Una revolución silenciada

Juan Manuel Aragüés

Rebelión

Lo que no aparece en los medios, no sucede. Esa es la máxima que se ha debido de aplicar con el extrañísimo caso de Islandia. Sí, Islandia. Islandia debería ser noticia, portada de informativos. ¿Por qué? Pues porque en Islandia, la población ha tomado las calles, cacerola en mano, para mostrar su radical oposición a su gobierno. Y la movilización ciudadana no solo ha provocado dos crisis de gobierno, sino que ha forzado un proceso constituyente, la redacción de una nueva Constitución que evite que se repitan situaciones como las que se han producido a lo largo de esta crisis global. ¿Y qué situaciones son esas?

Los tres bancos principales de Islandia se lanzaron, al abrigo del neoliberalismo rampante, a una política de compra de activos y productos fuera de sus fronteras. Como ha ocurrido con numerosas entidades bancarias, esos productos resultaron ser basura, de esa que a Rodrigo Rato le parecía una estupenda apuesta financiera cuando era director del FMI, lo que llevó a las citadas entidades a la bancarrota por sus deudas en Holanda y Gran Bretaña. El gobierno islandés procedió a nacionalizar los bancos y a asumir sus deudas. Ello supuso que cada ciudadano de Islandia se encontrara con una deuda de 12.000 euros. Como ocurre por todas partes del planeta, la mala gestión de entidades privadas debe ser enjugada por instituciones públicas y, por lo tanto, por la ciudadanía en su conjunto.

La diferencia radica en que los ciudadanos islandeses, ante el escándalo de la situación –escándalo que es asimilable al que sucede en todos los países occidentales– se rebelaron contra su gobierno. Así, se lanzaron a la calle, exigiendo que no se pagara la deuda de otros. Unos otros que cuando tienen beneficios no se acuerdan de los ciudadanos y los estados, pero que recurren ansiosos a ellos cuando se encuentran en situaciones de apuro. El gobierno, que insistía en pagar la deuda, por la presión del FMI y de los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña, se vio forzado a convocar un referéndum, en el que el 93% de la población se negó a pagar la deuda de otros. Ello provocó una crisis política de profundas dimensiones que ha desembocado en dos crisis de gobierno y en la creación de una comisión de ciudadanos de a pie encargados de redactar una nueva Constitución. Los islandeses se han hartado de que les tomen el pelo y han decidido tomar su destino en sus propias manos.

El caso es sorprendente. Pero lo que quizá sea más sorprendente es que este proceso, que se viene desarrollando en los dos últimos años y que está en plena efervescencia, con una ofensiva del Partido Conservador para declarar ilegal el proceso constituyente (¡qué miedo tienen los conservadores de toda laya a la ciudadanía!), que este proceso, insisto, no haya merecido un solo comentario en los informativos. Cuando los volcanes de Islandia estallaron hace meses, sus cenizas cubrieron Europa y provocaron un enorme caos aéreo. Probablemente, el temor de que las cenizas del volcán político islandés provocaran efectos sociales en Europa es una explicación plausible de este silencio. El efecto contagio, lo hemos visto en el Magreb, es una de las características de la sociedad mediática.

Los islandeses nos muestran un camino diferente para salir de la crisis. Tan sencillo como decir basta y recordar que la política, y quienes la ejercen, debe estar al servicio de la ciudadanía, y no de los intereses de entidades privadas cuya voracidad, cuyo egoísmo, cuya falta de ética (véase el caso de los recientes bonus por 25 millones de euros a directivos de Cajamadrid) está en el origen de esta crisis. En Islandia se ha cursado orden de detención contra los ejecutivos de las entidades en cuestión. En Islandia, arrinconando a los partidos sistémicos, empeñados, como aquí, en someterse a los dictados de los mercados, la ciudadanía se ha convertido en protagonista. Los islandeses lo han dicho claro: que las deudas las paguen los que las generan, que la crisis la paguen los que la han producido.

_ Juan Manuel Aragüés Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza._

El alto endeudamiento de la clase trabajadora asalariada

Recientemente, el personal trabajador asalariado de una importante institución pública integrante del Sistema de Seguridad Social de nuestro país, fue sorprendido por un amenazante correo electrónico masivo emitido por uno de sus jerarcas quien, a su vez, utilizó comentarios personales de un destacado funcionario del campo jurídico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aparecidos en este mismo medio; para plantear una visión autoritaria y deshumanizante acerca del grave problema que enfrenta una amplísima mayoría de quienes viven de un salario, ya sea laborando para el sector Público como para el Privado: el alto endeudamiento.

Según la indicada circular amenazante “_cualquier trabajador que tenga deudas superiores a lo que gana mensualmente puede ser despedido con responsabilidad patronal o sin ella, dependiendo del caso_”. Especialmente, se hizo alusión a quienes “_desempeñan puestos con responsabilidades económicas y que, a la vez, enfrentan altas deudas_”. Se afirmó en ese decir patronal que tal situación puede “_causar pérdida de confianza_”; y que “_otra situación que puede llevar a una sanción disciplinaria grave es cuando un trabajador ve menguado sus ingresos como consecuencia de rebajas por préstamos, embargos producto de deudas y otros compromisos no cubiertos en forma satisfactoria_”. Hasta aquí la esencia del contenido intimidatorio de esa advertencia jerárquico-patronal.

Entendemos que en aras de causar miedo al personal asalariado mencionado, se utilizó, impropia y abusivamente, el inciso primero del artículo 81 del actual Código de Trabajo. Éste plantea que un despido sin responsabilidad patronal procedería “Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato“. Se interpretó, erróneamente, que el alto endeudamiento de quienes son asalariados llevaría consigo una “_pérdida de confianza_” y, por tanto, que se abriría paso para que se configure una causal de despido _“justificada_”.

