¿Problemas laborales en el PANI?: ANEP pregunta sobre algunos conflictos en sedes josefinas

San José, 4 de febrero de 2008.
S.G. 07-09-0304-08

Licenciado
Geovanny Leiva Navarro
Jefe de Oficina de Recursos Humanos
Patronato Nacional de la Infancia
Su Despacho
Fax No. 523 08 65

Estimado señor:

Es un honor para la ANEP expresar a su digna autoridad, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Sometemos a su digna consideración lo que podría ser una problemática laboral en desarrollo, manifestándose en varias unidades institucionales de las oficinas locales del PANI, en San José; pues esta Secretaría General de la ANEP ha estado recibiendo, en los últimos días y por varias vías, mensajes de presuntas controversias entre jefaturas y personal subalterno que, de un modo u otro, podrían alterar la dinámica institucional y, por ende, la calidad del servicio al usuario.

En algunos casos pareciera que la situación es más crítica, al punto de que nos comprometimos a guardar bajo secreto la identidad de las personas trabajadoras que nos han llamado y que, como nosotros mismos las conocemos, nos merecen toda credibilidad; pero parece que una atmósfera de miedo y preocupación impide que, de manera completamente abierta, se pueda manifestar la controversia de partes.

Es más, pareciera que esta situación no es del todo desconocida en las instancias institucionales que deben abordar este tipo de problemáticas, pues, al parecer, se han puesto denuncias al respecto y existe una sensación de que “no ha pasado nada”.

En consecuencia, sirva la presente para que autoridad pueda diseñar algún mecanismo de detección de la problemática apuntada, en aquellos bloques laborales de la ubicación institucional mencionada; de tal suerte que, con el profesionalismo de su instancia, se solucione la controversia, generándose condiciones previas de libertad para que las personas que denuncian pierdan el temor de manifestarse.

Sin otro particular por el momento, de manera anticipada le agradezco la valiosa atención a la presente, quedando en espera de lo que su despacho resuelva al respecto, pues es de enorme interés para la ANEP el seguimiento del abordaje de la situación apuntada.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Msc. Mario Víquez Jiménez, Presidente Ejecutivo del PANI. Fax 523 08 37.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-PANI.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP
C.c. Archivo

El diputado Sánchez debe irse

Las heredianas y heredianos de corazón, ciudadanía preocupada por los recientes acontecimientos políticos del país, ante el pueblo de Costa Rica manifestamos:

1. En los últimos años la independencia 1. del criterio de la Sala Constitucional ha sufrido la inaceptable injerencia de grupos de poder político, que sin pudor han ejercido presiones para propiciar sentencias a su favor en irrespeto al pueblo y burla de las instituciones democráticas.

2. Hoy la Sala IV enfrenta un caso del más alto interés público, que atañe a un familiar de los hermanos Arias Sánchez. El Diputado Fernando Sánchez Campos pretende que el tribunal constitucional declare inconstitucionales varios artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que condujeron a la Procuraduría de la Ética a recomendar la cancelación de las credenciales del diputado.

3. En el año 2004 la Sala declaró que la Ley contra la Corrupción no contenía roce alguno con la Constitución Política.

4. Dicha Ley se aprobó con el decidido apoyo del PLN y el PUSC- cuyos diputados hoy acompañan a Fernando Sánchez en complicidad ante la Sala IV (exp.07-015484- 0007-CO), evidenciando cómo esa clase política maneja un doble discurso que acomoda de acuerdo a sus muy particulares intereses.

5. La acción de inconstitucionalidad presentada bajo la dirección del Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, busca adecuar las leyes, la Constitución y el criterio de los Magistrados a los intereses personales de quien con su actuar -a través del nefasto Memorando del Miedo Casas-Sánchez-, perjudicó el correcto desenvolvimiento del referendo y deslegitimó al propio Tribunal Supremo de Elecciones. De ser ciertas, condenamos de igual forma, las acciones de cabildeo que se dice han sido emprendidas desde el Ministerio de la Presidencia por medio de un Asesor Político.

Es por ello que en defensa de nuestra democracia centenaria:

1. Exigimos transparencia de la Sala IV, en aras de recuperar nuestra confianza en la institucionalidad jurídica del país y rescatar la dignidad de quienes administran la Justicia.

2. Demandamos una sentencia objetiva y con la rapidezque el caso requiere, que responda a la garantíaefectiva de defensa y ejercicio de los elevados valoresque han inspirado nuestra Constitución y las leyes.

3. Consideramos que los Magistrados Luis Paulino Mora, Adrián Vargas, Ernesto Jinesta y Luis Fernando Solano, que tienen vínculos de consanguinidad, afinidad, historia laboral en común con el presidente Arias, o familiares nombrados en puestos de confianza del Ejecutivo y del servicio exterior*, deben por imperativo moral y ético, inhibirse de conocer sobre este caso.

4. Exigimos que se apliquen con todo rigor las normas que la sociedad costarricense ha impulsado para detener el acelerado avance de la corrupción.

5. Llamamos a nuestro pueblo, a sus instituciones, a los Comités Patrióticos y a los medios de comunicación nacional a mantener viva la llama de la defensa de la Patria, en favor de nuestro modelo de desarrollo social y contra la corrupción.

Comité Patriótico de Barba
Comité Patriótico de Heredia Centro
Comité Cívico Domingueño
Mov. Patriótico Félix Arcadio Montero
Comité Patriótico de La Aurora
Comité Patriótico de Belén
Comité Patriótico de Fátima
Comité Patriótico de Mercedes
Comité Patriótico de Sarapiquí
Comité Patriótico de San Pablo
Comité Patriótico de San Luis de Santo Domingo
Comité Patriótico de San Rafael

Profesionales del CNREE en puertas de conflicto laboral: Revaloración salarial en juego

San José, 1 de febrero de 2008.
S.G. 07-09-0297-08
¡URGENTE!

Licenciado
Francisco Morales Hernández
Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Con el respeto de siempre, reciba usted nuestro más atento saludo.

