El derecho al agua y al saneamiento tiene que hacerse efectivo

Los gobiernos miembros de la Asamblea General de la ONU votaron el 28 de julio de 2010 en apoyo de esa resolución, que declara derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento. Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, expresa un consenso mundial.

Es imperativo que los gobiernos destinen los recursos necesarios para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. La mayoría de los gobiernos pueden hacerlo, y sin embargo optan por no hacerlo. Es un problema político, no de mercado.

De los trabajadores/as y sindicatos, conjuntamente con la sociedad civil y otras fuerzas progresistas, depende que se aplique la presión política necesaria.

Además debemos hacer presión en forma organizada sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, a fin de que dejen de utilizar recursos financieros públicos para imponer la privatización.

Algunos gobiernos e instituciones siguen orientándose a la dinámica y a los actores del mercado, al parecer en la creencia de que convirtiendo el agua en artículo que se venda y compre en el mercado, mejorará su destinación a los sectores más productivos.

Es una visión del problema que los sindicatos de la ISP rechazan categóricamente.

Consideramos que los servicios de agua y saneamiento son de responsabilidad fundamental de los gobiernos y no deben externalizarse como fuente de lucro. Son Servicios Públicos de Calidad de los que dependen nuestras familias y comunidades.

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Ya no hay agua para todos

Ollantay Itzamná

ALAI AMLATINA. Desde hace 19 años atrás la comunidad internacional, por decisión de la Asamblea General de la ONU, celebra cada 22 de marzo el día mundial del agua. Fecha que, no en pocas ocasiones, en varios países, pasa completamente silenciada por los acontecimientos coyunturales. Pero el agua, como derecho universal, hoy, se constituye en una cuestión de vida o muerte. Mañana será peor.

Si bien el planeta Tierra es azul porque está compuesto de 71% de agua, sin embargo, sólo el 2.5% de esa agua es dulce. Y del total del agua dulce, sólo el 0.4% se encuentra en la superficie en estado líquido. El resto está en los glaciales y el subsuelo.

Este pequeño porcentaje de agua dulce disponible se va agotando a causa de la contaminación, mala distribución y la “cultura” del despilfarro.
Sí, aunque Ud. no lo crea, ésta nuestra conducta inmoral e irresponsable hace que cada 20 segundos muera un niño/a en el mundo a falta de agua limpia. En la actualidad, más de mil millones de personas ya padecen sed, y más de 2.5 millones (40% de la población mundial) carecen de saneamiento básica. Para 2025, 2 de cada 3 personas en el mundo pasaremos sed.

En la actualidad cerca de 30 países tienen serios problemas de agua.
Entre ellos Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, etc. En los EEUU cerca del 40% de las reservas de agua dulce se encuentran contaminadas. Los 10 principales ríos del planeta están contaminados.
Ante la imposibilidad humana de aumentar las reservas de agua dulce, y ante la imparable contaminación de las pocas reservas que quedan, se plantean dos posturas filosóficas y políticas para la administración de este recurso vital:

La primera, promovida por los promotores del libre mercado (BM, FMI, BID, CAF, etc.) que consideran el agua como un simple recurso mercantil y que para su eficiente administración y asignación debería pasar a manos de empresas privadas, porque consideran que el Estado es el principal responsable del despilfarro de este recurso.

La segunda, promovida por la ONU, ONGs y pueblos conscientes del mundo que consideran y defienden el agua como un derecho universal, requisito para la satisfacción de los demás derechos fundamentales. Destinado a satisfacer las necesidades de todos los seres vivos. El agua es un derecho, no una mercancía. Por tanto, son las comunidades organizadas quienes deben administrar y cuidar el agua y los bosques. Por eso, en 2010, el acceso al agua potable y saneamiento básico fue declarado como un derecho humano fundamental por la ONU.

Honduras, país bendecido por la Madre Tierra por sus reservas hídricas, asumió, de manera irresponsable e irreflexiva, la primera postura. Los servicios de agua y saneamiento, que históricamente fueron asumidos, de forma espontánea, por las organizaciones comunales (juntas de agua), desde inicios de la pasada década (2003) están siendo trasferidos a los municipios para su inmediata privatización (como está ocurriendo en la ciudad de San Pedro Sula). Casi simultáneamente, se transfirieron y transfieren los ríos a las empresas privadas para la producción de hidroeléctricas. Y, ahora último, hasta los bosques están siendo vendidos “para el mercado de carbono”. Así, sin servicios de agua, sin ríos y sin bosques, el pueblo hondureño va camino seguro a su calvario infernal. Y todo, en nombre del “Humanismo Cristiano”.

Si no le conmueven los niños/as que murieron en los minutos que leyó o escuchó esta editorial, quizás porque sean del África o Asia, piense en sus hijos y nietos. Ellos padecerán el calvario de la sed y se enfrascarán en guerras de exterminio por unas moléculas de agua. Y, entonces, sólo quedará lamentos y maldiciones por cómo usamos el agua, y nuestra indiferencia ante la mercantilización de ríos y bosques. Ahora es el momento para que Ud. y yo alcemos nuestras voces y defendamos la sangre y los pulmones de nuestra Madre Tierra.

[Publicado en ALAI AMLATINA, 22/03/2011]
Más Información: http://alainet.org

JPS: Sillas de ruedas y automóviles de lujo

San José, 21 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1432-11

Honorable señor
MAE Francisco Ibarra Arana
Gerente General
Junta de Protección Social (JPS)
Su despacho

Distinguido señor Gerente General:

Como siempre, es para la organización que nos dignamos en representar, un honor expresarle el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Ha llegado a nuestra entidad una preocupación-denuncia ciudadana que estamos haciendo de su conocimiento por esta vía y que tiene que ver con la reciente adquisición de dos vehículos completamente nuevos; uno valorado en 23.070.000.oo millones de colones y el otro en 21.140.000.oo millones. Ambos, libres de impuestos, son de marca Toyota, estilo Fortuner SRV, categoría automóvil.

Al respecto llama poderosamente la atención tal adquisición por dos razones. La primera es que hablamos de una compra en momentos en los cuales el discurso del honorable Gobierno de la República habla de déficit fiscal y de restricción severa del gasto según directriz presidencial al efecto, recientemente emitida. La impresión que queda con este tipo de situaciones es que la prédica oficialista al efecto pierde credibilidad.

La segunda razón tiene que ver con una de las misiones más sensibles y humanitarias a cargo de la benemérita Junta de Protección Social (JPS), en su noble misión legendaria en nuestro país a favor de la justicia y la inclusión social. Hablamos de la dotación de sillas de ruedas para personas con discapacidad; indicándosenos al efecto de que hay una lista aprobada de concesión de 100 pero que, presuntamente, por “problemas presupuestarios” no han podido ser compradas y/o entregas, aunque, se nos indica, la lista de solicitudes al respecto es mayor.

Al respecto, con base en el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le estamos solicitando indicarnos si ambas situaciones son efectivamente reales.

Se nos ha indicado que el valor unitario de esas sillas de ruedas anda por los 130 mil colones y si fuese cierto que hay 100 aprobadas que nos se entregarían por “problemas presupuestarios”, estaríamos hablando de una cantidad de 13 millones de colones; cantidad ésta que sería, prácticamente, una tercera parte del valor conjunto de los dos automóviles recién adquiridos. Es decir, que con los casi 42 millones de colones invertidos en la adquisición de ambos carros, y si ese tipo de silla, efectivamente, tuviese un valor unitario de 130 mil colones, entonces se pudieron haber adquirido 300 sillas y así satisfacer aún más las necesidades de la gente humilde que, con toda seguridad, no tiene dinero para adquirir un aparato así.

Quedamos en espera de su imprescindible y relevante respuesta, reiterándole la mayor consideración y respeto de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Honorable Junta Directiva, Junta de Protección Social (JPS).
Honorable Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS.
Honorable Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal de la JPS.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.

Zeitgeist: Addendum

El film trata varios temas: el Sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos (como entidad emisora de moneda), la CIA (como agencia de inteligencia al servicio del gobierno), las corporaciones (mundo empresarial), otros gobiernos e instituciones financieras, e incluso las religiones, concluyendo que todas las mencionadas instituciones son corruptas y perjudiciales para la humanidad debido a que la sociedad se basa en una economía de la escasez basada en el uso de dinero, que debe ser reemplazada eventualmente. Hacia el final, el documental propone el uso de la tecnología como otra solución, aunque haya quien piense que la alternativa que presenta es un modelo como El proyecto Venus.

