El gobierno ofrece a las universidades lo siguiente: sus fondos tendrán un crecimiento real (descontada la inflación) del 4% para 2011 y 4,5% para cada uno de los siguientes años hasta 2015. Los ministros afirman que, como porcentaje del PIB, ello elevaría el monto asignado a las universidades de 1,23% a 1,30%. Lo sorprendente de esta última afirmación es que su validez depende de que el crecimiento real del PIB sea considerablemente menor al que se les ofrece a las universidades. En concreto los ministros están suponiendo un crecimiento económico de algo más del 3% anual para el quinquenio 2011-2015. Solo de esa forma se podría cumplir la previsión que formulan.
De entrada este es la más inusitada confesión de fracaso que gobierno alguno, apenas empezando, querría hacer pública. Los anémicos índices de crecimiento que están siendo anticipados impactarían directamente en la pobreza, la desigualdad y el desempleo e indirectamente, y por vía de lo anterior, sobre la situación de agravada violencia e inseguridad que estamos viviendo.
Quizá esas lúgubres previsiones económicas no anden tan descaminados, si tomamos en cuenta dos hechos distintos pero relacionados: primero, la perspectiva, nada descabellada, de que la economía mundial permanezca atrapada en un período recesivo prolongado, con manifestaciones especialmente agudas en Estados Unidos, Europa y Japón; segundo, la terca adhesión del gobierno de Chinchilla a una modalidad de inserción y vinculación con esa economía mundial, que nos hace más vulnerables a las agudas turbulencias que la afectan.
No es posible pasar inadvertido que, siendo esta la previsión que parece dar fundamento a la propuesta que se les ha formulado a las universidades, en cambio no es ese el lenguaje que hablan las autoridades económicas del gobierno. Y el asunto resulta más sorprendente ya que una de tales autoridades –el Ministro de Hacienda- es parte de esa Comisión de Enlace donde la negociación con las universidades tiene lugar.
Parece, pues, que el gobierno maneja un doble discurso en materia económica. El uno –quizá el más realista- es el que se le aplica a las universidades. El otro –que responde a fines seguramente propagandísticos- es que el ofrecen las autoridades económicas en sus edulcoradas manifestaciones públicas.
Aparte lo anterior, dos rasgos destacados emergen del discurso de los ministros y ministras de la Comisión de Enlace. El uno atiende a su concepción de universidad. El otro al enfoque fiscalista ortodoxo desde el cual afrontan este asunto.
La gubernamental concepción de universidad queda resumido en lo ha devenido lugar común en el discurso oficial: los salarios universitarios son excesivos y crecen en forma desmedida; las universidades deben captar más estudiantes; esto ha de hacerse con el presupuesto que el gobierno ofrece (4-4,5% de crecimiento real). Los ministros no dicen: las universidades deben hacer más investigación y acción social. Tampoco dicen: el esfuerzo de desarrollo del conocimiento –que en Costa Rica depende casi totalmente en las universidades- requiere de personal altamente calificado que, por ello mismo, amerita una buena remuneración. En síntesis: lo que se dice combinado con lo que no se dice ilustra muy bien qué se desea: universidades públicas degradadas al modelo “universidad-privada-de-garaje”, harto conocido en Costa Rica.
El economicismo subyacente a esa concepción chata y ramplona de universidad, emerge aún más claro en el segundo punto: el fiscalismo ortodoxo de los representantes oficiales que exigen contención y austeridad en función del objetivo de re-equilibrio de las cuentas fiscales. Es una historia trilladísima, que ya se les aplicó a las universidades en los años ochentas y noventas. En el ámbito de la inversión en infraestructura, ello se ejemplifica en el dramático colapso de la red vial que hoy presenciamos. Es un arma de doble filo: el “ahorro” de ahora revierte, al cabo de poco tiempo, en costos muchísimo más onerosos. Es, típicamente, del tipo de falsas soluciones a que esta clase política nos ha venido sometiendo –con implacable ineptitud- a lo largo de los últimos 25 años.
Quienes favorecieron la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, afirmaron que no habría ninguna reforma del Código de Trabajo y que no se afectarían los seguros solidarios, brindados por el Instituto Nacional de Seguros.
Contrario a aquellas palabras, ahora el Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley, por la entrada en vigencia de la obligación del TLC de abrir a la competencia los seguros de riesgos de trabajo y obligatorio de automóviles, a partir del 1 de Enero del año 2011.
