Se trata de Sandra Rojas Godoy, miembro de la Junta Directiva de SITRAP, quien fue despedida en marzo del año 2016, de la Finca Duacarí Dos, propiedad de la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.
Autor: ANEP
ANEP logra reinstalación en primera instancia de trabajador del Museo Nacional
Canallesca manipulación presidencial
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Molesto por la movilización social que se manifestará próximamente, Chaves Robles recurre a su más notable “cualidad”, la de la manipulación, para descalificar la demanda de que se respete el 8% del presupuesto de la República para la Educación Pública, según ordenanza constitucional.
Su canallesca y grotesca manipulación le lleva a plantear que la plata de aumento presupuestario que reclaman las universidades públicas, debería ser para aumentar el salario a las personas empleadas públicas que están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Pretende ignorar que esa justa reivindicación cívica del 8% del PIB para la Educación Pública (universidades estatales incluidas), está a la par de la demanda por una Transformación Tributaria Estructural que le urge a Costa Rica.
Invertir en educación es invertir en el desarrollo de la Democracia, lo cual es reconocido por todo lado y por todo el mundo. Pero, aquí, en Costa Rica, pareciera que no es así.
Y en el Gobierno de Chaves Robles el desfinanciamiento de la Educación Pública está profundizando su caída a menos del 5% PIB.
Al considerar que la visión ideológica de Chaves Robles no va más allá de lo que aprendió en sus 30 años como cuadro tecnocrático del Banco Mundial; le es imposible comprender que la clase trabajadora empleada pública necesita que sus hijos y que sus hijas reciban una educación pública de calidad, sólidamente financiada con altos estándares pedagógico-metodológicos.
De la misma manera, los hijos y las hijas de la clase trabajadora del sector privado, especialmente la que es esclava del salario mínimo, ocupan de ese sistema educativo hoy en decadencia y que, por tanto, está urgido de su rescate y revitalización, teniendo como primer paso alcanzar ese 8% del PIB.
Desde los diversos ámbitos de la lucha social actual hay, cada vez más conciencia de que se halla un vínculo de fuerte concatenación entre un sistema educativo público robusto y de alta calidad, y un sistema tributario equitativo, justo y riguroso.
Lograr que la clase política actúe en consecuencia constituye una verdadera batalla cívica que, fundamentalmente, deberá darse con la Democracia de la Calle. En eso estamos. No creo que Chaves Robles lo comprenda.
ANEP respeta el debido proceso pero rechaza toda acción delictiva
Ante los hechos recientes dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en los que estaría supuestamente involucrada la vicepresidenta de la Junta Directiva de ANEP, nuestra organización es enfática en lo siguiente:
La presunción de inocencia es un Derecho Humano fundamental y siendo fieles a esto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) esperará como avanza la investigación judicial.
Por otra parte, de forma categórica, ANEP rechaza y condena toda acción criminal que se desarrolle y aún más, cuando se trate de la niñez y la adolescencia.
Tanto la Junta Directiva Nacional de ANEP como la de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-PANI, analizan todas las circunstancias y los hechos en desarrollo del caso.
Cabe aclarar, que el fuero sindical que cobija a cualquier dirigente sindical aplica meramente para asuntos y procesos laborales, no para otras competencias o instancias.
Esperaremos el avance de las pesquisas que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Valga aclarar que al interior del PANI, se vive una fuerte acción institucional de hostigamiento y acoso laboral de corte dramático en no pocos casos y que la actual Presidencia Ejecutiva no se decide a enfrentarla pese a documentada información que la Seccional ANEP-PANI le ha proporcionado.
San José, domingo 18 de agosto de 2024.
ANEP aplaude que el ICE esté fuera de la ley general de contratación pública
Este martes 13 de agosto hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional falló que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe estar excluido de la Ley General de Contratación Pública (ley 9986). Es decir, la institución recuperará su régimen especial de contratación.
Este fallo es importantísimo para que el ICE vuelva a tener agilidad para accionar sus inversiones y contrataciones pues para nadie es un secreto el enorme entrabamiento que significó la aplicación de la Ley General de Contratación Pública en la institución.
La exclusión del ICE de la Regla Fiscal, primero, y ahora de la Ley General de Contratación Pública, sin duda significan un revés para los oscuros intereses que desean debilitar a la institución y evitar a como dé lugar que pueda ejecutar sus inversiones y seguir desarrollando al país.
Aunque lo sucedido hoy es una noticia halagadora que recibimos con mucha alegría, también hay que tomar en cuenta que ya la institución ha sufrido daños y atrasos irreparables por las enormes trabas que le significaron la Regla Fiscal y la Ley de contratación pública ¿Quién responde por ello?
Ahora que las amarras, de las que, con justa razón, tanto se ha quejado la actual administración del ICE, les tocará a ellos, precisamente, a la administración superior, poner a caminar a la institución y avanzar en proyectos de vital importancia que se habían visto entorpecidos por la aplicación de estas leyes pues ya no hay excusas para poder cumplir con las responsabilidades que tiene el ICE con el pueblo costarricense. De eso permanecernos vigilantes.