De manera oficial y ante la inminencia de un conflicto laboral, le solicitamos una intervención urgente de la cartera a su digno cargo, con las facultades que le da la ley en estos casos; a fin de resolver la controversia en cuanto a lo que ANEP interpreta como cierta reticencia, en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), para implementar el acuerdo político que el Gobierno de la República logró con la ANEP y otras relevantes organizaciones sindicales, para la revaloración salarial extraordinaria del sector profesional del Gobierno Central y entidades adscritas al mismo u homologadas al Régimen de Servicio Civil,

Está en nuestro poder copia de un oficio fechado 20 de diciembre de 2007 (STAP Circular No. 2111-2007), emitido por la Licda. Mayra Morera Cascante, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (AP), dirigiéndose a la Msc. Bárbara Holst Quirós, Directora Ejecutiva del CNREE, dándole a conocer a esta autoridad, las resolución de la Dirección General de Servicio Civil, que dan viabilidad jurídico-administrativa a los citados acuerdos, todo lo cual quedó sustentado con el Acuerdo No 8239 de la AP.

Así las cosas, es criterio de la ANEP que la intervención oportuna de su autoridad ministerial ayudará a solventar los inconvenientes que hemos detectado y que retardan, en nuestro criterio de manera innecesaria y con motivaciones poco claras, el justo disfrute de este reconocimiento salarial para el personal profesional del CNREE, varios de cuyos integrantes, al parecer, ya han decidido abandonar la institución ante lo que interpretan como un desestímulo a su compromiso social al laborar en una entidad cuya fin esencial es la solidaridad de la política pública para con los conciudadanos y las conciudadanas con discapacidad.

En consecuencia, pedimos a su despacho una reunión inmediata con las autoridades del CNREE y con la representación de la Seccional ANEP-CNREE, interlocutora oficial de esta organización para tales efectos.

De antemano le agradecemos su valiosa intervención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. MSc. Bárbara Holst Quirós, Directora Ejecutiva, CNREE.
C.c. Personal profesional del CNREE.
C.c. Licda. Mayra Calvo Cascante, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
C.c. Medios de comunicación colectiva.
C.c. Junta Directiva Seccional ANEP-CNREE.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Archivo.

Guardas municipales de Garabito en condiciones ocupacionales desventajosas

San José, 30 de enero de 2008.
S.G. 07-09-0294-08

Señor
Marvin Elizondo Cordero
Alcalde
Municipalidad de Garabito
Su Despacho
Fax: 643 20 32

Estimado señor:

Reciba el saludo respetuoso de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En la recién pasada visita por parte de la compañera Iris Cervantes Paniagua, Responsable de la ANEP para la Municipalidad de Garabito, pude darse cuenta de algunos inconvenientes que afectan la seguridad de los equipos y otros materiales que se custodian, tanto en el edificio central de la institución, como en el plantel municipal, así como la integridad de los servidores guardas municipales. A continuación detallamos algunos de esos inconvenientes:

– El guarda municipal tiene bajo su responsabilidad la custodia tanto del edificio municipal como del plantel, por lo que debe dejar por algún tiempo sin custodia alguna de esas dos plantas físicas, ya que para hacer un recorrido por ambos lugares debe transitar, al menos, cuarenta metros que es la distancia aproximada que separa ambos puestos de trabajo; desplazamiento que puede ser aprovechado por los amigos de lo ajeno para adentrarse a una u otra edificación. – Tanto las oficinas centrales como el plantel, carecen de protección a su alrededor que impida el ingreso de particulares. – Las mallas y portones con que cuenta el edificio central están en pésimo estado (comidos por el herrumbre, sin candados, portones caídos). – Los guardas municipales no portan ninguna arma para su defensa o la defensa de las edificaciones. – Los guardas no poseen focos. – En el edificio central por el lado de atrás hay puertas de vidrio sin protección (reja). – En el patio del edificio central hay una bodega en donde se guardan planos que se describen como de gran valor, pero la puerta de acceso no tiene ningún llavín o candado; y, por el lado que da a la calle, hay unos block ornamentales por donde cualquier malintencionado podría provocar un daño a dichos documentos.

Por tanto y en aras de salvaguardar los intereses de la municipalidad y de los trabajadores que nos dignamos en representar, planteamos estas inquietudes quedando a la espera de que en el menor tiempo se le dé la atención debida a las mismas.

Anticipadamente le expresamos nuestro agradecimiento por la valiosa atención que al efecto se digne su autoridad brindar.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Iris Cervantes Paniagua
Responsable ANEP-Sector Municipal

c.: Oficina de Recursos Humanos, Municipalidad de Garabito.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Garabito.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP
c.: Archivo.

La vida humana tendrá “marca registrada”

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Estamos hablando del Tratado de Budapest, que “constituye una de las agresiones a la ética y la moral más monstruosas y aberrantes que la sociedad comercial corporativa multinacional le haya impuesto a la población mundial. El Tratado de Libre Comercio… sirvió para abrirnos los ojos en relación con los alcances a los que se ha llegado en la mercantilización de toda materia y sujeto existentes, incluyendo el ser humano”. Así lo definió un prestigioso grupo de costarricenses, dado que el Tratado de Budapest le da legitimación a la experimentación científica con la creación de la vida humana. En un artículo anterior nuestro sobre este tema, planteamos que Dios ahora tiene “competencia” en cuanto a la creación humana.

No nos equivocamos. Nos fue suministrado una copia del anuncio de que “científicos fabrican el primer genoma sintético de la historia”, según lo divulgó el diario decano de la práctica de la infamia como quehacer periodístico. Así que, de ahora en adelante, la vida tendrá “marca registrada”, dado que se ha quedado “a solo un paso de crear vida sintética”.

La euforia y el despliegue que se hace de tal noticia, es indicación clara de que se ha abierto una gran “oportunidad de negocios” con la experimentación de este tipo de ciencia en cuanto a la creación humana. Así se dice sin ambages: se está en la segunda de tres etapas hacia la creación de un organismo vivo enteramente artificial.

Desde una perspectiva del humanismo cristiano, no creemos que sea una “proeza”, una gran “hazaña”, quedar a tan solo un paso de “la creación de un organismo vivo enteramente artificial”. Recientemente, y al respecto de esta situación, las organizaciones sindicales ANEP, ASDEICE y UNDECA, formularon un respetuoso pero vehemente planteamiento a los señores obispos costarricenses integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Al día de hoy, ni siquiera un acuse de recibo se ha tenido de esa carta enviada a nuestras máximas autoridades eclesiásticas. Sabemos que la Iglesia Católica tiene una enorme preocupación por el tema del Tratado de Budapest. Igualmente, conocemos que otras denominaciones religiosas cristianas están igual de alarmadas.

Pareciera que es hora de actuar y llamar, con vehemencia, a las correspondientes feligresías para que tomen parte activa en la definición final de esta grave situación; es decir, en cuanto al rumbo de esta transformación profunda acerca de la concepción de la vida humana y su relación con la experimentación científica.

¿En verdad, hay alguna persona honesta que crea, realmente, que en el referéndum se votó por patentar la vida humana, es decir, porque la vida humana tenga “marca registrada”? Sólo la pérfida manipulación mediática de los últimos meses puede tragarse el cuento de que el Tratado de Budapest, el proyecto más aberrante de la “agenda de implementación”, también se votó con el TLC.

Tenemos muchas dudas de que los 35 apóstatas que le dieron el voto parlamentario al Tratado de Budapest, tengan un mínimo respeto por las fuertes convicciones religiosas que anidan en el pueblo costarricense, en este sensible aspecto de la creación de la vida humana. Igualmente, pensamos que en los máximos orientadores políticos de la jerarquía del actual Gobierno, en materia de “libre” comercio, tampoco existe ese respeto. En este caso, particularmente, emplazamos al máximo jefe del COMEX, el colega sindicalista empresarial Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez; quien, por cierto, se nos escondió, tuvo miedo, se acobardó y quedó en ridículo con relación al plazo “fatal” para aprobar la “agenda de implementación” del TLC.

Construcción de alternativas más allá del TLC

Esta pregunta tan fundamental motiva esta reflexión que, con el mayor respeto, presento aquí a consideración de ese rico y pluralista Movimiento Ciudadano surgido de la lucha contra el TLC. Al mismo tiempo, es ésta una invitación cordial al estudio, la reflexión y el debate sobre este asunto tan trascendental para el futuro de Costa Rica.

* Catedrático Universitario UNED

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“Prórroga” para aprobar agenda del TLC: Fracaso político para el Gobierno

Lo que ya era un “secreto” a voces, se confirmó como una realidad de fracaso para el actual Gobierno de la República y, particularmente, para su cabeza principal, el Presidente Oscar Arias Sánchez: nunca hubo “plazo fatal” para aprobar la agenda de implementación del TLC, lo cual resultó ser una soberana mentira.

Esto significa que con la solicitud de “prórroga” que anunció el primer mandatario que hará, a fin de tener como leyes todos los proyectos de esa agenda, deja completamente en evidencia la naturaleza perversa de una estrategia manipuladora que se le ha venido haciendo a la ciudadanía; estrategia que ha sido apoyada, malsanamente, por diversos medios de comunicación colectiva, de eso que llaman la “gran” prensa.

No hay duda. Estamos frente a un fracaso político del actual Gobierno que, sin duda alguna, perdió un importante monto de credibilidad. Esto complicará en las próximas semanas, la aprobación definitiva de tal agenda y, particularmente, de sus proyectos más sensibles.

Afortunadamente, avanza con mucha seguridad la recomposición estratégica de los sectores sociales y patrióticos del gigantesco movimiento cívico opositor al TLC, en función de la oposición cívica a tal agenda, de modo tal que se avecinan acontecimientos de extraordinaria relevancia y de gran impacto nacional.

San José, 30 de enero de 2008.

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*Lea la entrevista al exministro Manuel González *

Ex Ministro de Comercio Exterior confirma que no se necesita prorroga

Una cosa es el TLC y otra la agenda de implementación. En dos entrevistas en medios de comunicación el ex ministro González refuta la posición del Gobierno actual y dice que si no se ha enviado el TLC a la OEA es porque Arias no quiere.

Ex Ministro de Comercio Exterior confirma que no se necesita prorroga

Diario Extra miércoles 30 enero, 2008
“NO HACE FALTA QUE COSTA RICA PIDA UNA PRÓRROGA”
MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@ diarioextra.com

Fue el hombre que estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior durante el pasado gobierno de Abel Pacheco. Conoce a detalle cada línea del texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.

Por eso habla con propiedad sobre la posibilidad de pedir una prórroga para aprobar la agenda de implementación del TLC y desnuda que el gobierno ha “_confundido_” los plazos.

El ex ministro Manuel González manifestó ayer que Costa Rica no está en la necesidad de pedir una prórroga al resto de países que forman parte del TLC porque afirma que no existen plazos inmediatos para la aprobación de las 12 leyes de la agenda de implementación.

Se ha mencionado que esa agenda debería estar aprobada por el Poder Legislativo antes del 1º de marzo de 2008, fecha en la que se cumplen dos años desde que el TLC empezó a ser aplicado entre Estados Unidos y El Salvador.

Sin embargo González desmintió que esos dos años de plazo sean para pasar la agenda de implementación sino que eran para aprobar el TLC en cada uno de los países.

“_Antes del 1º de marzo lo que hay que hacer es notificar al depositario de este tratado, que en este caso es la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, que Costa Rica aprobó el TLC en el referendo del pasado 7 de octubre_”, declaró González ayer a DIARIO EXTRA.

Se amparó en el artículo 22 del Tratado, el cual señala que durante un plazo máximo de dos años desde que se pusiera en vigencia el acuerdo en algunos de los países las otras naciones firmantes deberían aprobarlo.
“_Costa Rica no debe pedir una prórroga a ninguno de los países. El paso que debe hacer a más tardar el 29 de febrero es informar formalmente a la OEA que ya se aprobó el TLC. Eso es muy distinto a ponerlo en vigencia_”, explicó.

Agregó que cada país tiene una agenda complementaria distinta frente a Estados Unidos, pues se ajusta a la oferta de apertura de cada país respecto a los requisitos de los norteamericanos. Por ejemplo, solo Costa Rica abriría el mercado de seguros y telecomunicaciones.

“_Lo que hay que dejar claro es que la agenda de implementación es un requisito para la vigencia del TLC, si no, Estados Unidos no lo va a aplicar. Sin la agenda complementaria seguiríamos siendo novios pero no nos casaríamos_”, concluyó.

Radio Eco martes 29 de enero, 2008
Entrevista con el periodista Ricardo Zamora

Periodista Ricardo Zamora: “…se ha dado en nuestro país una discusión sobre lo que contiene y no contiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en cuanto a los compromisos que nuestro país asumió. Por eso queremos conversar esta mañana con Don Manuel González, quien fuera Ministro de Comercio Exterior en la Administració n anterior y lo tenemos en la línea telefónica: ¡Muy buenos días y gracias por estar con nosotros!”

Manuel González: ¡Muy buenos días Don Ricardo!, es un placer saludarlo.

Periodista Ricardo Zamora: “¡Igualmente!. Eh, Don Manuel, ¿Costa Rica está comprometido a tener la Agenda de implementació n aprobada al final del mes de febrero?

Manuel González: “Disculpe Don Ricardo pero no le estoy escuchando”

Periodista Ricardo Zamora: “A ver si ahora nos escucha…”

Manuel González: “Lo oigo mejor, sí señor”.

Periodista Ricardo Zamora: “¿Costa Rica está comprometida a tener aprobada la Agenda de Implementació n del Tratado de Libre Comercio antes de que termine el mes de febrero?”

Manuel González: “Yo creo Don Ricardo que sobre este tema hay que hacer una distinción, o por lo menos tener una distinción con bastante claridad. Un tema es la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que en caso de Costa Rica ocurrió con el Referendum del 07 de octubre del año pasado y otra cosa es la puesta en vigencia de este tratado, especialmente con nuestro socio comercial más importante, nuestra contraparte más importante en este tratado, que son los Estados Unidos de América. El tratado en este momento, el tratado que aprobó Costa Rica, indica en sus capítulos finales, específicamente en el 22, que durante el plazo de dos años luego de haber entrado en vigencia, con respecto a las otras partes, esto ocurrió a partir del 1º de marzo de 2006 fecha en que inició la vigencia entre Estados Unidos y El Salvador, indica que en ese plazo de dos años los demás signatarios deberán notificar al depositario de este tratado, que es en este caso la OEA en Washington, que en ese plazo han ratificado o aprobado el tratado según su legislación interna.

Esa es la redacción que tiene en este momento el tratado que aprobó Costa Rica. En consecuencia, Costa Rica está en facultad para decirle a la OEA: Señores, según esta cláusula yo ya cumplí con la aprobación y les comunico de esta circunstancia. Muy distinto va a ser el hecho de ponerlo en vigencia con los Estados Unidos, y ¿porqué le quiero hacer esta distinción?, porque hasta tanto no se haya aprobado todas las condiciones que fueron negociadas entre Costa Rica y los Estados Unidos, entiéndase la Agenda de Implementació n y otra serie de decretos que no tienen que ir a la Asamblea Legislativa pero que son potestad del Poder Ejecutivo, hasta tanto eso no se haya aprobado y no se le demuestre a los Estados Unidos que se ha aprobado en línea con las disposiciones del Tratado, los Estados Unidos no lo van a poner en vigencia en relación con nuestro país. ¿Por qué razón?, porque según la legislación interna de los Estados Unidos, y eso además está recalcado así también en la ley que aprobó el tratado en el Congreso de los Estados Unidos, indica que el representante comercial que se llama el USTR tiene que verificar, tiene que certificar que esas condiciones se han cumplido y hacerle una recomendación al Presidente de los Estados Unidos, para que él a través de una proclama ponga en vigencia el tratado con cualquier país. Esto no aplica solamente a Costa Rica, aplica a cualquier país del mundo con el que los Estados Unidos tenga un tratado de esta naturaleza.

Este procedimiento que yo le estoy explicando, operó en absolutamente todos los demás países que forman parte del llamado CAFTA. Usted lo ve en El Salvador, Honduras, con todos fue el mismo procedimiento. Quiere decir esto que después de la aprobación, efectivamente hay un proceso de verificación de condiciones que algunos llaman, y yo lo he llamado también certificación, que es requisito indispensable para que el tratado entre en vigencia, no para que el tratado sea aprobado, y esa es la distinción conceptual que hay que tener. Le pongo un ejemplo muy concreto, el caso de El Salvador y los Estados Unidos. El caso de El Salvador, lo aprobó por parte de su congreso en diciembre del año 2004, fue el primero de las siete partes del CAFTA que lo aprobó; sin embargo no podía entrar en vigencia porque Estados Unidos no lo había puesto en vigencia. Estados Unidos lo aprobó hasta julio del 2005. Entonces pregúntese usted don Ricardo, si esto que yo le estoy diciendo no es cierto, ¿porque razón desde julio de 2005 hasta marzo del 2006 fue que se puso en vigencia? ¿qué pasó en todos esos meses?, bueno, pasó exactamente lo que yo le estoy explicando. Un proceso de verificación de condiciones, de que El Salvador frente a los Estados Unidos, había cumplido con todas las condiciones a las que se había comprometido, llámese si usted quiere agenda de implementació n para el caso de El Salvador, porque la agenda de implementació n no necesariamente es la misma para todos los países. Recuerde que por ejemplo Costa Rica es el único que asumió un compromiso de romper el monopolio en materia de seguros y en materia de telecomunicaciones. Ese proceso de verificación de condiciones, en promedio, puede demorar entre seis y nueve meses. Entonces no tendría sentido que si esa es la realidad, que dura entre seis y nueve meses, el tratado vaya a exigir que la vigencia del tratado tenga necesariamente que darse en ese plazo de dos años, cuando es un tema, el tema de la verificación, que está absolutamente fuera de control de los países, en este caso Costa Rica, que comunican su aprobación. Insisto, la comunicación a la OEA no es para efecto de ponerlo en vigencia. Estados Unidos le va a decir: Si, usted se lo comunicó a la OEA, muchas gracias, pero yo no se lo pongo en vigencia hasta que yo no esté satisfecho, con que usted, Costa Rica, ha cumplido con esos requisitos. Pero lo que es necesario, con el término de los dos años es la comunicación, la notificación, esa es la palabra que usa expresamente el tratado, la notificación al depositario, a la OEA, de que lo hemos aprobado. No de que lo estamos poniendo en vigencia, esa es la distinción clave en este asunto, Don Ricardo”.

Periodista Ricardo Zamora: “Para retomar, Don Manuel, entonces…Costa Rica, si le comprendo bien, Costa Rica ya cumplió con el plazo que tenía que cumplir. La fecha límite del 29 de febrero era para aprobar el Tratado de Libre Comercio y no para ponerlo en vigencia, ¿así es?”.

Manuel González: “Es correcto. Esa es la interpretació n rigurosa de lo que dice el tratado en este momento. Ahora, lo que le aclaro de lo que usted acaba de mencionar don Ricardo es que todavía Costa Rica, hasta donde yo conozco, Costa Rica no le ha dicho a la OEA: Señores, yo ya lo aprobé, le notifico que ya lo aprobé. Ese paso es una nota que …”

Periodista Ricardo Zamora: “¿A quién le corresponde, al Ejecutivo o le corresponde al Legislativo hacerlo?

Manuel González: “No señor, en este caso le corresponde al Ejecutivo. Recuerde que el Ejecutivo es el que negoció, el que negocia los tratados comerciales. Entonces lo que tiene que decirle es: según la legislación interna, a través de un referendum el 07 de octubre, Costa Rica ya lo aprobó. Aprobó lo que firmó, ¿qué fue lo que firmó?, el tratado de agosto de 2004. Eso fue lo que Costa Rica aprobó ”

Periodista Ricardo Zamora:
“Ahora, luego de que el Ejecutivo notifica, ¿no existen plazos para el proceso de discusión de esta agenda de implementación?”.

Manuel González: “Pues sí existen porque recuerde que, pero plazos que ya definitivamente no se han cumplido, recuerde que por ejemplo en materia de telecomunicaciones y en materia de seguros, siendo los temas más espinosos, había todo un calendario de fechas donde decía que el seguro tal se iba a liberar a más tardar a tal fecha, que los seguros obligatorios y fijaba fechas del 2008, del 2011 y que tenían que ser aprobadas esas modificaciones a la industria de seguros en cierta fecha. Pero eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido desde hace mucho tiempo, eso no tiene relación con el famoso tema de los dos años. Lo importante es distinguir entre la aplicación o la sanción digámoslo así, que da el tratado por no hacer esa comunicación dentro del plazo de dos años y el tema de si se cumplen o no las demás condiciones. Le pongo otro ejemplo, don Ricardo, el caso de Marruecos por ejemplo, Estados Unidos y el Reino de Marruecos firmaron un tratado y lo aprobaron según su legislación interna, pasaron casi tres años para ponerlo en vigencia”.

Periodista Ricardo Zamora:
_ “Ahora, la prórroga, ante lo que usted nos explica pareciera que el país no requiere solicitar una prórroga para continuar el proceso natural de discusión de estas leyes en la Asamblea Legislativa?”_

Manuel González:
_ “Es correcto, Costa Rica en términos de lo que dice el tratado en este momento no requeriría de ir a negociar ninguna prórroga, ni con Nicaragua, ni con el resto de países centroamericanos ni con los Estados Unidos. Simplemente lo que le tiene que decir a la OEA es: Señores, yo ya cumplí. Este no es un tema de que si yo estoy a favor de la agenda de implementació n o no, yo estoy totalmente a favor de que se cumplan las condiciones que Costa Rica se comprometió y negoció, es simplemente una cuestión de aplicación estricta de lo que dice el tratado. Caso muy diferente, don Ricardo, sería si Costa Rica hubiera aprobado una enmienda que se hizo al tratado en abril del año 2006, enmienda que fue firmada por El Salvador y los Estados Unidos. Si usted lee rigurosamente esa enmienda, ahí sí se puede interpretar, ahí sí se podría interpretar, que el plazo de los dos años no es solamente para ratificar o aprobar según la legislación interna el tratado, sino para ponerlo en vigencia. Ahí sí, pero Costa Rica no es parte de esa enmienda”._

Periodista Ricardo Zamora: “¿Eso no le da potestad a los Estados Unidos, entonces, de rechazar el Tratado de Libre Comercio aprobado por Costa Rica y esperar el cumplimiento de la Agenda de Implementació n?”

Manuel González:
_ “No señor, porque esa enmienda no es aplicable a Costa Rica…”_

Periodista Ricardo Zamora: “¿No es vinculante a nuestro país?”

Manuel González: “No señor, ni la firmamos, ni la aprobamos en el referendum del 07 de octubre. Lo que Costa Rica aprobó fue el texto original que habla simplemente de que en el plazo de dos años, tiene que darse una comunicación al depositario, de que se ha cumplido con los procedimientos internos de aprobación”.

Periodista Ricardo Zamora: “Muchísimas gracias a don Manuel González, quién fuera Ministro de Comercio Exterior en la administració n anterior y que también es analista, especialista y esta mañana nos ayudaba a aclarar la interpretació n a estos textos, que según nos explica, la legislación lo que señala en este acuerdo es diferente de aprobar y de poner en vigencia”.

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¿Estaríamos frente a un caso de tráfico de influencias entre la Ministra Laura Chinchilla Miranda y el Magistrado Luis Paulino Mora Mora?

A la comunidad laboral penitenciaria
A todo el personal del Ministerio de Justicia y Gracia
A la opinión pública nacional
¡Juzgue usted!

Nota de ubicación: El 9 de octubre de 2006, ocurrió una sangrienta fuga de varios privados de libertad internados en el Complejo Penitenciario La Reforma; acontecimiento que dejó una dolorosa pérdida humana: la del policía penitenciario Marco Tulio Prado Monge (q.d.D.g). El Gobierno indicó que la fuga se dio facilitada por la introducción de armas de fuego y por el presunto pago de dinero en sobornos a varios funcionarios de dicho cuerpo policial, la Policía Penitenciaria. ANEP asumió la defensa de la mayoría de los agentes de seguridad acusados por el Gobierno de tales supuestas irregularidades. El proceso fue arduo y duró muchos meses, llegándose al extremo de que, por “órdenes superiores”, el proceso se suspendió a mitad de camino pues hubo una directriz política de “replantearlo”. La acuciosa gestión jurídica de la ANEP en defensa de los acusados, estaba demostrando que la cadena de negligencias jerárquicas en cuanto al irresponsable descuido de la seguridad en La Reforma, generó las condiciones para una fuga de tal calibre. Al Gobierno le disgustó mucho estas derivaciones de su propio proceso acusatorio y, por ende, los acontecimientos se desencadenaron como se denuncia seguidamente. Valga indicar que por iniciativa de la ANEP, se hizo un homenaje póstumo al compañero caído en cumplimiento de su deber, y su nombre está en una placa colocada a la entrada de La Reforma; algo que ni al propio Gobierno se le ocurrió.

1- A las 9:36 de la mañana, del viernes 21 de diciembre anterior, último día laboral del año en muchas entidades del Sector Público y a las puertas de la Navidad del 2007 y del Año Nuevo 2008, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP recibió por fax una escueta nota, firmada por Reinier Tosso Jara, Asistente Judicial 3, Sala Constitucional. Básicamente se indica lo siguiente:

“Por medio de la presente me permito comunicarles, para los fines correspondientes, que dentro del RECURSO DE AMPARO número 07-016208-0007-CO promovido por Carlos Granados Calderón, Juan Carlos Carvajal Pérez, Marcos Castro Varela, Mario Alberto García hernández, Virgilio Prado Murcia, Zenén Méndez Meléndez contra MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SUBDIRECTOR GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL, se ha dictado el voto número 18493-07 de las ocho horas treinta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil siete, cuya parte dispositiva, literalmente dice: “Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.-“ “

2- El citado “documento” indicó, así de manera totalmente escueta, la resolución POR EL FONDO, de los recursos de amparo interpuestos por la ANEP a favor de los compañeros trabajadores de la Policía Penitenciaria, acusados por el Ministerio de Justicia y Gracia de supuesta complicidad en los acontecimientos de fuga en La Reforma, ocurridos en octubre del 2006; fuga que dejó la dolorosa pérdida humana de un trabajador del citado cuerpo de seguridad de las cárceles costarricenses.

3- Esta resolución POR EL FONDO había sido emitida tan solo una hora antes, a las 8:30 a.m. “Curiosamente”, cerca de la 1 de la tarde de ese viernes 21, el Ministerio de Justicia y Gracia entregaba en la sede central de la ANEP, las comunicaciones de despido, ya oficiales, haciendo efectivo el cese de funciones sin responsabilidad patronal, de los compañeros afectados por la sentencia sumaria, que ya en su contra había emitido por la prensa, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia y Gracia.

4- Contrariamente, la ANEP, hizo en este caso una defensa apegada al principio constitucional de presunción de inocencia; es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; y, por ejemplo, la institución no pudo determinar quién fue la persona que introdujo armas a La Reforma para esa fuga y, mucho menos, que fuera alguno de los policías penitenciarios hoy ya despedidos.

5-
Tan sólo unos dos días duraron restaurados en sus puestos, los policías penitenciarios que, en su momento, la Sala IV había ordenado reinstalar luego de que la ANEP acudiera a dicho tribunal, en resguardo de sus derechos procesales, violentados en sede administrativa, por una cadena de vergonzosos acontecimientos que fueron armados para complacer la directriz política de despedirlos a cómo diera lugar.

6- Para mayor precisión, tómese nota de la “extraordinaria” celeridad con que funcionó la “justicia” de nuestro país en este caso.

7- El lunes 17 de diciembre tuvimos que realizar una acción de presión, en la sede central del Ministerio de Justicia y Gracia, para que se procediera cumplir la orden de la Sala IV de reinstalar en sus puestos a los policías indebidamente despedidos en ese momento, aunque sentenciados políticamente y condenados sumariamente por la máxima jerarca de Justicia y Gracia.

8- Entre el martes 18 y el miércoles 19 de diciembre, la oficina de personal del citado ministerio, acatando a regañadientes la orden constitucional, comunicó las debidas reinstalaciones. Los despedidos empezaron a reinstalarse en sus puestos entre ese miércoles 19 y el jueves 20; sin embargo, ya para la tarde del viernes 21, se les empezó a comunicar los despidos definitivos, luego de que en un inusual, extraordinariamente rápido acto constitucional, la Sala IV resolvió POR EL FONDO en contra de los afectados, el recurso de amparo que en su favor les interpuso a ellos la ANEP.

9- Adivinen quién fue el magistrado instructor del caso. Nada más y nada menos que don Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en el primer gobierno de Oscar Arias Sánchez; compañero liberacionista de la hoy ministra Chinchilla Miranda.

10- Seguramente que don Luis Paulino Mora Mora, tuvo que hacer un gigantesco esfuerzo de análisis pues en menos de 16 horas se estudió los siete tomos del expediente de este caso, con toda la documentación aportada por la ANEP; algo que no tiene antecedente alguno, según nuestro entender. La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP ejerció una defensa de altísima calidad y seriedad profesional para demostrar la vulnerabilidad de la seguridad de un centro penal como La Reforma, dejando al desnudo las irresponsabilidades jerárquicas de las autoridades políticas involucrados en este tema de la seguridad en una cárcel de las dimensiones de La Reforma.

11- ¿Podrá alguien creer que hubo “objetividad” e “imparcialidad” en este caso?. Presumiblemente existiría alguna “coordinación telefónica” entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” de la oficina del Magistrado Mora Mora, Exministro de dicha cartera ministerial en la primera Administración Arias Sánchez.

12- Ya en enero, y levantando el nuevo expediente para abordar el caso de los compañeros policías penitenciarios despedidos en otros escenarios, fuimos a fotocopiar el legajo del recurso de amparo a la mismísima Sala IV y ¿saben qué?, pues nos encontramos, escrito a mano, un “papelito” con la siguiente leyenda: “Don Jorge revisar proyecto Laura” y sobrepuesto, en marcador negro “imp voto”.

13-
Sorpresivamente, el Magistrado Mora Mora habría indicado a su asistente, que tal recurso necesitaba de un “importante voto”. Y el nombre “Laura”, presuntamente también, habría indicado que se trataba del expediente que tanto le interesaba a la señora Ministra de Justicia y Gracia cuyo nombre es, precisamente “Laura”. ¿Ó, estaremos equivocados y hay otra persona de nombre_ “Laura”_ en el despacho del citado magistrado?…

14- Así las cosas, en una muestra completamente inusual, atípica, extraordinariamente veloz, la Sala IV falló un recurso de amparo que, en el más rápido de los casos y para resolver POR EL FONDO, habría tardado, al menos, tres meses. Pero no, como a “alguien” en el Ministerio de Justicia y Gracia tanto le interesaba echar a la calle, a cómo diera lugar, a los policías penitenciarios del caso en mención, la Sala IV lo resolvió, POR EL FONDO, en unas ¡16 horas!. Vamos a ver cómo se hace para mandar al Libro de los Récords Guinnes este caso de “justicia pronta y cumplida”.

15-
Pero hay más, del primer recurso de amparo interpuesto por la ANEP, se quedó por fuera un compañero que por diversas razones no se incluyó en ese momento. Se lo tramitamos en enero y ya fue acogido, ordenándose su reinstalación. La diferencia es que esta vez el caso no cayó en manos del despacho del Magistrado Mora Mora. Estamos esperando a ver cómo se tramita.

16- En ANEP estamos absolutamente convencidos de que ocurrió un vergonzoso acto de tráfico de influencias entre “alguien” del Ministerio de Justicia y Gracia y “alguien” del despacho del Magistrado Luis Paulino Mora Mora, Exministro de Justicia y Gracia en la primera Administración Arias Sánchez. No tenemos elementos para acusar, directamente, a los dos personajes aquí ya nombrados, el citado jurisconsulto y la mencionada Ministra Laura Chinchilla Miranda. Pero nos preguntamos, ¿es que acaso podría haber ocurrido entre ambos alguna conversación telefónica al respecto?… Saque usted sus propias conclusiones…

17- Triste Navidad y triste Año Nuevo pasaron los compañeros policías penitenciarios condenados “sumariamente” y víctimas de una justicia “pronta y cumplida” como nunca habíamos visto en la historia de la Sala IV. Las familias de estos compañeros, también debieron haberla pasado muy mal.

18- Estos jefes de hogar fueron echados a la calle, sin prestaciones, con sus honras manchadas, porque la Ministra Laura Chinchilla Miranda se encargó de “marcarlos” ante la ciudadanía. Quizás no encontrarán trabajo porque, prácticamente, el Ministerio de Justicia y Gracia se encargó de mancharlos por la prensa ante la ciudadanía y la Sala IV le dio la “razón” al vergonzoso y acomodaticio, y poco ético, proceso administrativo que se llevó a cabo en acato de directrices políticas.

19- Para justicias el tiempo. Ahora llevaremos los casos de estos compañeros a los tribunales laborales ordinarios, teniendo fe que en este nivel judicial no funcionará “coordinación” alguna. Pasarán dos o tres años, tal vez un poco más. Tenemos un enorme compromiso ético con ellos. Se trata de restaurarles su honra y su honor, para que sus familiares y sus respectivos hijos, no tengan nada de que avergonzarse de sus padres, señalados como “corruptos” ante la opinión pública, o peor aún, casi “terroristas”, porque la Ministra Chinchilla Miranda dijo por televisión que este caso era un asunto de “seguridad nacional”.

20- Todavía nos queda algo de fe en los sectores sanos de Poder Judicial y si al final del camino, es el erario público el que debe desembolsar muchos millones de colones en salarios caídos y en otro tipo de indemnizaciones, demandaremos para que la licenciada Laura Chinchilla Miranda, aunque ya no sea del Gobierno, desembolse de su propio bolsillo los dineros públicos que todos pagaremos por la sentencia sumaria que ella emitió contra los policías penitenciarios hoy despedidos, en la calle en el desempleo, sin plata y con deudas y, lo peor de todos, con sus honras manchadas lo que prácticamente les impide pedir trabajo en otras partes.

21- Igualmente, al final del camino de la demanda laboral, podría haber otros que también deberán presentarse ante los estrados a responder por los dineros que, eventualmente, el Estado tendría que erogar. Para eso hoy hay un nuevo CODIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que nos permitirá, ganados esos juicios, demandar lo indicado.

22- ANEP reafirma su vocación de lucha por el pleno respeto de los derechos laborales en el Sistema Penitenciario Nacional y en el Ministerio de Justicia y Gracia. Condenamos, vigorosamente, esta cadena de vergonzosos acontecimientos que muestran una profundización del descrédito ciudadano en instituciones tan vitales para la democracia como el Poder Judicial.

23- En tal sentido, plantearemos la queja ante Corte Plena y aunque “no pase nada”, la sola circunstancia de que usted, que nos ha hecho el honor de leernos hasta aquí, se sensibilice ante tanta injusticia y se indigne por este presunto tráfico de influencias, tome conciencia de que el país no puede seguir así, habremos ganado en el campo moral y en el campo ético. La democracia es un bien ciudadano de inapreciable valor que nos obliga a pensar que este estado de cosas no puede seguir así. Algo tenemos que hacer para el rescate de la institucionalidad vulnerada.

San José, 11 de enero de 2007.

Joint Declaration on Diversity in Broadcasting

JOINT DECLARATION ON DIVERSITY IN BROADCASTING

by

The UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information,

Having met with representatives of NGOs, academics and other experts in Amsterdam on 7-8 December 2007, under the auspices of ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression, assisted by the Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam;

Recalling and reaffirming our Joint Declarations of 26 November 1999, 30 November 2000, 20 November 2001, 10 December 2002, 18 December 2003, 6 December 2004, 21 December 2005 and 19 December 2006;

Stressing the fundamental importance of diversity in the media to the free flow of information and ideas in society, in terms both of giving voice to and satisfying the information needs and other interests of all, as protected by international guarantees of the right to freedom of expression;

Cognisant, in particular, of the importance of diversity to democracy, social cohesion and broad participation in decision-making;

Aware of the potential of new technologies both to serve as vehicles for promoting diversity but also to pose new threats to diversity, including as a result of the digital divide;

Emphasising the complex nature of diversity, which includes diversity of outlet (types of media) and source (ownership of the media), as well as diversity of content (media output);

Recognising the varied contributions that different types of broadcasters – commercial, public service and community – as well as broadcasters of different reach – local, national, regional and international – make to diversity;

Noting that undue concentration of media ownership, direct or indirect, as well as government control over the media, pose a threat to diversity of the media, as well as other risks, such as concentrating political power in the hands of owners or governing elites;

Stressing that independent public service broadcasters will continue to play an important role in promoting diversity in the new digital broadcasting environment, including through their unique role in providing reliable, high-quality and informative programming;

Mindful of the potential for abuse of regulatory systems for the media to the detriment, among other things, of diversity, particularly where oversight bodies are not sufficiently protected against political or other interference;

Concerned about the growth of a number of threats to the viability of public service broadcasting in different countries, which undermine its ability to fulfil its potential to contribute to media diversity, as well as the failure of many countries to recognise community broadcasting as a distinct type of broadcasting;

Adopt, on 12 December 2007, the following Declaration on Promoting Diversity in the Broadcast Media:

General Points

• Regulation of the media to promote diversity, including governance of public media, is legitimate only if it is undertaken by a body which is protected against political and other forms of unwarranted interference, in accordance with international human rights standards.

• Broad public education and other efforts should be undertaken to promote media literacy and to ensure that all members of society can understand and take advantage of new technologies with a view to bridging the digital divide.

• Transparency should be a hallmark of public policy efforts in the area of broadcasting. This should apply to regulation, ownership, public subsidy schemes and other policy initiatives.

• Low-cost technologies that are widely accessible should be promoted with a view to ensuing broad access to new communications platforms. Technological solutions to traditional problems of access –including in relation to hearing or visual disabilities – should be explored and promoted.

• Measures should be put in place to ensure that government advertising is not used as a vehicle for political interference in the media.

On Diversity of Outlet

• Sufficient ‘space’ should be allocated to broadcasting uses on different communications platforms to ensure that, as a whole, the public is able to receive a range of diverse broadcasting services. In terms of terrestrial dissemination, whether analogue or digital, this implies an appropriate allocation of frequencies for broadcasting uses.

• Different types of broadcasters – commercial, public service and community – should be able to operate on, and have equitable access to, all available distribution platforms. Specific measures to promote diversity may include reservation of adequate frequencies for different types of broadcasters, must-carry rules, a requirement that both distribution and reception technologies are complementary and/or interoperable, including across national frontiers, and non-discriminatory access to support services, such as electronic programme guides.

• Consideration of the impact on access to the media, and on different types of broadcasters, should be taken into account in planning for a transition from analogue to digital broadcasting. This requires a clear plan for switchover that promotes, rather than limits, public interest broadcasting. Measures should be taken to ensure that digital transition costs do not limit the ability of community broadcasters to operate. Where appropriate, consideration should be given to reserving part of the spectrum for analogue radio broadcasting for the medium-term. At least part of the spectrum released through the ‘digital dividend’ should be reserved for broadcasting uses.

• The least intrusive effective system for the administration of broadcasting to promote diversity should become used, taking into account reductions in the problem of scarcity. Licensing, justified by reference to the airwaves as a limited public resource, is not legitimate for Internet broadcasting.

• Special measures are needed to protect and preserve public service broadcasting in the new broadcasting environment. The mandate of public service broadcasters should be clearly set out in law and include, among other things, contributing to diversity, which should go beyond offering different types of programming and include giving voice to, and serving the information needs and interests of, all sectors of society. Innovative funding mechanisms for public service broadcasting should be explored which are sufficient to enable it to deliver its public service mandate, which are guaranteed in advance on a multi-year basis, and which are indexed against inflation.

• Community broadcasting should be explicitly recognized in law as a distinct form of broadcasting, should benefit from fair and simple licensing procedures, should not have to meet stringent technological or other license criteria, should benefit from concessionary license fees and should have access to advertising.

On Diversity of Source

• In recognition of the particular importance of media diversity to democracy, special measures, including anti-monopoly rules, should be put in place to prevent undue concentration of media or cross-media ownership, both horizontal and vertical. Such measures should involve stringent requirements of transparency of media ownership at all levels. They should also involve active monitoring, taking ownership concentration into account in the licensing process, where applicable, prior reporting of major proposed combinations, and powers to prevent such combinations from taking place.

• Consideration should be given to providing support, based on equitable, objective criteria applied in a non-discriminatory fashion, to those wishing to establish new media outlets.

On Diversity of Content

• Policy tools could be used, where this is consistent with international guarantees of freedom of expression, to promote content diversity among and within media outlets.

• Consideration should be given to providing support, based on equitable, objective criteria applied in a non-discriminatory fashion, for the production of content which makes an important contribution to diversity. This might include measures to promote independent content producers, including by requiring public service broadcasters to purchase a minimum quota of their programming from these producers.

• An appropriate balance should be struck between protection of copyright and neighbouring rights, and promoting the free flow of information and ideas in society, including through measures which result in a strengthening of the public domain.

Ambeyi Ligabo
UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression

Miklos Haraszti
OSCE Representative on Freedom of the Media

Ignacio Alvarez
OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression

Faith Pansy Tlakula
ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression

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Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica