Candidato a la alcaldía de Barva tiene tres condenas

Ceciliano ha sido condenado penalmente en tres ocasiones.

La primera vez, el Juzgado Primero Penal de San José lo halló culpable por el delito de receptación (adquirir, recibir y ocultar dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en que no participó).

Lo condenó el 27 de marzo de 1995 por vender un certificado de ¢2 millones que fue robado a un estadounidense. Por este caso, la Justicia le impuso un año de prisión y lo obligó a devolver el dinero y sus intereses.

La segunda condena fue por no devolver un libro de actas a la firma Inversiones Agroforestales Las Horquetas S. A., en momentos cuando él era el abogado de una persona que tenía un proceso civil contra esa empresa.

Por ese caso, el juez penal de Heredia lo sentenció el 10 de enero de 1996 a dos años de cárcel por el delito de retención indebida.

Luego, en setiembre de 1999, el Tribunal de Juicio de San José le impuso ocho meses de prisión por un delito de falsedad ideológica.

En esa ocasión, Ceciliano aceptó la culpa y se sometió a un proceso abreviado por confeccionar un testimonio para una escritura con “datos y hechos falsos” con el objetivo de obtener un crédito hipotecario a su favor.

Al final, el actual aspirante no pagó el préstamo y los dueños de la propiedad hipotecada tuvieron que cancelar la deuda para no perder su propiedad, según consta en el expediente 97-000175-023-PE.

Pese a las tres condenas, Ceciliano no fue a prisión; las autoridades judiciales le dieron el beneficio de ejecución condicional de la pena.

En total, Ceciliano aparece como imputado en 17 causas judiciales, entre 1992 y 2007, según los expedientes que se hallan para consulta en el Archivo Judicial ubicado San Joaquín, Flores, Heredia.

Lo han acusado por delitos como estafa mediante cheque, receptación y uso de documento falso con ocasión de estafa, libramiento de cheques sin fondos y apropiación indebida, entre otros.

Solo en tres de ellas el abogado ha sido encontrado culpable.

Moroso. Ceciliano también aparece como patrono moroso ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la cual debe ¢1.375,188.

“Sí, tengo un conflicto con la Caja. Cuando nuestro sistema jurídico resuelva ese problema yo voy, pago y se acabó”, declaró Ceciliano durante una entrevista con La Nación hace dos semanas.

Al consultársele sobre las condenas penales, el candidato de PRC manifestó: “Yo soy producto de esa persona nueva que hizo Dios y la sociedad hoy reconoce ese cambio (…) Nosotros, los cristianos, como caminamos a la luz, se nos ven hasta las pecas”.

El abogado afirmó que en el pasado tuvo problemas de ludopatía (adicción al juego) y contó que también realizó matrimonios por conveniencia especialmente a ciudadanos cubanos, cuando este tipo de actuaciones “eran legales”.

“Yo no construyo –como decía Joyce Meyer– en el pasado, yo abrazo el futuro para construir”, dijo Ceciliano. Justificó por qué es candidato a la Alcaldía de Barva: “El pueblo fue el que me lo pidió”.

El presidente de Renovación Costarricense, Justo Orozco, aseguró desconocer los antecedentes de Ceciliano. “No escarbamos tanto. Si yo hubiera sabido lo hubiéramos pensado un poco más. Pero, en estos momentos, él no cometería errores de esos”, manifestó.

Fuente: RonyRojas, L.N. S.A.

Exalcalde condenado pretende volver a ese despacho de La Unión

En 1997, el Juzgado Penal de Cartago lo condenó a dos años de cárcel por el delito de libramiento de cheques sin fondos.

El caso se dio cuando Zúñiga, diputado del PUSC entre 1990 y 1994, negoció con el finquero Víctor Boza Rojas, en 1995, la compra de varias cabezas de ganado.

Zúñiga giró al ofendido cuatro cheques para pagar la deuda. Sin embargo, tres no tenían fondos.

Incluso, dos eran de una cuenta del Banco de Costa Rica que fue cerrada por carecer de respaldo económico, según informó La Nación en aquel momento.

Tras ese castigo, el PUSC lo separó de sus tiendas. Pero regresó. Consultado por esa condena, Zúñiga dijo: “Eso fue un error del abogado, pero ya es capítulo cerrado”.

En el 2009, Zúñiga, alcalde de La Unión en el lapso 2002-2007, fue condenado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a cuatro años de cárcel por un delito de concusión.

El Ministerio Público lo acusó de pedir a un empresario ¢5 millones para agilizar los permisos de un plan urbanístico en ese cantón.

Por ese hecho, Zúñiga estuvo en prisión preventiva tres meses, entre 2004 y 2005. Obtuvo la libertad tras pagar una fianza de ¢1 millón.

Apeló la condena y actualmente el caso se tramita en el Tribunal de Casación Penal. “Los electores saben que eso fue un montaje político, eso fue una persecución”, declaró Zúñiga sobre esa condena.

El exalcalde también figura como deudor moroso del Banco Anglo. Mantiene cinco deudas por un total de ¢14.062.351.

Al preguntársele por qué no ha pagado esos créditos, 17 años después de la quiebra del Anglo, negó ser deudor: “Son deudas como fiador de varios compañeros exdiputados. Eso está equivocado, se ha manejado pésimamente”.

Sin embargo, en julio del 2000, esas mismas deudas lo obligaron a renunciar al cargo de asesor del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, según informó a la prensa en ese momento el entonces ministro de esa cartera, Danilo Chaverri.

Gerardo Vargas, actual presidente del PUSC, alegó ignorar los antecedentes de Zúñiga y reconoció que no sabe cuántos candidatos de su partido tienen alguna condena penal o sanción de otra índole.

“Asumí la presidencia hace tres meses. Esas candidaturas están designadas desde hace tiempo”, dijo.

¿Y por qué Zúñiga quiere volver a ser alcalde? “Ofrezco a los electores la vocación de servicio que tengo, pensando en los más débiles, en las familias más necesitadas y en los barrios más humildes”.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.

Contraloría impuso castigo a 27 aspirantes

De ellos, 18 aspiran ahora a ganar el puesto de alcalde y los otros nueve buscan ser vicealcalde.

Las faltas cometidas son variadas, así como las sanciones que el ente contralor les impuso.

Hay desde amonestaciones escritas a regidores por no aprobar el presupuesto municipal o presentar tarde la declaración jurada de bienes, hasta despidos de alcaldes por firmar contratos con empresas privadas sin licitación ni refrendo de la Contraloría.

Uno de ellos es Róger Rivera Mora, exalcalde de Limón y actual candidato a ese mismo puesto por el Movimiento Libertario.

En el 2006, la Contraloría le impuso cuatro sanciones por dos casos distintos.

En uno lo amonestaron por autorizar y tramitar pagos a una empresa recolectora de basura sin tener un contrato refrendado. Además, lo suspendieron de su cargo por ocho días por haber aprobado pagos excesivos a la misma firma y le exigieron pagar ¢336.488 por los daños causados al municipio.

En el otro caso, la Contraloría recomendó su despido como alcalde, al considerar que Rivera debilitó la auditoría del municipio y autorizó pagos indebidos a un funcionario de ese departamento.

Entrevistado por La Nación, Rivera negó que haya debilitado la auditoría y sobre el primer caso dijo: “Yo tenía una situación difícil. La única opción para mí era esa empresa Cofinco. En mí siempre prevaleció el interés público, yo no podía dejar la basura en las calles”.

Un caso más es el de Alberto Cole De León, candidato a la alcaldía de Osa, Puntarenas, por el Partido Liberación Nacional (PLN).

En el 2007 a Cole –exdirectivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)– se le prohibió ocupar cargos de la Hacienda Pública durante dos años, por aprobar la contratación de una agencia de publicidad para promocionar el Depósito Libre de Golfito, sin licitación, según detalló la Contraloría.

“Había que publicitar el Depósito y se hizo la contratación”, manifestó Cole cuando se le consultó por esa sanción.

Fuente: Rony Rojas, L.N. S.A.

156 candidatos a alcaldías tienen morosidad, sanciones o condenas

Tienen desde castigos por faltas en perjuicio de la Hacienda Pública, morosidad patronal y bancaria, embargos por deudas sin pagar o suspensiones de colegios profesionales, hasta condenas penales y civiles.

En los últimos dos meses, un equipo de La Nación compuesto por periodistas e informáticos cotejó los nombres de las 1.004 personas que aspiran a las alcaldías y vicealcaldías en los 81 cantones contra archivos judiciales, listas de morosidad bancaria y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el registro de sanciones de la Contraloría General de la República (CGR) y otras fuentes.

En total, *156 candidato*s aparecieron en alguna de esas listas. La mayoría son patronos que le deben al Seguro Social.

Doce son deudores morosos del Banco Anglo Costarricense, cerrado en setiembre de 1994.