De acuerdo a su director, Peter Joseph, la película “intenta localizar las causas radicales de la actual corrupción social dominante, a la vez que intenta ofrecer una solución”.

Costa Rica en la picota ante la OIT y ante el SGP-Plus de la UE

1. El proyecto de Reforma Procesal Laboral (15.990) se enrumba al último día de mociones vía 137 y probablemente muy pronto llegue al Plenario Legislativo para que los diputados y diputadas lo voten en primer debate.

2. Aún está pendiente un tema en el que NUNCA ha habido consenso: Comités Permanentes y Arreglos Directos, figuras que han sido instrumento de la política antisindical en nuestro país y el caso emblemático de prácticas antisindicales denunciadas ante OIT.

3. La Organización Internacional del Trabajo, a través del Dr. Adrian Goldin, Experto Independiente que realizó un estudio sobre los arreglos directos en Costa Rica, y del Estudio Técnico elaborado por su Experta Principal en Normas y el ex magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha concluido que estos instrumentos son contradictorios con los compromisos asumidos por Costa Rica al ratificar los convenios sobre libertad sindical.

4. El informe de Adrian Goldin concluye que existen tres tipos de problemas con relación a los arreglos directos y los comités permanentes: el primero tiene que ver con el nombramiento de los comités permanentes (titulares del instrumento), el segundo tiene que ver con la debilidad estructural en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras que no están organizados en sindicato, a efectos de poder sostener una negociación de igual a igual con el empleador; y el tercero tiene que ver con la utilización fraudulenta del arreglo directo, al desnaturalizarlo y convertirlo en un instrumento de la acción antisindical. Precisamente estos elementos hacen incompatibles estas figuras con los Convenios de OIT que tutelan la libertad sindical.

5. Por su parte, el estudio técnico denominado “Estudio sobre Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Julio de 2008), recomienda eliminar del proyecto los arreglos directos y comités permanentes, toda vez que ambas figuras contradicen los compromisos de respetar y fomentar la libertad sindical y garantizar la negociación colectiva, asumidos por Costa Rica al ratificar los convenios 87 y 98 de OIT.

6. A pesar de existir enorme claridad en lo señalado en ambos documentos de OIT, el proyecto de ley de reforma procesal laboral, no resuelve este asunto, pues el proyecto no solo mantiene la existencia de los arreglos directos y de los comités permanentes de trabajadores, no establece limitaciones para que sea usado como instrumento antisindical, sino que extiende las competencias de estos últimos como titulares de los procedimientos de conciliación y en los procedimientos de calificación de huelga, amplía su radio de acción y con ello fortalece ambos instrumentos.

7. Esta semana, concretamente el miércoles 15 de marzo, algunos diputados de los partidos de oposición, integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, presentaron una moción para invitar a la especialista en Normas de OIT, con el fin de analizar específicamente el tema de arreglos directos y comités permanentes. No obstante, nuevamente los diputados del partido en el gobierno (PLN) y los diputados más fervientes opositores al movimiento sindical costarricense (Movimiento Libertario), se confabularon para rechazar sin mayor discusión y justificación, la moción que pretendía escuchar a esta especialista; desconociendo así la legitimidad que podía tener un criterio de este órgano tripartito y de tanta relevancia a nivel internacional.

8. Estamos convencidos de que una vez más queda demostrado cual es la línea de los diputados oficialistas y de sus aliados en el Parlamento, que ni siquiera se toman la molestia de escuchar criterios especializados que le permitan al Gobierno de Costa Rica avanzar en el cumplimiento de sus compromisos con OIT.

San José, 18 de marzo de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Saludos respetuosos. Les recomendamos la lectura del informe aquí compartido con ustedes, preparado por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la organización (en la persona de su actual Coordinadora a.í., la compañera Susan Quirós Díaz); a solicitud de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con el apoyo de la ANEP. Es bueno recordarles que la CSJMP solicitó la apertura de un proceso en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE), a efectos de que nuestro país se ponga al día con una serie de compromisos pendientes, una y otra vez adquiridos pero una y otra vez deshonrados, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales tienen que ver con el desarrollo de la Libertad Sindical en el sector Privado y con el desarrollo de la Negociación Colectiva en el sector Público. Si Costa Rica no corrige su errática conducta de seguir deshonrando los compromisos que debe cumplir, como Estado miembro de la OIT, podría el país perder beneficios arancelarios que se le conceden a los productos que se exportan desde aquí hacia los países de la UE. Recientemente, dado que el proceso interpuesto por la CSJMP sigue adelante, se nos pidió una actualización del estado de situación de esos compromisos pendientes en este momento, pues varios parlamentarios europeos reforzarán la gestión de la CSJMP para tales efectos. Servidor atento, Albino Vargas Barrantes, Presidente CSJMP y Secretario General ANEP.

Fruto de las constantes denuncias del movimiento sindical costarricense ante OIT, la Comisión de Aplicación de Normas de este organismo internacional, ha externado de manera reiterada, su preocupación de que Costa Rica arrastra problemas graves relativos a:

  • – la lentitud e ineficacia de los procedimientos de recurso en caso de actos antisindicales;
  • – restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público;
  • – y la desproporción enorme en el sector privado entre el muy reducido número de convenciones colectivas concluidas con organizaciones sindicales y el número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados.

Ante este escenario, el Gobierno de Costa Rica ha asumido en diferentes ocasiones, el compromiso de tramitar y aprobar varios proyectos de ley, con la finalidad de ponerse a derecho con las obligaciones que le imponen los Convenios 87 y 98 de OIT, ambos ratificados por nuestra Asamblea Legislativa, y que por tanto, integran nuestro marco jurídico nacional.

Estos proyectos son los siguientes:

1. Reforma a varios artículos del Código de Trabajo – expediente legislativo 13.475. Este proyecto, a pesar de haber terminado su trámite legislativo desde el 9 de octubre del año 2000, aún no ha sido sometido a votación en la Asamblea Legislativa. Han sido los partidos de oposición los que intentan colocar el proyecto en la agenda legislativa para su votación. A pesar de que a instancia de partidos de oposición, este logró alcanzar el primer lugar de la agenda del plenario legislativo luego de 10 años de haber sido enviado a la Asamblea Legislativa, la fracción de Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bloquearon sistemáticamente su aprobación, incluso rompiendo el quorum legislativo para evitar su votación, y, finalmente lograron reenviar el proyecto a comisión el 6 de octubre del 2009, con la finalidad de excluir las disposiciones fundamentales del proyecto, o bien, esperar el vencimiento de su plazo legislativo, lo que implicará, también, el archivo definitivo del expediente.

2. Reformas a la Ley General de la Administración Pública (expediente 14.675): este expediente fue archivado definitivamente el 18 de mayo del 2006.

3. Ratificación de varios convenios de la OIT (Nos. 151 y 154). Los expedientes sobre los Convenios 151 y 154 se abrieron por primera vez en la Asamblea Legislativa el 31 de agosto de 1984 y fueron archivados 18 años después, el 24 de mayo de 2002. Posteriormente han permanecido por más de 9 años en una segunda etapa, es decir 28 años de permanencia en el parlamento y no se han aprobado.

4. Reforma al artículo 192 de la Constitución Política para garantizar la negociación colectiva en el sector público (expediente 14.730): a pesar de gozar de dictamen unánime afirmativo, fue desechado por no haber sido tramitado en un período de 4 años.

5. Reforma procesal laboral (expediente 15.990): Este proyecto fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa en agosto de 2010. Varias organizaciones sindicales costarricenses, hemos venido promoviendo una propuesta de enmienda a ese dictamen afirmativo, considerando que había algunos temas sustantivos que constituían regresiones en el ámbito del derecho laboral colectivo.

Varios de los aspectos que preocupaban al movimiento sindical han sido retomados, discutidos en la comisión y han sido modificados, teniendo a la fecha un proyecto que, para efectos de los señalamientos de OTI, avanza en la solución de dos de los aspectos señalados:

  • – La lentitud e ineficacia de los procedimientos de recurso en caso de actos antisindicales: el proyecto regula un procedimiento especial, sumario y prioritario, para tutelar fueros especiales, entre ellos el fuero sindical que protege a los representantes sindicales y a las personas trabajadoras de un sindicato en formación; y actos de discriminación, entre ellos la discriminación en razón de la filiación sindical.
  • – Restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público: este proyecto establece un régimen regulatorio que garantiza le negociación colectiva en el Sector Público.

