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Ofrecer ayudas estatales para que personas aprueben el TLC es un delito penal

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El diputado José Merino del Río solicitó al TSE aplicar al referéndum el tipo penal contenido en los artículos 32 de la Ley 8492 y 152, inciso r), del Código Electoral, que establece sanción de 2 a 6 años de cárcel “a quién con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliere a otro a votar en determinado sentido o abstenerse de votar” durante “la realización de consultas populares bajo la modalidad de referéndum o con ocasión de éstas”.

Nuevamente el Presidente del Partido Frente Amplio recurre al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en relación con los abusos del Gobierno de la República en su campaña por lograr la aprobación del TLC, utilizando recursos del Estado para comprar votos para el referéndum.

El diputado Merino cuestiona la entrega o el ofrecimiento de entregar bonos de vivienda, becas o ayudas estudiantiles, pensiones, subsidios o cualquier otro tipo de ayuda social o comunal, financiada con fondos públicos, a cambio de que la persona vote a favor o se abstenga de votar en contra del TLC en el referéndum del 7 de octubre, lo cual en su opinión está incluido en las prácticas sancionadas por la Ley del Referéndum y el Código Electoral.

El Frente Amplio también considera que estarían cometiendo este delito electoral los patronos que le digan a sus trabajadores que si no se aprueba el TLC “al día siguiente perderán su empleo”, o les exijan votar a favor del TLC como condición para conservar su puesto de trabajo.

El diputado Merino lamentó la lentitud del Tribunal que, al no pronunciarse sobre estos aspectos, permite que continúen las prácticas corruptas del régimen de los Arias, y llamó a la ciudadanía a denunciar a todos los jerarcas de instituciones que actúen contra lo establecido en la Ley del Referéndum y el Código Electoral. A la par el Frente Amplio analiza la posibilidad de solicitar la intervención de la Defensoría de los Habitantes.

Resolución del TSE sobre Autonomía Universitaria

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N.° 2018-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.

San José, a las once horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil siete.

Aclaración oficiosa de la sentencia n.° 1617-E-2007, respecto de la utilización de fondos públicos y la participación universitaria en los procesos de referéndum.

RESULTANDO

1.- Mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2007 el señor Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, pide que se aclare la resolución n.º 1119-E-2007, para lo cual formula varias preguntas relacionadas con la autonomía universitaria y la aplicación del fallo aludido a los funcionarios de la Universidad.

2.- En relación con dichas interrogantes y, dentro del marco de la sentencia n.° 1617-E-2007, dictada el 12 de julio próximo pasado, este Tribunal resolvió: “(…) 4) a los funcionarios públicos de la Universidad de Costa Rica les aplican, de igual modo, todos los extremos de la resolución n.º 1119-E-2007, así como las disposiciones del reglamento ya citado y de la presente resolución, lo que impide adicionalmente la publicación en medios de comunicación masivos, con recursos públicos, de campos pagados a favor o en contra del texto objeto de la consulta; 5) en lo que atañe a la regulación de los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad deberá estarse a lo que preceptúan los numerales 19, 20 y 21 del reglamento que rige el proceso; (…)”.

3.- Por intermedio de correo electrónico de fecha 25 de julio de 2007 el señor Rafael González Ballar, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, puso en conocimiento del personal docente de dicha Facultad la circular dirigida a la Comunidad Universitaria, por parte de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, relativa a varias resoluciones de este Tribunal y a otras disposiciones relacionadas con el referéndum, la cual se incorporó al expediente n.º 135-Z-2007 según se dispuso en la sesión ordinaria n.º 68-2007 del 31 de julio de 2007 (folios 209-213).

4.- Por sesión ordinaria n.º 70-2007 se incorporaron al expediente antedicho los siguientes documentos: a) fax correspondiente a nota del 23 de julio de 2007 mediante el cual la señora Zaray Esquivel Molina, Coordinadora en Pérez Zeledón de la organización_ “Coordinadora Patriótica”_, informa de lo acordado en sesión ordinaria de esa Coordinadora, celebrada el pasado 23 de julio del año en curso donde, en lo que atañe específicamente al Tribunal, solicita de parte de este Organismo Electoral respeto por la autonomía de las universidades públicas (folios 214-216); b) oficio n.º R-4748-2007 suscrito por la señora Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa Rica, mediante el cual comunica al Tribunal lo acordado por el Consejo Universitario de esa Universidad en torno a la resolución de este Tribunal n.º 1617-E-2007 mismo que, entre otras cosas, indica que la Universidad goza de autonomía por mandato constitucional para el desarrollo de sus funciones y tiene como propósitos formar conciencia crítica y creativa, además de que está en la obligación de contribuir con las transformaciones que requiere la sociedad costarricense por lo que no puede cercenarse su facultad ni la obligación de analizar los problemas de trascendencia nacional (folios 217-221); c) oficio n.º SCI-520-2007 del 27 de julio de 2007, dirigido a este Tribunal, suscrito por la señora Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante el cual trascribe el acuerdo adoptado por ese Consejo en sesión celebrada el 26 de julio de 2007 donde, por las razones expuestas, se aduce que no es posible imponer restricciones a sus docentes en el desarrollo de temas académicos, ni restringir la libertad de expresión de ideas filosóficas, científicas y políticas y que, por vía del fallo de este Tribunal n.º 1617-E-2007, se interpretaron cuestiones atinentes a la autonomía universitaria por lo que repudia el fallo precitado (folios 222-226); d) oficio n.º R-4826-2007 del 31 de julio de 2007, dirigido a este Tribunal, suscrito por la señora Yamileth González quien, en la calidad antedicha, se refiere a lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política y a diversos fallos de la Sala Constitucional relacionados con la independencia y autodeterminación de las universidades, entre otros aspectos de interés (folios 227-232).

5.- Mediante sesión ordinaria n.º 72-2007 celebrada el 9 de agosto de 2007 se dispuso incorporar al expediente n.º 135-Z-2007 fax correspondiente al memorando n.º SRB.PCA-552-2007 del 7 de agosto de 2007, suscrito por el señor Miguel Calderón Fernández en su carácter de presidente del Consejo Académico de la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional, por medio del cual se trascribe el acuerdo firme adoptado por ese Consejo en su sesión ordinaria n.º 14-2007 de 23 de julio de 2007, donde se pide al Tribunal respetar la autonomía universitaria de las Instituciones de Educación Superior (folios 233-235).

6.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley y no se notan defectos que causen nulidad o indefensión.
Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y;

CONSIDERANDO

I.- Sobre la necesidad de este pronunciamiento: El Tribunal Supremo de Elecciones, ante una serie de interpretaciones surgidas con motivo de su resolución No. 1617-E-2007 y, conforme a sus potestades constitucionales y legales, procede a precisar oficiosamente esa sentencia, dado que percibe la necesidad de aclarar sus alcances a efectos de que se logre comprender adecuadamente lo resuelto en ella en cuanto al manejo de los recursos públicos y su relación con la participación de las universidades públicas en los procesos de referéndum.

Desde ya conviene asentar que, al momento de emitir esa resolución y más allá de los términos específicos que se emplearon, el Tribunal no pretendía impedir la presencia universitaria en el debate relativo al proyecto que será objeto de consulta popular el próximo 7 de octubre que, al contrario, estima indispensable, ni juzgar o censurar la manera concreta en que los funcionarios de las universidades públicas se han conducido en ese contexto. Tampoco se trató de un pronunciamiento cuyo objeto haya sido seleccionado arbitrariamente sino que responde a dudas jurídicas abstractamente planteadas por el Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica y que procedía aclarar.

*II.- *Breve referencia al régimen que cobija a las instituciones de educación superior universitaria del Estado: El artículo 84 de la Constitución Política le confiere a las universidades estatales los tres grados de autonomía previstos constitucionalmente, sea, administrativa, política y organizativa. La Procuraduría General de la República, en su reciente dictamen n.° C-139-2007 del 3 de mayo de 2007, así lo caracterizaba:

_“En el ámbito nacional, las universidades estatales gozan de una autonomía especial garantizada por la Constitución Política. El artículo 84 de la Carta Fundamental no sólo le otorga autonomía administrativa, funcional y financiera a las universidades del Estado, sino que les da plena capacidad para darse “_…su organización y gobierno propio”. En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado que la autonomía otorgada a las universidades es “completa”:

“Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por eso, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Magna: artículo 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar a su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución N° 495-92). Son éstas las modalidades administrativas, políticas, organizativas y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas (…).
Las universidades estatales cuentan, entonces, con la potestad de reglamentación necesaria para la prestación del servicio que les es propio. Su diario quehacer como institución de cultura superior implica una serie de poderes y deberes que van desde darse su régimen interno hasta el establecimiento de la normativa administrativa y disciplinaria necesaria para su adecuado funcionamiento.” .

Tal independencia resultante de la autonomía universitaria garantiza la posibilidad de dar debido cumplimiento a los fines que son propios de dichas instituciones y que, indudablemente, van más allá de la simple formación de profesionales. Así, por ejemplo, de acuerdo con su Estatuto Orgánico, la Universidad de Costa Rica encuentra su razón de ser en la consecución de propósitos tales como:* a)* la promoción de transformaciones sociales para el logro del bien común; b) el desarrollo de políticas que estimulen la justicia social, el desarrollo integral, la libertad plena e independencia del país; c) la formación de una conciencia creativa, cívica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense; d) la búsqueda constante de la verdad, la eficacia y la belleza.

De ahí que la propia Sala Constitucional haya apuntado, como bien lo señalan los pronunciamientos universitarios, que la Universidad no es una simple institución de enseñanza pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, y proponer soluciones a los grandes problemas nacionales; en síntesis para esos propósitos es creada y nada menos se espera y exige de ella. La Universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido (véase, sobre el particular, el voto n.° 1313-93 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).

III.- Sobre los aspectos específicos que conviene aclarar: En diversos memoriales agregados al expediente n.º 135-Z-2007 en que se conoce de este asunto, las autoridades de las universidades estatales han objetado la resolución de este Tribunal n.º 1617-E-2007 entendiendo, básicamente, que dicha resolución conculca la autonomía especial que les ha sido constitucionalmente reconocida.

Por ello y, como ya se indicó, este pronunciamiento oficioso del Tribunal Supremo de Elecciones busca precisar, a la luz de la confusión generada, los alcances de la resolución que interesa, con el fin de su mejor comprensión. Con ese propósito, debe formular las siguientes aclaraciones:

a) En relación con las universidades públicas, la interpretación de las normas relativas al referéndum y de aquellas que, en particular, establecen restricciones para las instituciones públicas, que ciertamente les resultan aplicables, debe hacerse en forma armónica con la naturaleza jurídica de aquéllas y con absoluto respeto a los principios constitucionales de autonomía universitaria y libertad de cátedra.

b) Las distintas decisiones que este organismo electoral ha adoptado, deben entenderse como favorables a la más amplia participación posible de los ciudadanos y ciudadanas costarricenses, incluida la de los funcionarios públicos y, dentro de ellos, la de los servidores universitarios. Éstos tienen derecho de asumir y exhibir libremente posiciones a favor o en contra de los proyectos de ley sometidos a referéndum.

c) Este colegiado considera deseable y necesario que las universidades públicas del país estimulen el debate nacional de las cuestiones objeto de consulta popular en general y, en particular, las sometidas a consulta en esta primera experiencia costarricense sobre el TLC, a través de un examen crítico y académico de la cuestión y por intermedio de las actividades que caracterizan el quehacer universitario y que las coloca naturalmente como forjadoras de opinión pública (lecciones, conferencias, foros, investigaciones y publicaciones especializadas, etc.).

d) La regla legal que proscribe utilizar recursos públicos a favor o en contra de las compañas por el “sí” o por el “no”, así como los corolarios que ha precisado la reglamentación vigente y distintos pronunciamientos jurisprudenciales de este Tribunal, aunque aplicables a las universidades del Estado, no impiden la celebración de las actividades aludidas en el punto anterior, aún aquéllas que den amplio espacio en sus recintos a la exposición de visiones críticas y alternativas de la realidad nacional, siempre que, manteniéndose dentro de ese espíritu universitario de forjar opinión académica, no degeneren en actividad propagandística.

e) En todo caso, no corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones conocer y juzgar las denuncias puntuales que eventualmente se presenten en relación con posibles extralimitaciones por parte de algún funcionario universitario. Las indagaciones correspondientes competen a las propias instancias disciplinarias de las universidades y, si se acusa una indebida utilización de recursos públicos, a las auditorias o contralorías universitarias, como órganos internos de control encargados de velar por su buen manejo y, en última instancia, a la Contraloría General de la República.

POR TANTO

En los términos indicados en el último considerando de esta resolución, téngase por aclarada la sentencia n.° 1617-E-2007, dictada por este Tribunal a las 7:30 horas del 12 de julio del 2007. Notifíquese.

Luis Antonio Sobrado González

Eugenia María Zamora Chavarría

Max Alberto Esquivel Faerron

Exp. 135-Z-2007
Aclaración oficiosa de la sentencia n.° 1617-E-2007,
respecto de la utilización de fondos públicos y la
participación universitaria en los procesos de referéndum.

Lo bueno y lo malo del TLC

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1. Que todo este debate ha tenido la virtud de sacar a la luz lo mejor y lo peor de las personas que componemos esta comunidad: trabajadores, campesinos, empresarios, intelectuales, pensadores, científicos, políticos, sindicalistas, estudiantes, universitarios, etc.

2. Que trascendiendo barreras ideológicas, religiosas, políticas, sociales y culturales, todos los costarricenses que somos verdaderos amantes de nuestra patria y de nuestra soberanía, nos hemos unidos en una sola voz y con un único sentimiento en contra del TLC, diciéndole un rotundo NO.

Pensemos brevemente, a manera de análisis, en las dos premisas que anteriormente he mencionado, y si a usted, amable lector le parece, por favor corra la voz; pues aunque, quizá, no es nada nuevo para usted, y ya esas ideas hayan pasado por su cabeza y la de muchos compañeros, no está de más hacerlas resaltar.

En cuanto al punto uno de este artículo, quiero referirme especialmente a los políticos, como es el caso del Presidente Ocar Arias Sánchez y su séquito (entre los que figuran no sólo políticos sino también un connotado científico costarricense norteamericano, convertido ahora en empresario; investigadores y personalidades de la medicina, entre los que figura una ministra que ha dado muestras de gran confusión al hora de “jugar” con los “términos técnicos” que comprometen seriamente la salud del país y la ética en los asuntos médicos; un deportista, también empresario, que da muestras de una gran ignorancia en asuntos sociales del páis, en contraste con su supuesta sapiencia en materia de futbol).

Pues bien, resulta que esto del TLC está teniendo un precio muy alto para el Presidente Arias, a nivel de imagen, aceptación y cariño del pueblo, pues esta coyuntura (llamada polarización) no hay lugar para las dos caras, se es o no se es (_“to be or no to be”_ para don Franklin Chang), de manera que lo ha hecho aflorar en él (sin analizar los por qués) todo su espíritu empresarial deshumanizado, su arrogancia ante el clamor de una inmensa mayoría de la sociedad costarricense, entre la que figura desde los más humildes trabajadores, campesinos y amas de casa, hasta brillantes intelectuales y pensadores nuestros y empresarios honestos que no , precisamente, una “turba” como se refirió hace unos días el flamante Vice Presidente Casas, con ocasión de una magnífica protesta y desaprobación que recibió como digno representante del gobierno pro TLC.

En fin hay una infinidad de manifestaciones y actitudes que han venido saliendo al flote en el pensar del presidente y sus seguidores inmediatos, cual si la expresión TLC fuera el “ábrete sésamo” que ha tenido la cualidad de destapar toda esa caja de sorpresas (o más bien de personajes malignos que esperaban que algo o alguien los cara a la luz), para lo cual el Premio Nobel de la Paz ni ningún otro galardón han tenido la suficiente fuerza para impedir que brotaran ansiosos de salir a escena.

Por otro lado esto del TLC también nos ha permitido ver con gran regocijo y afecto, que miles y miles de costarricenses (ticos de verdad y a tiempo completo) que aman este país, lo defienden dignamente y aún tienen vigentes y dentro de su corazón la letra de nuestro Himno Nacional, “cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en arma trocar” (ojalá y baste con el arma del lapicero el día del votar por el NO).

Asimismo, tenemos políticos (Rodrigo Carazo, José Merino del Río, José Miguel Corrales y muchos otros), líderes religiosos ( Monseñor Trejos y otros), pensadores e intelectuales (Alvaro Montero Mejía, Eugenio Trejos, y otros), sindicalistas (Albino Vargas y otros), etc., que trancendiendo las creencias, diferencias ideológicas y políticas, etc. han creído más en Costa Rica y están concientes de que todos estamos en el mismo barco y que no podemos permitir que naufrague y que es una empresa de todos salvar nuestra economía, nuestra dignidad y nuestra soberanía.

Porque… esto no es una fiesta señores, esto es un asunto de supervivencia. Y no es la historia del TITANIC es la historia de COSTA RICA.

_ *Filósofo, Funcionario del Ministerio de Salud_

Congresistas estadounidenses recibieron $2.8 millones por TLC

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Críticas a cabildeo de corporaciones a favor del TLC

30 congresistas estadounidenses recibieron $2,8 millones, afirman

Empresas y analistas cuestionan a ONG y sus posiciones anti-TLC

Mauricio Herrera U.
mherrera@ nacion.com

La Organización No Gubernamental Public Citizen denunció ayer a que empresas transnacionales “donaron” $2,8 millones a 30 congresistas estadounidenses que, a última hora, cambiaron su voto y terminaron apoyando al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana.

El economista estadounidense David Edeli, director de seguimiento de acuerdos comerciales de Public Citizen, divulgó un estudio de su organización que muestra cómo, entre enero y setiembre del 2005, 30 congresistas republicanos y demócratas inicialmente opuestos al TLC recibieron aportes de un grupo de 90 empresas transnacionales .

A la hora de la votación, esos 30 legisladores respaldaron el TLC, que fue aprobado por solo dos votos de diferencia el 28 de julio del 2005 con 217 representantes a favor y 215 en contra.

El estudio realizado por Public Citizen admite que no es posible saber con certeza si el voto de los representates se debió a la promesa explícita de una recompensa financiera, en un sistema en el cual las donaciones privadas son absolutamente legales.

El estudio muestra que sectores opuestos al tratado comercial dieron $813.210 a congresistas que votaron en contra.

Según Edeli, las grandes corporaciones estadounidenses tenían interés en que el TLC defendiera sus intereses comerciales, especialmente las transnacionales farmacéuticas, interesadas en ampliar la protección a la propiedad intelectual.

Edeli, experto en tratados de libre comercio y graduado de la Universidad de Harvard, consideró posible una renegociación del TLC y calificó como casi imposible que Costa Rica sea excluida de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, si el país rechaza el acuerdo comercial en el referendo del 7 de octubre.

La politóloga y analista de temas internacionales Patricia Rodríguez Holkemeyer refutó las denuncias de Edeli y más bien sostuvo que organizaciones como Public Citizen han respaldado económicamente a congresistas que votaron contra el TLC.

Según Rodríguez, estas organizaciones son un ardid de sectores proteccionistas de EE. UU. interesados en evitar inversiones con empleos de calidad en el istmo.

Para Eva Berkovich, gerente de asuntos corporativos de Pfizer, las afirmaciones de Edeli son “incorrectas y engañosas”. Sostuvo que las donaciones a congresistas buscan “fines legítimos”.

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Los subrayados no son del original.

Fuente: La Nación S.A.

¿Trabajo para los costarricenses? ¿o la gran agarrada de chancho?

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Para que el TLC o CAFTA funcione y tengamos el supuesto empleo que ofrecen, necesariamente tendríamos que:

“Eliminar el aguinaldo y el salario mínimo o establecer el salario mínimo con base en la productividad, las jornadas limitadas de trabajo así como las diferencias entre horarios diurnos y nocturnos, reducir o eliminar los permisos por maternidad y otras conquistas de las mujeres trabajadoras, y legalizar el trabajo infantil“

Eliminar o reformar los impuestos al trabajo (En Costa Rica estaríamos hablando de eliminar la CCSS) para que los trabajadores tengan “libertad” e*scoger el tipo de servicios que desean percibir y paguen su propio seguro* “¡también los patronos se “liberarían” de pagar las cuotas a la Caja! (así entendemos tanto entusiasmo de las cámaras empresariales)

“Un empleador debe tener el derecho de dar por terminada cualquier relación laboral sin que medie la decisión de un juez o inspector de los ministerios de trabajo“ Es decir, eliminar el pago de prestaciones (cesantía y preaviso) haciendo contratos “a plazo fijo”.

La productividad de las mujeres la consideran inferior por “las prerrogativas que la ley otorga a las mujeres por razones de embarazo , períodos pre y post parto y las relacionadas con el cuidado de los hijos, ya que la ley obliga a pagarles igual salario cuando las mujeres, por las mismas prerrogativas, asisten menos al trabajo”

Deben eliminarse las rigideces en torno a la figura del aprendiz (eliminando las prestaciones, el salario mínimo, las jornadas, etc.), así como introducir reformas importantes a las contribuciones por concepto de capacitación y formación profesional eliminando la aportación obligatoria a este tipo de instituciones (aquí se vuelan el INA).

Se debe promover y facilitar que las empresas tengan sus propios programas de capacitación, en los cuales recluten a los aprendices. No debe haber limitación al período de prueba, ni debe remunerarse con el salario mínimo por no tener la capacidad de generar una productividad mínima (?)

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Vea, lea el documento completo en ARCHIVOS ADJUNTOS

Nunca lo va a ver divulgado en periódicos o televisoras que quieren el TLC por estas razones . En 1856 expulsamos a William Walker que nos quería esclavizar. Hoy George Walker Bush, pariente de ese filibustero pretende lo mismo. Dígale no a la esclavitud diciendo NO al TLC

Fuente: Costa Rica Solidaria

Sicarios de ODEBRECHT asesinan a dirigente obrero

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Aniano Pinzón, se vale del reconocido pandillero, José Ramos, alias “Juana Peña”, el mismo que en el día de ayer ordenó el ataque contra los dirigentes del SUNTRACS, David Niño y Ronald Adamson, quienes fueron apuñalados de manera artera; y es el mismo que profirió amenazas de muerte contra periodistas y trabajadores lo cual fue recogido por algunos medios de comunicación social.

Los sicarios también hirieron a los compañeros Carlos Colindre y José del Castillo, durante la agresión que sufrieron los más de 60 trabajadores injustamente despedidos cuando, acompañados por dirigentes del SUNTRACS, realizaban una demostración de protesta por las arbitrariedades de la empresa que en reemplazo de los despedidos está contratando a extranjeros.

SUNTRACS venía denunciando esta situación

Desde que el SUNTRACS inició en el mes de marzo su campaña contra la violación de las normas de seguridad laboral, con el propósito de frenar la ola de muertes en la Construcción que hasta la fecha alcanza la cifra de 17 muertos, hemos venido denunciando como la mafia empresarial, coaligada con funcionarios corruptos y sindicatos amarillos, ha venido desmejorando las condiciones de trabajo en algunos proyectos, violentando de esta manera la Convención Colectiva CAPAC – SUNTRACS.

En el Ministerio de Trabajo y en la Procuraduría Generalde la Naciónreposan estas denuncias.También hemos denunciado las reuniones del DiputadoHéctor Alemán, del Frente Sindical del PRD, con la plana mayor de la empresa a cargo del proyecto de Isla Viveros, la cual no tiene otra explicación que garantizarle a la mafia empresarial grandes ventajas vulnerando las conquistas y derechos de los trabajadores.

Es más, el 12 de julio del presente año,a raíz de la situación que se presenta en Isla Viveros, advertimos como el empresario colombiano, Gustavo De la Cruz, asesor de ODERBRETCH, estaba introduciendo sicarios y esquiroles para amedrentar a la población y a los trabajadores.

Unidades de la Policía Nacional decomisaron armas sin permiso a estos sicarios contratados también por SITICOP: sin embargo en un acto de complicidad de las autoridades las mismas les fueron devueltas.

La opinión pública es testigo de las acciones y esfuerzos del SUNTRACS por denunciar esta situación y lograr que una vez por todas se termine este concubinato de empresarios mafiosos y funcionarios corruptos que fomentan la aparición de sindicatos amarillos en abierta violación al Convenio 98 de la OIT.

reynaldo rivera es complice de este crimen

Sin embargo, las autoridades no han hecho absolutamente nada y hoy el humilde obrero y prometedor dirigente de la construcción, Osvaldo Lorenzo, es asesinado por estos sicarios contratados por la mafia empresarial, apadrinada por el Ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, quien en declaraciones a los medios, horas después de los incidentes, junto a Olga Góltcher, ha tratado de responsabilizar al SUNTRACSde estos trágicos sucesos, a pesar que las evidencias fílmicas de los reportajes televisivos demuestran como los matones de ODERBRECHT disparan a mansalva contra los obreros, mientras otros desarman a un agente de seguridad para utilizar su ama, todo esto ante la actitud pasiva de unidades de la Policía Nacional.

Las declaraciones de estos funcionarios se asemejan a las que la misma Olga Góltcher y otros personeros, como Ubaldino Real y Rubén Arosemena, vertieron cuando el SPI de manera cobarde arremetió contra los familiares de las víctimas del dietilenglicol y algunos sobrevivientes, durante la manifestación pacífica que estos efectuaron a la Presidencia el pasado 19 julio.

Pero no sólo el SUNTRACS había alertado sobre esta situación sino que, incluso, el 18 de junio pasado, los subalternos del propio Reynaldo Rivera, Carlos Salazar y Rodolfo Stanziola, en noticia aparecida en los medios de comunicación denunciaron como, a punta de pistola, estos mismos matones de ODERBRECHT le impidieron realizar una inspección al proyecto.

El SUNTRACS responsabiliza al Gobierno de Martín Torrijos, al Ministro de Trabajo, Reynaldo Rivera, a la Ministra de Gobierno, Olga Góltcher; al Director de la Policía, Rolando Mirones, a Héctor Alemán, a los Directivos de ODERBRECHT, y al Sindicato Amarillo SITICOPP, especialmente a sus representantes Aniano Pinzón y José Ramos, alias “Juana Peña”, de ese vil y cobarde asesinato.

OSVALDO LORENZO
MARTIR DE LA CLASE OBRERA

Osvaldo Lorenzo es hoy mártir de la clase obrera en la lucha por la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores panameños junto a Yito Barrantes y Rufino Frías

El SUNTRACS está convocando a sus distintas instancias de dirección y pronto anunciará las acciones a seguir. Por lo pronto invitamos al pueblo panameño a la Gran Marcha por la Vida, la Justicia y la Dignidad que partirá del Parque Porras, este jueves 16 de agosto a las 4 de la tarde, hacia la Presidencia de la Republica.

GLORIA ETERNA A OSVALDO LORENZO
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡LA PELEA ES PELEANDO!

Panamá, 14 de agosto de 2007.

SUNTRACS

SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION YSIMILARES

MIEMBRO DE FRENADESO

Al NO lo financio YO

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En conferencia de Prensa, en el auditorio de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, Eugenio Trejos, rector del ITCR y Román Macaya, empresario costarricense, se dio a conocer el arranque de la campaña económica que permitirá, a quienes se oponen al TLC, poder difundir mediante anuncios de televisión, radio y prensa escrita, los mensajes que invitarán a los y las costarricenses a votar por el NO en el Referéndum del 7 de octubre próximo.

Movimiento Patriótico

“Con esta campaña compensaremos, con los corazones de los y las costarricenses, los millones de colones que financian a quienes favorecen el tratado. Se distribuirán bonos de mil, cinco mil y diez mil colones entre los Comités Patrióticos y todas aquellas personas y organizaciones sociales, civiles y políticas que se oponen a la ratificación de este TLC”, dijo Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y agregó que “será el pueblo costarricense el que financia al NO y con ello los Comités Patrióticos se autofinanciarán ya que el 50% quedará para ellos y el otro 50% para la Comisión de Finanzas que pagará los anuncios en los medios de comunicación comerciales”.

Por otra parte se anunció que desde hace algunas semanas se conformó el Comité Operativo Político Facilitador, integrado por diversas organizaciones sociales y políticas. “En este Comité se coordina todo lo relacionado propiamente al día de las votaciones y que tiene que ver con inscripción de fiscales, transporte, alimentación, etc. Estamos hablando de más de 15.000 personas debidamente inscritas ente el TSE como fiscales de mesa y generales en todas las mesas de votación de todo el país. Necesitamos, para el 7 de octubre, más de 50.000 personas trabajando en todos los campos que se requieran.”, dijo Eugenio Trejos.

Justicia electoral

Otro de los aspectos tocados en la conferencia de prensa fue el de la entrega de una nota a las y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, en la cual plantean la necesidad de que exista una verdadera justicia electoral, “seguimos esperando una verdadera justicia electoral, la cual no se ha venido dando en las necesarias dimensiones que el proceso de referéndum exige. Por ejemplo, hemos hecho un recuento de todas las solicitudes que se han realizado ante el TSE, durante este año 2007, por parte de la ciudadanía y grupos sociales y políticos. De las 13 solicitudes que se han presentado, solo 3 de ellas fueron atendidas debidamente por el Tribunal.”, dijo Trejos y agregó que por el contrario las solicitudes de quienes respaldan el tratado, como la realización del Referéndum Ejecutivo y no del Referéndum Ciudadano, la participación activa del Presidente Oscar Arias, sus ministros y Presidentes Ejecutivos en la campaña electoral, así como la consulta que un grupo de estudiantes universitarios hicieron para censurar y restringir las actividades delas autoridades universitarias y de los estudiantes comprometidos con el NO, fueron contestadas favorablemente a ellos mediante un fallo del TSE que evidentemente viola lo establecido por la Constitución Política.

En ese orden de cosas el Movimiento Patriótico del NO al TLC expresa a las autoridades electorales su preocupación por lo que consideran que “queda en evidencia que un proceso que debe ser claro y transparente se realiza con evidentes riesgos y vulnerabilidades por resoluciones del TSE que debieron ser solucionadas con una interpretación mas acorde con el desafío histórico que vive Costa Rica y no con interpretaciones formalistas”.

Pese a las dudas que se tienen sobre las resoluciones del Tribunal, el Movimiento Patriótico considera que hay tiempo para enmendar algunas acciones y revisar las resoluciones emitidas.

Las peticiones al TSE

En el documento que será entregado a las 3:00 p.m. en el Tribunal Supremo de Elecciones contempla cinco peticiones que enumeraron de la siguiente forma.

1.- Las reuniones convocadas y en las cuales participen las dos posiciones deben ser transmitidas minimamente por el Canal 13 estatal.

2.- Que el TSE intervenga en la regulación del uso de recursos públicos utilizados por quienes apoyan el tratado, especialmente en la manera en que el Presidente de la República entrega becas, inaugura obras comunales en un marco eminentemente propagandístico a su favor y apartándose del precepto Constitucional que establece que es Presidente de todo el Pueblo y no solo de un grupo.

3.- Que el TSE pida cuentas al Presidente Arias y a la Alianza a favor del tratado sobre el despilfarro de ¢2.600 millones de colones en propaganda durante los últimos cuatro años, así como el gasto de las últimas cuatro semanas por más de ¢149 millones de colones en publicidad.

4.- Detener la campaña injuriosa y falaz con la cual intentan atemorizar a la ciudadanía.

5.- Que se establezca el control de los montos específicos y no globales de gastos publicitarios, así como que se abran las cuantas de las dos posiciones en disputa.

“Bordertown”: La película que no quieren que el pueblo vea

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El Comité Patriótico No al TLC de Hatillo (extraordinario ejemplo de organización ciudadana de base, construida a partir de la tolerancia hacia la diversidad de pensamiento y hacia la confluencia de intereses en defensa de la Patria), nos dio el honor de invitarnos a presenciar la exhibición de la película cuyo título en inglés es “Bordertown”, protagonizada por estrellas de alto calibre de Hollywood, como Jennifer López, Antonio Banderas y Martin Sheen; película que en español se conoce como “La ciudad del silencio” o “La frontera del silencio”.

Quienes controlan en Costa Rica el negocio privado de la comercialización de las cintas cinematográficas “hollywoodenses”, parece que decidieron que esta película no podía ser exhibida en las grandes salas de cine de nuestro país por una sencilla razón: aborda el tema de los “tratados de libre comercio” con Estados Unidos, desde una perspectiva sumamente crítica, dolorosamente realista y con base en el genocidio mercantilista cometido contra las mujeres trabajadoras de las maquiladoras instaladas en Ciudad Juárez, comunidad fronteriza entre los Estados Unidos y México. Según la película, unas 5 mil mujeres trabajadoras han sido brutalmente asesinadas y/o desaparecidas desde la llegada del TLC a México.

Esta película, hoy prácticamente censurada aquí, hace alusión directa a las consecuencias negativas del TLC de Estados Unidos con México; así como al tráfico de influencias que se despliega para evitar la divulgación de sus efectos negativos, en el momento de la tramitación del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica.

La película “La ciudad del silencio” corre de mano en mano a lo largo y ancho del país y se exhibe en una especie de atmósfera de “clandestinidad” en la democrática Costa Rica. Pese a que sus figuras estelares, Antonio Banderas y Jennifer López forman parte del denominado “star system” del negocio cinematográfico gringo, ello no fue suficiente como para que el gran público tuviera acceso a dicha película como se hace, todos los días, con las películas de producción estadounidense.

“La ciudad del silencio” nos permite visualizar los rasgos principales del descarnado proceso de globalización en un escenario de TLC: Sobreexplotación laboral (especialmente de la mano de obra femenina); alianza escandalosa y sucia del empresariado privado corrupto con el poder político local; descarada corrupción de los aparatos policiales puestos al servicio del gran capital; profunda sensación ciudadana de indefensión ante la justicia (la cual queda al servicio del negocio maquilador que explota en extremo la mano de obra); todo ello en un ambiente de alta degradación de los valores éticos y morales

Por otra parte, vemos cómo la libertad de prensa tiene un límite: los intereses corporativos del “libre comercio”. Trascender este límite le cuesta la vida al periodismo honesto y transparente; ó, en el mejor de los casos, la censura y autocensura periodística.

En la censurada película, el “libre comercio” de los TLC muestra su completa desnudez en cuanto a la distribución de la riqueza: por un lado, la clase trabajadora expuesta a toda clase de vejámenes (incluida la violación sistemática de las jóvenes mujeres empleadas en las maquilas) y la más espantosa pobreza de su entorno familiar (el robo de electricidad es más que una muestra de tanta miseria); mientras que, por el otro, se ve a la clase adinerada haciendo alarde de ostentación y lujo desenfrenado, hasta el punto de poder pagar presentaciones privadas de artistas famosos para una fiesta familiar.

“Bordertown” enseña, a la vez, que hay valores con suficiente solidez ética y moral superiores que el famoso “libre comercio” no puede destruir: por ejemplo, la solidaridad, la indignación, el humanismo cristiano, la lucha contra la corrupción, la lucha por un periodismo limpio y transparente. Ojalá usted pueda ver esta película disponible en varias de las organizaciones sociales y cívicas integrantes del Movimiento Patriótico No al TLC, para que descubra porqué ha sido censurada en nuestro país.
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Muestra de la película

Magistrado de la Sala IV en campaña del $í

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En esta ocasión se refirió al acto de la Alianza del $í, convocado como Consejo de Gobierno en Puriscal, donde se repartieron ayudas sociales del IMAS, se inauguraron tres tanques de almacenamiento de agua y se firmó un convenio con el ICT. Además se pidieron ayudas para asfaltado de calles.

Resaltó además el parlamentario del Frente Amplio, la presencia en el acto del $í del magistrado Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Constitucional, que recientemente se pronunció a favor del TLC con su voto.

Para el diputado Merino la presencia del magistrado Mora en Puriscal es un acto de desafío al país._ “Ya el régimen de los Arias ni siquiera cuida las apariencias, ahora uno de los cinco magistrados que apoyan el TLC, aparece públicamente en un acto en donde todos los representantes del gobierno y las instituciones autónomas, según las reseñas de la prensa, llamaron a votar a favor del TLC en el referéndum”_, comentó.

“Es preocupante el descaro total de este magistrado pro-TLC que estaba escuchando las mentiras y barbaridades que dijo el presidente Arias, a la par de una diputada oficialista” dijo Merino del Río.

Como se recordará en su momento se denunció la presencia en la Asamblea Legislativa del magistrado Mora en el despacho de la diputada Antillón Guerrero, mientras se discutían en Comisión mociones de “cláusulas interpretativas” de diputados opositores al tratado y cuestiones de procedimiento que posteriormente llegarían a la Sala Constitucional.

Para el diputado Merino esta situación va demostrando a la ciudadanía que el control de constitucionalidad en el país no es independiente, como lo establece la Constitución, sino que está “bajo graves amenazas por el apoyo casi irrestricto de un grupo de magistrados a los intereses políticos del régimen de los Arias”.

ANUNCIOS DE UNIVERSIDADES

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¡UN SERVICIO DE TU SINDICATO!

LEELOS EN ARCHIVOS ADJUNTOS
Interamericana
UIA
UCI
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Para cualquier trámite en las universidades es INDISPENSABLE el carné de afiliación de ANEP
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Estimados Señores
Estimadas Señoras

Por este medio se les informa que el convenio suscrito entre la Universidad Internacional de las Américas UIA y ANEP.

De seguido se le dan a conocer las condiciones de descuentos vigentes
a la fecha:

1. Para aquellos estudiantes regulares que ingresaron a la Universidad antes del III cuatrimestre de 2007, bajo el amparo del presente Convenio, continuarán disfrutando del beneficio de un 25% (veinticinco por ciento) de descuento a los que matriculen carreras a nivel de grado (bachillerato y licenciatura), un 10% (diez por ciento) a los que matriculen carreras de grado correspondientes a las Ciencias de la Salud, un 25% (veinticinco por ciento) de descuento a nivel de Posgrados, y un 15% (quince por ciento) a nivel de Doctorado en Administración de Empresas.

Si estudiantes regulares que ingresaron a la Universidad antes del II
cuatrimestre de 2008, bajo el amparo del presente Convenio, desean matricular en la Sede Regional de la Universidad en San Francisco de Heredia, podrán gozar del beneficio de un 15% (quince por ciento) de descuento en sus estudios a nivel de grado (bachillerato y licenciatura) únicamente en las carreras que se ofrezcan en dicha sede (excepto Ciencias de la Salud).

Para los estudiantes que disfrutaron por primera vez de los beneficios del presente convenio después del III Cuatrimestre del 2007 tendrán un beneficio de un 20% (veinte por ciento) de descuento a los que matriculen a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura), un 20% (veinte por ciento) de descuento si matriculan programas a nivel de Posgrado, y un 15% (quince por ciento) si matriculan el Doctorado en Administración de Empresas.

2. Para estudiantes de que disfrutan por primera vez de los beneficios derivados de este Convenio, podrán disfrutar de los beneficios abajo anotados en todas las carreras excepto las de Ciencias de la Salud.

Los asociados de ANEP de nuevo ingreso disfrutarán entonces de un beneficio de un 15% (quince por ciento) de descuento a los que matriculen a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura), un 15% (quince por ciento) de descuento si matriculan programas a nivel de Posgrado, y un 15% (quince por ciento) si matriculan el Doctorado en Administración de Empresas.

Por otro lado, los asociados que deseen matricular en las Sedes Regionales de la Universidad, disfrutarán del beneficio de un 15% (quince por ciento) de descuento los que matriculen los programas a nivel de bachillerato y licenciatura en las carreras que se ofrezcan en estas (excepto Ciencias de la Salud).

Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada, se despide

Sra. Dahiana Castro Cubero
Jefe Dep. de Convenios
Universidad Internacional de las Américas