La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM), ha presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) un Amparo de Legalidad contra el Ministerio de Hacienda, ya que este último, no giró 1.500 millones de colones aprobados por la Asamblea Legislativa mediante la Moción 56, fondos destinados a las labores esenciales de la Policía Profesional de Migración.
Estos fondos serían destinados al denominado Programa 55 de la Policía Profesional de Migración, ahora, la falta de estos recursos impacta directamente en la alimentación de los oficiales, el mantenimiento de vehículos y equipo; así como, el vestuario, materiales de seguridad y operatividad en aeropuertos y fronteras.
En el Amparo de Legalidad presentado ante el TCA, la seccional ANEP-PPM solicita que se ordene liberar inmediatamente los ₡1.500 millones, que se declare ilegal la decisión de mantener los fondos sin ejecutar; así como que Hacienda no vuelva a tomar decisiones que afecten el trabajo y condiciones laborales de la Policía Profesional de Migración.
Esta acción de la ANEP y su seccional se presenta en defensa de la Policía Profesional de Migración, su operatividad y la dignidad de cada oficial.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresamos nuestra más profunda preocupación ante las graves irregularidades reveladas en días pasados por el Semanario Universidad en torno a la contratación directa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la empresa Cisco para el Proyecto de Modernización y Estabilización de la Red de Transporte de Telecomunicaciones (PMERTT).
Este caso se suma al caso de la Red 5G en el cual, desde la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE, se está orquestando un plan donde por un lado el Instituto se convierte en una correa de transmisión de la geopolítica marcada por Donald Trump, pero por el otro podrían estar de por medio generosas prebendas para jerarcas del ICE y Casa Presidencial, en un proceso direccionado por el presidente Rodrigo Chaves.
Los hechos son contundentes y exigen explicaciones inmediatas:
1. REUNIONES CONFIDENCIALES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN
Funcionarios del ICE sostuvieron reuniones secretas con representantes de Cisco y de la Embajada de Estados Unidos antes de adjudicar el contrato millonario. Estas reuniones fueron declaradas confidenciales tras una orden de la Sala Constitucional, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso y posibles conflictos de interés. Las reuniones fueron en la Embajada de Estados Unidos y Casa Presidencial.
¿Qué se negoció en esas reuniones? ¿Por qué debían ser secretas si eran meramente técnicas?
2. APARENTEMENTE SE NEGOCIÓ UN SOBREPRECIO DE UN 333%
Según el estudio de mercado del propio ICE (junio 2025), las ofertas para sustitución completa de equipos fueron:
El ICE ignoró la oferta más barata de Nokia y optó por Cisco mediante contratación directa,pagando $31 millones de más. ¿Con qué justificación?
3. EQUIPOS OBSOLETOS EN LUGAR DE TECNOLOGÍA NUEVA
La institución prefirió gastar casi $40 millones en «reutilizar» equipos Cisco que ya están en proceso de obsolescencia, en lugar de adquirir equipos nuevos y más baratos de Nokia. El contrato se estimó en ₡20.200 millones ($39,9 millones). ¿Por qué pagar precios de equipo nuevo por tecnología obsoleta?
4. CONVERSIÓN IRREGULAR DE LICITACIÓN ABIERTA A CONTRATO DIRECTO
Lo que inició como un proceso de licitación abierta y competitiva fue convertido en una «contratación directa por excepción» con un solo proveedor (Cisco), violentando los principios de transparencia y libre competencia. La Sala Constitucional tuvo que intervenir para forzar al ICE a reconocer las reuniones confidenciales que pretendía ocultar.
5. PATRÓN DE FAVORITISMO SISTEMÁTICO
Las revelaciones muestran un patrón preocupante, muchos de ellos replicados en la licitación de 5G:
Reuniones secretas con un proveedor específico (Cisco)
Participación de actores externos (Embajada de los Estados Unidos y Casa Presidencial).
Descarte de opciones más económicas sin justificación técnica válida.
Declaración de confidencialidad para ocultar información pública.
Contratación directa que evita competencia.
Una discriminación hacia empresas chinas.
Ante este escenario preocupante, desde la ANEP exigimos una investigación inmediata por parte de la Contraloría General de la República sobre todo el proceso de contratación, la anulación del contrato directo con Cisco, la apertura de una licitación pública transparente, la publicación completa de las actas de las reuniones sostenidas por jerarcas del ICE con Cisco y la Embajada de los Estados Unidos, explicación documentada de por qué se descartó la oferta más barata, que se investigue y se siente responsabilidades a los funcionarios que participaron en reuniones que pretendían fueran secretas, previo a la adjudicación y que la Fiscalía intervenga para determinar si hubo tráfico de influencias o corrupción.
El ICE es patrimonio del pueblo costarricense, no puede ser usado para favorecer intereses particulares o agendas externas mediante procesos opacos que cuestan millones al erario público.
– Tras informe de auditoría interna, ANEP se reúne con la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Administración y Recursos Humanos del PANI.
– Nuestra organización llama a la calma y reafirma la estabilidad laboral del personal del PANI
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que, tras sostener una reunión con la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como con la Gerencia de Administración, la Gerencia Técnica y Recursos Humanos, se confirmó de manera expresa que no existe ninguna disposición, directriz ni intención institucional de anular nombramientos en propiedad, ni de aplicar medidas que pongan en riesgo la estabilidad laboral, los derechos adquiridos o los salarios de las 322 personas trabajadoras mencionadas en el reciente informe de auditoría interna.
Durante el encuentro, las autoridades del PANI aseguraron a la ANEP que los actos administrativos de nombramiento se mantienen plenamente vigentes y válidos, y que actualmente la Administración realiza un análisis técnico y jurídico de los antecedentes, criterios y normativa aplicable, con el fin de determinar con precisión los alcances del informe.
Desde la ANEP se reafirmó que la organización mantiene una posición firme en defensa de la estabilidad y los derechos laborales del personal del PANI, y que acompañará a las personas trabajadoras durante todo este proceso, velando porque cualquier revisión institucional se realice con estricto apego a la ley, al debido proceso y al respeto de los derechos adquiridos.
Jefrry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP-PANI
Nuestra organización destacó además la apertura y disposición al diálogo mostradas por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, así como la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, al brindar aclaraciones que contribuyen a llevar tranquilidad al personal que diariamente trabaja con compromiso en la protección de la niñez y adolescencia del país.
Finalmente, la ANEP reiteró que el Patronato Nacional de la Infancia no solo tiene la misión de proteger los derechos de la niñez, sino también la responsabilidad de garantizar los derechos laborales de quienes hacen posible esa labor esencial para Costa Rica.
La representación de la ANEP en la reunión estuvo a cargo de Roy Chaverri Chacón, Secretario Adjunto, y Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical en el PANI, quienes reafirmaron el compromiso de la organización con la defensa del personal institucional.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su oposición formal al proyecto de ley Expediente N.º 24.801, presentado en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que pretende autorizar a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) para realizar notificaciones judiciales.
*Razones del rechazo*
1. Falta de recursos y personal: La PPME cuenta con apenas 515 oficiales para todo el país, número insuficiente para atender la alta demanda migratoria y las crecientes funciones asignadas.
2. Ausencia de capacitación judicial: Muchos oficiales no han recibido ni siquiera el curso básico policial, por lo que delegarles notificaciones judiciales —que requieren formación procesal— podría generar errores y nulidades legales.
3. Sin financiamiento ni coordinación: El proyecto no contempla presupuesto, personal adicional, ni coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), lo que pone en riesgo su aplicación práctica.
4. Duplicidad de funciones con el Poder Judicial: Ya existen las Oficinas Centralizadas de Notificaciones (OCN), encargadas legalmente de estas tareas. Lo que se requiere es reforzar dichas oficinas, no trasladar responsabilidades judiciales a un cuerpo policial migratorio.
*Impacto negativo* Para la seccional de ANEP-PPM asignar nuevas funciones sin fortalecer la estructura de la Policía de Migración agravará la sobrecarga laboral, aumentará el riesgo jurídico y afectará la seguridad operativa de los oficiales.
Desde la seccional se instalaron a los diputados y diputadas apoyar el Expediente N.º 24.134, impulsado junto a la diputada Gloria Navas, que busca fortalecer la estructura, recursos y profesionalización de la PPME, garantizando un servicio más eficiente, seguro y especializado.
La seccional Insta a los diputados y diputadas rechazar el Expediente N.º 24.801 y a priorizar una reforma integral que atienda los verdaderos problemas estructurales del sistema migratorio costarricense.
Fortalecer la Policía Profesional de Migración no significa recargarla, sino dotarla de recursos, capacitación y respaldo legal.
Esta denuncia de la ANEP, es una ampliación de la presentada en junio anterior por la implementación del Sistema ERP SAP y todas sus afectaciones logísticas y económicas a la institución, y obedece a las falsas palabras y calumnias del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas durante la inauguración del Ebais de San Rafael Arriba de Desamparados.
Como parte del acuerdo global del sindicato internacional UNI Américas y la empresa de seguridad privadaG4S, se llevó a cabo, en nuestro país, una reunión con la participación de la seccional ANEP G4S y representantes de la empresa de seguridad privada, en la que también participó el Director Regional de UNI Américas, Marvin Largaespada
Gracias al convenio y opoyo de la organización Internacional Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) mantienen el trabajo de acercamiento con trabajadosas y trabajadores bananeros y piñeros.
En la denuncia, se les solicita a ambos entes fiscalizadores, analizar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
Las gestiones realizadas por nuestra organización a favor de la clase trabajadora y en contra de la ley Nº9635, conocida como “Combo Fiscal, ya dan sus réditos, ya que el Concejo Municipal de Desamparados acordó reintegrar las anualidades dejadas de percibir por los trabajadores debido a la aplicación de dicha ley.
SITRAP hace un llamado urgente a las autoridades laborales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a asumir con responsabilidad su papel garante, velando porque se cumpla con lo establecido en la legislación nacional y en los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