También entendemos que la opinión del servidor del MTSS, hasta donde tenemos conocimiento, no es un dictamen oficial de dicha cartera ministerial; sin embargo, sería importante que las máximas jerarquías políticas de Trabajo y Seguridad Social hablaran al respecto.

Dice nuestro compañero de labores, Edgar Morales Quesada, que una disposición de este calibre se contrapondría de forma directa a lo estatuido en el primer párrafo del numeral 39 de nuestra Carta Fundamental, mismo que sentencia: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad“.

Consideramos que es una barbaridad, una arbitrariedad, suponer y condenar a una persona trabajadora asalariada al despido, por pérdida de confianza, sólo por el hecho de estar altamente endeudada. Este sería un acto eminentemente subjetivo, que lesiona no solamente la Constitución Política, sino que la propia dignidad humana; pues supondría que el hecho de estar endeudado, ya sólo por eso, la persona se convierte en sospechosa de cometer delito y con ello hacerse acreedora de pérdida de confianza, como si las personas que no tienen deudas, no fueran también proclives a cometer delito o falta grave.

No solamente se prejuzga y condena a la persona endeudada, sino que además se le discrimina por esa condición, poniéndola como sospechosa, causando daño a su imagen y sentimientos personales.

Nuestro indicado compañero de causa sindical nos documentó acerca de que la jurisprudencia, en abundancia, ha sentenciado que la pérdida de confianza no puede ser jamás una apreciación subjetiva, arbitraria, librada a juicio del patrono. La pérdida de confianza debe demostrarse, requiere de indicios, prueba y, por tanto, del debido proceso. Dejarle al patrono que él configure, subjetivamente, la causal de pérdida de confianza sería proporcionarle una carta en blanco, para que proceda a despedir cuando le venga en gana. Imagínense cuántos atropellos se cometerían. Por eso la jurisprudencia ha sido clara: la pérdida de confianza debe tener indicios, prueba, que lleven a demostrar los hechos que configuran el delito.

Por otra parte, no tenemos norma que tipifique el alto endeudamiento como causal de despido. De haberla, en todo caso sería una norma contraria al espíritu de la Constitución Política ya que estaría, prejuzgando, condenando y discriminando, subjetivamente, a las personas trabajadoras asalariadas altamente endeudadas.

Considérese, además, que lamentablemente en nuestro país, la precariedad de los salarios y la gran inequidad en la distribución de la riqueza, ha hecho que las personas trabajadoras tengan que recurrir al endeudamiento para sostener de alguna manera su nivel de vida y evitar caer en la pobreza ó en la pobreza extrema.

El auto endeudamiento de la clase trabajadora asalariada, en esencia, refleja la pésima distribución de la riqueza que se manifiesta descarnada y descaradamente en nuestro país. Es más, certifica, reafirma, comprueba que como sociedad, nuestro problema número uno es el crecimiento de la desigualdad; por encima de otros tres gravísimos problemas que nos atormentan: la violencia en todas sus manifestaciones; la penetración del narcotráfico en todos los ámbitos del tejidos social; y, los espeluznantes episodios de corrupción pública y privada, con ropaje legal ó sin él. Ojalá que nunca más gente trabajadora asalariada reciba semejante amenaza.

Amedrentan en la Junta con despidos por endeudamiento

San José, 28 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1445-11

Licenciado
Jorge Gomes Mc. Carthy
Director Administrativo
Junta de Protección Social (JPS)
Su despacho

Muy estimado y respetado don Jorge:

Como siempre, para la organización que nos honramos en representar, es un gran gusto saludarle con el mayor respeto y consideración.

El pasado jueves 24 de marzo en curso, su autoridad hizo correr por la red institucional de la JPS un desafortunado comunicado electrónico, en el cual se da por un hecho cierto, real, las declaraciones vertidas por el máster en Derecho, Eric Briones Briones, Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); en razón de que el alto endeudamiento de una persona trabajadora asalariada es causal para su despido justificado, conforme al inciso 1 del artículo 81 del Código de Trabajo; inciso que para los efectos del caso sentencia lo siguiente: “Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato“.

Le informamos que su correo causó mucha preocupación al honorable y respetado personal de la JPS, recibiéndose en la ANEP bastantes peticiones para que nos refiriésemos al punto, lo cual cumplimos por esta vía.

Es importante resaltar que nuestra organización sindical guarda gran respeto por las calidades personales y profesionales del MSc. Eric Briones Briones y en muchas ocasiones hemos compartido sus tesis sobre distintos ámbitos de la normativa que rige el Derecho de Trabajo; pero en el caso que nos ocupa discrepamos abismalmente del comentario que él le hiciera a un medio de comunicación, aseverando que el alto endeudamiento, conforme al inciso 1 del Art. 81 del Código de Trabajo, puede dar pie para la conformación de la falta “pérdida de confianza“ y, por tanto, configurarse la causal de despido de forma justificada.

Considérese, además, que el MSc. Briones Briones lo que hace es verter declaraciones, una opinión, su punto de vista sobre una pregunta que le hace un periodista. No se trata en este caso de una resolución del departamento que él dirige, o bien de un dictamen donde el MTSS, oficialmente, disponga que el alto endeudamiento es suficiente causal para configurar falta grave por pérdida de confianza como para, incluso, perder el empleo.

