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Nota previa: La ANEP valida como cierto el hecho de que esta propuesta mejorará, aunque no con grandes números, las pensiones complementarias (PC), pero es algo que verán los y las costarricenses dentro de 20 o 30 años. El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) es una gran ayuda para muchas personas que se quedan sin trabajo. Al pasar el FCL del 3% al 1,5% del salario, destinando el otro 1,5% directamente a la PC, irá en detrimento de los intereses ganados en el FCL y por consiguiente al auxilio de cesantía que ese fondo implica para las personas que pierden su trabajo, y esto es inaceptable para nuestro Sindicato.
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San José.- Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera recibieron en audiencia a Edgar Robles Superintendente de Pensiones, Nelly Vargas y Wilbert Quesada de la SUPEN y a Mauricio Castro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP.

Los comparecientes se refirieron al expediente 17597 Ley para el fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento contra el desempleo.

Esta iniciativa pretende una reforma a varios artículos de la Ley de Protección al Trabajador, la Ley Orgánica del Banco Popular y la Ley de la Caja de Seguro Social.

Edgar Robles de la SUPEN, dijo que se pretende plantear reformas cuyo objetivo es beneficiar al trabajador eliminando ineficiencias, difíciles de prever cuando se aprobó la ley.

Agregó que la operatividad del sistema de pensiones ha demostrado que se puede perfeccionar sin que se afecten los intereses de las distintas instituciones que se ven involucradas en la ley y mejorar la pensión al trabajador al final de su vida laboral.

Agregó que han diseñado un bono que emite el Banco Popular que lo entrega a la Operadora, lo mantiene por 24 meses y después lo cobra y reconoce las tasas de interés de mercado.

Este sistema haría que el flujo sea constante y permitiría al Banco Popular destinar ese dinero a otros rubros y no como sucede actualmente.

Mauricio Castro de la ANEP, recordó a los legisladores, como fueron las negociaciones políticas para que se tuviera una ley, y las razones por las que disminuyó el monto del auxilio de cesantía.

Agregó que se propone una nueva disminución al Fondo de Capitalización Laboral en detrimento de los trabajadores por lo que cuando termine la relación laboral recibiría menos del 8,33%.

Agrego que el Fondo de Capitalización Laboral, de acuerdo con la Sala Constitucional, es una carga nueva para el empleador.

Este proyecto de ley tiene una moción de avocación, por lo que no puede votarse en la Comisión Plena.

Aunque concuerdo con los planteamientos hechos por Andrés Oppenheimer en su libro ¡Basta de Historias!, en especial, con su percepción de que la educación es el eje fundamental para el desarrollo de un país, considero que tal visión es incompleta para países como el nuestro, en donde, colateral a eso, se requiere de una clase política realmente preocupada por el hoy y el mañana de su nación, así como de un pueblo mucho más analítico y proactivo, que no se deje engatusar por la verborrea aduladora y manipuladora de los que ostentan el poder.

Hemos sido mudos testigos del descaro con que los políticos se han encargado de que males como el clientelismo y la corrupción, se hayan transformado en el “modus operandi” en casi todos los niveles de la administración pública. Lo cual me hace recordar esa frase del célebre Albert Einstein: “La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”, ya que, a pesar de tantos años de denuncias e incluso de llevar a juicio hasta a expresidentes, en el fondo no ha habido cambio alguno y la mayor parte de esta clase privilegiada sigue disfrutando de la “piñata” en la que han convertido al erario público, o de sus posiciones para beneficiarse, apoyados por el cómplice actuar de quienes desde el sistema jurídico y legislativo favorecen la impunidad de sus actos. Siendo lo más peligroso en todo esto, esa censurable actitud con que el pueblo se ha dedicado precisamente a hacer lo señalado por Einstein, o sea “a ver los toros desde la barrera”, como si la cosa no fuera con cada uno de nosotros!