ANEP solicita antel Tribunal Contencioso medida cautelar para detener adjudicación de áreas de salud
–CGR también investiga luego de la denuncia interpuesta por ANEP.
–Estudios arrojan un sobre precio de ¢170 mil millones.
Por medio de una medida cautelar, presentada este lunes 12 de agosto, ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), la ANEP, pretende frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La acción de la ANEP, obedece a que hay un sobrepago excesivo para el desarrollo de este negocio, que rondaría los ¢170 mil millones.
“La pretensión que se busca con la medida cautelar es la suspensión de la adjudicación de los EBAIS en virtud de la urgencia y de la gravedad que implica esa resolución tomada por la Junta Directiva de la CCSS. Por el gran riesgo de carácter económico es que se les está pidiendo al Tribunal Contencioso la suspensión de dicha adjudicación”, manifestó Rodrigo Rosales Arce, Asesor Legal externo de la ANEP.
Semanas atrás desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se denunció como, aparentemente, directivos de la CCSS pretendían modificar ciertos informes que beneficiarán la escogencia de las cooperativas
El pasado 10 de julio, la Contraloría General de la República, indicó que dio curso a la denuncia presentada por la ANEP, para identificar el supuesto favorecimiento de las cooperativas y el sobreprecio que este generaría para la institución y la Hacienda Pública.
La ANEP ha identificado aparentes irregularidades en la adjudicación de los EBAIS a cooperativas y una asociación, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Entre las principales, se destacan:
• Sobreprecios: Se ha reportado un aumento del 60% en los costos de los servicios adjudicados, sin que se haya justificado adecuadamente el incremento en la cobertura de atención y en nuevos servicios. Este incremento en términos absolutos estaba determinado por más de 200 mil millones de colones, sin embargo, por descuentos realizados por los oferentes posterior a la declaración de excesividad de precios se disminuyó a 170 mil millones.
• El posible daño a la hacienda pública y la Seguridad Social se podrían dejar de construir más de 300 EBAIS o financiar medicamentos de alta importancia para los pacientes, así como el uso en otras prioridades institucionales. Es un monto tan cuantioso que inclusive podría financiar la construcción de un hospital como Cartago o Limón.
• Tráfico de influencias: Se han presentado denuncias que sugieren la existencia de posible tráfico de influencias en el proceso de adjudicación por la aparente manipulación de los criterios con la creación de grupos o el uso de información de una unidad que no es la competente para fundamentar una decisión de alta relevancia, lo que podría haber afectado la transparencia de este.
• Decisiones sin quórum: La Junta Directiva de la CCSS, tomó la decisión de adjudicar la administración de 138 EBAIS, en una sesión extraordinaria donde no contaban con el quórum estructural necesario, lo que plantea dudas sobre la legalidad del proceso.
• Recomendaciones ignoradas: A pesar de advertencias de Gerencia Financiera, la Dirección Financiero Contable, el Área de Contabilidad de Costos sobre los sobreprecios, así como la recomendación de la Junta de Adquisiciones de declarar la infructuosidad, sin existir una justificación técnica y financiera contundente, la Junta Directiva de la CCSS procedió con la adjudicación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ha comenzado a investigar estas denuncias, junto con la Contraloría General de la República, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el proceso, así como las posibles implicaciones financieras que se podrían generar a los costarricenses por pagar un sobreprecio sin que se traduzca en mejoras sustanciales de los servicios.
La ANEP irá hasta las últimas consecuencias y pide a las instancias a las que ya se denunció celeridad y que se sienten las acciones correctivas pertinentes, cuando se encuentren a los responsables.
Pacto por la Educación convoca a movilización nacional
El Secretario General de ANEP se despide de la columna de opinión de Diario Extra
Proyecto de ley pretende trasladar fondos complementarios de pensiones de algunas instituciones al ROP
Trabajadores del Institutico Costarricense de Turismo (ICT), de la Caja Costarricense del Seguros Social (CCSS) y pensionados del fondo de pensiones del Banco Nacional (BNCR) se reunieron con integrantes de la ANEP, para analizar las implicaciones y afectaciones del proyecto de ley 21.824, que pretende eliminar los fondos complementarios de pensiones en el ICE, del BNCR y de la CCSS; además incluye la eliminación de los fondos de retiro del ICT y del Banco de Costa Rica (BCR).
ANEP y SITRAP conmemoraron el Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros
Con la participación de casi 70 trabajadoras y trabajadores bananeros, la ANEP, SITRAP y el IRRESODH, con el apoyo del proyecto «Empleo Digno en Costa Rica: Derechos Humanos y Empresa» financiado por la Unión Europea, conmemoraron el pasado 4 de agosto el día Nacional de las Trabajadoras y los trabajadores Bananeros. Un día que cobra mucha relevancia en la defensa de los Derechos Laborales y Derechos Humanos.