Adicionalmente, una disposición de este calibre se contrapondría de forma directa a lo estatuido en el primer párrafo del numeral 39 de nuestra Corta Fundamental, mismo que sentencia: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad“.

Respetuosamente, consideramos que es una barbaridad, una arbitrariedad, suponer y condenar a una persona trabajadora asalariada al despido, por pérdida de confianza, sólo por el hecho de estar altamente endeudada. Este sería un acto eminentemente subjetivo, que lesiona no solamente la Constitución Política, sino que la propia dignidad humana, pues supondría que el hecho de estar endeudado, ya sólo por eso, la persona se convierte en sospechosa de cometer delito y con ello hacerse acreedora de pérdida de confianza, como si las personas que no tienen deudas, no fueran también proclives a cometer delito o falta grave.

No solamente se prejuzga y condena a la persona endeudada, sino que además se le discrimina por esa condición, poniéndola como sospechosa, causando daño a su imagen y sentimientos personales.

Por otra parte, estimado don Jorge, la jurisprudencia en abundancia ha sentenciado que la pérdida de confianza no puede ser jamás una apreciación subjetiva, arbitraria, librada a juicio del patrono. No, don Jorge: la pérdida de confianza debe demostrarse, requiere de indicios, prueba y, por tanto, del debido proceso. Dejarle al patrono que él configure, subjetivamente, la causal de pérdida de confianza sería proporcionarle una carta en blanco, para que proceda a despedir cuando le venga en gana. Imagínese cuantos atropellos se cometerían. Por eso la jurisprudencia ha sido clara: la pérdida de confianza debe tener indicios, prueba, que lleven a demostrar los hechos que configuran el delito.

Por otra parte, en el caso que nos ocupa no tenemos norma que tipifique el alto endeudamiento como causal de despido. Ni el Código de Trabajo, ni el Reglamento Interno de Organización y Servicio, ni el Contrato de Trabajo de la Junta de Protección Social. De haberla, en todo caso sería una norma contraria al espíritu de la Constitución Política ya que estaría, prejuzgando, condenando y discriminando, subjetivamente, a las personas trabajadoras asalariadas altamente endeudadas.

Considérese, además que, lamentablemente, en nuestro país dada la precariedad de los salarios y la gran inequidad en la distribución de la riqueza, ha hecho que las personas trabajadoras tengan que recurrir al endeudamiento para sostener de alguna manera su nivel de vida y evitar caer en la pobreza ó en la pobreza extrema.

Como vemos, sostener que el alto endeudamiento es suficiente para configurar la causal de despido, no solamente sería un acto subjetivo, arbitrario y contrario a la ley y a la Constitución; sino que, además, y dado el alto endeudamiento a que ha tenido que recurrir la clase trabajadora para sostener su modo de vida, una carta en blanco para que patronos públicos y privados, despidan, injustificadamente, a miles y miles de personas trabajadoras asalariadas.

Finalmente, nos resistimos a pensar que de su parte, la indicada comunicación correspondiere a alguna aviesa intención cuyo propósito no nos queda claro.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Ing. Abundio Gutiérrez Matarrita, Presidente de la Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: MAE. Francisco Ibarra Arana, Gerente General, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Señores y señoras, Honorable Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Álvaro Sojo Mendieta, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Lic. Eric Briones Briones, Jefe del Departamento Legal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Personal trabajador de la Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Honorable Junta Directiva Seccional ANEP-JPS.
cc.: Juntas directivas, seccionales de la ANEP.
cc.: Honorable Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Archivo.

La Guerra Fascista de la OTAN

Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia fueron tan sumamente descarados a raíz de la Guerra Civil Española desatada en 1936, un episodio que muchos tal vez hayan recordado en estos días.

Han transcurrido desde entonces casi exactamente 75 años; pero nada que pueda parecerse a los cambios que han tenido lugar en 75 siglos, o si lo desean, en 75 milenios de la vida humana en nuestro planeta.

A veces parece que, quienes serenamente opinamos sobre estos temas, somos exagerados. Me atrevería a decir que más bien somos ingenuos cuando suponemos que todos debiéramos estar conscientes del engaño o la colosal ignorancia a que ha sido arrastrada la humanidad.

Existía en 1936 un intenso enfrentamiento entre dos sistemas y dos ideologías aproximadamente equiparadas en su poder militar.

Las armas entonces parecían de juguete comparadas con las actuales. La humanidad tenía garantizada la supervivencia, a pesar del poder destructivo y localmente mortífero de las mismas. Ciudades enteras, e incluso naciones, podían ser virtualmente arrasadas. Pero jamás los seres humanos, en su totalidad, podían ser varias veces exterminados por el estúpido y suicida poder desarrollado por las ciencias y las tecnologías actuales.

Partiendo de estas realidades, son bochornosas las noticias que se transmiten continuamente sobre el empleo de potentes cohetes dirigidos por láser, de total precisión; cazabombarderos que duplican la velocidad del sonido; potentes explosivos que hacen estallar metales endurecidos con uranio, cuyo efecto sobre los pobladores y sus descendientes perdura por tiempo indefinido.

Cuba expuso en la reunión de Ginebra su posición respecto al problema interno de Libia. Defendió sin vacilar la idea de una solución política al conflicto en ese país, y se opuso categóricamente a cualquier intervención militar extranjera.

En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas desarrolladas de Europa, se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su Patria.

Lo más absurdo de la situación actual es que antes de iniciarse la brutal guerra en el Norte de África, en otra región del mundo a casi 10 000 kilómetros de distancia, se había producido un accidente nuclear en uno de los puntos más densamente poblados del planeta tras un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 que a un país laborioso como Japón ha costado ya casi 30 mil víctimas fatales. Tal accidente no habría podido producirse 75 años antes.