Lo más absurdo es que ese pueblo es capaz de volver a votar por los mismos que los hunden a diario y que solo los buscan para obtener sus votos cada cuatro años. Nuestro pueblo no es capaz, salvo rarísimas excepciones, de evaluar objetivamente un programa de gobierno y a los candidatos que los ofrecen, antes de emitir su voto, decisión en la cual, eso sí, prima el color del partido de su predilección, como si se tratase de un ciego aficionado detrás de su equipo de fútbol! Quizás por eso fue que Don Pepe saliera con aquella famosa y cruda frase de que “los costarricenses somos un puñado de campesinos domesticados”, a la cual, de acuerdo con lo anterior, le encuentro, muy a mi pesar, mucho sentido.

¿A qué viene lo anterior?, a la absurda realidad de que todo parece indicar que los costarricenses no nos percatamos del tipo y la magnitud, de las serias amenazas que ponen en claro peligro nuestras vidas y las de las generaciones futuras. Contexto en el cual destaca el propio gobierno que elegimos cada cuatro años para que administre nuestra querida Tiquicia, ya que en vez de buscar soluciones se ha abocado a hacer algunas de esas amenazas mucho más peligrosas, dentro de las cuales quiero referirme, a la escasez de alimentos y al hambre que se avecina para este país si no hacemos algo… y pronto!

Un gobierno que no piensa en como satisfacer la esencia misma de la vida de su pueblo, …su necesidad de alimentarse, simplemente no le importa su pueblo!, y a un pueblo que no reclama por eso, no le importa su vida! De muchas maneras ha quedado clara la complicidad de distintos gobiernos en el premeditado desmantelamiento que han hecho de los sistemas y las capacidades productivas de nuestro sector agropecuario con el fin de favorecer a los emporios transnacionales de producción y/o comercialización de alimentos, así como de agroquímicos y semillas.

A raíz de políticas y acciones inescrupulosas, a favor de unos pocos, principalmene desde el Estado, los productores nacionales de alimentos, han ido viendo diesmados sus negocios por la ausencia calculada de políticas y de apoyo del Estado, el cual poco a poco ha ido debilitando programas de asistencia técnica y de financiamiento que en el pasado contribuyeron a desarrollar y a fortalecer el sector agropecuario. De igual manera la emprendieron contra las instituciones, siendo el caso más patético el debilitamiento y desarme que se ha hecho del Concejo Nacional de Producción, que con su memorable “cadena” de “Estancos” no solo amplió las oportunidades de distribución para los productores nacionales, sino que ofrecían una gama de productos a mejores precios para los habitantes. Una opción desmantelada a favor de esos populares PALÍ pertenecientes a cadenas extranjeras y que hoy pululan por el territorio nacional, pero no necesariamente para el bienestar de la nación y su pueblo, aunque ellos afirmen lo contrario!

La Política Alimentaria de un país debe circunscribirse a dos campos estratégicos de acción vital: la Soberanía Alimentaria y la Seguridad Alimentaria, los cuales difieren entre sí, pero están estrechamente ligados, en especial la segunda, para la cual la primera es un requisito indispensable.

La Soberanía Alimentaria es el derecho de un país a decidir el cómo, dónde y con quién producir y/o obtener, de manera autónoma, los alimentos que le permitan mantener a su pueblo con base a sus tradiciones culturales y sus necesidades alimentarias. Mientras que por Seguridad Alimentaria entenderemos, el conjunto de políticas y acciones que permitan garantizar a las personas el acceso a los alimentos que éstas necesitan según los requerimientos biológicos que demanda una vida sana. De esta manera, una apropiada política de Estado al respecto, debe procurar fortalecer el aparato productivo que permita a sus ciudadanos tener asegurado el digno y sostenible abastecimiento de los alimentos que, en cantidad y calidad, le permitan satisfacer sus necesidades biológicas.

Contrario a eso, los últimos gobiernos, han puesto al país en una crítica situación de NO Soberanía Alimentaria, ya que políticas erradas e incluso, malintencionadas, han favorecido que la nación sea víctima de la voracidad de los grandes emporios productores y/o comercializadores de alimentos. La espeluznante libertad con que han actuado estos, incluso realizando prácticas como las del destructivo Dumping (venta de productos a precios inferiores a sus costos de producción), ha sido una certera estocada para nuestro sector agropecuario, el cual ha venido tratando de sobrevivir a duras penas, compitiendo en condiciones totalmente adversas, motivando a muchos a abandonar el sector y trasladarse a rubros como el turismo con, aparentemente, mejores perspectivas, una suposición altamente cuestionable hoy.