De acuerdo con el Diputado del Frente Amplio, José María Villalta, “se reforma todo el Capítulo de Riesgos del Trabajo del Código de Trabajo, adaptando las normas de este seguro solidario para que sea “rentable” para las trasnacionales”.
El Diputado Villalta considera que se elimina la prestación del seguro al costo. “Hoy el artículo 205 del Código de Trabajo dice claramente que este seguro no es lucrativo, no deja ganancia, cualquier excedente que tenga el INS por su administración tendrá que destinarse a fortalecer la reserva del seguro o reinvertirse en beneficio de las y los trabajadores. El proyecto de ley permite que las empresas operadoras de seguros tengan ganancias de hasta un 15%, rompiendo el principio de solidaridad y servicio al costo”, declaró.
“El Gobierno le mintió al pueblo de Costa Rica cuando dijo que el Código de Trabajo no se iba a tocar con la aprobación del TLC. Mintieron cuando dijeron que el seguro de riesgos del trabajo seguiría rigiéndose bajo los mismo principios de solidaridad y universalidad”, advirtió el diputado Villalta.
“Desde 2004 don Germán Serrano Pinto denunció la probable derogatoria del Artículo 205 del Código de Trabajo, con tal de que fueran apetecibles para el sector privado; salta a la vista la insensibilidad y codicia de la administración de los hermanos Arias, pues sabían de esta situación y no movieron ni un dedo para salvar los seguros solidarios”, comentó finalmente el Diputado del Frente Amplio.
Criminales y corruptos medios de comunicación comercial
Cuando el* Poder Ejecutivo* presente el* informe “Papel Prensa – La Verdad”* sobre los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en la apropiación de las acciones de la compañía en 1976, un coro opositor intentará explicar, una vez más, que es un avance contra la libertad de expresión y un tiro más de la guerra entre el gobierno y el Grupo Clarín.
Sin embargo, es imposible tapar el sol con las manos, al menos cuando la historia sale a la luz.
El* 19 de mayo de 1977*, el diario propiedad de* Ernestina Herrera de Noble* publicó un* artículo* titulado “A la opinión pública”, con la intención de dar a conocer “todos los pasos que precedieron y siguieron a la compra de las acciones de Papel Prensa SA”.
La información está al alcance de la mano. Tiempo Argentino accedió a esa edición de Clarín con una simple visita a la Biblioteca del Congreso de la Nación. El texto demuestra, en primera persona, la complicidad entre los accionistas privados de Papel Prensa con la* última dictadura militar*. Un dato que ya había sido revelado, pero que este texto confirma.
El documento histórico forma parte de la investigación que presentará la presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada y que seguramente concentrará la atención durante buena parte de la semana.
“Los 3 diarios emprendieron las gestiones de compra del paquete accionario de Papel Prensa SA, previa consulta con la Junta de Comandantes en Jefe y la Secretaría General de la Presidencia”, indica el* 8vo párrafo de la solicitada firmada por Clarín, La Nación y La Razón* a poco de apropiarse de las acciones de la familia Graiver en* complicidad* con los* jefes de la última dictadura.*
Quien intente negar la complicidad entre el poder militar y estas empresas periodísticas estará, al menos, negando la realidad. El documento concluye afirmando que
“la* transacción* se celebró a la* luz pública* y con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad que consta en acta de la *Junta Militar*“.
A confesión de parte…
La historia había comenzado poco* menos de un año antes, el 7 de agosto de 1976*, cuando* el avión privado de David Graiver* –_socio mayoritario de Papel Prensa_– se estrelló en México.
Según denunció la viuda del banquero, Lidia Papaleo, en esos días comenzaron las presiones para que la familia se desprendiera de sus bienes, entre ellos la preciada fábrica de papel de diario que estaba en construcción.
Las amenazas continuaron luego de su regreso a la Argentina. En la declaración que la mujer realizó ante la Secretaría de Comercio Interior –publicada por Tiempo Argentino- y que también forma parte del documento que se presentará mañana, Papaleo afirmó que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, le dejó bien claras sus opciones: “Firme o le costará la vida a usted y su hija.”
La historia de la apropiación continúa con las torturas que la viuda de Graiver sufrió durante su desaparición.
La versión oficial de los 3 diarios omite el horror.
“A mediados de 1976, se ofrece en venta en plaza el paquete accionario de Papel Prensa”, publicó Clarín en su portada.
Sin embargo, desde la transferencia de la propiedad de la compañía, la familia Graiver denuncia que la operación fue realizada bajo la presión de los ejecutivos de los matutinos y la complicidad de los militares.