En el tema que no avanza el proyecto y más bien mantiene un carácter sumamente regresivo, es en el que tiene que ver con los arreglos directos y los comités permanentes de trabajadores, instrumentos de la política antisindical en nuestro país.

No está de más recordar que la Organización Internacional del Trabajo, a través del Dr. Adrian Goldin, Experto Independiente que realizó un estudio sobre los arreglos directos en Costa Rica, y del Estudio Técnico elaborado por su Experta Principal en Normas y el ex magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha concluido que estos instrumentos son contradictorios con los compromisos asumidos por Costa Rica al ratificar los convenios sobre libertad sindical de OIT.

El informe de Adrian Goldin concluye que existen tres tipos de problemas con relación a los arreglos directos y los comités permanentes: el primero tiene que ver con el nombramiento de los comités permanentes (titulares del instrumento), el segundo tiene que ver con la debilidad estructural en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras que no están organizados en sindicato, a efectos de poder sostener una negociación de igual a igual con el empleador; y el tercero tiene que ver con la utilización fraudulenta del arreglo directo, al desnaturalizarlo y convertirlo en un instrumento de la acción antisindical. Precisamente estos elementos hacen incompatibles estas figuras con los Convenios de OIT que tutelan la libertad sindical.

El estudio técnico denominado “Estudio sobre Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Julio de 2008), elaborado por el Dr. Bernardo Van der Laat (ex abogado empresarial y ex-magistrado de la Sala Segunda de la Corte) y por Kirsten-María Schapira-Felderhoff, Especialista Principal en Normas Internacionales de Trabajo de la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, señala lo siguiente sobre el arreglo directo:

“La introducción del arreglo directo como medio de solución parece muy problemático respecto a la aplicación del Convenio núm. 98 al tener en cuenta la doctrina de los órganos de control de la OIT en esta materia, porque existe el peligro que dichos arreglos directos sustituyan a las convenciones colectivas. (…) En este sentido, la Comisión de Expertos en su observación de 2007 sobre la aplicación del Convenio núm. 98 por Costa Rica se refirió al problema de la negociación colectiva en el sector privado en virtud de la existencia de más arreglos directos que de convenciones colectivas. La investigación independiente, que se realizó a la solicitud de la Comisión de Expertos, denotó que el instrumento del arreglo directo es inapropiado para el fomento de la negociación colectiva, ya que permitiría a los empleadores bloquear la negociación de convenciones colectivas. (…) Se infiere además del análisis del arreglo directo que “éste último no equivale a una convención colectiva por no ser el resultado de una negociación equilibrada entre dos sujetos independientes y autónomos (…) para sostenerla, sino, bien por el contrario, una relación claramente asimétrica entre un sujeto (carente de todo poder de negociación) que pide, ruega – “en forma atenta” (…) y otro (ostensiblemente más poderoso) que, según su excluyente criterio, concede o deniega”. (…) La investigación pues llegó a la conclusión que el arreglo directo no configura en sí una forma apreciable ni valiosa de negociación colectiva entre organizaciones recíprocamente independientes; de ahí que el instrumento de arreglo directo opera en franca contradicción con el compromiso de “… estimular y fomentar entre los empleadores y ls organizaciones de empleadores, por una parte y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” que impone el artículo 4 del Convenio núm. 98. (…) Por lo tanto, se deberá derogar las palabras “arreglo directo” del artículo 610 y sustituirlas por “convención colectiva”. Además se deberán derogar los artículos 611 a 613.”

A pesar de existir enorme claridad en lo señalado en ambos documentos de OIT, el proyecto de ley de reforma procesal laboral, no resuelve este asunto pues el proyecto no solo mantiene la existencia de los arreglos directos y de los comités permanentes de trabajadores, no establece limitaciones para que sea usado como instrumento antisindical, sino que extiende las competencias de estos últimos como titulares de los procedimientos de conciliación y en los procedimientos de calificación de huelga, amplía su radio de acción y con ello fortalece ambos instrumentos.

Ante este panorama, el movimiento sindical considera que si Costa Rica desea ponerse a derecho con los compromisos de OIT, para respetar, fortalecer y promover el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, se debe eliminar no solo la regulación contenida en el proyecto, sino también los artículos 504, 505 y 506 del Código de Trabajo vigente. Esta posición ha sido manifestada públicamente a los señores diputados y señoras diputadas y cuenta con el respaldo de las siguientes organizaciones y centrales sindicales: CSJMP, CTRN, CGT, CUSIMA, APSE Y UNDECA.

A raíz de que las mociones que buscaban aprobar los cambios indicados por OIT y solicitados por el movimiento sindical fueron ya rechazadas en la Comisión en la discusión del primer paquete de mociones, a efectos de retomar el tema y con el afán de que se tuviera mayores insumos técnicos con relación al mismo, algunos diputados de los partidos de oposición, integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, presentaron una moción para invitar a la especialista en Normas de OIT, con el fin de analizar específicamente el tema de arreglos directos y comités permanentes. No obstante, nuevamente los diputados del partido en el gobierno (PLN) y los diputados más fervientes opositores al movimiento sindical costarricense (Movimiento Libertario), se confabularon para rechazar sin mayor discusión y justificación, la moción que pretendía escuchar a esta especialista; desconociendo así la legitimidad que podía tener un criterio de este órgano tripartito y de tanta relevancia a nivel internacional.

Estamos convencidos de que una vez más queda demostrado cual es la línea del gobierno de Costa Rica, que ni siquiera se toma la molestia de promover en sus diputados y diputadas, la voluntad de escuchar criterios especializados que le permitan avanzar en el cumplimiento de sus compromisos con OIT.

La discusión del Proyecto de Reforma Procesal Laboral está en su recta final. Este martes 15 de marzo finalizó la discusión y votación del paquete de mociones correspondientes al tercer día. Falta únicamente un día más para que se presenten mociones y una vez vencido el plazo la Comisión de Asuntos Jurídicos discutirá y votará ese cuarto paquete de mociones, emitirá un nuevo dictamen y el proyecto pasará al Plenario Legislativo para su aprobación en primer debate. Si el proceso continúa al mismo ritmo, probablemente se le de primer y segundo debate antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que concluye el 30 de abril.

La Central Social Juanito Mora Porras considera que a raíz de que ha quedado claro que el Gobierno de la República incumple sus compromisos con OIT para garantizar y promover la libertad de sindicalización y el derecho a negociar colectivamente en el país, la Unión Europea debería supeditar la extensión de los beneficios de la SGP-Plus, a dos elementos:

  • – a la inclusión en el proyecto de reforma procesal laboral de la derogatoria de los comités permanentes de trabajadores y de los arreglos directos, en los términos señalados por los expertos de la OIT (Goldin, Van der Laat y Felderhoff), y
  • – a la aprobación del proyecto de reforma procesal laboral incluyendo lo dicho anteriormente sobre comités permanentes de trabajadores y arreglos directos y manteniendo las modificaciones en el tema de huelga y negociación colectiva en el Sector Público que se han introducido vía mociones 137.

ANEP presentó coadyuvancia en defensa de Sistema de Riesgos del Trabajo ante Sala IV

Recordar que la acción original fue planteada por el diputado Villalta y que el RT está amenazado de muertes por el TLC-USA. El planteamiento jurídico lo formuló la compañera Susan Quirós Díaz, Coordinadora a.í de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la organización.
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Para intervenir como coadyuvante de la parte actora en el presente asunto, invoco el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual “las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”.

Fundamento mi legitimación activa en lo establecido en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que reconoce la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad sin asunto base, en los casos en que por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. En cuanto a este último aspecto intereses colectivos ya la Sala ha precisado que, el legislador se refiere a la legitimación que ostenta una agrupación, cuando actúa como tal, en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su gremio, pero además de lo anterior, siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor gremial de la agrupación, actora, incluso cuando, en algunos casos, los efectos de tales normas pudieran repercutir de manera individualizada en cada uno de sus miembros.

Documento completo aquí o en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

ONG debe retractarse de ofenzas al personal del PANI

San José, 16 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1429-11
¡URGENTE!

Honorable señora
Rocío Rodríguez García
Directora Ejecutiva
Alianza Por Tus Derechos
Fax No. 2524 1109
Correo electrónico: rocio@ alianzaportus derechos.org
Su despacho

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte, deseándole muchos éxitos en la misión social que anima a su representada

Un importante número de personas trabajadoras asociadas a la organización que nos honramos en representar, y quienes laboran para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), han quedado consternadas y sumamente indignadas por sus manifestaciones públicas, en el programa televisivo “7 Días”, de Televisora de Costa Rica-Canal 7, correspondiente a la edición del pasado lunes 7 de marzo; ocasión en la cual su digna autoridad, al ser entrevistada, indicó (y citamos casi que textualmente), “que el 75 % del personal del PANI debía irse porque le hacen más daño a la niñez que a favor de ella” (subrayado y sobresaltado nuestro); situación que como usted comprenderá conlleva un elevada carga de acusaciones implícitas en varios órdenes que, por supuesto, resulta imposible dejarlas pasar desapercibidamente.

En ANEP que, como le indicamos, representamos los intereses económico-sociales y gremiales reivindicativos de muchas de esas personas trabajadoras asalariadas del PANI que hoy sienten una severa lesión a su honor laboral, ético y profesional, producto de sus desafortunadas manifestaciones, honorable señora Rodríguez; queremos que usted nos reciba en su despacho, en fecha a convenir por las partes, con la representación institucional de la Junta Directiva Seccional ANEP-PANI, no solamente para conocer cuáles serían los_ “fundamentos”_ que le llevaron a usted a afirmar que “el 75 % del personal del PANI le hace más daño que beneficio a la niñez atendida por tal entidad”, fundamentos que a lo mejor ignoramos; sino que, si no existiesen, necesitamos entregarle una petición formal de retractación por dichas afirmaciones suyas que, como le indicamos, tienen una profunda carga contra la dignidad, la honorabilidad, la ética, el honor y la vocación de servicio público que caracteriza al personal del Patronato Nacional de la Infancia.

Indudablemente que al recibirnos usted en su despacho, no desaprovecharemos la ocasión para puntualizarle cuáles son las características socio-ocupacionales y presupuestarias en que le toca al PANI atender a una creciente población en riesgo social, en momentos en los cuales la desigualdad creciente que azota a nuestro país, no guarda relación proporcional con la dotación de los recursos necesarios (humanos, financieros, infraestructurales) que se le dan al PANI en estos momentos.

Así las cosas, damos el plazo de ley usual en estas situaciones para recibir de parte de su estimable autoridad, las satisfacciones del caso ó, en su defecto las “contundentes pruebas” que en su poder estén para sustentar tan temeraria afirmación.

Aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Deiby Porras Arias
Responsable ANEP-PANI
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) ANEP

cc.: Honorable señora, Licda. María de los Ángel Hernández Corella, Presidenta Ejecutiva, Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
cc.: Lic. Jorge Urbina Soto, Gerente Técnico, PANI.
cc.: Lic. Geovanny Leiva Navarro, Jefe de Recursos Humanos, PANI.
cc.: Señora Pilar Cisneros Gallo y señor Ignacio Santos Pasamontes, Co-Directores, Telenoticias de Canal 7.
cc.: Honorable trabajadoras y trabajadores, Personal del PANI
cc.: Honorable Junta Directiva Sindicato SEPI.
cc.: Honorables juntas directivas, asociaciones profesionales del PANI: Trabajo Social y Psicología.
cc.: Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), Sección Penal, ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-PANI
cc.: Archivo.

Celeridad de ejecución de la politica social y observancia de controles y procedimientos: ¿Riesgos para el personal del IMAS?

San José, 14 de marzo de 2011.
S.G. 09-11-1417-11

Doctor
Fernando Marín Rojas
Ministro, Ministerio de Bienestar Social y Familia
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS
Su despacho

Estimado señor:

Antes que todo, deseamos expresarle el más atento saludo de nuestra parte y dejar constancia por esta vía del gran respeto que sentimos por su digna autoridad.

Las consideraciones siguientes son producto de un conjunto de inquietudes que, de una manera u otra, han estado llegando hasta la organización que nos dignamos en representar; consideraciones que transmitimos a su digna autoridad con el mayor respeto, a sabiendas de que, por su trayectoria político-profesional en la política social, podrá usted entender la sana intención que nos anima a escribirle lo siguiente y hasta lo mejor, abrir un espacio respetuoso para ampliar sobre el particular.

En primer término es importante anotarle que, según nuestro leal entender y visión, dentro del conjunto de problemas graves que están afectando nuestra convivencia social resaltan tres sin que el orden en que se citan esté definiendo prioridades. Uno: la incontenible ola de violencia contra la integridad física de las personas y sus bienes, la inseguridad ciudadana con su impresionante cadena de delitos penales (robos, asaltos, estafas, asesinatos, violencia doméstica y similares). Dos: la corrupción galopante, pública y privada y el deterioro de valores. Y, tres: la creciente, sistemática, sostenida y hasta tolerada penetración del narcotráfico y del crimen organizado que nos amenaza hasta llevarnos a la penosa situación de “Estado fallido”, como ya lo muestran varias naciones hermanas latinoamericanas. Sin embargo, desde nuestra visión, hay otro problema que supera a esos tres: es el crecimiento de la desigualdad y su contraparte, la concentración abusiva de la riqueza.

Comprendemos así cuál es el rol estratégico que debe jugar una institución como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en tal marco de condiciones y en una época como la actual signada, como indicamos en el párrafo anterior, por el crecimiento de la desigualdad como el problema número uno del país.

Podríamos estar de acuerdo o no en cuáles, en tal sentido, deben ser las políticas públicas generales y, en lo específico, los programas que cada administración gubernamental decidiera impulsar al respecto. En esto existe mucha polémica y visiones críticas. También debemos admitir que existe buena fe y convicción al impulsar determinada política pública y determinado programa social, considerando de nuestra parte que éste es su caso, don Fernando, con su desvelo para apuntalar, para llevar a buen término, para obtener logros sustantivos en lo que el Gobierno, a través del IMAS y de su propia conducción político-jerárquica, está promoviendo en el campo social.

Probablemente si entráramos en detalle acerca de la naturaleza de la institucionalidad jurídica imperante, se sorprendería usted de que podríamos generar un amplio abanico de coincidencias, en cuanto a los desafíos de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad de respuestas prontas. No hay duda de que los y las costarricenses en posición de severa desventaja económica (e incluso, población migrante en igual sentido), ansían de la política pública solidaria las más alentadoras soluciones, integrales y sostenidas, pero rápidas y eficaces.

Hay aquí un importante ámbito de discusión y de diseño de gestión que se presta para estructurar propuestas en la dirección apuntada. Sin duda alguna, el IMAS que tiene un personal extraordinariamente profesional y con una experiencia incontrastable, puede enseñarnos muchísimo.

Es aquí, don Fernando, donde queremos aterrizar sobre el contenido central de estas consideraciones que, como le indicamos, llevan la más sana intención y se plantean con todo respeto; pues existe un sentimiento de que el despacho a su cargo, inspirado en el noble afán que acabamos de describir y que por su trayectoria le anima, podría estar creando, sin darse cuenta, una serie de conjunción de elementos administrativo-jurídicos que, sumados en el tiempo, darían pie a la configuración de un cuadro de procedimientos impropios y hasta rayando en la ilegalidad, al gestarse y promoverse directrices, indicaciones, órdenes para, por ejemplos desembolsos requeridos que llevan un “ritual procedimental” que tal institucionalidad jurídico-administrativa tiene establecido.

Al parecer, concatenado con lo anterior, estaría en desarrollo una especie de clima de ansiedad, de preocupación y hasta de estrés, en algunas de las instancias intervinientes en procesos de tal naturaleza; o, al menos, algunas personas funcionarias estarían valorando que, quizás, el IMAS podría estarse metiendo en “terreno movedizo”.

¿Por qué? Al impulsarse procesos que, en aras de la eficiencia, de la eficacia y de la oportunidad (todo bien intencionado), podrían rozar con el estado legal de las cosas que, en no pocas situaciones, muchas personas estiman como “exasperante” por los pasos a respetar en aras de observar, en todo momento, ese estado legal que, por supuesto, es una preocupación necesaria y completamente correcta.

