ANEP solicita a la CCSS suspensión de sistema ERP-SAP ante diversas problemáticas

La Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estamos solicitando a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) suspender la puesta en ejecución del sistema ERP-SAP ante diversas complicaciones, incluso reportadas por los propios trabajadores institucionales en diversos puntos del país.

En la solicitud a las máximas autoridades de la institución, también indicamos valorar con carácter de urgencia, un retorno temporal a los sistemas administrativos con los cuales funcionaba anteriormente la institución. Esto en el sentido de desarrollar una planificación adecuada a nivel nacional que permita que las autoridades de los distintos niveles nacionales y locales puedan realizar una valoración del modelo y valorar su posible verdadera puesta en ejecución.

Además, solicitamos que, el órgano superior debe valorar la separación temporal del Director del Proyecto de Innovación institucional, como una medida previsional que envíe a la ciudadanía una señal de verdadera transparencia, ética y probidad.

Sobre este último punto, el pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

Hacemos un recuento de los efectos e impactos reales que el sistema está provocando en los distintos niveles institucionales.

En lo local:

a-Falta de capacitación a las personas usuarias del nuevo sistema de los distintos servicios del hospital San Juan de Dios, lo cual parece ser una falencia a nivel nacional, lo cual en principio resulta en una evidencia real de los fallos operativos del sistema y el grado de autoritarismo con el cual ha sido impuesto.

b-Funcionarios y funcionarias que no cuentan al día de hoy con las licencias para los procesos de compras, lo cual puede generar faltantes de insumos y medicamentos en un corto plazo.

En lo nacional:

a-Cadena de abastecimiento de insumos y medicamentos.  Proveedurías reportan interrupción de servicios.

b-Medidas contingenciales se trasladan a servicios de farmacia para el control de pedidos en Excel.

c-Problemas de ingresos al nuevo sistema y los perfiles no son funcionales.

d-Caja reconoce la suspensión del pago de incapacidades y licencias a la población en general y funcionarios de la CCSS.

e-Se tiene conocimiento de la suspensión del pago de viáticos a los compañeros que trabajan en los servicios de salud.

f-Unidades tienen suspendido el pago a proveedores por el nuevo ERP.

g-Recursos Humanos suspendió el adelanto de salarios para las personas trabajadoras que no han recibido en tiempo y forma su salario debidamente ganado y el pago de subsidios por incapacidad, la propia Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP) de la CCSS, indicó por escrito que se suspenderían.

Finalmente, desde la ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

 · Los ecologistas señalan que Costa Rica es parte del centro de origen de algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país.

·  Acusan al Servicio del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica.

Este jueves 05 y viernes 06 de junio, en el Tribunal Contencioso Administrativo, da inicio la recta final de 10 años de un proceso contencioso administrativo, en el cual ecologistas de Costa Rica llevan a Juicio a la empresa transnacional Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás ellos eran los representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) en la evaluación de riesgos realizada para proceder a autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

En este caso específico se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el Doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el Máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente, violentando el Protocolo de Cartagena del cual Costa Rica es firmante, así como el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte Fabián Pacheco indicó: “Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente.”

Para los ecologistas, es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia de los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales.

“Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad, o los ecosistemas locales. Esto esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante, y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa.” Aseveró Pacheco.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente este 5 de junio, las y los ecologistas señalan que celebran este día en pie de lucha esperando muy positivamente que sea demostrado que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Es un buen día para estar pidiendo justicia para con la naturaleza que nosotros seguiremos defendiendo para esta y las futuras generaciones.

Recursos institucionales del AyA para promoción personal del Presidente Ejecutivo en medio de crisis por corte de agua en Paraíso

Desde la seccional ANEP-AyA, expresamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la utilización de recursos institucionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con fines que podrían interpretarse como promoción personal del Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo.

En momentos en que más de 4.200 familias, comercios y servicios esenciales en el cantón de Paraíso enfrentan la amenaza de suspensión del servicio de agua potable, resulta éticamente inaceptable que el máximo jerarca del AyA se preste a una estrategia de visibilización pública, utilizando la página oficial de Facebook de la institución para proyectar su imagen en medio de reuniones políticas con diputados y el alcalde del cantón, bajo el pretexto de “resolver la situación”.

Nos alarma que mientras se discuten eventuales cobros excesivos y deudas heredadas por más de dos décadas, cuya gestión ineficiente recae tanto en autoridades pasadas como actuales, el señor Quesada priorice el posicionamiento mediático personal, en lugar de brindar soluciones claras, técnicas y equitativas para las comunidades más afectadas.

El uso de fondos públicos y plataformas institucionales con fines que pueden entenderse como campaña anticipada, imagen pública o capital político personal, es un acto reñido con los principios de transparencia, austeridad y compromiso con el bien común que deben regir la función pública.

Ante estas campañas publicitarias que calificamos antiéticas ANEP exige :

• Que el AyA se abstenga de utilizar sus redes oficiales para fines de proyección personal, y que se respete el carácter institucional, informativo y técnico que estas deben tener.

• Que se brinde un informe público y detallado del gasto en publicidad digital relacionada con esta crisis y las reuniones sostenidas con figuras políticas.

• Que el Presidente Ejecutivo enfoque su labor en resolver estructuralmente los problemas de acceso al agua que enfrentan comunidades como Paraíso y no en capitalizar políticamente una situación de emergencia social.

Las y los funcionarios públicos, así como las comunidades, merecen respuestas serias, no campañas de imagen. Mientras los más desfavorecidos temen por el acceso al agua, no es momento para protagonismos ni estrategias comunicativas cargadas de oportunismo.

Defensa del acceso al agua potable y exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos

San José, 4 de junio de 2025

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.

Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.

Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:

  • ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
  • ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
  • ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.

Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.

La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:

•   Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

•   Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.

•   Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.

O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.

Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.

ANEP solicita a la Auditoría Interna de la CCSS investigar el proyecto del sistema ERP

• Denuncia se presenta ante posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó, este lunes 2 de junio, ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una denuncia contra el nuevo proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ante una serie de irregularidades.

Según la denuncia presentada por la ANEP, en el año 2022, “la Junta Directiva de la CCSS acordó elegir al Director del Plan de Innovación; sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de ese momento, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, al parecer, habría realizado presuntas gestiones no muy transparentes, terminado con una elección a dedo de un funcionario que no tendría las capacidades técnicas para dicho proyecto, pero con una posible alta afinidad política a los designios de la citada hoy exjerarca”.

“El proyecto, al parecer, habría estado manipulado por Juan Ignacio Monge, ex directivo de CCSS, por Manuel Montillano, ex Director del Proyecto de Innovación y por la misma Esquivel Rodríguez, al punto de lograr expulsar de forma grotesca y con tintes de presunto hostigamiento y persecución laboral, a las personas de experiencia que estaban apoyando el proceso, pero que no mostraron ser dóciles a ciertos enfoques”, indica la denuncia.

Otro de los puntos que nuestra organización pide sea investigado, es una serie de yerros que condujo a potenciar nuevas equivocaciones de distinto tipo que, como siempre, terminan debilitando lo estructural- institucional, esto debido a una reconstrucción del proyecto con el nombramiento de Héctor Arias Mora como Director del Plan de Innovación.

“Llama poderosamente la atención que el Lic. Héctor Arias, indicó en su oficio GG- PIMG-1978-2024, que todo estaba listo, pero, pese a eso, no se salió en enero 2025 y se mantuvo a más de 100 personas trabajando, aspecto a indagar, entre otros”.

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Otro elemento que debe revisarse, según nuestra organización, es si la Caja ha pagado a las empresas de tecnologías por productos que no satisfagan los intereses institucionales por estar incompletos. Adicionalmente, debe revisarse con especial cuidado la participación de la empresa PwC, si cumplió el objetivo de ser una contraparte técnica y bien los motivos reales de terminación de su contrato.

También, la ANEP solicita, que la Auditoría, entre otros aspectos, se avoque a revisar la ejecución contractual con la empresa implementadora del ERP, para que luego “no broten a la luz sorpresas que arrojen más oscuridades en este tema”.

“De igual forma, se solicita revisar el producto que inició en enero 2025, relativo a proyectos, para ver si los mismos son de utilidad pues en principio parece que la CCSS podría estar pagando por productos en principio inservibles”, indica la denuncia.

Desde la ANEP, se insta a la Auditoría, de forma vehemente, a que revise los elementos asociados a este tan cuestionado proyecto y emitan las advertencias, informes o similares, para arrojar alta transparencia, probidad y ética en todo lo relativo al cuestionado sistema ERP.

Finalmente, la ANEP respalda, los criterios que han emitido diversas instancias de la institución contrarios a la implementación de este proyecto y rogamos a la Auditoría proceder con la más contundente celeridad que el caso amerita.

Denuncias de ANEP sobre situación del PANI llevan a apertura de investigación por parte de la Asamblea Legislativa

Luego de que la ANEP se reuniera con algunos diputados de la Asamblea Legislativa, entre estos la independiente Johana Obando y Jonathaa Acuña del Frente Amplio, para denunciar gaves situaciones a lo interno del PANI, es que la Comision de la Juventud, Niñez y Adolescenciad ordenó la apertura de una investigación.

Comunicado seccional ANEP–Policía Profesional de Migración: sobre el plan piloto «Bus Seguro» anunciado por el Gobierno.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (PPM), expresa su preocupación ante el reciente anuncio realizado por el Gobierno en conferencia de prensa desde Casa Presidencial, en relación con el plan piloto que exonerará del pago de pasajes en buses a los Oficiales de la Fuerza Pública.

Este convenio, denominado informalmente como «Bus Seguro», establece que los oficiales deberán portar su uniforme completo y el carné de identificación policial para acceder al beneficio, con el argumento de que su presencia aumentará la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte público. No obstante, la medida excluye a los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, pese a que estos también desempeñan funciones esenciales de seguridad y forman parte del cuerpo policial del país.

Según palabras del propio Ministro de Seguridad, esta es «una primera etapa» y «luego vendrán las otras fuerzas policiales». Sin embargo, no se ha proporcionado una fecha concreta ni compromisos verificables respecto a la inclusión de los demás cuerpos policiales, lo cual genera incertidumbre y malestar entre nuestros afiliados.

Inconvenientes del uso del uniforme en buses:

ANEP-PPM considera necesario advertir sobre las siguientes inconveniencias y riesgos de viajar uniformado en el transporte público:

1. Exposición innecesaria: Portar el uniforme en lugares públicos puede convertir a los oficiales en blanco de agresiones, asaltos o represalias, especialmente cuando no se encuentran en servicio activo.

2. Confusión de roles: Aunque se afirma que los oficiales serán “pasajeros más”, el hecho de portar el uniforme crea expectativas sociales y legales de que deben intervenir ante cualquier incidente, lo cual podría generar consecuencias disciplinarias si no actúan o si lo hacen sin los recursos adecuados.

3. Riesgos operativos y legales: Algunos oficiales deben dejar sus armas en las armerías al finalizar su turno. ¿Qué ocurre si un incidente requiere respuesta armada? Además, no se ha informado sobre actualizaciones en las pólizas del INS que respalden al oficial en caso de eventualidades mientras porta el uniforme sin portar chaleco antibalas, lo cual actualmente es una condición de cobertura en ciertas situaciones.

4. Carga simbólica y funcional: Decir que esto no significa “más trabajo” para el oficial no se ajusta a la realidad. Estar uniformado conlleva una obligación tácita y pública de ejercer autoridad, aún fuera del horario laboral.

Reivindicaciones Justas:

Reconocemos que cualquier medida que procure mejorar las condiciones de vida de los policías es bienvenida, pero insistimos en que el enfoque debe ser integral, justo y equitativo.

Lo que realmente urge es descongelar los salarios policiales y aplicar los aumentos que por ley corresponden, reconociendo de forma concreta el esfuerzo y sacrificio diario de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional.

Exigimos claridad, equidad y respeto para todos los cuerpos policiales, sin distinciones arbitrarias.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordoñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración

Auditoría Interna del MAG confirma denuncias de la ANEP sobre falta de transparencia y escasos controles en nombramientos

La Seccional ANEP-MAG ha venido denunciado una posible red de cuido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Integrantes de la Seccional sufren acoso laboral tras las denuncias realizadas.

La Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) detectó una serie de falencias y escasos controles en el proceso que sigue la Unidad de Gestión de Empleo (UGE) de la institución para el nombramiento de personal, luego de varias denuncias presentadas por la ANEP, según se desprende del informe MAG-AI-INF-002-2025, denominado: “Auditoría de cumplimiento de la Gestión de Empleo”.

Este informe se da luego de la solicitud de investigación realizada por Contraloría General de la República (CGR), ante las denuncias presentadas por la seccional ANEP-Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ante una serie de anomalías en los nombramientos de personal, que incluyen falta de atestados o incluso nombramientos por consanguinidad.

Dentro de la investigación realizada por la Auditoría Interna, según indica el documento, se examinó la suficiencia, pertinencia y cumplimiento de los controles establecidos en la UGE, mediante la verificación del Sistema de Control interno, así como la actividad de determinación de riesgos. Además de la normativa interna emitida para la Unidad de Gestión de Empleo, con el fin de determinar si consideran todos los criterios para regular el proceso reclutamiento y selección de personal.

También se revisó si los movimientos de personal efectuados por la UGE, observaron el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Asimismo, se ejecutaron pruebas para validar si la gestión realizada por la UGE, se encuentra debidamente documentada y cuenta con la evidencia respectiva que permita establecer la trazabilidad del proceso de selección y reclutamiento de personal, efectuado.

Dentro de los hallazgos detectados por la Auditoría Interna del MAG, indica el informe, se encuentran; debilidades en el sistema de control interno (novato), que pueden entorpecer la consecución de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

Así como la ausencia de una actividad de evaluación, determinación y seguimiento de riesgos, enfocado a minimizar la materialización de eventuales riesgos, y por lo tanto, velar por la consecución de los objetivos.

También detectaron carencia de normativa interna que regule la totalidad del proceso y, por lo tanto, garantice la correcta rendición de cuentas de la gestión efectuada.

A esto se suma, una ausencia de un respaldo documental (archivo) formal, reglamentado y normado que garantice la confiabilidad de la información.

Finalmente, el informe detecto una imposibilidad para establecer la trazabilidad de gestión ejecutada por la Unidad de Gestión de Empleo y, por lo tanto, impedimento para determinar la transparencia del proceso.

Los hallazgos de la Auditoría Interna del MAG, confirman las preocupaciones que han surgido por parte de la seccional.

“La misma auditoría concluye que los procedimientos por los cuales se están nombrando  las personas dentro del MAG carecen de transparencia, por cuánto no hay respaldo documental de los mismos. No hay que tener dos dedos de frente para cuestionarse de por qué no se guardan los respaldos documentales o si es que se está cuadrando una red de cuido”, manifestaron desde la Seccional.

Denuncias de la Seccional

La Seccional ANEP-MAG, ha venido recibiendo una serie de denuncias referentes al procedimiento para el nombramiento en plazas interinas y ascensos en propiedad, donde se habrían realizado

“En muchos de los procesos falta transparencia, ya que no se informa a los participantes de cada concurso de los resultados y cuales han sido las causas para no tomarlos en cuenta o como mejorar para futuros concursos”, indican en la seccional.

Para los integrantes de la seccional ANEP-MAG, causa preocupación, que se publiquen concursos internos en donde los oferentes son muy reducidos o casi de una persona. Asimismo, los procedimientos para la elección de las personas que han concursado a un puesto, varían de acuerdo al lugar y no está claro, cuáles son los parámetros analizados.

Persecución tras denuncias.

Desde la ANEP, también se denuncia una persecución contra los Integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MAG, luego de las denuncias presentadas. 

“Hay compañeros y compañeras que ya han experimentado reubicaciones, así como cierto tipo de acoso y en algún momento hasta recibieron un tipo de coacción para que renunciaran a formar parte de la seccional”, denunció Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical de la ANEP.

Para el Asesor Sindical, este tipo de situaciones, son un elemento más, para seguir cuestionando; “si los nombramientos en realidad no son tan apegados a la normativa y o sí está escogiendo gente a dedo. Incluso la misma auditoria interna señala la falta de transparencia y controles en los procesos”.

Desde la ANEP ya analizan las diversas medidas, incluso legales, a tomar ante el acoso y la persecución a los integrantes de la seccional tras las denuncias. 

Se está a la espera del informa total de la Auditoría Interna.

Compartimos resumen de la Auditoría Interna del MAG