A la honorable membresía de la ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional y en el Ministerio de Justicia y Gracia

1- ANEP comunica decisiones sobre la atención sindical para enfrentar la crítica situación sociopolítica y laboral que estamos viviendo en nuestro país

2- Costa Rica, nuestra querida Patria, está viviendo trascendentales e históricos momentos que habrán de perfilar la naturaleza de la convivencia social costarricense de los próximos 25-50 años.

3- En los próximos meses se avecinan acontecimientos sociopolíticos que habrán de superar los movimientos del año 2000, cuando la ciudadanía activa, en ejercicio del Referéndum de la Calle, impidió el robo del ICE.

4- Se avecina el ejercicio de la Democracia de la Calle como nunca antes se había visto en la historia del país desde la reforma social de los años 40 del siglo anterior.

5- El proyecto neoliberal que nos ha empobrecido a todos y a todas, pretende consolidarse de manera definitiva, con la implantación del denominado TLC, que ni es tratado, ni es libre, ni es de comercio.

6- A casi tres años de haberse firmado ese TLC, la valerosa resistencia cívica del pueblo costarricense ha impedido su aprobación.

7- La ANEP ha contribuido de manera valiosa en esa resistencia. Muchos y muchas de ustedes han puesto su parte, participando en las movilizaciones ciudadanas en todo este período.

8- Lo mejor del pensamiento y de la intelectualidad costarricense, de casi todas las corrientes político-ideológicas del momento, han estudiado el TLC y han llegado a la conclusión de que no nos sirve como país.

9- El TLC provocará un daño irreparable a nuestra institucionalidad ya de por sí bastante lesionada desde que los neoliberales tienen el control de la iniciativa política en Costa Rica, a través de las cinco últimas administraciones gubernamentales, incluida la actual.

10- Hoy se acercan los momentos decisivos y en ANEP queremos prepararnos en lo que a nosotros respecta. Por tanto en Adaptación Social y Ministerio de Justicia y Gracia, comunicamos de manera oficial de lo siguiente.

a) La compañera Ligia Solís Solís, Directiva Nacional de ANEP y reconocida dirigente laboral en la institución, tiene una admirable trayectoria de lealtad, compromiso y honor para con la causa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, acumulando una gran experiencia de lucha social.

b) En tal sentido, la compañera Ligia Solís ha sido transferida a reforzar el trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en varios grandes hospitales y otros centros laborales del Area Metropolitana.

c) La ANEP aquilata así la gran experiencia de lucha de la compañera Ligia y valoramos que dará un gran aporte en este nuevo frente de trabajo.

d) El compañero Jorge Luis Álvarez Araya, Presidente de la Junta Directiva de la Sectorial ANEP-Adaptación Social, está a tiempo completo desde el 1 de agosto recién pasado, atendiendo las responsabilidades que hasta ahora había tenido la compañera Ligia, en Adaptación Social-Ministerio de Justicia y Gracia.

e) El compañero Jorge Álvarez tiene, también, una reconocida trayectoria limpia en ANEP y su demostrada capacidad en las lides sindicales estarán ahora a tiempo completo para beneficio de todos y de todas las personas trabajadoras honestas de esta institución.

f) El compañero Héctor Prado Monge, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, estará, en principio, durante tres meses, a partir del 21 de agosto, a tiempo completo, haciendo equipo con el compañero Jorge, reforzando el trabajo de nuestra ANEP en Adaptación Social y en el Ministerio de Justicia y Gracia. El compañero Héctor Prado estará recibiendo una capacitación intensiva en desarrollo sindical operativo.

g) Igualmente, la ANEP seguirá brindando todo su apoyo a las diferentes juntas directivas de las ya varias seccionales que funcionan en la institución, todas debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

h) Estas seccionales están integradas por compañeros y por compañeras de gran valía, compromiso y principios que han adoptado la causa sociolaboral de la ANEP en materia reivindicativa y en materia de defensa de la institucionalidad, como ya ha venido siendo demostrado.

11- Esperamos seguir contando con vuestro apoyo en esta hora crucial de nuestra Patria. Esperamos reforzar nuestra unidad laboral para avanzar, con mayor calidad, en la lucha por la plena reivindicación de la clase trabajadora penitenciaria que como bien sabemos, sigue siendo invisibilizada por nuestra sociedad, en cuanto a su estratégico papel dentro de la institucionalidad costarricense.

12- Finalmente, la ANEP tiene que reconocer que hemos encontrado en las máximas autoridades políticas del Ministerio de Justicia y Gracia, pleno respeto al ejercicio de la Libertad Sindical, transparente actitud de puertas abiertas y vocación real de diálogo; pese a que, como sabemos, en un plano político-estratégico, la ANEP tiene diferencias profundas con el Presidente Arias Sánchez y las líneas ideológicas de su administración en cuanto a la concepción del desarrollo del país bajo un tal “libre” comercio que no es tal.

13- Tanto la Licenciada Laura Chinchilla Miranda, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia y Gracia; y muy especialmente, el Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia; han mostrado un gran respeto por la organización laboral de la población institucional y por la representación que se ostenta a través de la ANEP.

¡¡¡NO AL TLC!!!

FECON denuncia salvaje violación de derechos humanos en Isla caballo

Comunicado de prensa

Isla Caballo, Golfo de Nicoya. El martes 8 de agosto en horas de la mañana, el fuego consumió la casa de don Pedro Velásquez Velásquez; dentro de la casa estaban sus pertenencias y los ahorros de toda una vida.

Don Pedro ha habitado en ese lugar por más de 35 años. Vive solo, enfrentando limitaciones tan duras como la carencia de agua potable, dedicado a la pesca y al cuido de los animales y los árboles que le brindan compañía.

Al momento del siniestro, don Pedro se encontraba haciendo unas vueltas en Puntarenas. Cuando regresó encontró su casa quemada.

Vecinos del lugar aseguran haber visto un grupo de oficiales arribar en dos embarcaciones de la base naval de Puntarenas y prenderle fuego a la casa de don Pedro.

Algunos meses atrás, don Pedro junto con otros de sus vecinos, fueron llevados a Puntarenas y ahí, mediante intimidaciones y engaños, se les hizo firmar “unos papeles” sin mayores explicaciones. Don Pedro no sabe leer ni escribir. El documento donde le hicieron estampar su huella digital aparentemente fue un “compromiso” de desalojo.

Aún, si el desalojo fuese “legal” – cosa que ponemos en duda – en el gobierno de un Premio Nobel, no se puede incendiar una casa en estas condiciones, sin previo aviso y sin dar respuestas a las mínimas necesidades de un ser humano que allí vive. Pero, ¿por qué ocurre este hecho?¿quiénes están detrás de esta conducta vandálica?

Hemos denunciado y ha sido confirmado por diversos medios, que hay un estadounidense James Zéller que pretende apoderarse ilegalmente del 60% de Isla Caballo, mediante 5 concesiones, para vender esas tierras.

Las acciones en este sentido contaron con la participación y complicidad de dos funcionarios del actual gobierno:

1) Viviana Martín Salazar actual viceministra del MOPT, que figuraba en certificaciones notariales en nuestro poder como dueña del 60% de las acciones de las 5 sociedades que firmó los contratos de concesión con la Municipalidad de Puntarenas, y

2) Jorge Woodbridge, actual viceministro de la Producción, quien gestionó la ratificación de esos contratos ante la Asamblea Legislativa y gestor de la búsqueda de inversionistas o VENTA.

Estos funcionarios – aunque no encendieron el fuego – prepararon las condiciones y apoyaron los intereses de los que incendiaron la casa de Don Pedro.

Exigimos al gobierno de Costa Rica, una completa investigación del tema de fondo (que han evitado hasta ahora), y una denuncia formal ante el ministerio público del salvaje incidente del incendio.

Es hora de que este gobierno demuestre su compromiso con la paz y la legalidad y separe a los corruptos de sus puestos. Esperamos también una pronta ayuda y reparación de los daños materiales ocasionados a Don Pedro y a los pobladores de Isla Caballo.

Justicia para el pueblo de Isla Caballo.

San José, 9 de agosto del 2006

Compañía textil Hondureña despide trabajadores

Compañía renegada amenaza imagen
de industria de la confección hondureña

ACCION URGENTE

La fábrica Tiara, en la Zona Industrial de Procesamiento Calpules en San Pedro Sula, Honduras, es objeto cada vez más de una campaña de presión internacional luego del despido de los líderes sindicales, en violación del derecho de libertad de asociación, lo cual coloca al gobierno de ese país en tela de juicio por su incapacidad para hacer frente a los abusos.

La Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), con sede en Bruselas, afirma que 18 líderes y simpatizantes sindicales han sido despedidos desde el 21 de junio, incluyendo a 10 miembros de la directiva sindical que, por tal motivo, gozaban de fuero sindical y no podían ser despedidos.

La FITTVC ha manifestado a la Ministra de Trabajo, Ricci Moncada, que introducirá una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra dentro de una semana a menos que el Ministerio intervenga en el caso para garantizar el respeto al Código de Trabajo hondureño. También está prevista la introducción de una queja de conformidad con las disposiciones laborales del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA).

Según sostiene el Secretario General de la FITTVC, Neil Kearney: “En una reunión convocada recientemente por el Director Regional de Trabajo, la compañía se negó a reintegrar a sus puestos de trabajo a los líderes sindicales”.

“Tiara parece pensar que es libre de escoger si desea o no respetar la ley. El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación y debe dejar en claro a la compañía que el respeto al Código de Trabajo no es opcional”.

“En cualquier caso”, agrega el Sr. Kearney, “el hecho de que el gobierno no haga cumplir su propia legislación no da a la compañía ‘luz verde’ para quebrantar la ley y violar la normativa laboral internacional”.

“Tiara produce uniformes de protección y guantes desechables para la multinacional DuPont, la cual también ha sido instada a intervenir para encontrar una solución a la situación”.

La FITTVC ha expresado que si DuPont no actúa, el caso será llevado a la atención del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a fin de garantizar que las acciones de DuPont a lo largo y ancho de su cadena de producción y abastecimiento estén en línea con su compromiso para con los principios del Pacton Mundial.

El Pacto Mundial establece como uno de sus principios fundamentales que las empresas respeten el derecho de libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

fin

La Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero es una Federación Sindical Internacional que reúne a 220 organizaciones afiliadas en 110 países, con una membresía combinada de 10 millones de trabajadores.

Para mayor información, contacte a:

Neil Kearney (Secretario General)
Tel.: 32/475932487 (móvil)
e-mail: nkearney@itglwf.org

Secretariado de la FITTVC
Tel.: 32/02/512.26.06
Fax: 32/02/511.09.04
e-mail: office@itglwf.org

Visite nuestra página web: www.itglwf.org

Las 9 agendas complementarias o de acompañamiento del TLC con EE.UU.

Los defensores del TLC han tergiversado todo esto, al afirmar que la CBI vence en 2007, o que la administración de EE. UU. la va eliminar de un plumazo cuando los demás países de Centroamérica ratifiquen el TLC, y que el mercado de EE. UU. se perdería junto con 500.000 empleos.

A la fecha solo un funcionario de 2° rango y un senador han amenazado con esa eliminación, a modo de chantaje para que CR firme el acuerdo.

Documento completo en Archivos Adjuntos

$500 mil dólares al mes recibe grupo privado, por alquiler de plantas al ICE, aunque no generen electricidad

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suscribió un contrato con el Grupo Pujol Martí Power Supply S.A. para el alquiler de dos plantas eléctricas, que le garantizan a este consorcio privado un ingreso fijo por concepto de disponibilidad de $504 mil dólares mensuales, durante tres años, genere o no genere electricidad, denunció el diputado José Merino del Río.

Según el contrato, el ICE se compromete a cancelar al Grupo Pujol Martí la suma de $18.1 millones por la disponibilidad de las dos plantas durante 36 meses ($504 mil al mes); más una parte variable calculada preliminarmente en $17.8 millones durante el mismo periodo por la operación de las plantas, para un total aproximado de $36 millones (equivalentes al tipo de cambio actual a 18.588 millones de colones).

Merino del Río considera que las altas autoridades podrían estar tomando “medidas desesperadas”, para inyectarle energía eléctrica al sistema nacional en virtud del grave debilitamiento que ha sufrido en los últimos años el presupuesto del sector eléctrico del ICE, que lejos de resolver el problema podrían agravarlo.

Especialistas de la Institución informaron al legislador del Partido Frente Amplio, que se aprobó un contrato que el ICE tendrá que honrar, cuando no era necesario para el año 2006 y no se tiene certeza de que se ocupe la electricidad generada por esas plantas en el 2007 y 2008.

Las dos plantas eléctricas del Grupo Pujol Martí están ubicadas en las instalaciones de la empresa en Orotina y Pococí, funcionan con bunker, tienen capacidad de generar 24 megavatios en su conjunto, y su alquiler por parte del ICE se contempló en el llamado Plan de Contingencia.

La firma de contratos como el mencionado, que favorece a sectores privados y fue refrendado por la Contraloría General de la República, se da en un contexto donde no hay recursos suficientes para que el ICE pueda cumplir con el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2006-2025).

El diputado José Merino dijo que el presupuesto requerido por el sector eléctrico del ICE para que en el año 2007 pueda cumplir los planes de expansión supera los 500 mil millones de colones, pero que se espera un recorte que podría ser superior al 50%, buscando el llamado déficit cero – límite a la inversión.

“Esta estrategia de favorecer grupos privados, mientras se debilita el presupuesto del sector eléctrico del ICE, tiene el propósito de favorecer la privatización de la Institución”, aseguró el diputado del Partido Frente Amplio.

Otro aspecto cuestionado por el legislador en relación con este contrato con el Grupo Pujol Martí, tiene que ver con la tendencia a favorecer la generación térmica, que utiliza derivados del petróleo con un costo creciente. La generación hidroeléctrica del ICE cuesta en promedio $0,03 por kilovatio/hora, mientras la térmica $0,14 en las plantas del ICE.

Preocupa al diputado Merino también que el alquiler de estas dos plantas y la falta de financiamiento y atraso consecuente de proyectos del ICE, puedan significar aumentos en las tarifas eléctricas para los usuarios de este servicio público fundamental.

Comunicado de Prensa, 11 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

Indígenas denuncian a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua ante CIDH por la lesión de sus Derechos Colectivos

Solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita esos paises para constatar las situaciones expuestas.

El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, el Congreso General Kuna, el Pueblo Maya Q’eqchi’, la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), los Pueblos Brunca y Teribe, la Organización Kus Kura, el Pueblo Miskito, y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expusieron el pasado 19 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una audiencia temática, como Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua lesionan los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, a pesar de las compromisos internacionales asumidos al ratificar no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a pueblos indígenas.

El Congreso General Kuna denunció como el Estado panameño ha negado en forma constante el reconocimiento de sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras ancestrales ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Santa Isabel, a pesar de los recursos judiciales interpuestos por más de 20 años.

Además, explicó como las tierras ancestrales de Santa Isabel están íntimamente relacionadas con la cultura y cosmovisión Kuna, así como su importancia material y espiritual para la supervivencia cultural de sus comunidades.

En este sentido, se indicó que tales tierras son parte del corredor biológico y cultural de Kuna Yala, donde más de 200 familias indígenas realizan actividades de agro-forestería sostenible en la región, así como sus actividades de caza y medicina tradicionales.

El Pueblo Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, explicó como el Estado guatemalteco en forma sistemática no delimita, ni demarca ni titulariza sus territorios ancestrales, con la sola finalidad de desconocer así sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. En especial, evidenció como en forma estratégica Guatemala desconoció los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, a fin de conceder, en forma irregular y oscura, la licencia de explotación de níquel a favor de la Empresa Guatemalteca de Níquel (CGN), sin siquiera informar y consultar previamente a las comunidades afectadas, que constantemente solicitaron el inmediato catastro de sus territorios.

Los Pueblos Brunca y Teribe, en términos generales, indicaron como el Estado costarricense desde hace casi 30 años viene desconociendo los derechos colectivos de sus pueblos indígenas reconocidos por la propia ley interna 6172 de 1977 “Ley Indígena”, al no aplicar sus preceptos ni hacerlos respetar por particulares. Incluso, denunciaron como Costa Rica lesiona los derechos colectivos de propiedad y libre determinación de sus pueblos indígenas, imponiéndoles su organización en “Asociaciones de Desarrollo Indígenas” – entidad de naturaleza estatal con débil participación indígena -, desconociendo sus propias formas tradicionales de organización comunitaria, así como sus autoridades tradicionales.

En particular, advirtieron como se pretende inundar parte de sus territorios ancestrales ubicados en la “Reserva Boruca-Terraba”, con la sola finalidad de que la empresa estatal – Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lleve adelante el “Proyecto Hidroeléctrico Boruca” con financiación internacional.

Asimismo, indicaron los innumerables impactos negativos de naturaleza espiritual, cultural, y económica que tal proyecto produciría en sus comunidades, así como el desplazamiento interno forzado al que se verían expuestas. El Pueblo Miskito detallo como el Estado nicaragüense incumple las obligaciones emergentes, no solo de la ley interna 445 “Ley de Propiedad Comunal”, sino también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Awas Tingni, relativas a sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales.

En especial, expuso como Nicaragua ahora pretender violar nuevamente tales derechos por medio de la inscripción de los títulos colectivos de propiedad de las comunidades indígenas bajo la figura del “co-dominio con el Estado” y; a través de su inscripción en forma provisoria, para menguar así sus plenos efectos jurídicos.

Todo ello, se denunció que, por un lado, no permite el pleno ejercicio de los derechos colectivos de propiedad sobre los recursos naturales ubicados en territorios indígenas por parte de las comunidades y; por otro lado, favorece el avance de la frontera agrícola en perjuicio de sus comunidades.

Finalmente, los mencionados pueblos y organizaciones indígenas solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita in loco a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua para constatar las situaciones expuestas; así como recomiende a tales Estados la adopción de medidas administrativas, legislativas o de otra índole necesarias para garantizar, en forma idónea y efectiva, los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras ancestrales y recursos naturales de los pueblos indígenas.

El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, a través de esta audiencia temática, demostró así a la CIDH como tales Estados promueven ante la comunidad y cooperación internacional fuertes políticas de derechos humanos que, hacia el interior de sus fronteras no se traducen en el respeto integro de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que deja entrever una clara y constante practica discriminatoria.

Asimismo, exigió a la CIDH que, en el marco de sus funciones de defensa de derechos humanos en este Hemisferio, aplique a favor de los pueblos indígenas el principio de derecho internacional relativo a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, en tanto constituye el criterio idóneo para garantizar los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, como ya ha sido establecido en el marco del sistema de Naciones Unidas.

www.ecoportal.net Enviado por: Leonardo A. Crippa, Abogado, Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas Tel. (202) 547-2800 / Fax (202) 547-2803

Fuente: cr-solidaria@costarricense.cr

Primero el Papa, ahora Bachelet

Hace 20 años, Arias se dedicó con tesón a persuadir sobre la necesidad de lograr acuerdos de paz en una Centroamérica convulsa. Los compromisos de Esquipulas fueron la auténtica recompensa por esos esfuerzos de convencimiento. El Premio Nobel vino como añadidura para el gobernante de un país que abolió el ejercito y declaró la Neutralidad ante los conflictos bélicos.

Hoy día Arias se empeña en una nueva empresa: la aprobación del TLC. Sin embargo, lejos de tratar de disuadir con argumentos sólidos, diálogo respetuoso y debate sistemático, el Presidente busca imponer su voluntad acelerando los trámites legislativos, promoviendo el lanzamiento de una costosa campaña publicitaria y solicitando al Papa y a la Presidenta de Chile que vengan a instruirnos sobre las virtudes del Tratado con Estados Unidos.

En la Asamblea Legislativa hay quejas sobre la forma antojadiza en que la Comisión de Asuntos Internacionales concede las audiencias y recorta el tiempo otorgado a las personas y organizaciones que llegan a presentar sus puntos de vista y enfoques sobre el TLC. En algunos casos el lapso para las exposiciones es de unos pocos minutos.

En cuanto a la campaña publicitaria, el Ministro de Comercio Exterior declaró a la prensa que el Comex prepara otra acometida mediática. “En medios de comunicación y en reuniones de grupos el gobierno realizará una nueva ofensiva de apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, reseñó un matutino citando a Marco Vinicio Ruiz.

No cabe duda que en una democracia es obligación de las autoridades gubernamentales informar a los ciudadanos, pero las crónicas deben ser ciertas, confiables y oportunas. El debate democrático solo puede sustentarse si hay veracidad en la información. Utilizar la prensa para respaldar la posición de un gobierno, desoyendo los argumentos en contra, es una manera aviesa de presentar la información, comparable al modo en que lo hacen los regímenes totalitarios.

Sobre la solicitud de Arias al Papa, ya se ha escrito mucho acerca de ese lamentable episodio que reflejó no solo impericia diplomática, sino también desconocimiento de las formas como se relaciona la Santa Sede con sus obispos. Sin embargo, el incidente sirvió para que la Conferencia Episcopal costarricense reiterara sus preocupaciones de carácter ético respecto al TLC.

Ahora el presidente Arias, quien no parece reconocer el yerro cometido en el Vaticano, repite la misma solicitud a Michelle Bachelet durante la inauguración del segundo mandato de Uribe en Colombia.

El Presidente de Costa Rica “nos ha pedido que enviemos una misión chilena de alto nivel, con personas que han negociado los TLC en Chile, para ayudarles a que la situación que hay allá, del Tratado con Estados Unidos, que está trabada, pueda destrabarse”, declaró el canciller chileno Alejandro Foxley.

Debo admitir que me parecen muy desacertadas, por decir lo menos, estas gestiones presidenciales para que vengan desde afuera a decirnos lo que debemos hacer.

Seguramente pienso así porque estoy convencido de que somos los costarricenses los que tenemos la responsabilidad de escoger el camino que queremos recorrer. y creo no estar equivocado.

8/11/2006

El financiamiento del embarazo en el trabajo

Documento preparado para el Foro sobre Financiamiento de la Maternidad en el Trabajo organizado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), con participación de organizaciones de mujeres, sindicales y campesinas, así como entidades públicas relacionadas con la temática.

San José, 2 de diciembre del 2001.

Descargue la versión completa en pdf o word en Archivos Adjuntos

Nota:
Hemos agregado los documentos con la estimación final de El Estado de la Nación
10 de agosto de 2006

Triste historia de la semilla

En aquellos años de mi niñez y adolescencia, escuchaba decir a mi padre y a mi abuelo que el campesino que se comía la semilla estaba perdido. La semilla, así considerada, era señal de continuidad de cada cosecha. Por ejemplo, se escogían las mejores mazorcas y de ellas los granos gordos para sembrarlos el próximo año. Los vecinos intercambiaban semilla y así, cada año, se iba mejorando la que era sembrada.
A lo largo de milenios de trabajo, la observación y la inteligencia iban mejorando lo que era sembrado; resultado del avance de una cultura puesto que lo arriba dicho era repetido en todas partes y a lo largo de centurias. A este esfuerzo se sumaron con el tiempo universidades y centros de investigación que mejoraban semillas en beneficio de la sociedad. En nuestro continente había por todo ello variedad genética.

De repente, la investigación combina la codicia con el trabajo de milenios Centros de investigación desarrollan ciertas características en la semilla producida por el avance de milenios y, lo inconcebible, logran que en los Estados Unidos la Corte Suprema autorice que se patenten formas de vida y que tales patentes estén protegidas por leyes que vela por la “propiedad intelectual”.

Si un laboratorio introduce un cambio genético en una semilla puede patentarlo en beneficio propio y, por lo tanto, en perjuicio de la humanidad; ¿podrían hacer lo mismo quienes por miles de años mejoraron la semilla partiendo de la creación y cooperando con el desarrollo sostenible? Claro que no, loas poseedores del “poder” se protegen entre sí y los campesinos no pueden probar su contribución, ni mucho menos individualizar los méritos de sus logros. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por una mera interpretación, puso en manos de unas pocas corporaciones la suerte de la semilla y con ella la suerte de la agricultura y la alimentación en su propio país.

Pero el poder de la codicia es increíble, con motivo de las ideas de “libre comercio” y de “globalización”, en 1992 se firma y se entra en vigencia el tratado de Libre Comercio de Norteamérica y con éste se les impone a los países firmantes la aceptación de las leyes de la propiedad intelectual vigentes en Estados Unidos. A partir de ese momento la presión se cierne sobre el planeta entero, a cuyos países se les dice y presiona para que acepten las normas de protección a la propiedad intelectual típicas de la nación del Norte como condición básica para tratar con ella en lo económico y financiero. Es de aclarar que la semilla patentada (o eventualmente el animal de una raza patentada) deberá pagar cada cosecha los derechos que la patente demande y será presa del uso de determinados fertilizantes, pesticidas, puesto que la semilla condiciona su consumo.

La civilización a la que pertenecemos, planetaria y diversa como es, se ha negado por milenios a aceptar la imposición de monopolios sobre materia viva por consideraciones de carácter cultural, ético, sociológico, religioso, natural, legal y tecnológico.

Hoy, para algunos economistas y políticos, las consideraciones religiosas, éticas, culturales y sociológicas, no son de importancia; lo tecnológico lo vencen con capacidad y conocimiento; lo legal lo arreglan por ser la vía del uso del dinero y lo natural es también superado por la falta de ética y oral, que olvidan con facilidad corrupta que el hacerse dueño de un don de la naturaleza que pertenece a la humanidad es un delito. Sobre todo si se impone tal pertenencia en razón del poder político, militar o económico, como sucede en nuestros días.

En ese nuestro mundo en que los jefes de gobierno de los países pequeños buscan dueños para ellos y para sus pueblos cuando visitan la meca del dinero, resulta difícil que se comprometan a defender –junto con sus pueblos- la suerte de la semilla, de la materia viva.
Quienes han visto a las grandes corporaciones buscando –y desgraciadamente obteniendo- apertura y privatizaciones de empresas y servicios públicos y creen que ello es “aceptable” es hora de que se den cuenta de que también pretenden obtener –y lo están logrando con la corrupta complicidad de muchos- la privatización de la materia viva y con ella la privatización de la agricultura y la producción de comida, valga decirlo de manera clara, la privatización de la totalidad de los bienes comunes.

Entre otras muchas razones, el no aceptar, como Presidente de Costa Rica, que nuestra vida quedara sujeta del todo a la privatización –_“privatización de la biodiversidad”_, imagínese- fue base para no aceptar que mi país firmara los compromisos impuestos por el Gatt, hoy conocido como Organización Mundial de Comercio y por la Unión Internacional para la protección de obtenciones vegetales (UPOV). Mi cultura costarricense me enseña a pensar que, quien no tiene semilla, está perdido.

Fuente: cr-solidaria@costarricense.cr.

TLC: Inevitables consecuencias en la Caja Costarricense de Seguro Social y la salud pública

El TLC compromete seriamente la salud de los y de las costarricenses

Si la CCSS sólo tuviera que comprar medicamentos de marca, el 81 % de ticos quedarían sin medicinas.

Actualmente de los lotes anuales de medicamentos que adquiere la institución, el 67 % es genérico, debido a que estos medicamentos han demostrado ser iguales en eficiencia, seguridad y eficacia que los de marca; al tiempo que resultan ser más baratos, lo que garantiza una cobertura mayor y equitativa a la población que hace uso de los servicios de la Caja.

La Dra. Zahira Tinoco, Directora de Farmacoepidemiología de la CCSS, señaló en un seminario organizado por la institución, que los medicamentos genéricos son copias bien hechas y su uso pasa por el laboratorio de control de calidad, además de que el Ministerio de Salud da revisión y aval para su uso.

La CCSS selecciona esos medicamentos con criterios epidemiológicos y tomando en cuenta aspectos científico-técnicos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si la CCSS sólo comprara medicamentos de marca, nada más cubriría al 19 % de la población, quedando el 81 % sin acceso, debido a que los medicamentos de marca son muy caros, por eso es que afirmamos que el TLC compromete seriamente la atención de la salud de los y de las costarricenses.

Del presupuesto total de la CCSS, lo que se invierte en compra de medicamentos genéricos es entre un 5 % y un 8 %, representando un óptimo balance entre costo y beneficio, al comprarse únicamente medicamentos de marca. Tales porcentajes subirían astronómicamente, reduciendo drásticamente la capacidad de gestión de la Caja para atender otros ámbitos adicionales al de suministro de medicamentos.

Definitivamente el TLC tiene otros objetivos. Es sin duda alguna, la entrega descarada del negocio de la salud a las multinacionales del mercado de medicamentos y con ello comprometer la funcionalidad de la CCSS con el claro propósito de inducir su desmantelamiento irreversible.

Contrasta esa intención con lo expresado por el nuevo Presidente Ejecutivo de la CCSS, Ing. Eduardo Doryan, quien ha afirmado reiteradamente que viene a la institución a fortalecerla para que funcione mejor, asegurando que su propósito no es privatizar; además de que, según ha dicho, se compromete a garantizar medicamentos esenciales para que estén disponibles en el momento que se necesiten.

Es imprescindible que derrotemos este TLC debido a que compromete y desmantelaría la Seguridad Social costarricense. Así lo hemos planteado a la indicada autoridad.

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El TLC golpeará, inevitablemente, la Seguridad Social del país

En materia de propiedad intelectual, con el TLC se genera una extensión de la protección abusiva, con los plazos de la protección de los datos de prueba y patentes de invención, que van más allá de lo contemplado en el Capítulo ADIPC, que es el anexo que establece los principios de la propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Se estimularán los monopolios de las multinacionales farmacéuticas, en perjuicio de la población que requiere de las alternativas competitivas de calidad.

El concepto de “producto nuevo” que se incorpora como modalidad de protección de los datos de prueba, extiende la protección monopólica, no sólo de los inventos sino a “cualquier producto” que no sea un invento y no se haya registrado para su comercialización en nuestro país.

Los datos de prueba contienen la información de seguridad y eficacia que surge de los productos inventados que eventualmente se quieran comercializar. En el TLC la patente de invención tiene una protección independiente de la protección de los datos de prueba, lo que consecuentemente genera dos plazos de producción independientes el uno del otro, garantizando dos monopolios de la producción independiente.

Lo pactado en el TLC son normas tendenciosas y abusivas, porque van a extender la protección en perjuicio de la participación en el mercado de los productos genéricos, generando barreras normativas en detrimento de lo esencial, en los convenios bilaterales y multilaterales que es principio de la competitividad.

Por ejemplo, si se inventa un medicamento contra el sida, la inscripción de la patente le da el monopolio de la comercialización a esa empresa, lo que lógica y legalmente le permite poner el único precio del mercado por un tiempo determinado. Lo nocivo de ello no es en sí el monopolio por un tiempo razonable, sino que se procuran plazos de protección más allá de lo razonable como resultado de concesiones abusivas en materia de propiedad intelectual.

Así, los productos genéricos tendrán el impedimento normativo de poder participar en el mercado, como fuente de alternativa comercial. Por diferentes mecanismos, se procura extender esa protección en Costa Rica, lo cual evidentemente perjudica al consumidor porque no tiene opciones ni en competencia de precios ni en calidad, para satisfacer sus necesidades de salud.

“…estuvimos advirtiendo a los negociadores de las consecuencias para nuestro país si se aceptaban esos términos, sin embargo, continuaron por esa vía…”. (Afirmación que hizo en forma categórica el Presidente de la industria farmacéutica nacional, señor Álvaro Camacho).

Agrego que la CCSS no va a morir como tal al estimularse en demasía los monopolios de la multinacional. En la CCSS, que está sujeta a su presupuesto limitado, se va a producir una obsolescencia en los medicamentos existentes en la institución. Tendrá (si no se aprueba con prontitud una agenda complementaria), dos opciones: que no compre medicamentos por ser tan caros o que compre menos y no cubra a la población con otros que requiera para sus necesidades.

Más razones para impedir en las calles, la aprobación de tan nefasto “tratado”.