Con tal panorama, irónicamente, no hay nada más seguro para los que habitamos en este país que la Inseguridad Alimentaria que afrontamos, la cual no sólo ha implicado seria reducción en la diversidad y calidad de alimentos que consumimos, sino que ha provocado que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad padezcan de fenómenos indeseables como el hambre y/o la malnutrición. Una situación que sin duda se irá agravando si nos percatamos de que la pobreza en el país ha venido aumentando.

Colateralmente, la falta de una política previsora para dar un efectivo y correctivo tratamiento a las serias amenazas que nos imponen la falta de Soberanía Alimentaria y de Seguridad Alimentaria, nos ponen en un serio dilema ante problemas como el Calentamiento Global el cual, entre otras cosas, ya está provocando graves sequías en las zonas productoras de granos de los Estados Unidos, una situación que conllevará a la disminución en la disponibilidad de cereales como el maíz, el trigo, la soya y el sorgo, y al alza inevitable de sus precios, con lo cual también se darán aumentos en los precios de productos como la carne, el pan, los huevos y la leche!

Quisiera ver a los costarricenses fundamentando su próxima participación política, en el apoyo a quienes muestren, por medio de sus programas, discursos y acciones, un transparente y efectivo interés por temas cruciales para nuestro diario vivir, como la vivienda, la salud e indudablemente el acceso a los alimentos, tres condiciones indispensables para la vida que cada vez serán más difíciles de obtener si no se hace algo pronto.

Cuando comenzó todo el asunto de la crisis mundial del 2008, hubo dos cosas que no logré entender; la primera: fue que los bancos que habían causado la crisis recibieran plata del gobierno (léase de los impuestos que paga el pueblo) para salvarlos y la otra: que fuera el Euro el que colapsara mientras Estados Unidos imprimía dólares a diestra y siniestra.

Confieso, ¡Sigo sin entender! Lo que sí entendí perfectamente es que el sistema político tiene una puerta giratoria y un día los políticos están en el gobierno y al día siguiente de su salida encabezan negocios y gerencias. Por esa razón, era tan importante salvar a los bancos aunque estos continuaran sacando a la gente de sus casas sobrevaloradas porque no podían pagar la hipoteca.

Pero eso sucedió allá y entonces. A nosotros en la pequeña Costa Rica no nos impactó tan fuerte, casi ni nos enteramos de la tragedia de miles de familias en la calle y sus miembros desempleados, jóvenes sin esperanza, pensionados angustiados sin seguridad social, sin medicinas, sin casa. Eso sí, los gobiernos seguían privilegiando a los bancos y sobre todo a sus accionistas e inversionistas, quienes no corren con la responsabilidad de sus actos, solo con las ganancias.

Vimos cómo Grecia y España fueron “rescatadas” nombre que se da cuando un gobierno corrupto pide prestado y lo despilfarra en gastos innecesarios o hace malas inversiones por ejemplo en trochas, hospitales sobre fallas tectónicas, asesorías y consultorías innecesarias y carísimas, platinas y cosas parecidas. Cuando llega el cobro, es el pueblo el que paga porque “eligieron” su propio gobierno, porque además nos han metido en la cabeza que todo pueblo tiene el gobierno que merece entonces no hay contradicción, eso dicen.

Los pueblos somos rehenes de gobiernos a los que por más que pagamos nuestro propio rescate, pareciera nunca nos van a soltar, y a la par del pago del “rescate”, se puso de moda otra palabra: “austeridad” cuyo nuevo significado es “que el pueblo es quien debe socarse la faja” mientras el gobierno (los 3 poderes de la República y hasta el TSE) siguen gastando lo que no deberían, pero ¿cómo vamos a ponerle freno al derroche? “Delegamos” en ellos el poder, nos representan, hacen lo que les da la gana y además les damos plata para que en la próxima campaña nos lleven a votar y renovarles el contrato para que sigan haciendo más de lo mismo, sin posibilidad de revocar nombramientos por malos que estos sean.

Hoy Costa Rica está a punto de dar un salto hacia el precipicio. El “logro” del nuevo Ministro de Hacienda, repatriado tras haberse educado en el Fondo Monetario Internacional con grado de maestría en “que cada palo aguante su vela” y doctorado en el pasado de moda Consenso de Washington, vino a impulsar junto con el vicepresidente Liberman, como parte del “Plan B”: los Eurobonos, para que el irresponsable gobierno Chinchilla Miranda pueda endeudarse y seguir la fiesta a trochas y mochas: en viajes, lujos y pachangas.

Por cierto ¿adónde está Laura hoy? ¡En China, gozando literalmente de un lujo asiático!… y luego a Corea a recibir un Doctorado ¿sí? Y acompañada de su inseparable gurú en libre comercio Anabel González. Ven que no es cuento. Y quién pagará esta fiesta: usted, yo, las futuras generaciones.

En este momento nuestro país está exactamente igual que los “ninjas”, nombre que se dio a los limpios (no income, no job nor assets) que recibieron “préstamos e hipotecas subprime” originando así la crisis financiera en E.U.A.

Grecia, España, Portugal, Italia e Islandia iniciaron su ruta al descalabro como Costa Rica. Solamente en Islandia sus ciudadanos conscientes, pensantes y educados (en el sentido literal de la palabra) valientemente metieron a los banqueros a la cárcel, acordaron no pagar una deuda porque no habían disfrutado de la misma y mediante un referéndum de verdad, no como el de Costa Rica con fraude incluido botaron al gobierno, redactaron una nueva Constitución y comenzaron la ruta a la recuperación: triplicaron su economía y el bienestar los acompaña. Los otros países siguen, como nosotros, en manos de políticos corruptos y el pueblo pagando las consecuencias.

Cuando vengan los bancos usureros a cobrar a sabiendas que no podremos devolver la plata, que no se invirtió en nada productivo, sino que simplemente se gastó, que la derrocharon los políticos, la salida será reducir los salarios, eliminar toda protección social (que calificarán de privilegios indeseables), desmantelarán lo poquísimo que quede del Estado de Bienestar y señalarán al pueblo y a la clase trabajadora de consumista, pese a que el consumismo lo han venido estimulando con el mentado libre comercio y en todo caso, los que dilapidaron la plata fueron otros. Entonces el pueblo empobrecido, anestesiado o domesticado (da igual), será el que pague la fiesta, se terminará de privatizar todo justo lo que los Arias anhelaban, solo que salados ellos porque no van a poder apañar ya nada. Los acreedores son temibles y todo se irá en la tira del “rescate”: ICE, Caja, INS, Acueductos y Bancos, Talamanca, los parques nacionales y hasta la Isla del Coco rematadas el altar de la codicia bancaria.

Estamos advertidos, los mismos diputados que han apoyado ese horror aseguran las tasas de interés no van a bajar hipotecando la Patria el beneficio es que los intereses no subirán más y además admiten que puede salir carísimo al país puesto que los políticos de turno están distorsionando al meter la mano en el negocio como lo ha denunciado entre otros CR-Hoy.

No hacer nada en este momento nos convertirá en cómplices y no tendremos cara para mirar a jóvenes y niños a quienes les robamos su país, pues en lugar de dueños de la Patria donde nacieron, serán rehenes y esta vez además solamente inquilinos de por vida con amenaza de desahucio porque conjuntamente con los expropiantes impuestos a bienes inmuebles (territoriales) y el Plan Fiscal, son resultado del agujero fiscal que abrió el TLC al eliminar los impuestos a las corporaciones y las capas “productivas” más ricas y poderosas.

Otra vez solidaridad a la inversa: impuestos a los pobres para ayudar a los ricos. ¿Qué podemos hacer para detener este disparate suicida?

Cuando Chávez apenas era candidato presidencial, el gobierno de Estados Unidos le negó una visa para participar en algunas entrevistas televisadas en el país norteamericano. Luego, cuando ganó las elecciones presidenciales, el entonces embajador estadounidense en Caracas, John Maisto, lo llamó personalmente para felicitarlo y ofrecerle su visa. Los meses siguientes estuvieron llenos de intentos de “comprar” al nuevo presidente de Venezuela. Empresarios, políticos y jefes de Estado, desde Washington a España, lo presionaban para que se subordinara a sus agendas. “Vente con nosotros”, le urgía el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, seduciéndolo con ofertas de lujo y riqueza, si simplemente cumplía con sus órdenes.

Cuando Chávez no se dejó comprar, lo sacaron con un golpe de Estado, el 11 abril 2002, financiado y diseñado desde Washington. Cuando el golpe fracasó y el pueblo rescató la democracia y su presidente en menos de 48 horas, comenzaron a desestabilizar al país, intentando hacerlo imposible de gobernar. Desbordaron la nación con saboteos económicos, huelgas ejecutivas en la industria petrolera, caos en las calles y una brutal guerra mediática que tergiversaba la realidad del país a nivel nacional e internacional. El complot para asesinarlo con paramilitares colombianos en mayo 2004 fue impedido por las fuerzas de seguridad del país. Meses después, intentaron revocar su mandato a través de un referéndum revocatorio en agosto 2004, pero el pueblo lo salvó con un voto de 60-40.

Mientras más popular se hacía, más millones fluían desde las agencias de Washington a los grupos antichavistas para desestabilizarlo, desacreditarlo, deslegitimarlo, derrocarlo, asesinarlo o sacarlo de cualquier manera. En diciembre 2006, Chávez fue reelecto con el 64% de los votos. Su aprobación crecía dentro de Venezuela y por toda América Latina. Nuevos gobiernos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y varios países caribeños se unieron a las iniciativas de integración, soberanía y unión latinoamericana y caribeña impulsadas desde Caracas. Washington comenzó a perder su influencia y control sobre su antiguo “patio trasero”.

Fueron creados la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), PetroCaribe, PetroSur, TeleSUR, Banco de ALBA, Banco del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ninguna de esas organizaciones está Washington, ni la élite que antes dominaba la región, imponiendo sus intereses por encima de los pueblos.

En enero 2005, la nueva secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Chávez era “una amenaza” para la región. Justo después, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) colocó a Venezuela en su lista de los ‘Top 5 Hot Spots’ (cinco lugares más inestables) del mundo. Unos meses después, el reverendo estadounidense Pat Robertson declaró públicamente que era mejor “asesinar” a Chávez, en lugar de iniciar una guerra contra Venezuela, que costaría millones de dólares. Ese mismo año, cuando Venezuela suspendió la cooperación con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), por estar inmiscuyéndose en sus asuntos internos, espiando y saboteando su trabajo antidroga, Washington clasificó a Venezuela como un país que “no coopera en la lucha contra el narcotráfico”. Nunca presentaron pruebas para fundamentar sus graves acusaciones. En febrero 2006, el entonces director nacional de Inteligencia, John Negroponte, se refirió a Venezuela como un “peligro” para Estados Unidos. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, comparó a Chávez con Hitler. Ese mismo año, Washington estableció una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba, reorientando recursos de la comunidad de inteligencia estadounidense para aumentar sus operaciones en estos lugares, considerados “amenazas” para Estados Unidos.

En junio de 2006, la Casa Blanca colocó a Venezuela en una lista de países que “no apoyan suficientemente la lucha contra el terrorismo” y lo sancionaron con una prohibición de poder comprar armas y equipos militares de empresas estadounidenses o aquellas que utilizan tecnología estadounidense. Nunca mostraron evidencias de los supuestos vínculos de Venezuela con el terrorismo.

En 2008, el Pentágono reactivó la Cuarta Flota de la Armada, la comandancia militar estadounidense encargada de América Latina y el Caribe. Había sido desactivada en 1950 y no funcionaba desde entonces, hasta que decidieron que era necesario aumentar la presencia “y fuerza” militar de Estados Unidos en la región. En 2010, Washington acordó con Colombia establecer siete bases militares en su territorio. Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos justificaba estas bases debido a la “amenaza de los gobiernos antiestadounidenses en la región”.

En la prensa internacional, decían que Chávez era un dictador, tirano, autoritario, narco, antiamericano, terrorista, pero nunca presentaron pruebas para tan peligrosos sobrenombres. Convirtieron la imagen de Venezuela en violencia, inseguridad, crimen, corrupción y caos, sin mencionar los grandes logros y avances sociales durante la última década, ni las causas de las desigualdades sociales dejadas desde gobiernos anteriores.

Durante años, un grupo de congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, han intentado colocar a Venezuela en su lista de “Estados terroristas”. Destacan la relación entre Venezuela e Irán, Venezuela y Cuba y hasta Venezuela y China, como evidencia de la “grave amenaza” que el país suramericano representa para Washington. Intentaron destruir la ALBA con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Buscaron debilitar la UNASUR con el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en junio 2012. No funcionó. Dicen una y otra vez que Venezuela y Chávez son amenazas para Estados Unidos. “Hay que pararlo”, dicen, antes de que “lance sus bombas iraníes contra nosotros”.

El presidente Barack Obama declaró en estos días que Chávez no era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El candidato Mitt Romney dijo que sí. La furia de los extremistas miameros cayó encima de Obama. Pero no deben preocuparse, porque Obama aumentó el financiamiento multimillonario a los antichavistas este año. Son más de 20 millones de dólares que han canalizado de las agencias estadounidenses para la campaña opositora en Venezuela. ¿Es Venezuela una amenaza para Washington? En Venezuela, el único terrorismo que hay es de los grupos que buscan desestabilizar al país, la mayoría con el apoyo político y financiero de Estados Unidos. Los narcotraficantes son de Colombia, donde la producción y tránsito de drogas se han incrementado durante la invasión estadounidense en ese país a través del Plan Colombia.

La relación con Irán, con Cuba, con China, con Rusia y con los demás países del mundo es una cooperación bilateral – o multilateral – normal entre países. No hay bombas, no hay planes de ataque, no hay secretos siniestros. No, Venezuela no es ese tipo de amenaza para Washington. Es otra. La pobreza ha sido reducida en más de 50% desde que Chávez llegó al poder en 1998. Las políticas de inclusión de su gobierno han creado una sociedad de alta participación en las decisiones económicas, políticas y sociales.

Sus programas sociales –las misiones– han garantizado atención médica gratuita, educación gratis y accesible desde los niveles básicos hasta los más avanzados alimentación a precios alcanzables y herramientas para crear y mantener cooperativas, empresas pequeñas y medianas, consejos comunales y comunas, para todo el pueblo. La cultura venezolana ha sido rescatada y valorada, recuperando el orgullo e identidad nacional, creando un sentimiento de dignidad en lugar de inferioridad. Medios de comunicación e información han proliferado durante la última década, asegurando espacios para la expresión de todos.

La industria petrolera de Venezuela, nacionalizada en 1976 pero que funcionaba como una empresa privada, ha sido recuperada para beneficio del país y no de las multinacionales y de una minoría oligarca. Alrededor del 60% del presupuesto anual se dedica a los programas sociales en el país, con el enfoque principal en la erradicación de la pobreza. Caracas, la capital, ha sido embellecida. Los parques y plazas se han convertido en espacios de reunión, disfrute y seguridad para los visitantes. Hay música en las calles, arte en las paredes y un rico debate de ideas entre los habitantes.

La nueva policía comunal trabaja en conjunto con las comunidades para luchar contra los terribles problemas de violencia, inseguridad y delincuencia, problemas que no se atacan solamente desde la superficie, sino desde la raíz. El despertar de Venezuela se ha expandido por todo el continente y hacia el norte por el mar Caribe. El sentimiento de soberanía, independencia y unión en la región ha enterrado la sombra de subdesarrollo y subordinación impuesta por los poderes colonizadores durante siglos pasados.

No, Venezuela no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela es un ejemplo de cómo un pueblo levantador, frente a los obstáculos más difíciles y la fuerza brutal de las grandes potencias, puede construir un modelo en donde la justicia social reina y la prosperidad humana se celebra por encima de la prosperidad económica. Venezuela es el país donde millones antes invisibles, hoy son visibles, hoy tienen voz y el poder de decidir sobre el futuro de su patria, sin ser asfixiados por las garras imperiales.

Hoy, gracias a la revolución liderada por el presidente Chávez, Venezuela es uno de los países más felices del mundo. Esa es la amenaza que representa el presidente Hugo Chávez y la Venezuela revolucionaria para Washington. Es la amenaza del buen ejemplo.