“Ofrecer” es un verbo poco preciso en este caso.
José Alfredo Martínez de Hoz era el ministro de facto de Economía. Según confesó el propio diario Clarín,* “Joe”* fue cómplice de la transacción de* apropiación de Papel Prensa*. Era un plan sistemático de apropiación de empresas a favor de los amigos de los represores, que no sólo necesitaba del visto formal del Estado, sino* incluir* en el operativo a grupos de tareas y torturadores.
Según el artículo, la compra se realizó
“obtenida la conformidad a este alto nivel con el señor ministro de Economía y el señor secretario de Estado de Desarrollo Industrial. No hallándose objeción alguna, se celebraron el 2 de noviembre los contratos de compra de las acciones”.
La mentira tiene patas cortas, aunque a veces demore 33 años en aparecer. Ese 2 de noviembre fue el día en que* Lidia Papaleo* firmó a la fuerza el boleto de compra–venta de la mayoría accionaria de la compañía.
“No fue una transacción entre hombres libres”, insistió el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la anteúltima asamblea de Papel Prensa. Según el testimonio de los sobrevivientes de aquellos días, el “polémico” funcionario tiene razón.
Pero* la confesión* de_ “el gran diario argentino”_ no concluye en sus complicidades con los jefes del genocidio de 30.000 personas. Hoy, los representantes del Estado en Papel Prensa hablan hasta el cansancio de las ventajas competitivas que le permitieron al Grupo ser una de las empresas más importantes de la Argentina.
Todo comenzó cuando tomaron por la fuerza el control de la fábrica de papel de diario. El artículo de 1977 que hoy reproduce Tiempo Argentino explica claramente el poder que otorga manejar cuotas y precios del insumo más importante para un diario:
“Se trataba, en la época de constitución de FAPEL (la firma que adquirió inicialmente Papel Prensa y que luego cedió a* Clarín, La Nación y La Razón*), de oponerse de alguna manera a la política de control de los diarios que alentaba especialmente el gobierno de entonces. Ese control se procuraba en forma directa en aquellos diarios más vulnerables económicamente y, en forma indirecta, a través del manipuleo de la futura fabricación de papel, en los diarios empresariamente más sólidos.”
Cuando hablan de ‘el gobierno de entonces’, los 3 diarios hacen referencia a la última presidencia de Juan Domingo Perón.
No había dudas, Papel Prensa –un proyecto iniciado durante la dictadura de *Agustín Lanusse*– era demasiado preciado para que quede en manos de un grupo como el de los* Graiver*, ajeno al mercado editorial.
“Los grandes diarios” tenían un plan bien pensado para ser los dueños de la empresa que encararía el proceso de sustitución de importaciones de papel de diario.
Beatriz Paglieri, actual directora por el Estado en la compañía, expresó hace unos días en un discurso frente a militantes kirchneristas que “el *monopolio de la fabricación del papel de diario hizo que muchos medios mueran y que algunos ni siquiera nazcan*”.
El artículo histórico insiste en que gracias a los nuevos dueños, quedaron_ “aventados ya los riesgos anteriores de control político de la prensa a través de la manipulación de los cupos y el precio del papel”_.
Con la compra de Papel Prensa, Clarín, La Razón y La Nación se transformaban en los garantes de la libertad de expresión, un derecho público que a partir de entonces sería velado por empresarios privados.
Pero*_ “los intereses de la Patria”_* estaban primero. El artículo explica con lujo de detalles que toda la transacción se realizó “preservando un proyecto de interés nacional y resguardando el abastecimiento para todos los diarios de su principal insumo en defensa de la libertad de prensa, de conformidad con la centenaria tradición argentina y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida”.
Vale una aclaración. En la desgarradora carta que envió* Lidia Papaleo de Graiver* al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la viuda del banquero destacó que le “habían hecho saber que las acciones debían cederse a empresarios argentinos que no pertenecieran a la colectividad judía”.
Por otro lado, los dictadores insistían en vincular a David Graiver con Montoneros. De hecho, en la misma portada en la que Clarín publicó “A la opinión pública”, la “bajada” del título central de la edición de ese jueves anunciaba que uno de los temas de la próxima reunión de la* Junta Militar* sería evaluar “las investigaciones en torno de los casos Graiver y ALUAR”.
Nunca se probó que la familia Graiver tuviera relaciones con la organización guerrillera.