Nosotros hemos recibido la especie de que, en aras de una compresión cabal de su desvelo, legítimo y oportuno, para salir avante en el delicado empeño que la señora Presidenta de la República le encomendó; se están obedeciendo las directrices impartidas pero en una atmósfera de creciente reserva, con algún ingrediente de “miedo”, si se trata de hacer visible y de verbalizar como corresponde, objeciones en desarrollo a la, probablemente, tendencia de invisibilización de rigurosos procedimientos y sistemas de pasos administrativos en los impulsos a la implementación de las decisiones que se presuponen derivan de las políticas públicas sociales que desde el IMAS el Gobierno desea impulsar, como, por ejemplo, las redes de cuido.

Valga indicarle que con ocasión de la precampaña electoral para las elecciones generales de 2010, el día 14 de abril de 2009, en el Hotel Ambassador, un conjunto de organizaciones sociales, dentro de las cuales está la ANEP, presentamos a las precandidaturas presidenciales conocidas en ese momento y a otras personalidades políticas ligadas a las mismas, el documento “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, estando presente, honrándonos con su asistencia, la hoy primera mandataria de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Precisamente, una de esas diez medidas fue la propuesta social de la Red de Cuido, algo que le llamó poderosamente la atención a ella, comentándonos precisamente que su equipo de campaña tenía la idea en gestación-desarrollo.

Comprenderá usted, don Fernando que, en tal sentido la gran sensibilidad que en la ANEP tenemos por este tema ahora ya como política pública, de tal suerte que siendo usted la principal autoridad política en el impulso de la misma, hemos de comprender su empeño en sacarla delante de la manera más exitosa posible. Esto es completamente comprensible y necesario.

Obviamente que, reiteramos, comprendemos que la celeridad en su impulso podría no ir en correspondencia con la celeridad del funcionamiento del sistema de gestión ejecutivo-administrativa, precisamente por la necesidad institucionalidad jurídico-procedimental que debemos observar; pero, pareciera que las reglas del juego son las que están y no necesariamente las deseadas.

Finalmente, la aprehensión que hemos logrado detectar está asociada a factores como una medición del riesgo a correr por la persona funcionaria de carrera, en el sentido de que la celeridad deseada por la gestión política a su cargo, podría no solamente estar generándole riesgos a la misma, sino a quienes reciben órdenes de ejecución. De ahí pues, la llegada a la ANEP de tales preocupaciones que estamos transmitiéndole por esta vía y que, si usted lo tiene a bien, nos gustaría planteárseles directamente.

Quedando a sus órdenes, aprovechamos para reiterarle nuestra máxima consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Honorable personal trabajador, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IMAS.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Honorable compañero Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto, ANEP.
cc.: Archivo.

Seguridad Pública: Policía estaría ingeriendo alimentos con heces de ratas

San José, 15 de marzo de 2011.

S.G. 09-11-1418-11

Doctor
José María Tijerino Pacheco
Ministro

Licenciada
Xinia Montano Álvarez
Viceministra Administrativa de Seguridad Pública

Comisario
Walter Navarro Romero
Viceministro de Seguridad Pública

Máster
Francisco López Trejos
Oficial Mayor y Director General Administrativo-Financiero

Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
San José

ASUNTO: SITUACIÓN LABORAL DEL ALMACEN INSTITUCIONAL: DEBE SER ATENDIDA Y RESUELTA CON CARÁCTER DE URGENCIA.

RETROSPECTIVA DE UNA PROBLEMÁTICA:

Nuevamente, la ANEP se da a la tarea de asumir un conflicto laboral en ciernes que se viene gestando desde noviembre de 2009, fecha en que intervenimos a propósito del traslado de la Intendencia General a las antiguas bodegas del Concejo Nacional de Producción (CNP) en Pavas.

Valga mencionar que en aquella oportunidad fue necesaria nuestra intervención en razón de la urgencia manifestada por la otrora ministra, Licda. Janina Del Vecchio Ugalde, misma que ordenara el traslado sin que se hubiesen concluido las remodelaciones que efectuaba la empresa Varela Ramonense, la cual acondicionaba dichas bodegas acorde a las nuevas necesidades logísticas, siendo un cometido de primer orden, la generación de condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras.

Lo anterior nos llevó a formular el documento-oficio S.G. 09-11-0261-09, fechado 13 de noviembre del 2009, denominado “TRASLADO DEL ALMACEN INSTITUCIONAL Y SU RECURSO HUMANO A LAS ANTIGUAS BODEGAS DEL CONCEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”, documento diagnóstico de once folios en el que argumentamos de manera pormenorizada las deficiencias que debían ser corregidas, tales como ampliación de pasillos, cantidad insuficiente de baños, red de alcantarillado sanitario inoperante, aguas negras, cantidad insuficiente de agua potable que no llegaba a los baños, problemas de goteras y filtrados en techo, inundaciones de la única exclusa o rampa, así como su estrechez, problemas con la cobertura de póliza de seguros; entre otras deficiencias que no lo hacían apto para tal propósito.

Oportuno mencionar que dentro de las argumentaciones técnicas esbozadas en dicho diagnóstico se destaca que dichas instalaciones tienen una vida de cincuenta años, con quince de permanecer cerradas, aunque a pesar de las inversiones millonarias realizadas no se resolverían problemas de fondo si no de orden estético, con lo cual cumpliría con los requerimientos o normas técnicas para albergar la Intendencia General, condiciones que sí reunía las instalaciones donde permanecían.

No obstante, ante la resistencia lógica del traslado a la nueva sede institucional, este colectivo laboral fue presionado, amenazado y hostigado con tal de que accedieran al cometido ordenado lo que finalmente, contra toda voluntad, ocurrió. Fue entonces cuando logramos una serie de acuerdos entre ANEP y el otrora Oficial Mayor Lic. Luis Antonio Román Hernández y la Arq. Irene Soto Urbina; acuerdos como el mejoramiento de las condiciones citadas, la ampliación de pasillos, la compra de dos nuevos montacargas pequeños, el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., así como el trasporte debido a la ubicación de la nueva sede de trabajo.

Con fecha 25 de marzo de 2010 en oficio S.G. 09-11-0513-10, nuestra representada vuelve a cuestionar los cumplimientos de los acuerdos, pero en esta ocasión se cuestiona el recibo satisfactorio del inmueble remodelado por la empresa Varela Ramonense por la suma de cien millones de colones, lo anterior por las sospechas de que dicha empresa no realizara algunos trabajos previstos en el contrato, se cuestionaba que la mano de obra la estaba cubriendo el ministerio así como la pintura del inmueble lo que generó la posición del entonces Oficial Mayor Lic. Luis Antonio Román Hernández, esbozada en el oficio DGA-0321-2010, fechado el 29 de abril del mismo año.

Con la llegada de la hoy Ex viceministra Administrativa, Licda. Flora María Calvo Abarca, el colectivo laboral continúa el diálogo, planteándose la propuesta de traslado de Pavas a otro lugar con mejores condiciones, lo que finalmente se trunca con la salida de esta jerarca; encontrándonos hoy con la misma problemática supra citada en nuestro primer diagnostico del 13 de noviembre del 2009, con la sumatoria de un efervescente clima laboral que de no atenderse satisfactoriamente derivará ineludiblemente en otras acciones.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL Y PROPUESTA:

Enfocamos el siguiente análisis de situación en tres aspectos fundamentales, a saber: a) Acciones ministeriales para el mejoramiento de las condiciones laborales. b) Interferencia entre acciones, decisiones y rangos de acción entre jerarcas. c) Clima organizacional e instigación laboral. d) Dudas en el cumplimiento del contrato por parte de la empresa Varela Ramonense S. A.

Cada apartado definido anteriormente será sustentado con base en el análisis documental tanto de informes como de gestión institucional, así como por visita e inspección a las instalaciones y entrevista con el personal.

a) Acciones ministeriales para el mejoramiento de las condiciones laborales:

Al respecto nos encontramos con cuatro informes que describen puntualmente las serias deficiencias en estas instalaciones. Nos encontramos con el informe de ANEP, oficio S.G 09-11-0261-09 fechado 13 de noviembre del 2009; Acta de Inspección del Instituto Nacional de Seguros (INS) de 15 de marzo del 2010; Informe del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública, emitido el 6 de julio de 2010 y el Informe del Área Rectora Salud de Pavas del 7 de agosto del 2010. Importante es destacar que con excepción del acta de inspección del INS, los otros tres informes concluyen con el traslado o reubicación del Almacén Institucional a otro inmueble.

