada, agregó. Unos minutos más tarde, terminó su discurso con una advertencia: Esta revolución ciudadana no la para nadie. ¡Hasta la victoria, siempre!
Fuentes: Afp, Dpa, Reuters, Notimex y Pl, Periódico La Jornada
Viernes 1º de octubre de 2010, p. 2
Frente Amplio: Victoria Popular en Ecuador
Comunicado de prensa, 30 de setiembre de 2010
Enfrentando las balas y los gases de los policías golpistas, los ecuatorianos revolucionarios y demócratas salieron a la calle y expresaron durante las once horas de secuestro de Rafael Correa su disposición a luchar hasta las últimas consecuencias.
Esa actitud valiente del pueblo fue honrada por el Presidente Correa, que durante todo el tiempo mantuvo firme su dignidad y la responsabilidad histórica con los sectores populares y progresistas que lo llevaron con su lucha y con sus votos al Gobierno.
La decisión de Correa de preferir morir antes de venderse o de rendirse, galvanizó la decisión de lucha del pueblo y alertó a la opinión pública internacional.
La condena prácticamente unánime del mundo progresista y de casi todos los gobiernos de la comunidad internacional, jugó un papel también de suma importancia, dado el silencio cómplice de la administración estadounidense.
El ejército que en medio de vacilaciones finalmente acudió al rescate de Correa del secuestro policial, demostró estar dividido entre un sector constitucionalista que condenó inmediatamente la asonada policial, y otro sector proyanqui y títere de la oligarquía que trató de justificar el levantamiento armado.
Es un triunfo que podría conducir a una mayor consolidación del gobierno de Correa, pero también expresión de las graves amenazas que penden sobre los gobiernos democráticos y progresistas de Ecuador y de América Latina. El peligro no ha desaparecido, al contrario, se ha encendido la señal de alerta y debemos mantenernos en vigilia permanente frente a un enemigo que no duda en el crimen para que nada cambie en Ecuador y en Nuestra América.
El imperio y la derecha latinoamericana están desarrollando una contraofensiva, para tratar de frenar y revertir los procesos revolucionarios y democráticos que tienen lugar en América Latina.
El golpe en Ecuador siguió el mismo guión que en Honduras. Sin embargo no sólo la derecha aprendió de Honduras. La respuesta al golpe de Ecuador ha sido mucho más rápida, efectiva y contundente del conjunto de fuerzas patrióticas y democráticas de todo el Continente. La rápida reacción del pueblo ecuatoriano, el coraje y la claridad de Correa, la condena inmediata de la UNASUR, del ALBA, de los medios de comunicación alternativos, las movilizaciones frente a muchas embajadas de Ecuador, expresa también una correlación de fuerzas en América Latina que puede movilizarse favorablemente para el polo del progreso, de la soberanía y de la democracia.
La misma resistencia valiente y tenaz del pueblo hondureño, y la actitud recta del presidente Manuel Zelaya, también son una advertencia de que no se pueden dar golpes de Estado impunemente en la América Latina de hoy. Pueden sacar a un presidente, incluso asesinarlo, pero no pueden sofocar la rebeldía de pueblos que no están dispuestos a someterse al poder corrupto y criminal de las derechas latinoamericanas.
Desde el Frente Amplio de Costa Rica saludamos con emoción y solidaridad al pueblo ecuatoriano, a su Presidente Rafael Correa y a su Gobierno. Celebramos la victoria, pero sabemos como lo afirma el Presidente Correa que los acontecimientos de hoy, no son hijos de una acción aislada de la policía, detrás del golpe están los de siempre, las mismas fuerzas reaccionarias que convirtieron a América Latina en una fábrica de hacer pobres, de corrupción y de crimen organizado. Los pueblos unidos y movilizados podemos vencer, como lo ejemplifica la victoria popular en Ecuador.
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Frente Amplio
FSM condena intento de golpe de Estado en Ecuador
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Atenas, 1 de octubre de 2010
¡Que salgan los trabajadores a las calles!
La Federación Sindical Mundial con 80 millones de afiliados en 120 países de todo el mundo condena el intento de golpe de estado en Ecuador y las agresiones sufridas por el Presidente del país Rafael Correa a manos de las fuerzas de la policía.
Es obvio que los acontecimientos ocurridos ayer en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades son un plan programado que han organizado los imperialistas y el capital en dicho país.
Han intentado sin éxito realizar lo ocurrido en 2002 con el intento fallido de golpe de estado en Venezuela, lo que consiguieron el año pasado con el golpe de estado en Honduras.
El objetivo de los cerebros del golpe de estado es que los EE.UU. controlen la región, que no se cierre la base militar de los EE.UU. en Manta y aterrorizar a los pueblos de América Latina.
La Federación Sindical Mundial hace un llamado a la clase obrera de Ecuador a que salga a las calles y repela por todos los medios el golpe de estado. Que aíslen a los golpistas sin piedad.
En esta lucha, los sindicatos afiliados y amigos de la FSM en Ecuador están desde el primer momento en en las calles y al mismo tiempo exigen que se profundicen y que se aceleren los cambios en Ecuador por el interés de la clase obrera y sus objetivos.
Deseamos una pronta recuperación al Presidente Rafael Correa y que salga del hospital con salud.
Hacemos un llamado al movimiento sindical a que condene el intento de golpe de estado en Ecuador.
EL SECRETARIADO
Federeación Sindical Mundial