El 16 de julio de 1982, el juez en lo Criminal y Correccional Fernando Zabalía resolvió “sobreseer parcial y definitivamente en esta causa 725/81 a Juan Graiver en relación con los delitos de asociación ilícita calificada, asistencia económica a la subversión y encubrimiento”.
En el testimonio que este año Rafael Ianover prestó frente a los socios de la compañía, el ex testafero de David Graiver recordó que ser judío era una de las acusaciones que sufrió durante su cautiverio.
El 27 de septiembre de 1978, Jorge Rafael Videla, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre brindaron por la inauguración de la planta de Papel Prensa en San Pedro. El plan había dado sus frutos. Los beneficios recién comenzaban.
(Candidato de Papeleta # 1 no pudo sacar tiempo para este trabajo)
Mensaje del Representante Papeleta Nº2
Mensaje del Representante Papeleta Nº3
La Asamblea General de Fin de período se realizará el viernes 20 de agosto, en lugar por definir, y ya cuenta con tres papeletas debidamente inscritas de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de ANEP y las disposiciones de la Comisión Electoral.
Las siguientes son las diposiciones adoptadas en la Sesión de la Junta Directiva Nacional de nuestro Sindicato y que son vinvulantes para las tres papeletas inscritas.
1. Acuerdos Junta Directiva Nacional, Sesión Nº 1889 del viernes 30 de julio de 2010.
Acuerdo Nº 4
Primero: toda propaganda debe de ir con sello de la ANEP con original en tinta azul.
Segundo: se estima un total de 3000 volantes por boleta inscrita, si se llega a aumentar se aplicará por igual a todas las papeletas participantes.
Tercero: en relación al padrón se tomarán como afiliados que puedan ejercer su derecho al voto los que estén afiliados al viernes 13 de agosto de 2010.
Cuarto: se instruye para que desde la Secretaría General se asigne a una persona de la Asesoría Jurídica que nos de acompañamiento en cada una de las reuniones que se tienen a partir de esta fecha al día en que se realice la asamblea, principalmente con el tema del Código de Ética que deberán firmar las personas que quieran participar.
Quinto: Quienes integran el Comité Coordinador representante de la ANEP hasta la Asamblea, y que tengan día sindical asignado, sí, van a participar en alguna papeleta, se recomienda que renuncien a esa licencia para que queden en igualdad de condiciones de competencia con relación a otras candidaturas, y de cara a la mencionada asamblea.
Sexto: conformar un equipo de seguridad, se designa al compañero Héctor Prado como encargado de buscar un grupo de 10 personas para estos efectos el día de la Asamblea.
Séptimo: se acepta el ofrecimiento de la compañera Inés Delgado sobre su interés de incorporarse y formar parte de la Comisión.
________________________________________
Las pepeletas inscritas están constituidas de la siguiente forma:
________________________ Papeleta 1
Presidencia: Héctor Cerdas Zamora Publicaciones
Vicepresidencia: Gerardo Ramírez Zamora Seguridad e Higiene
Secretaría de Organización: Mauricio López Alfaro Aseo de Vías
La conferencia se realizó en la sede del Sindicato de Investigadores Criminalísticos, ANIC (OIJ), uno de los aliados que junto al Sindicato de Inpectores de Tránsito, UNATEPROT y la ANEP (Seguridad Pública, Policía Penitencia, Policía Municipal, Polícia Aduanera y Policía Migración), realizaron una exposición clara y contundente sobre la problemática de la seguridad ciudadana y las condiciones en las que laboran todos los cuerpos policiales de Costa Rica.
En esta conferencia se expusieron algunos téminos del contenido del documento que fué, posteriormente, entregado al Viceministro de la Presidencia en representación de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda.
En la expsición sobre las condiciones en que laboran los diferentes cuerpos policiales, cada representante se manifestó sobre las dificultades que enfrentan día a día en la lucha sin cuartel contra la delincuancia.
“La policía aduanera solo cuenta con 80 inspectores, así no se puede actuar eficientemente en contra del contrabando y la corrupción”, puso como ejemplo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
También se manifestó por una real Reforma Tributaria en la que los ricos paguen como ricos y reducir las cargas indirectas en contra del pueblo trabajador.
Las diferentes fuerzas policiales no descartaron realizar acciones de manifestación en las calles, “en nuestros tiempos libres”, si no hay solución a sus diferentes problemáticas.
“La ciudadanía tiene que entender que las dificultades que enfrentamos, en los diferentes ámbitos, impiden una acción más eficiente en contra de la delincuencia y la corrupción”, finalizaron diciendo.
____________________________________________________ Documentos en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha.
Así lo denuncia Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, al recopilar toda la documentación referente a las enormes deudas que tiene el gobierno, las instituciones públicas los patronos privados y el Instituto Nacional de Seguros con la Caja.
Las siguientes cifras están debidamente documentadas en la mayoría de casos con información oficial de la CCSS, al mes de diciembre del año 2009, y son parte de estas deudas:
171 mil millones le debe el gobierno a la CCSS por el no pago de los asegurados por el Estado, Régimen no Contributivo de Pensiones y el Seguro de Salud.
150 mil millones se debe desde hace años por el traspaso del personal del Ministerio de la Salud a la Caja, según el convenio con el gobierno que nunca hizo efectivo.
97 mil millones han dejado de pagar los patronos privados por el pago de las cuotas obligatorias al Seguro Social; dentro de ellos equipos de fútbol de primera y segunda división, empresas transnacionales de trabajadores bananeros, textiles de exportación, de seguridad, vigilancia, etc.
10 mil millones por atención de enfermedades, riesgos del trabajo y accidentes de tránsito que el Instituto Nacional de Seguros no pagó.
986 millones que la Embajada de Estados Unidos no ha cancelado por obligación del artículo 78 de la Ley de Proyección al Trabajador.
300 mil millones del aporte de un 15% de las utilidades de instituciones públicas, bancarias, RECOPE, Racsa, ICE, que obliga a pagar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Toda esa deuda a cuenta presente, sería mucho mayor, pues esta cifra de los ¢701.000 millones es con corte a diciembre del 2009, por lo que podríamos estimar que la deuda sea superior si le sumamos los ocho meses del año que llevamos, sin que existan negociaciones o acciones para llegar a un arreglo de pago y recuperar estos dineros.
Mientras esta grave situación sucede a vista, paciencia y complacencia de las autoridades superiores, la Dirección Financiera Contable, el Departamento de Cobros de la CCSS, la Presidenta Laura Chinchilla y el Ministerio de Hacienda, omiten cumplir con los postulados del derecho a la salud y más aún con las promesas de su campaña electoral.
Esta actitud irresponsable dificulta significativamente fortalecer y mejorar la atención al paciente sometido a largas listas de espera de citas, exámenes, falta de equipo, recurso humano, etc.
Pero los trabajadores (as) también pagan las consecuencias con el reiterado atraso en el pago de tiempo extraordinario, recargo de trabajo por no sustitución, pago de salario al personal interino y otras necesidades más, al agotarse los presupuestos en los centros de trabajo.
También hemos tenido algunas denuncias por el aparente atraso en el pago de las incapacidades o subsidios a los asegurados.
Por esta grave situación, UNDECA está valorando un movimiento de paro y manifestación pública en la primera semana del mes de la patria para obligar a cancelar y recuperar estas gigantescas deudas, esperando también contar con el apoyo de los asegurados y usuarios (as).
A continuación el Manifiesto de la Marcha por el FEES, firmado por la doctora Yamileth González García, Rectora de la UCR.
MANIFIESTO
Estamos en pie de lucha por la dignidad de la gestión pública, por el derecho y el deber de trabajar por el bien colectivo, por la opción de contribuir con el desarrollo sostenible de un país que, hasta hoy, ha sabido enfrentar las imposiciones internacionales con inteligencia y ponderación.
Estamos en pie de lucha para que las tendencias neoliberales y privatizadoras no nos impidan trabajar en redes por el bienestar de las mayorías que siempre ha estado y estará unido a la educación, la democracia, a la libertad –en nuestro caso la autonomía universitaria- la paz, la justicia social, la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y ambientales.
Estamos en pie de lucha porque no queremos permitir que usando estrategias poco claras nos traten de dividir internamente, ni entre universidades, ni entre profesores y estudiantes, ni entre académicos y administrativos. Estamos en pie de lucha como UNA sola institución en su DIVERSIDAD y en sus posibilidades complementarias. No vamos a permitir que traten de dividir para vencer…
Estamos en pie de lucha porque NO queremos que nos privaticen, que obliguen al talento sin condiciones económicas a quedarse sin estudio. Queremos ser universidades públicas que colaboren con todos los sectores inclusive el sector privado, empresarial o de organizaciones de la sociedad civil. Queremos ser parte del sector público y redistribuir el conocimiento, abrir la oportunidad y permitir la movilidad social.
