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20 julio 2007

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, sumamente preocupada por el rumbo que han tomado los acontecimientos en relación con el Referendo y el TLC y ahora, específicamente, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones (resolución 1617-E-2007) considera oportuno analizar lo dispuesto y compartirlo con la comunidad universitaria.

*1. Una resolución oficiosa, la 1617-E-2007. *

La resolución del Tribunal se emite a raíz de varias consultas formuladas, entre ellas la de un estudiante universitario. En lo que concierne a la consulta sobre la UCR, el pronunciamiento interpretativo del TSE se hace a título oficioso, pues el solicitante no es miembro del Comité Ejecutivo Superior de un partido político, por lo que no está, como lo señala el mismo Tribunal, legitimado para realizar dicha consulta.

Resulta extraño, entonces, que el TSE oficiosamente responda a preguntas cuya respuesta es clara en la resolución 1119-E-2007, del 17 de mayo de 2007, y, aún más, que lo haga refiriéndose a la Universidad de Costa Rica, sin haber dado oportunidad alguna a la institución de pronunciarse en cuanto a las aseveraciones ( realizadas en forma de pregunta ) hechas por el estudiante.

2. La resolución 1119-E-2007 ya incluye a los funcionarios universitarios

La resolución 1119-E-2007 señala, entre otras cosas, que: “Las restricciones y sanciones que establece el artículo 88 no son de aplicación a los funcionarios públicos… en el proceso consultivo para someter a referéndum la aprobación o improbación del TLC, lo que implica que en ese proceso… dichos funcionarios pueden participar en su etapa previa ( recolección de firmas)o de posteriores disertaciones o campañas a favor o en contra del tema sometido a consulta…

Dicha participación, empero, debe ser acorde con las obligaciones funcionales de cada servidor, lo que incluye la prohibición de utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, favorezcan campañas a favor o en contra del proyecto consultado…”

A las personas que laboramos en la Universidad de Costa Rica, como funcionarios públicos nos atañe el reglamento que rige el proceso de referendo y la resolución 1119-E-2007. ¿Por qué entonces reiterar esa resolución refiriéndose específicamente a los funcionarios de la UCR?

3. Las regulaciones para los medios de comunicación están claras en el reglamento

Las regulaciones en los medios de comunicación universitarios responden, como las demás, a la reglamentación ya publicada, por lo que resulta innecesario reproducirla como si se tratara de una situación especial.

En todo caso, el Consejo de Rectoría, en sesión 10-2007, en respuesta a una consulta, acuerda solicitarle a los medios de comunicación universitarios: Abrir espacios de diálogo y realizar foros y actividades relativas al referéndum de manera equitativa entre los distintos sectores involucrados en el proceso y no pautar propaganda política remunerada de ninguna tendencia.

4. Nos debemos a la comunidad

La Universidad de Costa Rica –como institución y como individualidades- tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, sus ideas, sus opiniones favorables o desfavorables, sobre asuntos de interés nacional. Tiene la facultad y la obligación de analizar asuntos que atañen al bien común, a la colectividad, y debe transferir sus criterios a la opinión pública.

Es contradictorio afirmar, por parte del Tribunal, que los empleados públicos pueden participar en contra o a favor de la propuesta y seguidamente decir que “Tampoco es permitido que dicha casa de enseñanza realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema… “

El pensar diferente no implica ser “tendencioso” y el debatir ideas no puede ser calificado_ “per se”_ como “propagandístico”.

La línea de división entre lo que es o no tendencioso es imprecisa tratándose de actividades académicas. Dicha calificación puede ser usada, en las actuales circunstancias, indebidamente por cualquiera de las partes como forma de acallar la libre emisión del pensamiento. En la Universidad de Costa Rica no podemos aceptar la censura, ni permitir que se nos impida exponer nuestros puntos de vista, igual que lo hacen otros sectores públicos o privados.

5. Levantar sospechas sin hechos concretos

Resulta ofensiva e irrespetuosa la manera como el Tribunal, al referirse a los extremos del artículo 84 de la Constitución Política, señala que la independencia funcional y la plena capacidad jurídica de la UCR no puede “servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos”.

6. No se puede extrapolar….

Por otra parte el numeral 6 de la resolución es ambiguo en cuanto parte de una consideración hecha para los funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y se extrapola a los de la Universidad de Costa Rica, una instancia de educación y cultura superior, en la que el teléfono, fax, correo electrónico, computadora… forman parte del trabajo académico cotidiano.

7. Constitución, Estatuto Orgánico y autonomía universitaria

En tanto funcionarios públicos el único extremo que nos compete de la aclaración del Tribunal es la prohibición – de todos sabida- de utilizar recursos públicos para financiar y publicar propaganda explícita a favor o en contra del TLC.

Por Constitución Política y Estatuto Orgánico e incluso por interpretación del TSE en la resolución 1119-E-2007, la Universidad de Costa Rica puede – debe- participar abiertamente en la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio. Debe poner sus conocimientos al servicio de los grupos más vulnerables, debe trabajar arduamente para que la votación, a favor o en contra, en la que participarán las y los ciudadanos sea crítica, consciente e informada.

Hasta la fecha en la UCR no se ha gastado un cinco en propaganda. Sí se han destinado recursos en aquellas actividades que se han considerado necesarias para llevar a los y las costarricenses los resultados de las investigaciones y reflexiones académicas sobre el TLC y el referéndum.

La generación, transmisión y discusión de conocimientos es la materia prima de nuestro trabajo de vida cotidiana, no importa la temática o disciplina de la que se trate. Es nuestra obligación participar en el debate nacional con argumentos, con estudios, con visión interdisciplinaria, con ética y capacidad crítica.

Planteamos más de una vez nuestra preocupación por las reacciones censuradoras de algunos sectores de nuestro país y reiteramos nuestro derecho y nuestro deber, como institución pública responsable, ética y comprometida, de participar activamente en el debate de ideas, el planteamiento de alternativas, el impacto y la transformación social. No podemos ni queremos permanecer al margen de la historia.

Hemos manifestado abiertamente nuestra disposición de colaborar con el Tribunal Supremo de Elecciones para que el proceso de referéndum sea una lección práctica de ciudadanía que eleve significativamente el nivel de nuestra democracia política. Visitamos a las señoras y señores magistrados el día 16 de mayo para exponerles nuestras preocupaciones en torno al referéndum y ofrecerles muestra colaboración.

¿Por qué ahora el Tribunal hace caso omiso de esa buena disposición de la Universidad de Costa Rica y sin medir las consecuencias institucionales emite una resolución que atenta contra la autonomía universitaria?

Durante este largo proceso de lucha interminable por la defensa de nuestras tierras cayeron junto a “Pablu Presberi” el rey de las Lapas, otros caciques, que defendieron nuestras tierras contra la invasión capitalista venida desde Europa.

También cayó en esa gesta heroica Antonio Saldaña, cacique indígena que se opuso a la ocupación de nuestras tierras por parte del capitalismo salvaje encabezado por Maynor Kieth y la United Fruit Company que obtuvo cientos de acres de nuestras tierras en el siglo pasado, como regalía de parte del gobierno costarricense y que como consecuencia de este evento los indígenas heredamos tierras arruinadas y nuestros pueblos tuvieron que refugiarse en las montañas durante un largo período. Este oscuro período nos dejó enormes pérdidas en la biodiversidad y en nuestra identidad cultural.

En la década de los ochenta se inicia un nuevo proceso de conquista de nuestras tierras ahora de la mano de Recope, Pemex y Petrocanada, compañías como Harken, proyectos mineros y de uranio que realizaron estudios de prospección de forma ilegítima a vista y paciencia del gobierno costarricense, de la misma forma inversionistas norteamericanos aún reclaman derechos sobre propiedades indígenas como el caso de Administradora Comercial S.A. que a la fecha no sabemos a ciencia cierta en qué va a parar de aprobarse este tratado.

Estos períodos generaron incertidumbre, problemas sociales, divisionismo y tráfico de biodiversidad en Talamanca. Estos hechos nos hacen pensar de una nueva era de conquista y de colonización de un tratado comercial con Estados Unidos que solo penurias puede causarnos.

Con el TLC y en el marco de la agenda complementaria se pretende desmembrar al ICE para darle paso a lo que solapadamente han llamado apertura y que no es más que privatización. Como entonces no nos va a afectar el TLC, si el 39% del potencial hídrico para generar electricidad está en los territorios indígenas y quien podrá defendernos si estos proyectos lo ejecutan grandes consorcios y bajo mecanismos jurídicos oscuros y poco accesibles para los pueblos indios. La verdad es que no creemos que solo se trate de Telecomunicaciones sino de electrificación.

¿Cómo confiar de un tratado de libre comercio que violenta un instrumento internacional como el de la OIT para pueblos indígenas y tribales, “convenio 169” ratificado por el gobierno Costa Rica? que establece claramente la obligación al derecho de consulta a los pueblos indígenas y lo están ignorando a vista y paciencia de la institucionalidad de cada país, pasándole por encima a las recomendaciones que realizó estudios técnicos de la Asamblea Legislativa. Cómo es posible que los señores diputados y el señor presidente, hayan escuchado a los empresarios aglutinados en Comex que dijeron públicamente que no era necesario consultar a los pueblos indígenas. ¿Será que aún en este país los indígenas no somos sujetos de derecho? Por eso levanto la voz y grito junto a mi pueblo NO al TLC.

Porque los negociadores de este Tratado de Libre Comercio no hicieron “reservas explícitas y claras en relación a los pueblos indígenas” como sí lo hicieron otros países centroamericanos. Debemos recordarles que dentro del tratado comercial hay temas sensibles que están sujetos a afectarnos directamente como son el tema de tierras y sus recursos naturales no renovables, la biodiversidad, agua y la propiedad intelectual.

Si hoy tenemos que hacer miles de esfuerzos para defender lo poco que nos reconoció en derechos el Estado costarricense como será con un tratado comercial que obliga y sujeta al Estado a deprimir controversias en otras instancias jurídicas no nacionales y con reglas de juego muy diferentes a las de la institucionalidad de este país.

Debería darle vergüenza a este gobierno pedirle a los indígenas votar por el SI de este tratado comercial, cuando en pleno siglo XXI ni siquiera muchas de nuestras comunidades han podido disfrutar plenamente de los servicios básicos sociales, que ofrece este Estado costarricense. Todavía hoy los altos índices de mortalidad y morbilidad infantil, el analfabetismo ronda en un 100% en algunas comunidades como Telire, donde el abandono sigue haciendo estragos en la calidad de vida de mis hermanos y hermanas indígenas. ¿Cómo don Óscar Arias y señores diputados piensan ustedes mejorar estas condiciones con un tratado comercial que sin aprobarse ya violenta la normativa legal, que tutela los derechos indígenas y que además está redactado en un lenguaje que la única interpretación es la que oficialmente les da Comex y las grandes compañías transnacionales.

Hermanos costarricenses estamos con ustedes, porque nuestras montañas, ríos y la madre tierra están tristes. Porque nuevos conquistadores y colonizadores están amenazando la seguridad jurídica sobre nuestras tierras, territorios, conocimientos tradicionales y cultura. Por estas razones los indígenas decimos NO al TLC.

Hermanos costarricenses estamos en el mismo bote y con la misma palanca, rememos juntos haciendo las mismas fuerzas ya que no estamos dispuestos a cambiar el oro que poseemos en naturaleza, la madre tierra y nuestros conocimientos, por espejos y espejismos falsos.

El espíritu del gran Sibo y el de sus clanes nos conducirán a iluminar a los indecisos para que acudan a las urnas para derrotar a los neoliberales de los partidos tradicionales y a su socio el movimiento Libertario.

Por el respeto a la institucionalidad de Costa Rica que es de todos los costarricenses este 7 de octubre todos los indígenas acudiremos a las urnas. No al TLC

*Dirigente indígena Bribri

Fuente: Diario Extra