Además, 27 aspirantes han sido sancionados por la Contraloría debido a faltas que cometieron en su labor en entidades públicas.

Al menos cuatro tienen condenas penales por diversos delitos y 123 figuran en la lista de patronos morosos que deben cuotas obrero-patronales en la CCSS, ya sea de forma directa o mediante las sociedades anónimas que representan.

Algunos candidatos morosos tienen, a su vez, condenas penales o sanciones de la Contraloría.

El partido con el mayor porcentaje de personas señaladas en alguna de estas listas es Renovación Costarricense, pues el 21% de sus 57 candidatos a las alcaldías son morosos, o bien fueron sancionados por la Contraloría o tienen algún tipo de condena en su contra.

Le siguen el Movimiento Libertario, con el 20%, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con* 18 *, el Partido Liberación Nacional (13) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) con 10 %.

*Vía penal.*Un ejemplo es el del candidato a alcalde de Renovación Costarricense en Barva, Heredia, Otto Giovanny Ceciliano Mora, condenado penalmente tres veces por delitos de receptación, falsedad ideológica y retención indebida, cometidos en los años 90.

Ceciliano también figura como patrono moroso en la CCSS y narró a este medio que en el pasado celebró matrimonios de conveniencia.

Otro caso es el de Guillermo Zúñiga, actual aspirante del PUSC a la alcaldía de* La Unión, Cartago*, quien fue condenado en 1997 por el Juzgado Penal de Cartago a dos años de cárcel por el delito de libramiento de cheques sin fondos.

Zúñiga, exalcalde de La Unión, también* fue condenado en el 2009* a cuatro años de prisión por el delito de concusión. El Ministerio Público le atribuyó haberle pedido ¢5 millones a un desarrollador urbanístico para que su proyecto fuera aprobado en el Concejo Municipal.

El aspirante del PUSC también* tiene cinco deudas* con el extinto Banco Anglo por ¢14 millones.

*Poco control.*La mayoría de presidentes de los partidos políticos aceptaron que es difícil ejercer un control sobre los antecedentes de sus aspirantes a puestos de elección popular.
Entre todos los aspirantes a las alcaldías que participarán en las elecciones municipales del 5 de diciembre, 156 registran morosidad con el Estado, sanciones administrativas o condenas penales.

“Quienes nombran los candidatos a alcaldes son las asambleas cantonales. Una propuesta de reforma a los estatutos que tenemos es crear mecanismos para revisar los casos, respetando el principio de inocencia”, manifestó el presidente del PUSC, Gerardo Vargas.

“Son muchos los candidatos en puestos de alcaldes, vicealcaldes, concejales y síndicos. La dirigencia local indaga sobre quién es quién”, opinó el líder del Movimiento Libertario, Otto Guevara.

“Uno desearía estar rodeado de ángeles, pero a veces eso es difícil”, comentó Justo Orozco, presidente de Renovación Costarricense.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.

Alcaldías: Candidatos morosos le deben ¢246 millones al Estado

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Un total de 130 personas que buscan convertirse en alcalde o vicealcalde en los comicios del domingo 5 de diciembre aparecen como deudores morosos del Estado.

De ellos, 123 tienen pendiente el pago de cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 12 son deudores morosos del Banco Anglo Costarricense, que cerró el 14 de setiembre de 1994, luego de ser intervenido por problemas financieros.

Entre todos le adeudan a la CCSS ¢192.151.768 y al Anglo ¢53,8 millones, según se desprende del análisis que La Nación realizó de la base de datos del Seguro Social y del fideicomiso que administra las deudas del banco.

Algunos de los candidatos que aparecen como deudores de la Caja también lo son con el Anglo, ya sea a título personal o por medio de alguna sociedad anónima.

Tal es el caso de José Luis Segnini Sabat, candidato a alcalde en Abangares, Guanacaste, por el Partido Único Abangareño, a cuyo nombre se registra un compromiso con el Anglo por ¢8,8 millones.

Además, dos entidades en las que Segnini figura como presidente –Fundación Universidad de San José y Agropecuaria el Gaspar del Norte S. A.– le deben cuotas al Seguro Social por ¢37, 9 millones y ¢920.927, respectivamente. Segnini dice que ya canceló el saldo con el Anglo y desconoce sobre los montos adeudados a la CCSS.

Otro patrono moroso es Luis Armando Davis Wright, aspirante a la segunda vicealcaldía de Limón por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE). Su deuda al día de ayer era de ¢6.797.674.

Sobre esta responsabilidad, Davis manifestó: “Estoy en un arreglo de pago. Tengo una empresa de construcción y estoy haciendo pagos parciales. Son planillas de 1999 al 2002. Fue mi equivocación”.

Fiabilidad. Marvin Solano Monge, director del fondo que maneja los saldos morosos del Anglo, garantizó la confiabilidad de la lista de deudores que entregó a este medio y cuya fecha de corte es el 30 de setiembre del 2010. “Toda operación que está aquí es porque se debe. Incluso, nosotros manejamos todas las operaciones que han sido declaradas prescritas por los juzgados”, dijo.

Igual garantía ofreció Luis Diego Calderón, director de cobros de la CCSS, quien defendió la veracidad de la base de datos que alimenta el sistema virtual de consulta sobre morosidad patronal.

“La consulta es en línea y directamente a la base de datos del Sicere, que tiene el pendiente patronal actualizado. Esa información que ve cualquier persona en la web, es la misma con la que nosotros trabajamos aquí todos los días”, indicó.

Los datos de morosidad patronal ofrecidos en esta investigación tienen corte el 23 de noviembre.

Luis Diego Calderón dijo que, en total, en octubre la CCSS registraba 28.773 patronos morosos, que le adeudaban ¢ 35.536 millones.

No obstante, esta cifra representa el 0,36 % del total de lo recaudado a setiembre del 2010, explicó.

Respecto al Anglo, el mayor deudor entre los candidatos inscritos para las elecciones es Jorge Ávila Chavarría, quien postuló su nombre para la alcaldía de Goicoechea por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Según la lista de operaciones de crédito, Ávila debe ¢12.568.707.

Al ser consultado sobre ese compromiso, dijo: “Todo está arreglado, yo no tengo ningún problema con el Banco Anglo, lo que pasa es que eso anda por ahí rodando”.

Otro deudor del Anglo es el candidato a alcalde de La Unión, Guillermo Zúñiga Trigueros, quien tiene cinco compromisos morosos por un cifra total de ¢14.062.351.

Según Marvin Solano, director de la cartera de deudas del Anglo, a la fecha hay 1.584 operaciones de crédito pendientes, la mayoría morosas, cuyo monto total asciende a ¢22.700 millones. Desde que cerró el banco, el fideicomiso recuperó ¢6.600 millones en efectivo, tiene bienes a la venta por ¢1.100 millones y otros en la fase de último remate por ¢1.400 millones, dijo.

Fuente: Rony Rojas, L.N.S.A.

Controversia fronteriza tico-nica: Una visión sindical

La parte principal de nuestras primeras impresiones planteó lo siguiente. “Ambos gobiernos deberían ceder en lo fundamental para crear un clima de paz, de concordia, de lazos fraternos y de proyectos conjuntos. Por ejemplo, deberían darse mínimas concesiones mutuas para empezar a construir soluciones definitivas”.

Es decir, por un lado, el Gobierno de Nicaragua debe retirar sus efectivos militares del suelo costarricense, según ha quedado en evidencia. Al analizar, pausadamente, la amplia documentación divulgada por estos días, hay que decir que la Isla Caldero, es contundentemente tica. Punto. Así lo indican las correspondientes entidades, de cada país, con autoridad en la materia desde el punto de vista geográfico.

Por otro, Costa Rica debe acceder al proceso de amojonamiento de la frontera tico-nica, con mediación internacional de gobiernos amigos de las partes, para que el asunto quede debidamente zanjado para siempre.

Definir sin el menor asomo de duda nuestro espacio físico-geográfico, nuestro territorio nacional, es una forma apropiada de establecer nuestra soberanía sobre el mismo.

Nosotros nos negamos a ser arrastrados por la corriente patriotera, de un nacionalismo enfermizo y de alta carga xenofóbica que a ambos lados de la frontera se fomenta entre nuestros dos pueblos.

Cuando estas circunstancias han llevado a dos pueblos de la tierra a enfrentarse entre sí, a nivel de guerras, quienes sufren son_ “los y las de abajo”_. Quienes están “arriba”, haciendo ostentación de su poder político y económico, no ponen los muertos en esas confrontaciones armadas. Los “hijitos de papi y mami” no van a las guerras. Es la gente del pueblo trabajador la que da sus vidas y sus pertenencias materiales. Es la que ha de cargar con el dolor, la tristeza y la miseria que generan las guerras.

Nos parece que los instrumentos del Derecho Internacional deben primar en todo momento para resolver estos diferendos. En tal sentido, el Gobierno de la Presidenta Chinchilla está actuando de manera correcta. Si el Gobierno de Nicaragua está haciendo lo mismo, está también en su derecho.