Estamos en pie de lucha para que nos dejen trabajar en equipos interdisciplinarios, interuniversitarios, internacionales, intersectoriales en pro de un desarrollo colectivo que nos de seguridad en las calles, que proteja el medio ambiente, que pondere la innovación tecnológica y la educación, que impida abrir una nueva brecha entre los habitantes del país.
Estamos en pie de lucha porque no queremos el irrespeto de quienes nos gobiernan y, en lugar de responder con argumentos y por escrito a nuestras peticiones razonadas como lo manda la constitución y la negociación entre personas educadas se van a una guerra en los medios de comunicación, agresiva, descalificante y llena de falacias.
Estamos en pie de lucha porque no podemos tolerar la manipulación de la información, la falsedad y la intolerancia. ¿Si no defendemos las causas justas, si no defendemos la verdad, la oportunidad real de estudio para la gente con talento que no puede pagar, las becas, las residencias y los comedores estudiantiles, quién va ha hacerlo?
Hemos entregado a los Ministros toda la información, rendimos cuentas, nos reconoce el sector privado con quien trabajamos, las comunidades, las instituciones mismas del gobierno, la inteligencia internacional situándonos en los niveles más altos de competencia.
Hemos mostrado nuestro quehacer una y otra vez y lo hemos demostrado con acciones. Ofrecemos aumentar la matrícula a 100.000 estudiantes, mejorar las becas y las condiciones de estudio, pero no queremos que nos conviertan en enseñaderos, en Universidades de tiza y pizarra, de computadora y técnicas repetitivas, queremos profesionales que sepan investigar y trabajan en y con la comunidad. Por eso defendemos lo que debe ser una* UNIVERSIDAD* con tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social y una vida estudiantil integral e integradora.
NO es cierto que nuestros salarios sean mayores, ni que queramos dinero para subirlos… El crecimiento por anualidades lo tiene toda la administración pública y los otros aumentos son por méritos (publicaciones, innovación, idiomas, estudios), por esfuerzo personal y de equipo, POR TRABAJO y no vegetativo como dicen. La mayor parte de nosotros –sobre todo de los que trabajamos sin descanso, horas y más horas, con placer e imaginación, lo hacemos por VOCACIÓN y no por la paga. ¿Cuántos hemos rechazado mejores salarios?
Queremos el FEES para trabajar con y para el país.
Hoy venimos a entregar a nuestra Presidenta Laura Chinchilla toda la información que ya le entregamos a los Ministros. Venimos a pedirle que asuma su deber histórico como ciudadana, como universitaria y como mujer. A pedirle que se de la oportunidad histórica de defender la educación pública como la base de los derechos de solidaridad, como la base de la democracia y de la libertad.
Venimos a pedirle que, como Presidenta de la República de Costa Rica, se de la oportunidad de ejercer un liderazgo que le permita pasar a la historia.
Venimos a ofrecerle al pueblo de Costa Rica seguir poniendo a su servicio nuestra imaginación, nuestra capacidad crítica, nuestra ética y nuestra capacidad para trabajar en y con el país.
Invertir en educación es invertir RESPONSABLEMENTE en democracia y en desarrollo para el bien de todas y todos los habitantes de nuestra querida nación. Dra. Yamileth González García Rectora Universidad de Costa Rica Presidenta del CONARE
En la noche de este lunes 16 de agosto, la Presidenta Chinchilla, habló de lo mismo: la reforma fiscal. Desde muchos lados ya se habla del tema. Ahora bien, desde el lado de “los de abajo”, preferimos hablar de transformación tributaria (aunque lo correcto debe ser hablar de revolución tributaria).
Hablando de transformación tributaria, hay tres cosas clarísimas. 1) El robo de impuestos anda por el orden del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. ¿De cuánto hablamos? Quizás hasta de ¡400 mil millones de colones por año!
2)* Proporcionalmente hablando, pagan más impuestos “los de abajo” que “los de arriba”. Es decir, el actual sistema tributario costarricense es regresivo cuando debe ser progresivo.
3) Urge fortalecer la gestión de cobro de impuestos y de sanción para los que se los roban, como hacen en Estados Unidos que penan con cárcel la evasión fiscal. Hemos llegado al “ridículo” de que solamente existen unos 80 policías fiscales en el país.
Por eso debemos desconfiar cuando desde el Gobierno se habla de “reforma fiscal”. Lo que se requiere es una transformación tributaria estructural; atacando, seriamente, cada uno de los tres aspectos mencionados. Si lo que pretenden es aumentar el impuesto sobre las ventas, hay que oponerse férreamente a ello, porque los principales golpeados serán los diversos sectores componentes de la clase trabajadora, especialmente los que menos ganan.
Llegó el turno de que “los de arriba” paguen por la lujuriosa, abusiva e indignamente fiesta de la concentración de la riqueza en que están viviendo. Las mayorías populares están abrumadas económicamente hablando y, por eso, los expertos más calificados hablan del crecimiento de la desigualdad como el principal problema del país. Los problemas de seguridad ciudadana se derivan, básicamente, por esta razón.
La transformación tributaria que demandamos, es aquella centrada en gravar los grandes capitales y las gigantescas fortunas junto a un fortalecimiento estratégico de la gestión pública de cobro de impuestos. Contratar más policías fiscales, por ejemplo.
Se impone la más grande movilización social para que haya una efectiva transformación tributaria. Por ejemplo, la gente trabajadora del sector Público, a la que le recetan los decretazos salariales pero que tiene mejores condiciones para salir a las calles, debe asumir esta tarea en nombre de todo el pueblo trabajador. ¡Preparémonos!
Todos los trabajadores son miembros del sindicato STICA ( Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cartón y Afines), y forman parte de la segunda etapa de despidos en la empresa, ya que hace un año 63 trabajadores fueron enviados a la calle.
A pesar de todos los esfuerzos que han realizado las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo, su situación aún no ha sido solucionada.
Una vez más los trabajadores de Limón siguen siendo maltratados por parte de las empresas, sin contar con el apoyo de aquellas instituciones que deben velar por los derechos laborales. Las empresas invierten en maquinaria millonaria ( $5 millones) para sustituir trabajadores, cuando la maquinaria no les brinda la misma eficiencia se ven obligadas a invertir más y optan por el despido masivo con el fin de “cubrir” la nueva inversión.
Es muy curioso que las empresas que están despidiendo trabajadores en Limón son aquellas en las cuales hay sindicatos consolidados. Pareciera más bien que después de lo que hizo el Gobierno en Sintrajap, las empresas que tienen sindicatos quieren seguir el mismo camino y van despidiendo a todos aquellos trabajadores afiliados al sindicato.
Los representantes de los trabajadores se reunieron con el Vice Ministro de Trabajo con el fin de que intervenga de inmediato en la situación que se está dando en ENVACO S.A. y lo que le está ocurriendo a los trabajadores miembros del Sindicato STICA.
La comunicación entre el sindicato y la empresa está totalmente rota y esto crea una tensión muy fuerte y un ambiente de incertidumbre ante nuevos despidos masivos.
¿No era que el TLC iba a traer más empleos?
La empresa, con la ayuda del TLC, ha vanido mejorando su producción e ingresos, sin embargo los resultados son buenos para la empresa y no para los trabajadores y trabajadoras que son enviados a la calle.
El Gobierno de Arias, del cual también era parte la actual Presidenta Laura Chinchilla Miranda, prometió miles de empleos con el TLC, hasta cambiar los “Hyundai por Mercedez Bens y las bicicletas por motos BMW”, pero en Limón, como en el resto del país, lo que estamos viendo es cientos de desempleados y persecución sindical.
Servicios Agrícolas y nuevos desarrollos para América Latina de Del Monte, una transnacional, es la dueña de ENVACO S.A., y tiene fama en todos los países por ser represiva con los y las trabajadoras al impedirles, limitarles y constreñir su derecho a sindicalizarse para defenderse de sus atropellos.
Esto es una muestra más de la fuerte ola de acciones antisindicales en Costa Rica y por lo cual nuestro país está acusado ante la Asamblea General de la O.I.T., a donde la Presidenta Chinchilla tendrá que dar la cara por el constante incumplimiento gubernamental de poner coto a las acciones antisindicales y la violación de Derechos Humanos Laborales.
Esta misma empresa despidió a una mujer vigilante durante el movimiento de lucha que llevó a los dirigentes sindicales a permanecer en el edificio del Ministerio de Trabajo, a la espera de una solución con respecto a la lucha por Sintrajap.
La funcionaria, una persona amable, no tenía el perfil militarezco que la empresa requería.
La denuncia de la Central Social Juanito Mora Porras se realizó durante la pasada frustrada negociación salarial entre los sindicatos y el gobierno con los empresarios.
Luis Serrano Estrada, VicePresidente de la Central, realizó la denuncia a propósito de la insistente lucha por un reajuste salarial digno y la falta de controles del Ministerio de Trabajo sobre las empresas que brindan servicios mediante concesión a instituciones públicas.
Aclaramos esto por cuanto ya algunos medios comerciales de comunicación han salido a hacerse eco de la campaña por Salario Mínimo que el Gobierno ha lanzado recientemente y que hasta la Uccaep acepta que ellos mismos, los empresarios, no cumplen con la Ley.
En el video de ANEPtv se aprecia el momento de la denuncia.
Más abajo dos notas que reflejan la actitud oportunista de ese medio comercial de comunicación y en otra nota de Diario Extra vemos el descaro de los empresarios. _____________________________________________________________
La Nación S.A.
Trabajo tuvo vigilantes que no recibían sueldo mínimo
El Ministerio de Trabajo mantuvo hasta el viernes pasado un contrato de vigilancia privada con una empresa a la que investiga por no pagar el salario mínimo a sus empleados.
Sandra Piszk, ministra del ramo, confirmó que el jueves 5 de agosto recibió una denuncia anónima contra la empresa Sevin Limitada, por el no pago del salario mínimo, horas extras y las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Como el contrato con esta empresa vencía el viernes a medianoche, decidimos inmediatamente no renovarlo”, declaró la Ministra.
Mientras esa dependencia contrata a otra firma de seguridad, el edificio del Ministerio –en barrio Tournón– es vigilado por oficiales de la Fuerza Pública.
Sandra Piszk confirmó que la Dirección de Inspección del Ministerio abrió un proceso contra la empresa Sevin Limitada por incumplir el pago del salario mínimo y las horas extras.
Ayer, voceros del Ministerio de Trabajo dijeron que en los últimos tres días la empresa ya se había puesto a derecho en el pago de cuotas con la CCSS.
La Nación intentó hablar ayer con el gerente de Sevin Limitada, Jorge Hernández Soto, pero nunca estuvo disponible para atender los teléfonos de la compañía.
También se le contactó a un teléfono celular reportado a su nombre, pero la persona que atendió primero se identificó como Hernández Soto y luego lo negó.
“Eso es mentira”, fue lo único que declaró la persona que atendió el teléfono celular.
Este tipo de investigaciones incluyen primero una prevención contra la empresa, para que se ponga a derecho. Si en una segunda inspección el problema persiste, Trabajo puede aplicar una multa.
Fuente: Vanessa Loaiza N. (L.N.S.A.) _______________________________________________
• Revela encuesta de Uccaep
MITAD DE TRABAJADORESGANA EL SALARIO MÍNIMO
Miles de trabajadores deben vivir mes a mes con ingresos apenas ajustados a la ley o por debajo de estos.
Aunque el gobierno de la República firmó la semana pasada un decreto para obligar a que todos los trabajadores reciban al menos el salario mínimo, todavía hay un sector de las empresas privadas que omiten ese derecho laboral.
De cada 100 trabajadores, 52 perciben el sueldo mínimo fijado por ley, que actualmente está en ¢206 mil 045 por mes.
Así se desprende de un estudio hecho por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), tras un sondeo con 453 empresarios o líderes de firmas de todo el país.
De acuerdo con la encuesta, el otro 46% está por encima o por debajo de ese rango.
Al desmenuzar la investigación, se destaca que un 37% de los consultados respondió que menos de un 10% de su planilla gana menos de lo que obliga la ley, mientras un 20% de los empresarios reconoció que tiene a 4 de cada 10 empleados en esa condición.
CAMPAÑA
La “Campaña Nacional de Salario Mínimo” fue lanzada la semana anterior por la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, y la presidenta de la República, Laura Chinchilla.
El plan comprende más inspecciones a empresas privadas, habilitar una página web y un número telefónico con información y asesoría para los trabajadores.
El sector financiero es el que más respeta los sueldos, pues más de la mitad de los empresarios involucrados en ese campo resaltaron que tienen a menos del 10% de su planilla por debajo del salario marcado.
En lo que respecta a los aumentos, 82 de cada 100 aseguró respetar los incrementos fijados por decreto ejecutivo, mientras que solo un 13% dijo pasarlo por alto y de hecho un 58% de esos empresarios considera que esos ajustes están dentro del margen de egresos previstos.
Fuente: Diario Extra MARCELINORIVERASALAZAR mrivera@ diarioextra. com
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