En Haití, un país pobre y subdesarrollado, un terremoto de apenas 7 grados en la escala de Richter ocasionó más de 300 mil muertos, incontables heridos y cientos de miles de lesionados.

Sin embargo, lo terriblemente trágico en Japón fue el accidente en la planta electronuclear de Fukushima, cuyas consecuencias están todavía por determinarse.

Citaré solo algunos titulares de las agencias noticiosas:

“_ANSA.- La central nuclear de Fukushima 1 está difundiendo “radiaciones extremadamente fuertes, potencialmente letales”, dijo Gregory Jaczko, jefe de la Nuclear Regulatory Commission (NRC), el ente nuclear estadounidense_.”

“_EFE.- La amenaza nuclear por la crítica situación de una central en Japón tras el sismo, ha disparado las revisiones de la seguridad de las plantas atómicas en el mundo y ha llevado a algunos países a paralizar sus planes._”

“_Reuters.- El devastador terremoto de Japón y la profundización de la crisis nuclear podría generar pérdidas de hasta 200.000 millones de dólares en su economía, pero el impacto global es difícil de evaluar por el momento._”

“_EFE.- El deterioro de un reactor tras otro en la central de Fukushima siguió alimentando hoy el temor a un desastre nuclear en Japón, sin que los desesperados intentos para controlar una fuga radiactiva abrieran un resquicio a la esperanza._”

“_AFP.- Emperador Akihito expresa preocupación por el carácter imprevisible de la crisis nuclear que golpea a Japón tras el sismo y el tsunami que mataron a miles de personas y dejaron a 500.000 sin hogar. Reportan nuevo terremoto en la región de Tokio._”

Hay despachos que hablan de temas más preocupantes todavía. Algunos mencionan la presencia de yodo radiactivo tóxico en el agua de Tokio, que duplica la cantidad tolerable que pueden consumir los niños más pequeños en la capital japonesa. Uno de los despachos habla que las reservas de agua embotellada se están agotando en Tokio, ciudad ubicada en una prefectura a más de 200 kilómetros de Fukushima.

Este conjunto de circunstancias determinan una situación dramática para nuestro mundo.

Puedo expresar mis puntos de vista sobre la guerra en Libia con entera libertad.

No comparto con el líder de ese país concepciones políticas o de carácter religioso. Soy marxista-leninista y martiano, como ya he expresado.

Veo a Libia como un miembro del Movimiento de Países No Alineados y un Estado soberano de los casi 200 de la Organización de Naciones Unidas.

Jamás un país grande o pequeño, en este caso de apenas 5 millones de habitantes, fue víctima de un ataque tan brutal por la fuerza aérea de una organización belicista que cuenta con miles de cazabombarderos, más de 100 submarinos, portaaviones nucleares, y suficiente arsenal para destruir numerosas veces el planeta. Tal situación jamás la conoció nuestra especie y no existía nada parecido hace 75 años cuando los bombarderos nazis atacaron objetivos en España.

Ahora, sin embargo, la desprestigiada y criminal OTAN escribirá una “_bella_” historieta sobre su “_humanitario_” bombardeo.

Si Gaddafi hace honor a las tradiciones de su pueblo y decide combatir, como ha prometido, hasta el último aliento junto a los libios que están enfrentando los peores bombardeos que jamás sufrió un país, hundirá en el fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales proyectos.

Los pueblos respetan y creen en los hombres que saben cumplir el deber.

Hace más de 50 años, cuando Estados Unidos asesinó a más de cien cubanos con la explosión del mercante _“La Coubre_”, nuestro pueblo proclamó “_Patria o Muerte_”. Ha cumplido, y ha estado siempre dispuesto a cumplir su palabra.

“_Quien intente apoderarse de Cuba_ exclamó el más glorioso combatiente de nuestra historia _solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre_”.

Ruego se me excuse la franqueza con que abordo el tema.

¿Por qué el Movimiento Sindical suspendió su participación en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público?

Lo que pedimos es el respeto de las atribuciones de la Comisión Negociadora.

El 23 de marzo anunciamos la suspensión de la participación de los representantes del Movimiento Sindical en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), para lo cual entregamos tanto a la Ministra de Trabajo, señora Sandra Piszk, como a la prensa, un documento en el que exponíamos las razones de tal decisión. En vista de que la Ministra de Trabajo hizo afirmaciones tendientes a confundir a la opinión pública y presentar nuestra posición como intransigente e injustificada, nos vemos obligados a hacer la siguiente aclaración:

1) La CNSSP fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 35730-MTSS y tiene, entre otras atribuciones, las de “_Actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios del sector público y sus componentes_” y la de ser “_una instancia de análisis de la política salarial del sector público a efectos de ofrecer recomendaciones y pronunciamientos en esta materia_” (incisos a y b del artículo 9º, respectivamente).

2) Antes de la sesión del 23 de marzo en la que decidimos suspender nuestra participación, el Gobierno emitió dos directrices: la Directriz No. 012-H-MTSS publicada en La Gaceta No. 25 del 4 de febrero del 2011, que ordena: “_Ninguna entidad de la Administración Pública descentralizada, podrá exceder en monto, porcentaje ni vigencia, el aumento general al salario base contenido en el Decreto Ejecutivo, que oportunamente se emita para los servidores de la Administración Central_” y la Directriz No. 013-H, publicada en el Alcance Digital No. 13-A de La Gaceta No. 45 del 4 de marzo del 2011, que ordena la no suscripción de “_nuevos contratos de dedicación exclusiva con los profesionales del sector público_”. Ambas directrices se refieren a materia propiamente salarial y ninguna de ellas fue analizada y mucho menos negociada en el seno de la CNSSP. Ambas acciones forman parte de la política de recorte del gasto público y son la otra cara de la moneda, constituida por el paquete de impuestos que se le quiere imponer al pueblo.

3) El 16 de marzo, pocos días antes de la sesión de la CNSSP del 23 de marzo, el Ministro de Hacienda anunció una directriz en que ordena a las entidades del Gobierno Central no sobrepasar un crecimiento del 4% en los gastos “_reiterativos_” para el año 2012, entre los cuales están los salarios; definiendo así el monto de los reajustes de salario para el año 2012, por supuesto sin tomar en cuenta ninguna de las dos atribuciones de la Comisión Negociadora señaladas en el punto 1).

4) A nuestro reclamo para que se discuta y negocie la materia salarial del sector público dentro de la CNSSP, conforme lo dispuesto en el Decreto No. 35730-MTSS, la Ministra de Trabajo reacciona, calificándolo como “_co-gobierno_”. Ante el acto unánime del Movimiento Sindical de suspender su participación por la falta de una verdadera voluntad de negociación, la Ministra de Trabajo habla del “_desplante de un grupo radical_”.

Es claro que la Ministra de Trabajo ha buscado desacreditar la actuación de los representantes sindicales ante la CNSSP, en lugar de discutir sobre el fondo del conflicto. Esa es una señal de que el Gobierno pretende continuar con su desconocimiento de las atribuciones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y de que el camino de la movilización iniciada con la Marcha del 10 de marzo es la única opción que nos queda.

Preparémonos para exigir en las calles una verdadera negociación de la política de salarios para el sector público.

¡Diálogo sin negociación real no es diálogo!

¡No al paquetazo tributario!

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Confederación Movimiento Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD)
Central General de Trabajadores (CGT)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)

Victoria de trabajadores venezolanos en la OIT

El movimiento sindical venezolano e internacional obtuvieron una importante victoria durante la Reunión del Consejo de Administración de la OIT que concluyó el día 24 de marzo en Ginebra.

Los trabajadores derrotaron la intención de Fedecámaras, la oligarquía patronal, de golpear a los trabajadores venezolanos con acusaciones infundadas contra el gobierno de Hugo Chávez.

Fedecámaras, más conocida en el mundo por su papel criminal en el golpe de Estado derrotado de 2002, cuenta con total apoyo de la UIE (Unión Internacional de Empresarios) que es el vocero de las más poderosas corporaciones dentro de la OIT.

“_Es una victoria muy importante para los trabajadores venezolanos y todo el grupo de los trabajadores que en la OIT luchan para garantizar los derechos y todas las conquistas alcanzadas que estos monopolios intentan liquidar en todo el mundo_” afirmó Maria Pimentel, secretaria de Relaciones Internacionales de la CGTB.

Logramos derrotar los representantes del atraso en la OIT“ .

Desde Ginebra Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores – UNETE, informó a los asalariados venezolanos, “_que existe mucha satisfacción por las declaraciones de Leroy Trotman, el presidente del grupo de trabajadores, quien señaló que ya estaba bueno de utilizar el escenario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un organismo de las Naciones Unidas_”. Es de recordar que se celebra un congreso internacional en Ginebra de la OIT que reúne a los líderes de los asalariados en todo el mundo, para hablar sobre reivindicaciones laborales.

“_Durante estos años, Fedecámaras ha venido a buscar a Ginebra, lo que no tiene en Venezuela, por esta razón señalamos que es un triunfo para el pueblo venezolano. Pretendía acabar con elementos fundamentales para los trabajadores, como es el tema de la solvencia laboral, una reivindicación que fue otorgada mediante decreto por el Presidente Chávez en 2006, que obliga a los patronos a cumplir con la libertad sindical y el pago de la seguridad social_”.

“_Fedecámaras dijo que el Gobierno perseguía a empleadores que invertían en el campo, refiriéndose a Eduardo Gómez Sigala, a quien todos conocemos como un terrateniente_”, denunció Marcela resaltando que la UNETE, ha conseguido el apoyo y la solidaridad de los países del mundo. “Logramos derrotar los representantes del atraso en la OIT“, dijo.

Máspero culminó ratificando su voluntad de continuar defendiendo a los asalariados venezolanos y de desmontar las mentiras mediáticas de la derecha tanto en Venezuela, como en el mundo y, de organismos al servicio del imperialismo, como Fedecámaras, que en realidad son indiferentes a las necesidades de los trabajadores. “_Hoy (miércoles) ha sido derrotado el chantaje de Fedecámaras, que desde el año 2004 viene gestando en el interior de la Organización Internacional de Trabajadores_” manifestó la coordinadora nacional de la UNETE. (Fuente: {Radio Mundial: www.radiomundial.gob.ve})

Grecia: desmantelar el Estado para pagar la deuda

Atenas, 24 mar (EFE).- Grecia estudia privatizar numerosos bienes y empresas estatales, como el aeropuerto internacional de Atenas, para recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos años con el objetivo de reducir su abultada deuda pública, según informaron hoy fuentes oficiales.

Tras una reunión del Gobierno, el primer ministro, el socialista Yorgos Papandréu, destacó la necesidad de aumentar los ingresos para recortar el déficit público (15% en 2010) a menos del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014.

Como primer paso, el consejo de ministros aprobó estudiar la venta del 20 por ciento en manos públicas del aeropuerto “Eleftherios Venizelos” como primer paso en ese programa.

Además, se buscarán nuevos inquilinos para el recinto del antiguo aeropuerto internacional de Atenas (Hellinikó).

Según anticipó esta semana el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantinu, el Gobierno ha hecho un recuento hasta ahora de unos 8.000 millones de euros en propiedad inmobiliaria del Estado que se podría privatizar.

Además, se planea la venta total o parcial de las empresas de ferrocarriles, correos, carreteras, lotería, casinos, electricidad, agua y telefonía, según informaron fuentes financieras a Efe.

En todo caso, el gobierno griego no tiene intención por ahora de vender tierras públicas sino alquilarlas, mientras prepara una legislación que prohíba vender suelo estatal griego.

Grecia recibió un préstamo trianual en mayo de 2010 de 110.000 millones de euros de parte de la zona del euro y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la bancarrota.

Un grupo de expertos de la zona euro y del FMI tienen previsto una visita a Atenas en abril para comprobar si Grecia ha avanzado en su programa de privatizaciones a fin de reducir la deuda pública que supera ya los 340.000 millones de euros.

La ANEP responde al Ministro de Hacienda

Carta abierta al Honorable y estimado señor Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta:

Primero:
La defensa del empleo, del trabajo, es el objetivo número uno de la organización sindical que nos honramos en presidir. Como Derecho Humano fundamental, desde la perspectiva del Humanismo Cristiano, con base en los postulados constitucionales, haremos hasta lo imposible, y hasta el último minuto de nuestras responsabilidades, en defender el empleo de las personas trabajadoras que nos honran con su membresía a la ANEP y, en términos generales. No hay peor dolor en un hogar de clase trabajadora que no haya empleo. Es algo sumamente triste y por eso, como ejemplo, asumimos la bandera de la situación de las personas trabajadoras interinas, como usted bien sabe, reconociendo sin tapujos que en su Gobierno, don Fernando, encontramos espacio y voluntad políticas para actuar en este caso; caso que, por cierto, estamos apenas en un 30 % de cobertura y que deberíamos asumir lo concerniente para resolver el 70 % que sigue en la angustia, en la zozobra y en la incertidumbre de si mañana se tendrá empleo. No lleva usted razón, señor Ministro, en protestar porque horas antes de la manifestación del pasado 10 de marzo, en cuanto oportunidad mediática tuvimos, hicimos alusión a su comentario sobre lo que está pasando en la Unión Europea (UE), alertando a quienes en el sector Público nos hicieran el honor de escucharnos en nuestra defensa vehemente del empleo y en lo “simbólico” de su comparación entre el escenario fiscal actual y el de aquella región del planeta. Algo así, don Fernando, no podíamos dejarlo pasar desapercibido y rechazamos, tajantamente, que empleáramos información falsa, que mentimos, que manipulamos. Repetimos, en esto de la defensa del empleo, la ANEP será enérgica, contundente, consecuente y feroz.

Segundo: Nosotros, en ANEP, nos sentimos honrados de que su digna autoridad nos diese la oportunidad de ser la primera entidad gremial en conocer su propuesta de “Ley de Solidaridad Tributaria“. Usted sabe que asumimos esa función con muchísima seriedad y que, en la segunda oportunidad en que hablamos del tema, estuvimos en compañía de economistas muy serios y profesionales que, con distintas posiciones filosófico-políticas, le dieron el honor a la ANEP de acompañarnos en su despacho. Luego de esa presentación, hicimos muchas consultas y, en verdad, no quedamos convencidos de que su propuesta tuviese un fuerte componente tributario de carácter progresivo, si lo vemos en el marco del escenario actual que está completamente construido sobre bases regresivas que alimentan, perversamente, el crecimiento de la desigualdad y, por ende, la concentración abusiva de la riqueza.

Tercero: Si hay una organización sindical en este país dispuesta al diálogo con seriedad y con propuestas es la ANEP. Aquí que se nos dispense la vanidad y la inmodestia. Como bien usted reconoce, la experiencia de la Tercera República ha marcado gran parte de nuestro accionar de los últimos años, entendiendo que el desdibujamiento de una sociedad de clase media con relativa equidad y con oportunidades de movilidad social, nos está llevando al despeñadero, irremediablemente. No pocos costos políticos hemos tenido que asumir por lanzar propuestas pero, lamentablemente, los sectores hegemónicos del poder, que siguen siendo los mismos de siempre, están tan enceguecidos en su codicia concentradora y en su egoísmo suicida, que no podemos a estas alturas resolver el problema fiscal que usted tiene, don Fernando, sin una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, así en mayúscula, que incluya una verdadera ofensiva político-estratégico en el tema de la evasión en todas sus formas, desde las barbaridades que pasan en las Aduanas (de lo cual le ha hablado mucho a usted los compañeros de la Secciona ANEP-Hacienda), pasando por los 800 mil furgones al año que van y vienen sin siquiera ser escaneados, tal y como fue reseñado en una reciente columna periodística famosa en el país, del señor Julio Rodríguez. Aquí, don Fernando, si usted y su Gobierno se deciden “agarrar el toro por los cuernos“, usted encontrará un apoyo popular impresionante para poder enfrentar a esas poderosas fuerzas que por su capital acumulado, ilegalmente mucho de él, impiden que avancemos hacia la justicia tributaria necesaria que la democracia ocupa en estos momentos en que su institucionalidad parece deteriorarse todos los dias.

Cuarto:
La ANEP se presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la noche del martes 8 de febrero de 2011. Expusimos 13 planteamientos-propuestas, elaboradas modestamente pero con mucho esfuerzo de pensamiento conjuntado desde nuestra propia experiencia y con aportaciones constructivas de otras fuentes. Seguros estamos de que usted ya está enterado de ellas. Incluso, luego de esa presentación y ante lo que pasó en el parlamento europeo, el pasado 8 de marzo, hablamos públicamente del impuesto “Robin Hood“ (la Tasa Tobin), el impuesto a las transaciones financieras (ITF); impesto que, perfectamente, en nuestro país puede ser establecido con las adaptaciones de rigor.

Quinto: A estas alturas, seguramente ya usted tiene claro, don Fernando de que el proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria“ está “muerto“ en el parlamento. Recientemente nos enteramos por la prensa electrónica de que la señora Presidenta Chinchilla “está dispuesta a revisar el plan fiscal“. Según ese medio, informa-tico.com, del pasado viernes, doña Laura habría dicho “Si es del caso, enviaremos un nuevo texto… aunque los diputados pueden avanzar por vía de mociones“. Es más, en esa misma información se indicó que el señor diputado presidente de Hacendarios, don Guillermo Zúñiga, indicó de que “hay que introducirle cambios, definitivamente, así como está no puede ser aprobada“. Nosotros pensamos de que ya no hay tiempo para cambios, de que ya no hay espacio político si no es aquel espacio que se puede generar a partir de elementos impositivos en la línea de la progresividad.

Sexto: No podemos dejar de pensar de que las fuerzas económico-financieras que impiden la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL que requiere nuestra querida Patria, está muy felices de que la misma no se dé porque la existencia del déficit fiscal, que a usted tanto le preocupa don Fernando, les permite reproducir sus excesivos capitales con la compra constante de los bonos que usted debe colocar en el mercado financiero para “pagarle a los empleados públicos“, como usted dice, incluso “algunos de los cuales están afiliados a ANEP“. Esa TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, que incluyera, por ejemplo, el control jamás visto de la evasión, podría acabar con las necesidades del Gobierno de estar pidiendo prestado y eso podría perjudicar el negocio de las rentas de los bonos de algunos cuantos porque, como sabemos, ni los ni las de abajo, ni la clase media altísimamente endeudada, hace compras de bonos en niveles tan grandes como los que se ocupan para las necesidades gubernamentales que a usted le agobian tanto, don Fernando.

Sétimo:
Estamos seguros de que ANEP no está cerrada a seguir conversando con usted al respecto y no sería descabellado que usted considerara dialogar con nosotros al respecto, con la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación y con el “Consejo de Presidencias de Seccionales de la ANEP“; y, en general, con organizaciones del Movimiento Sindical Costarricense, amigas de la ANEP y con interés en el tema.

Octavo: En lo personal, creemos que en aras de esa TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, corresponde generar un proceso de acumulación de fuerzas para un ejercicio potente de nuestro concepto de Democracia de la Calle, con la movilización pacífica del pueblo trabajador y, por supuesto, de la gente trabajadora del sector Público, la cual ya fue “condenada“ al congelamiento salarial con imposiciones salariales sucesivas, si acaso, del 2 % semestral a partir de ahora, como usted lo anunció. Igualmente, esa severísima directriz de restricción del gasto público tiene consecuencias nefastas de deterioro profundo en diversos servicios públicos para, igualmente, castigar a la gente de abajo, esa misma que es castigada con la perpetuación tributaria regresiva que nos está llevando al precipicio. En función de ese objetivo por cambiar tal injusticia, los métodos de lucha pacíficos son diversos y no se extrañe si en fecha próxima tendremos que emplear algunos para lograr más impacto ciudadano buscando genera la suficiente conciencia popular acerca de la imperiosa necesidad de esa transformación.

Noveno: Lo que sí pareciera es que este tema es tan delicado que tal y como lo propuso el señor diputado don José María Villalta Florez-Estrada, emerge la necesidad de un acuerdo nacional.

Una vez más, don Fernando, con sinceridad, le expresamos nuestro mayor respeto y consideración. Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Honduras: Una “democracia” con mucho de dictadura

Y sintetizada por Carolina Sierra, del Foro de las Mujeres por la Vida, red que trabaja principalmente en el norte de su país.

Sierra llegó a Ginebra para observar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras.

Honduras bajo la lupa de la comunidad internacional

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, inició una primera fase del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras en noviembre del 2010.

En ese momento definió una larga lista de recomendaciones para corregir las violaciones de derechos fundamentales.

El 17 de marzo evaluó el estado actual de la situación. Presentaron sus informes tres expositores oficiales designados por el Consejo, representantes de Tailandia, el Reino Unido y la Federación Rusa.
Una nueva comparecencia voluntaria de Honduras en el Consejo se realizará en dos años.

Ana Pineda, Ministra de Justicia y de Derechos Humanos de Honduras, fue la portavoz oficial de su Gobierno. Insistió en su comparecencia en mejorías efectivas y que sobre las 129 recomendaciones formuladas por el Consejo a la intención de Honduras, “un cierto número de medidas están en curso de aplicación”.

Cada representante de la sociedad civil hondureña presente en Ginebra pudo expresar su mirada crítica, en minúsculos balances de 2 minutos cada uno.

Trece representantes oficiales y portavoces de organizaciones internacionales tomaron la palabra en los debates posteriores. Algunas de ellos reconocieron avances formales parciales. La mayoría reiteró críticas sustanciales.

Las ponencias más críticas fueron de la Organización Mundial contra la Tortura señalando un 92 % de impunidad sobre las violaciones; la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre que contabilizó 200 homicidios en 2010 con impunidad total; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, afirmando que Honduras “no respetó ninguna recomendación para mejorar el sistema institucional y judicial”.

“Violaciones permanentes”

“El Gobierno de Porfirio Lobo Sosa implementó una campaña muy intensa para convencer a la comunidad internacional, enarbolando un mensaje de respeto de los derechos humanos”, explica Carolina Serra, joven periodista y comunicadora social.

Sin embargo “los que padecemos las violaciones y la represión, sabemos perfectamente cuál es la verdadera realidad”, subraya. “Es paradójico, por ejemplo, que el mismo 17 de marzo cuando Honduras pasaba su Examen en el Consejo en Ginebra, se diera una represión muy fuerte contra un paro convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)”.

A raíz de lo cual la Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse (FIAN), publicó en Tegucigalpa un comunicado denunciando acciones “bestiales contra los manifestantes”. Y solicitando a la comunidad internacional continuar con la “presión para parar la represión… que sufren grandes sectores sociales de la población hondureña”.

En paralelo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), desde México, dio a conocer un crítico documento denunciando que “la libertad de expresión sigue en retroceso a pesar de los compromisos asumidos por el Gobierno (de Porfirio Lobo) ante las Naciones Unidas”.

Dicha organización registró en 2010 diez casos de muertes violentas de periodistas, una de las cifras más altas de todo el continente latinoamericano.

“Además de dichos asesinatos hay que sumar la persecución contra las radios comunitarias y medios alternativos”, enfatiza Carolina Serra. Y si se trata de identificar las violaciones, Serra avanza una lista de
ejemplos: “casi a diario hay dirigentes sociales y de la Resistencia amenazados; se reprime toda manifestación ciudadana contra el régimen; se da una política de exclusión permanente y con violencia de la gestión de recursos naturales estratégicos, incluso contra la voluntad de las comunidades locales”.

El “Lobo” sigue matando

Un último caso que conmocionó a la opinión pública hondureña fue el asesinato durante las manifestaciones de la tercera semana de marzo de la profesora Ilse Velásquez.

El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADEH, lamentó la muerte de esta defensora de derechos humanos y militante social. Hermana de Manfredo Velásquez, desaparecido en los años ochenta y primer caso de esta naturaleza en ese país conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cual Honduras fue condenada en su momento.

Estos dramáticos ejemplos “no nos hacen olvidar otros temas muy de fondo que se convierten ya en dramas, como los asesinatos de mujeres.
Registramos 64 casos en los dos primeros meses del 2011, lo que representa una media de un asesinato diario”.

Con el agravante, insiste Sierra, que “para esos crímenes como para las violaciones de todo tipo de derechos humanos, no hay ningún seguimiento jurídico, y todo cae en la impunidad más profunda. Sólo un 13 % de los asesinatos contra mujeres se convierten en investigaciones o procesos jurídicos”, subraya.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos apropiarnos del Examen periódico que realiza el Consejo de Derechos Humanos. Es un mecanismo nuevo que puede permitirnos también contrarrestar los argumentos oficiales de grandes mejorías que en la realidad no existen”, reflexiona Serra.

Somos conscientes que desde Honduras mismo “necesitamos mantener en el imaginario colectivo de todos los compatriotas del mundo, y de la sociedad civil internacional, el llamado a que no nos olviden”.

Aunque, tal vez, en una coyuntura tan compleja, “Honduras no es un tema prioritario de la agenda internacional… es fundamental que los Gobiernos, las ONG y los movimientos asociativos y de derechos humanos sigan presionando para que se visualice realmente lo que padecemos en Honduras”, insiste Sierra.

Quien recuerda que luego del Golpe de Estado de junio del 2009, se dieron elecciones con proscripción que facilitaron la llegada al Gobierno en enero del 2010 al actual presidente Porfirio Lobo Sosa.

“Representa la continuidad de esa fractura democrática y por eso no es reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, especialmente países latinoamericanos”, concluye.

[Publicado en ALAI AMLATINA, 23/03/2011]
Sergio Ferrari, desde la ONU en Ginebra, Suiza

Por cuarta vez se cae «Ley de Marinas»

La cuarta consulta de constitucionalidad fue presentada por diputados y diputadas de las fracciones del Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC) y Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y la Sala Constitucional les dio la razón también en relación con la ausencia de regulaciones en cuestiones migratorias, sanitarias y aduanales.

Estableció también la magistratura constitucional que, además, se violentaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad por las atribuciones encomendadas al Centro Interinstitucional de Atracaderos y Marinas Turísticas (CIMAT) y a las corporaciones municipales, que son de carácter exclusivo de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El Diputado José María Villalta considera que esta sentencia constituye “un entierro definitivo de esta iniciativa, de nefastas consecuencias ambientales y económicas, promovida por intereses puramente mercantiles, sin conciencia social”.

Explicó el Diputado Villalta “que las tres consultas anteriores, siempre impulsadas con respaldo del Frente Amplio, se fundamentaron en graves errores de procedimiento y en asuntos de contenido, pero ahora se hizo un análisis únicamente por el fondo, dando la razón, la mayoria de la Sala Constitucional, a quienes, han venido denunciando, una y otra vez, la violación del derecho al ambiente y los derechos fundamentales”.

Resaltó el legislador del Frente Amplio que, de acuerdo con la sentencia, el principio de progresividad de los derechos humanos, especialmente en materia ambiental, se ve lesionado por no incluir en la prohición de construir marinas donde existan reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales, reservas marinas y áreas marinas de manejo.