Oportuno hacer mención que los informes justifican, sustentan las violaciones a la Ley 5395, Ley General de Salud; Ley 6727; Reglamento General de Seguridad e Higiene; Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad; Reglamento sobre Higiene Industrial, Decreto 11492; Decreto 25986-MEIC-MTSS RTCR, Reglamento de Construcciones del INVU.

Así, por ejemplo, el haber pasado de 4 o más esclusas para carga y recarga a únicamente una ha generado contratiempos tanto en la entrega como en la recepción de mercaderías y avituallamiento, pues se manejan grandes volúmenes, la inundación de la misma y, por ende, del inmueble. Fue persistente en el reciente invierno y cada vez que llueve fuerte, lo anterior por la topografía y el desnivel de la edificación respecto a la carretera y edificaciones; aspectos señalados en nuestro primer informe.

En este orden de aspectos es oportuno mencionar que la Ing. Ana Luisa Segura García de la Sección de Diseño, en oficio 358-2010-DOC-DI, de 24 de noviembre del 2010, le informa a la arquitecta Irene Soto Urbina que realizado el estudio técnico para mejorar la esclusa tiene dos alternativas, pero ninguna resuelve el problema definitivamente y su costo es de dos millones y medio más un cincuenta por ciento adicional, si se realizara por contratación externa.

Otras consecuencias negativas denunciadas por el colectivo laboral plantean la generación de plagas de roedores (como ratones) y gatos, debido a la ubicación geográfica y topográfica del inmueble y su colindancia con la línea férrea; situación que llevó a una comisión ministerial a decidir que el Consejo Nacional de la Producción (CNP), se encargara de suplir directamente los alimentos a las regiones y los deltas; debido a las pérdidas económicas por tener que desechar alimentos y productos contaminados con orina y heces de ratas, que continúan hasta hoy causando destrozos en otros tipos de productos.

Con excepción del cambio de láminas del techo aislante colocado en el cielo raso y el aire acondicionado que todavía no está instalado, el restante de las deficiencias señalados en los informes, nada ha cambiado; hoy las condiciones laborales se han devaluado sustancialmente, pues se aguarda el próximo invierno y con él las cotidianas inundaciones del inmueble, la imposición y quebranto de un acuerdo de la jornada laboral estipulado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Siendo ahora adelantado en una hora, sustentado en las argumentando eficiencia y eficacia y apoyo al funcionario policial.

Si bien el fundamento actual se sustenta en el principio de eficiencia y eficacia lo cierto del caso es que a pesado en esta decisión algunas inconformidades subjetivas de oficiales y proveedores que conociendo la dinámica de trabajo del Almacén Institucional han querido ser atendidos con prontitud y de manera oportuna casi al cierre de la jornada laboral, cuando el personal dispone de un tiempo asignado para las labores propias de acomodo de mercancías y registros de asientos de ingresos y egresos.

La decisión de haber adelantado la jornada laboral, no es por sí misma sinónimo de mayor eficiencia y eficacia, pues de igual manera las y los oficiales y los proveedores seguirán llegando a cualesquier hora de la jornada laboral e incluso al filo del término de la misma, lo que sí resolverá el problema en definitiva es la plena coordinación biunívoca entre regiones, deltas del país para el retiro de mercaderías y avituallamiento, así como con proveedores externos, con lo cual se haga posible mejores niveles de eficacia y eficacia.

Un ejemplo que conocemos es el caso de un proveedor que llegó con un furgón o tráiler de mercadería a eso de las 3:00 p.m., sin personal para la descarga al preguntarse el tiempo estimado en la descarga, el responsable adujo que 6 horas, eso significaba que el personal del Almacén Institucional tenía que quedarse trabajando hasta las 8:00 p.m., razón por la cual le instruyeron volver al día siguiente con personal para descarga, siendo que llegó a las 7:30 a.m. con 5 hombres para la descarga, labor que concluyó a la 1:00 p.m.

Es de fundamental importancia recalcar que parte de la organización del trabajo a lo interno, es la disposición de la última hora laboral destinada para asuntos de orden administrativo, sea confección de asientos de ingresos y egresos, así como el respectivo acomodo de mercadería.

b) Interferencias entre acciones, decisiones y rangos de acción entre jerarcas:

En este particular son reiterativas en el análisis documental observar fuertes discrepancias de criterios técnicos y/o decisiones de superior jerárquicos directos, tal es el caso de la Licda. Josefina Montero Varela, Directora de la Proveeduría Institucional, o de forma indirecta cuyo caso lo ejemplificamos la comisión de profesionales integrada por la Comisionada Kattia Chavarría Valverde, Licda. Roxana Guzmán Bonilla y la Licda. Leticia Loría Gutiérrez quienes decidieron el traslado de la sección de alimentos del Almacén Institucional al Consejo Nacional de Producción (CNP), institución que además de proveedora se encararía de la entrega y repartición de los alimentos.

Lo anterior sin que se participara al MBA. Rogelio Wilson Wilson, en calidad de jefatura del Almacén Institucional, tal y como se comprueba en el documento denominado sesión de trabajo del 6 de agosto de 2010, documento de acuerdos donde no aparece la firma de dicha jefatura.

Al respecto es oportuno mencionar el oficio D.A.I. 00543-2010 fechado 1 de diciembre de 2010 suscrito por el MBA. Rogelio Wilson Wilson que enviara al Lic. Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero, documento en el cual expresa su posición y desacuerdo con la decisión de dicha comisión, sustentada en el informe emitido por la Unidad de Auditoría Interna AGSPA 01-D05-2010 del 12 de febrero del 2010, mismo que indica que toda mercadería o donación debe ser atendida por el Almacén Institucional, para efectos de confección de asientos contables de ingreso y egreso; violándose las normas y procedimientos existentes.

Similar criterio externó esta jefatura en oficio D.A.I. 001494-2010 fechado el 23 de diciembre de 2010 ante la decisión del Licda. Josefina Montero Varela de disponer que todos los materiales sean recibidos en la bodega detrás del Almacén Institucional, de igual manera disponer de un funcionario del Almacén Institucional para que coloque patrimonios de manera diaria para que los programas puedan extraer los materiales.

Finalmente hace referencia en la misiva de que es necesario que se cumpla a cabalidad con las normativas de la Controlaría General de la República y Ministerio de Hacienda para que los jefes de programas acaten la disposición de retiro de las mercaderías.

Importante destacar que en este mismo contexto de situación nos encontramos con el oficio 530-2010DV-WN fechado 2 de diciembre de 2010 del Coronel y Vice ministro de Seguridad, señor Wálter Navarro Romero indicándole al Comisario Juan José Andrade Morales, que tomando en cuenta que en el Almacén Institucional hay una gran existencia de uniformes y equipamiento policial y ante la escasez que sufren las regiones, solicita hacer las gestiones pertinentes para que se reparta de manera equitativa, utilizando los controles internos necesarios.

Si bien las decisiones que se atribuyera la comisión encargada de valorar la situación de los alimentos y en consecuencia el traslado al Consejo Nacional de Producción (CNP), para que realice la distribución; somos del criterio que privó el interés superior de proteger la salud e integridad de los trabajadores tanto de la sección como del personal policial, estamos ante una contradicción con las normativas, adicionalmente el hecho de que fuera visibilizada la participación de la jefatura del Almacén Institucional, dicho de otra forma, otros tomaron decisiones sobre un asunto sobre el cual la competencia directa la ejercía el señor Wilson Wilson.

Importante destacar el reclamo reiterativo y válido tanto de la jefatura como de su personal subalterno en el sentido de que las autoridades ministeriales no han mostrado voluntad política para tratar el problemática del Almacén Institucional de manera integral; considerando que si bien resolvieron de manera arbitraria un problema urgente, no ha existido interés en la solución definitiva de la problemática, cual es la búsqueda de otras alternativas mobiliarias para el albergue del Almacén Institucional.

Vista la situación anterior nos atrevemos a afirmar que estamos ante una situación de alta conflictividad producto de que jerarquías supriores imponen criterios y decisiones, el que no necesariamente están en estricto apego a las normativas establecidas, por otra parte determinamos que el jefe del Almacén Institucional a venido actuando de buena fe y en apego a las normas y en salvaguarda de las responsabilidades encomendadas.

Analizando la documentación, es reiterativo encontrarnos con los criterios acertados en el sentido de que las mercaderías no deben de permanecer largos tiempos almacenados, sino que debe de repartirse acorde a los programas, sobre todo no es justificable que mientras las y los oficiales tengan grandes carencias en las regiones, permanezca mercaderías y avituallamiento por meses y años embodegados, pues no es el Almacén Institucional un edificio de bodegaje.

En tal sentido es inaudito que se tenga en inventario 33.464 camiseta, 7.811 gorras, 5.560 camisas, 4.345 pantalones, 2.837 chalecos antibalas y 1.154 capas para motorizados, 106 radios portátil 945; cuando nuestros de nuestros oficiales ni siquiera cuentan con chalecos antibalas.

Finalmente como ANEP apelamos a que exista una clara y contundente redefinición de las políticas, normas o lineamientos y sus rangos de competencia, importante la capacidad de dialogo para el entendimiento y el respeto a las discrepancias.

c) Clima organizacional e instigación laboral:

La necesaria paz laboral para el logro de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio ha venido sufriendo un acelerado y progresivo deterioro, que se gestó justo cundo el personal manifestaba rechazo a la nueva sede laboral, fueron ejercidas presiones y amenazas con tal de que el traslado se efectuara con la mayor prontitud, amén de las condiciones laborales señaladas.

El clima laboral se volvió extremadamente adverso y se acentúa su deterioro, mismo que hoy se encuentra en su clímax más alto, como consecuencia de una acumulación de aspectos laborales aún no resueltos, pero sobre todo por un fenómeno que a nuestro criterio acontece; nos referimos a la reproducción de un estilo de liderazgo verticalista basado en la imposición y la prevalencia de criterios y decisiones, sobrepasando los principios de racionabilidad y proporcionalidad para desembocar en una abierta y solapada instigación laboral.

Cuando decimos reproducción de un liderazgo verticalista nos referimos a la impregnación de conceptos y estilos de mando muy propias en estructuras formales de cultura laboral policial, que al ser aplicados erróneamente al segmentos laborales administrativos conllevan a gran conflictividad, amén de las justificaciones generalistas que el personal administrativo debe estar siempre en función de lo policial; lo cierto del caso es que su cultura laboral es distinta al participio general de orden y mando del personal policial.

En este mismo orden de cosas, es importante mencionar que oficio DGAF-1259-2010 el Máster Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director General Administrativo y Financiero le comunica al Jefe del Almacén Institucional que la semana próxima la sección de Psicología realizaría el solicitado estudio de clima organizacional, 4 meses después se desconoce los resultados de dicho estudio por parte del personal.

Los indicativos que sustentan nuestras anteriores apreciaciones respecto a lo que tipificamos como instigación laboral, las observamos de manera tacita en varios documentos clasificados y analizados sus contenidos textuales, su trasfondo y el contexto, los cuales utilizamos como referencia a continuación.

Caso Primero:
Oficio 0774-2010- SF-MSP Investigación preliminar por parte de la Inspectoría General caso 024-2010-IG-MSP, referido a las razones o denuncias de superiores por resistencia del personal del Almacén Institucional en el traslado a Pavas; lo que arribó a la apertura de un procedimiento administrativo.

Lo anterior es evidencia de las constantes acciones de presión dirigidas a este segmento laboral cuando se resistía al traslado, la instigación terminó en la apertura de un procedimiento administrativo.

Caso Segundo:
Oficio DPI 1.052-10 del 13 de abril de 2010, suscrito por la Licda. Josefina Montero Varela, en la que le indica al señor Rogelio Wilson Wilson, que ante la gravedad del caso se ve obligada a pasarlo al Departamento de Disciplinario Legal, lo anterior sustentado en una queja o inconformidad interpuesta por la Comisionada Kattia Chavarría Valverde respecto al retiro de 3 uniformes y 1 aceite para cocina por parte del Delta de Golfito.

Sin que medie una manera inteligente de diálogo proactivo para corroborar la objetividad de las quejas, se amenaza con pasarlo a la instancia del Departamento disciplinario.

Caso Tercero:
Oficio 4.236 10 del 25 de noviembre de 2010, suscrito por la Licda. Josefina Montero Varela, en el cual le indica al señor Rogelio Wilson Wilson que debe de disponer de uno o dos funcionarios para que en horas fuera de jornada laboral permanezcan en el Almacén Institucional y puedan abrir y cerrar al personal de una empresa contratista, así como el resguardo de los activos, de igual manera le instruye las previsiones de la protección del equipo, textiles y materiales del polvo que caerá con la eliminación de las lámina del techo.

Seguidamente le sentencia que no prestar la colaboración conllevará a las sanciones estipuladas en el Reglamento Autónomo, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley General de Control Interno y la Ley General de Administración Pública.

Importante adicionar que no se propició reunión alguna de sensibilización y negociación con el personal para que se quedasen las 2 personas posteriormente a la culminación de la jornada laboral, no pudiéndose obligar al personal, no obstante este colaboró y más aún contra toda lógica y violentándose las normas de salud ocupacional se mantuvo a todo el personal laborando en una nube de polvo ferroso, el interés manifiesto de la directora de la Proveeduría Institucional era la ejecución de la obra y la protección de los materiales y equipos, no así las condiciones en que laboraría el personal.

Si bien la obligación laboral del personal era de cumplimiento con su jornada laboral de 8 horas y siendo arbitraria la medida obligatoria de disponer del mismo para complacer los requerimientos de la empresa, el personal accedió en una señal de buena voluntad no valorada.

Adicionalmente se sentencia al señor Wilson Wilson que de no colaborar le será aplicado todo el bloque de legalidad descrito.

Caso Cuarto:
Oficio DPI 4351 2010, remitido por la Licda. Josefina Montero Varela al Jefe del Almacén Institucional, MBA. Wilson Wilson, en el cual le indica que está subutilizando los recursos institucionales y ocasionando desperdicios de los mismos; manifiesta su criterio personal subjetivo, lo que provoca roces y desavenencias.

Caso Quinto:
Oficio DAI 1610 2010 de Rogelio Wilson Wilson, jefe Almacén Institucional, dirigido al oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero, Máster Francisco López Trejos, indicándole que le de visto bueno para tomar un día de vacaciones para diligencias personales, solicitud que en 2 ocasiones formulara a la Lida. Josefina Montero Varela, quien le indicara que no estaba concediendo vacaciones ni disfrute de tiempo libre; lo anterior a pesar de que el señor Wilson Wilson cuenta con varios períodos acumulados de vacaciones.

Caso Sexto:
Oficio D.A.I. 00218 2011, del 7 de enero de 2011, suscrito por el MBA. Rogelio Wilson Wilson y dirigido a la Lida. Josefina Montero Varela. Directora de la Proveeduría Institucional; documento en el cual deja presentada su inconformidad cuando el día vieres 4 de enero del año en curso se apersonó al Almacén Institucional para retiro de unas computadoras y en presencia de otras personas le indicó el cansancio por los contantes oficios que remite a la entidad, que la misma manifestó que contaba en su poder con documentos para atender varias solicitudes de personas para que le trasladen del puesto, entre otras afirmaciones.

Lo anterior es fiel reflejo de la sistemática instigación laboral que ha sido objeto el señor Wilson Wilson en su condición de jefatura.

Caso Sétimo:
Oficio DPI 238 10 del 31 de enero del 2011, suscrito por la Lida. Josefina Montero Varela y dirigido al MBA. Rogelio Wilson Wilson, Jefe del Alcen Institucional en el cual le hace llamado de atención ya que supuestamente por desacato a una orden verbal respecto a la entrega de una mercadería a una funcionaria de la Comandancia de Limón.

Lo anterior, no obstante, de que ese día el señor Wilson Wilson se encontraba fuera del Almacén Institucional en una reunión a la que le había citado el Máster Francisco López Trejos, Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero, reunión que fue suspendida a última hora; importante mencionar que la mercadería sería recibida a las 10:00 a.m., sin embargo, se apersonaron al retiro a las 2:15 p.m. minutos.