Igualmente es de atinada la posición del gobierno tico en cuanto a que la amplia cifra de ciudadanía trabajadora nicaragüense que vive con nosotros, no debe sufrir en lo más mínimo por la bronca en desarrollo. Nos unimos a tal posición, tal y como quedó plasmado en nuestro primer comentario sobre esta situación. La población laboral pinolera en suelo tico es de enorme importancia para la economía costarricense, aunque mucha de ella es miserablemente explotada. Con ella nos solidarizamos plenamente.

De paso, que sepamos, no ha habido pronunciamientos de los gremios empresariales que hacen mucha plata con el comercio entre ambos países. No conocemos la posición de la agrupación de cámaras más importante del país, ni la de la Cámara de Negocios Costa Rica-Nicaragua; ni la de don Rodrigo Arias Sánchez, político-empresario conectado con poderosas contrapartes nicas. Curiosamente, la gritería xenofóbica y patriotera, mucha de la cual se dice que es “nuestra voz”, no los está emplazando por su “conveniente” silencio empresarial.

La prudencia es la estrategia correcta ante las griterías histéricas que, por ejemplo, afloran en el país, de grupos y de personas que han guardado miserable silencio con la presencia de tropas extranjeras estadounidenses en suelo nacional, so pretexto del combate al narcotráfico y los miles de miles de millones de dólares que éste mueve; y que, paradójica y cínicamente, alimentan el sistema financiero de los Estados Unidos cuya economía en declive ocupa de esa plata sucia, aunque publicitariamente afirman luchar contra el crimen organizado del narco.

A muchos de los sepulcros blanqueados que ahora desgarran sus vestiduras en defensa de nuestra soberanía, ésta les importó un pepino cuando se trató de los gigantescos negocios públicos, del Estado, entregados o por entregar para el disfrute de sus ganancias a las multinacionales con las famosas “aperturas” de telecomunicaciones, seguros comerciales, seguros de salud, agua y electricidad, en ocasión del TLC con Estados Unidos, un país quebrado. ¿Es que esto no puede también ser catalogado de “invasión”?… ¿Es que acaso no se cedió la soberanía costarricense entregando nuestro modelo solidario de desarrollo, construido por la Tiquicia de antaño y que todos y todas heredamos?… Perdónenos, pero al diablo con esa doble moral en materia de soberanía.

El gobierno nica debe retirarse de Isla Calero y responder por el daño ambiental causado. El gobierno tico debe proceder, con claridad, al amojonamiento de la frontera con intermediación internacional. Además, se debe restablecer la permanencia de una policía fronteriza, con condiciones dignas y buenos salarios, inexplicablemente desaparecida por el gobierno anterior. Ambos gobiernos deben sentarse a negociar en función de la hermandad de nuestros pueblos. Punto. Esta es nuestra posición final.

Nicaragua – Costa Rica: Cronología anotada

El 21 Costa Rica se quejó de que los sedimentos extraídos del río se depositaban en la Isla Calero y envió a 150 policías a la zona. El 23 Nicaragua respondió despachando tropas a la frontera. Siete días después, el 30 Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica afirmó que a “Nicaragua se le olvidó donde queda su frontera” y Ortega propuso un diálogo. Los pesos pesados entraron en ruta de colisión.

El 1 de noviembre, día 12 del conflicto, Costa Rica denunció la presencia de militares nicaragüenses en isla Calero. Al otro día, intempestivamente la OEA fue convocada. Sin perder tiempo, Estados Unidos exhortó a ambos país a dialogar ofreciéndose como mediador.

El 5, día 16 del conflicto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, emprendió un recorrido por ambas capitales y sobrevoló la zona del diferendo. El día después la señora Chinchilla anunció que si la OEA fallaba, su país apelaría al Consejo de Seguridad de la ONU. Ortega enfatizó la necesidad de amojonar la frontera. La tensión continuó subiendo.

11 de noviembre, El Consejo Permanente de la OEA se reunió sin resultados. El 12 la organización instó a Nicaragua a retirar sus tropas de la frontera y a ambos a reanudar el diálogo. Las alianzas de Nicaragua no respondieron y la cohesión del ALBA fue puesta a prueba; la resolución fue aprobada por 22 países, 2 en contra (Nicaragua y Venezuela) y 3 abstenciones (Ecuador, Guyana y Dominica). Ortega rechazó la resolución, impugnó a varios países y alegó que se trató de una conspiración en la cual intervinieron intereses del narcotráfico.

En medio del debate, Edén Pastora realizó una desafortunada declaración al afirmar que la isla Calero era “territorio de nadie”, admitiendo de hecho que no lo era de Nicaragua. El lunes 15 el ex comandante Humberto Ortega, hermano del presidente y ex jefe del Ejército Sandinista, exhortó al dialogo entre las partes, abriendo una grieta en la posición nicaragüense. Todo se complicó cuando el día 17 Daniel Ortega, reivindicó el derecho de Nicaragua a navegar por el río Colorado para “equilibrar el privilegio de Costa Rica a hacerlo por el San Juan”. Ese mismo día los representantes de todos los poderes del Estado y otras instituciones, respaldaron la posición de Ortega.

El propio día 17 Costa Rica propuso a Nicaragua realizar una Cumbre Binacional con la condición de que Managua retire sus tropas. La presidenta Chinchilla sabía lo que ocurriría: Ortega aceptó la reunión pero rechazó la condición. La OEA fue convocada para el jueves para estudiar, entre otros aspectos, si convoca o no la reunión de cancilleres.

Hasta hoy el saldo es el siguiente: hay tropas nicaragüenses, por las fotos no debe ser más de un pelotón en la isla Calero y existe el peligro real de que en cualquier momento se produzca un incidente con los policías costarricenses.

La descalificación de la OEA sin que haya aparecido un mediador calificado crea un peligroso vacío. El Tribunal de la Haya se toma su tiempo y Costa Rica amenaza con llevar el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de esas perspectivas es buena e invocar al TIAR sería desastroso.

En cuanto a quien tiene la razón, parece que ninguno pues no se trata de lo uno o de lo otro sino de todo lo contrario. Cantinflas no lo expresaría mejor.

En el Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica del 15 de abril de 1858 (Tratado Cañas-Jerez), como tampoco en el laudo arbitral del presidente norteamericano Grover Cleveland de 1888 que lo ratificó, no hay referencia a isla alguna. Dado que la isla Calero de 151 km.² existió siempre, la única explicación para la omisión es que en la época no se le consideró materia de litigio.

Es evidente que, en lo que respecta a Costa Rica, tanto el Tratado de Límites como el laudo de Cleveland, se atienen al llamado principio o estado de “costa seca”, figura que suele ser aplicada a una frontera formada por una porción o corriente de agua y significa que una parte, Costa Rica en este caso, ejerce soberanía sobre el territorio situado a partir de la margen derecha del Río San Juan, sin derecho alguno sobre sus aguas, excepto el de navegar por ellas con naves civiles.

De momento, cuando no se percibe disposición por ninguna de las partes para crear el necesario compás de espera ni se dan pasos al encuentro para desactivar el contencioso. Conviene recordar que nadie podrá ganar y ninguna ventaja se obtendrá con una aventura semejante.

Costa Rica y Nicaragua, no la OEA más tienen una magnífica oportunidad para evitar lo evitable. Ahora no hace falta encontrar culpables, es preciso encontrar soluciones. Quien la busque la encontrará.

ANEXO
TRATADO DE LIMITES ENTRE NICARAGUA Y COSTA RICA
Cañas – Jerez (15 de abril de 1858)

Artículo I: La República de Costa Rica y la República de Nicaragua, declaran en los términos más expresos y solemnes, que si por un momento llegaron a disponerse para combatir entre sí, por diferencias de límites y por razones que cada una de la Altas Partes contratantes consideró legales y de honor, hoy después de repetidas pruebas de buena inteligencia, de principios pacíficos y de verdadera confraternidad, quieren y se comprometen formalmente á procurar que la paz, felizmente restablecida, se consolide cada día más entre ambos Gobiernos y entre ambos pueblos, no solamente para el bien y provecho de Costa Rica y Nicaragua, sino para la ventura y prosperidad que en cierta manera redunda en beneficio de nuestras hermanas, las demás Repúblicas de Centro América.

Artículo II: La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla, en la Desembocadura del Río San Juan, de Nicaragua, y continuará marcándose con la margen derecha del expresado Río, hasta un punto distante del Castillo Viejo, de tres millas inglesas, medidas de las fortificaciones exteriores de dicho Castillo, hasta el indicado punto.- De allí partirá una curva, cuyo centro serán dichas obras y distará de él tres millas inglesas, en toda su progresión, terminando en un punto, que deberá distar dos millas de la ribera del Río, aguas arriba del Castillo.- De allí se continuará en dirección al Río Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste siempre dos millas de la margen derecha del Río San Juan, con sus circunvoluciones, hasta su origen en el Lago, y de la margen derecha del propio Lago, se tirará esta línea paralela a dichas riberas.- Del punto en que ella coincida con el Río Sapoa, el que por dicho debe distar dos millas del Lago, se tirará una recta astronómica hasta el punto céntrico de la Bahía de Salinas, en el mar del Sur, donde quedará terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas contratantes.

Artículo III: Se practicarán las medidas correspondientes á esta línea divisoria, en todo ó en parte, por Comisionados de los Gobiernos, poniéndose éstos de acuerdo para señalar el tiempo en que haya de verificarse la operación.- Dichos comisionados tendrán la facultad de desviarse un tanto de la curva alrededor del Castillo, de la paralela á las márgenes del Río y el Lago ó de la recta astronómica entre Sapoá y Salinas, caso en que ello puedan acudirse para buscar mojones naturales.

Artículo IV: La Bahía de San Juan del Norte, así como la de Salinas serán comunes á ambas Repúblicas, y de consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de concurrir á su defensa.- También estará obligada Costa Rica por la parte que le corresponde en las márgenes del Río San Juan, en los mismos términos que por Tratado lo está Nicaragua á concurrir á la guarda de él, del propio modo que concurrirán las dos Repúblicas á su defensa en caso de agresión exterior, y lo harén con toda la eficacia que estuviere al alcance.

Artículo V: Mientras tanto que Nicaragua no recobre la plena posesión de todos sus derechos en el Puerto de San Juan del Norte, la Punta de Castilla será de uso y posesión enteramente común é igual para Costa Rica y Nicaragua, marcándose para entre tanto dure esta comunidad, como límite de ella, todo el trayectoria del Río Colorado.- Y además estipula, que mientras el indicado puerto de San Juan del Norte haya de existir con la calidad de franco, Costa Rica no podrá cobrar á Nicaragua derechos de puerto en Punta de Castilla.

Artículo VI: La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del Río San Juan, desde su salida del Lago hasta su desembocadura en el Atlántico, pero la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura, hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo con objetos de comercio ya sea con Nicaragua ó al interior de Costa Rica, por los Ríos de San Carlos ó Sarapiquí, ó cualquiera otra vía procedente de la parte que en la ribera del san Juan se establece corresponder ó esta República.- Las embarcaciones de uno u otro país podrán indistintamente atracar en las riberas del río, en la parte en que la navegación es común, sin cobrarse ninguna clase de impuestos, á no ser que se establezcan de acuerdo entre ambos Gobiernos.

Artículo VII: Queda convenido que la división territorial que se hace por este Tratado, en nada debe entenderse contrariando las obligaciones consignadas, ya sea en Tratados políticos ó en Contratos de canalización ó de tránsito, celebrados por parte de Nicaragua con anterioridad al conocimiento del presente Convenio, y antes bien se entenderá que Costa Rica asume aquellas obligaciones en la parte que corresponde a su territorio, sin que en manera alguna se contraríe el dominio eminente y derechos de soberanía que tiene en él mismo.

Artículo VIII: Si los contratos de canalización ó de tránsito, celebrados antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento de este Convenio, llegaren a quedar insubsistentes por cualquiera causa, Nicaragua se compromete a no concluir otro sobre los expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de Costa Rica, acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para los dos países, con tal que esta opinión se emita dentro de treinta días después de recibida la consulta, caso que el de Nicaragua manifieste ser urgente la resolución; y no dañándose en el negocio los derechos naturales de Costa Rica, este voto sólo será consultivo.

Artículo IX: Por ningún motivo, ni en caso ni estado de guerra en que por desgracia llegaren á encontrarse las repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, les será permitida ejercer ningún acto de hostilidad entre ellas en el Puerto de San Juan del Norte, ni en el Río de este nombre y Lago de Nicaragua.

Artículo X: Siendo lo estipulado en el artículo anterior esencialmente importante á la debida guarda del puerto y del Río, contra agresiones exteriores que afectarían los intereses generales del país, queda su estricto cumplimiento bajo la especial garantía que, á nombre del Gobierno mediador, está dispuesto á dar, y en efecto da su Ministro Plenipotenciario presente en virtud de las facultades que al intento declara estarle conferidas por su Gobierno.

Artículo XI: En testimonio de la buena y cordial inteligencia que queda establecida entre las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua, renuncian á todo crédito activo entre sí tengan por cualesquiera títulos, hasta la signatura del presente Tratado; é igualmente prescinden las Altas Partes contratantes de toda reclamación, por indemnizaciones á que se consideraren con derecho.

Artículo XII: Este Tratado será ratificado, y sus ratificaciones cambiadas dentro de cuarenta días de la signatura, en Santiago de Managua.

* especial para ARGENPRESS.info

Libertarios, ¿apoyan a los morosos de la CCSS?

Según explicó el Diputado José María Villalta este proyecto “busca combatir una de las principales causas del creciente deterioro de los servicios de salud que presta la CCSS: la vergonzosa y millonaria deuda que tanto el Estado costarricense como patronos inescrupulosos mantienen con dicha institución”.

Informó el Diputado Villalta que esta iniciativa fue presentada en la legislatura anterior por el Frente Amplio, a través de José Merino del Río, y denunció el bloqueo libertario, que en su opinión busca proteger a quienes evaden sus compromisos con la CCSS y procuran la destrucción de la seguridad social, al considerar que representa_ “un excesivo costo para el patrono y no, como en realidad es, una inversión social”._

El legislador frenteamplista manifestó que los libertarios están en contra de extender las obligaciones, “a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será solidariamente responsable por su inobservancia”, siendo un texto que se apoya en el criterio de la CCSS, que en su momento expresó “que la redacción propuesta por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera contribuye al control de la evasión y la morosidad de la CCSS”.

Dio a conocer también el Diputado Villalta el criterio de la Contraloría General de la República sobre este particular, en apoyo de la reforma: “…Estima este órgano contralor que la iniciativa legislativa de comentario es oportuna y conveniente, ya que llena una vacío en esta materia en relación con los subcontratistas”.

En aras de fortalecer la lucha contra la morosidad patronal, el proyecto reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS para mejorar la aplicación del mecanismo de control cruzado que impide a patronos morosos contratar con el Estado, tramitar licencias u obtener beneficios como exoneraciones de impuestos. “Estamos hablando de miles de millones de colones”, dijo, ya que la evasión patronal sólo del sector privado, según los Estados Financieros de la CCSS, a julio de 2010, alcanza la suma de ¢178.335.538.584 colones.

EE.UU.: Democracy Now! un medio que no se deje influir por el Estado

Sábado 20 de noviembre de 2010/ Visión Siete Internacional/

En sus quince años de existencia, “Democracy Now!” ha logrado ser emitida por 900 emisoras en todo el mundo como un servicio de noticias internacionales “que no se deja influenciar por el Estado, las empresas, o por los fabricantes de armas cuando se trata de coberturas de guerras, por ejemplo; es decir, actuamos fuera de cualquier interés corporativo. Necesitamos medios que no informen para el poder, sino sobre el poder”, dice Goodman, para quien Barack Obama debe responder ante sus electores por ciertas promesas que, ahora, llegando a las próximas elecciones, quedaron incumplidas.

Fuente: Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina.

Democracy Now! se transmite, en español, por Radio ANEP Ciudadana en internet.

Policías realizaron marcha

Por la mejora salarial a los cuerpos policiales

Luego de reuniones de análisis, estudio, propuestas concretas al gobierno anterior y el actual, la manifestación pacífica de las policías nacionales, han sido las opciones que quedan para exigir se revisen los salarios que estos cuerpos de seguridad pública perciben.

En el gobierno anterior, del cual la actual Presidenta fue Vicepresidenta, se realizaron incontables reuniones y decenas de propuestas para mejorar los salarios de los cuerpos de seguridad pública, sin embargo solamente se han mejorado los salarios de los mandos intermedios y altos, dejando por fuera a quienes arriesgan la vida todos los días en las calles.

Las diferentes fuerzas policiales, organizadas sindicalmente, se concentraron en la Plaza de la “justicia”, frente a la Sala IV, de ahí marcharon hacia la Casa Presidencial en donde esperaban ser atendidos por Laura Chinchilla Miranda, cosa que no se dió.

Entre las principales consignas por las que luchan trabajadores y trabajadoras de seguridad están:

  • • Para que se nos escuche de verdad
  • • Para que se honre lo firmado
  • • Para que se nos pague la plata que nos deben
  • • Para que se nos dignifique profesional y salarialmente

Las personas trabajadoras se manifestaron aprovechando su tiempo libre y representaban a las policías de la Fuerza Pública, Penitenciaria, de Migración y de Tránsito.

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Como muestra de los ingentes esfuerzos de diálogo y propuesta que las organizaciones sindicales han realizado presentamos los siguientes documentos relacionados.
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