Caso Octavo:
Oficio D.A.I 1570-2010, del 6 de diciembre de 2010, suscrito por el señor Wilson Wilson, jefe del Almacén Institucional dirigido a la Licda. Josefina Montero Vareta, Directora de Proveeduría Institucional en el cual le hace de su conocimiento su molestia al escuchar términos despectivos, en apariencia hacia él por parte de la indicada funcionaria, tales como: “ ¡Son más tontos las personas que consideran que Rogelio Wilson Wilson es tonto!; ¡Rogelio Wilson lo que se está buscando es que lo traslade de puesto por pertinaz!

Criterios subjetivos, sesgados, descalificadores, amenazantes y apriorísticos propiciado desde posiciones de poder, dirigidos al menoscabo del honor y prestigio y el desequilibrio emocional –laboral del personal del Almacén Institucional.

d)Dudas en el cumplimiento del contrato de remodelación por la Empresa Constructora Varela Ramonense S.A.:

Como se constata en el oficio 001-2010 DOC-CM del 9 de febrero de 2010, el inmueble es oficialmente entregado en supuestas condiciones óptimas al MBA. Rogelio Wilson Wilson, documento firmado por el señor Oscar Villavicencio Monge en representación de la empresa y el visto bueno por parte de la Arq. Irene Soto Urbina, jefa de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad.

No obstante, se aprecian en el mismo documento las observaciones que realizar el señor Wilson Wilson sobre el inmueble tales como serios problemas en el techo, pisos dañados faltas de seguridad en sub secciones que se encuentran al descubierto así como otros serios problemas detectados a posteriori como el funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario.

Ante las sospechas de que la mencionada empresa no culminara a cabalidad con el contrato, nos dimos a la tarea de solicitar el documento de los términos contractuales de dicha licitación, cuestionamientos que dejáramos sustentados en el oficio S.G. 09-11-0513-10 fechado el 25 de marzo de 2010; lo anterior por cuanto interpretábamos que en los términos del contrato se describe el cambio de láminas del techo, canoas y bajantes lo que no realizó la empresa, pues recientemente fue instalado el techo y especie de un aislante.

No obstante, de la descripción del Ítem 10 del contrato referido que reza “todo el sistema de aguas negras y jabonosas”; existen fuertes presunciones en el sentido de que los servicios sanitarios nuevos fueron instalados sobre una red antigua de alcantarillado sanitario que data más de 50 años, lo que en teoría pudiese explicar el problema actual. Cuestionándose también el abastecimiento o cantidad de suministro de agua potable.

Cuestionamientos válidos pues la inversión millonaria cancelada a la empresa que realizara la remodelación de las antiguas bodegas del Consejo Nacional de Producción (CNP) fue por la suma de 100 millones de colones.

Valga la oportunidad para solicitar a las autoridades ministeriales la suma invertida en el mejoramiento de dichas instalaciones hasta el día de hoy.

CONCLUSIONES FINALES:

Primero:
Las y los trabajadores del Almacén Institucional y nuestra organización laboral en su representación solicitamos dar un término de 8 días calendario a partir de la entrega de este documento, para que se restablezca la jornada laboral de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., acuerdo que tiene más de 1 año en vigencia, de tal manera que se deje sin efecto el oficio DGAF-379-2011 del 21 de febrero de 2011.

Segundo:
Se restablezca el acuerdo servicio de trasporte brindado por el ministerio, tanto en la mañana como en la tarde, acuerdo logrado con el otrora Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero Lic. Luis Antonio Román Hernández.

Tercero:
Dar un tiempo prudencial de 15 días calendario para el planteamiento de la solución integral, sea la búsqueda de un nuevo inmueble que se ajuste a las condiciones y necesidades idóneas que requiere el Almacén Institucional, siendo una alternativa el regreso a las oficinas centrales del ministerio.

Lo anterior por cuanto consideramos un derroche de recursos la continuación de millonarias inversiones en un inmueble con los problemas ya descritos.

Así como el cese definitivo de la instigación laboral propiciada de jefaturas superiores hacia el personal que labora en el Almacén Institucional, y se instruya a la Inspectoría General a abrir un procedimiento administrativo al respecto.

Nos disponemos y estamos prestos a las negaciones al respecto; quedando de nuestra parte el derecho a valorar otro tipo de acciones.

Con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Luis Diego Alfaro Méndez
Responsable ANEP-MSP

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-MSP

C.c.
Licda. Josefina Montero Varela, Proveedora Institucional, MSP.
Comisionado Juan José Andrade, Director General de la Fuerza Pública.
Comisionada Kattia Chavarría Valverde, Sub Directora de la Fuerza Pública.
Lic. Juan de Dios Araya Navarro, Auditor Interno, MSP.
MSc. Ana Cecilia Arias Vizcayno, Directora, Inspectoría General, MSP.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Personal del Almacén Institucional, MSP.

Archivo.

Interinatos: El derecho al trabajo nos obliga a manifestarnos nuevamente

Estimados compañeros y estimadas compañeras
Personal interino de la Administración Central del Estado:

Nuevamente, con mucho respeto, debemos cumplir nuestras responsabilidades y lanzar, oficialmente y por esta vía, la voz de alerta de la ANEP acerca de la necesidad imperiosa de que volvamos a la organización activa y movilizadora para lograr que el sagrado Derecho Constitucional al Trabajo se materialice en este caso de interinatos ya sabidos; alerta y llamado que lanzamos con base en las siguientes consideraciones, cuyo orden de citación no es indicador de nada en particular

Primera: El decreto original por el cual hicimos un primer esfuerzo colectivo y que pasara una primera prueba de acción de inconstitucionalidad, solamente está cubriendo a un 30 % de la población laboral en condición de interinato en la administración central del Estado.

Segundo: Aún así, este 30 % está en estos momentos corriendo riesgo pues, según tenemos entendido, está en trámite una segunda acción de inconstitucionalidad. Téngase en cuenta que en el caso de la primera, la Sala IV la rechazó por problemas de legitimidad de la persona que la presentó. Es decir, por el fondo nunca ha habido fallo constitucional. La Secretaría General de la ANEP que representa este vuestro servidor, ya le ha solicitado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la organización que localicemos tal acción para hacer el análisis debido y compartirlo, inmediatamente, con todos y con todas ustedes. Además, por situaciones individuales-particulares, al parecer, hay varios recursos de amparo interpuestos.

Tercero: Del 70 % que sigue descubierto (aunque pareciera que, en realidad, todas las personas interinas siguen en peligro), impulsamos una gestión a nivel de Gobierno, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y ante la Dirección General de Servicio Civil. Se dio una reunión entre ambas con la ANEP en la cual se discutió el caso de personas interinas que podían ajustar el plazo establecido en el decreto original para acceder a la propiedad, pero en dos vacantes seguidas (de un puesto a otro, siempre vacante y siempre interino). Al respecto, la ANEP (por intermedio de su UAJ), debe formular un planteamiento al MTSS, mismo que podría ser considerado para valorarse, pero hasta que se resolviese las cuestiones pendientes que están en Sala IV en esta materia.

Cuarto: Es decir, que si nada estuviese pendiente en la Sala IV, con el asunto de personas interinas que pasaron por dos vacantes continuamente, pudiera haber aumentado el porcentaje inicial de cobertura del decreto original del 30 %.

Quinto: Así las cosas, reiteramos, considerando que tanto el 30 % de cobertura original como el 70 % que quedó por fuera del decreto original, corren peligro por las razones apuntadas; la ANEP considera que es necesario reestructurar esta lucha y por tanto, es necesario recomponer la comisión coordinadora, ya sea con las mismas personas de la vez pasada y/o con nuevas voluntades que estén en disposición de asumir este compromiso de trabajo.

Sexto: En tal sentido, respetuosamente, nos permitimos sugerir realizar una primera reunión sobre la materia, el día jueves 24 de marzo, a las 1:30 de la tarde, en la ANEP, en Calle 20, para relanzar este proceso con la mayor participación posible y con la más abierta mente para la creatividad en las acciones que habría que desarrollar. O bien, si tienen otra fecha, se escuchan sugerencias.

Sétimo: Rogamos desde ya su valiosísima e imprescindible cooperación, divulgando al máximo este urgente mensaje.

Quedamos a vuestras órdenes, por esta vía; o bien, por los teléfonos 8839 7171 y 2233 0233.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP