Precarización de la policía facilita reclutamiento narco

Nuestro país se debate entre dos grandes flagelos, dos gigantes que le están desangrando y amenazan con destruirle sin piedad: la corrupción y el narcotráfico; ambos males se unieron, se fusionaron, para hacer estragos en nuestra sociedad.

Resulta sumamente lamentable que funcionarios policiales se vean vinculados al crimen organizado y sin afán de justificar tan reprochable conducta, haremos referencia de algunos aspectos que podrían estar incidiendo en que cada vez veamos con mayor frecuencia policías dentro de estructuras criminales.

En primer lugar, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hemos señalado con letra mayúscula la precarización salarial que viven la mayoría de funcionarios policiales, el cual, es uno de los más bajos del Gobierno Central. Paralelamente, se ha gestado un desmejoramiento de las condiciones laborales, en donde nuestros uniformados se han convertido en “indigentes” que tienen que suplicar por un par de botas, un uniforme, además en muchísimos casos deben trabajar en delegaciones infrahumanas. Lo anterior, indudablemente afecta su autoestima, así como el sentido de pertenencia.

Otro ejemplo se da cuando alguna patrulla sale de servicio, y son los policías quienes tienen que pagar la reparación de su propio dinero o recurrir a comerciantes, vecinos, lugareños para reparar el vehículo. Lastimosamente alguna de esas manos amigas pueden estar ligadas al narcotráfico, produciéndose con ello un contacto que luego se traduce en afinidad, amistad y finalmente en reclutamiento.

En segundo lugar, la impunidad marca al oficial, ya que cuando un alto mando o jerarca incurre en alguna conducta impropia, genera impotencia ver que no es sancionado. Somos claros que en todo se predica con el ejemplo.


Ejemplos hay de sobra: directores procesados por peculado, por contrabando, por nombramientos ilegales, uso indebido del equipo policial y aun así, no reciben sanción y si la reciben, resulta insignificante.

Algunas referencias:

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/347676/investigan-jefe-de-fuerza–publica-por-contrabando

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/318074/jefe-de-policia-se-emborracha-en-atencion-de-huracan-otto

Como tercer elemento, podemos considerar debilidad en la supervisión, el Ministerio de Seguridad Pública debería contar con un equipo integrado por profesionales en derecho, criminología y sociología, para hagan la tarea de supervisión a nivel nacional, pudiendo identificar factores de riesgo, que permitan tomar acciones en función de mitigar la corrupción en los cuerpos policiales.

Lo cierto es que los policías son seres humanos con fortalezas y debilidades, no están vacunados contra la corrupción, por ello, el Gobierno debe prestarle mayor atención y mejorar de manera integral sus condiciones laborales.

Seccional ANEP-Correos C.R. expuso acerca de las cargas excesivas de trabajo

En una reunión en la que participó la Gerente de Recursos Humanos de Correos de C.R. Kattia Bryan Cerdas, así como el Gerente de Operaciones, Giovanni Campos Arce, la Seccional ANEP en esta institución expuso una situación que aqueja a los trabajadores y es la carga excesiva de trabajo.

Claudio Sánchez González, presidente de la Seccional ANEP-Correos de C.R. explicó que en la sede de Heredia el panorama es grave, ya que debido a la diversificación en Correos de Costa Rica, los trabajadores vienen desde hace meses con cargas excesivas de trabajo, a esto se suma las largas distancias que deben recorrer para repartir los pedidos.

“Desde hace tiempo hemos venido dándole acompañamiento a los trabajadores, en Correos se ha diversificado mucho el trabajo, tienen demasiados envíos ya que entregan cédulas, pasaportes, correos normales, paquetería y los carteros sienten que las cargas están desproporcionadas”, indicó Sánchez.

De acuerdo con el representante sindical, la situación empeora ya que, al pensionarse un trabajador, no se contrata a otra persona; sino que la administración recarga el trabajo.

Reunión Seccional- ANEP Correos de Costa Rica

 “Ellos no quieren que les quiten las plazas, por eso citamos a la Gerente de Recursos Humanos y al Gerente de Operaciones para abordar este tipo de problemas y de aquí a noviembre tener una solución que venga a alivianar la carga de estos trabajadores y que también cese la eliminación de plazas que han tenido hasta el momento”, agregó.

Una de las propuestas del representante de la seccional radica en la necesidad de que la administración tenga un grupo de trabajadores permanentes   que puedan cubrir las vacaciones, y que puedan disfrutar del derecho al descanso de manera escalonada; sin afectar el servicio de entregas.

La sobrecarga de funciones se ha presentado en distintas sedes de correos en todo el país.

Bicentenario… ¿y cómo nos tienen?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

De hoy en ocho, miércoles 15 de setiembre, Costa Rica (y nuestras hermanas naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), llegan a los 200 años de vida “independiente” con respecto al entonces decadente, por esos años (1821), del imperio español. Hablamos del llevado y traído Bicentenario.

Pero, ¿y cómo nos tienen, aquí, en Costa Rica, los sectores hegemónicamente dominantes, a la llegada del Bicentenario? Creemos que conviene puntualizar, con el fin de que nos hagan reflexionar, de manera crítica, en el marco de la conmemoración del Bicentenario, cuáles son los aspectos políticos, socioeconómicos, ecológicos y culturales que muestra la realidad de nuestro país en estos momentos.

Los citaremos como se nos vienen a la mente al momento de escribir este comentario, pero es que sentimos una enorme obligación ético-moral de disentir de la fanfarria patriotera, de falso civismo, que ha venido vendiéndosenos por estos días como si estuvieran en un paraíso terrenal de felicidad total.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con una Costa Rica en proceso acelerado de polarización desde el punto de vista de concentración de la riqueza: cada vez son menos los que tienen más, por un lado; por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de ésta, está en desaparición.

Llega el Bicentenario y nos encuentra con un sistema tributario perversamente corrupto. Su naturaleza de profunda injusticia, se ha hecho más crónica desde que en la actual gestión gubernativa se impuso un ajuste fiscal en contra de los y las de abajo, para favorecer a los y las de arriba; acostumbrados éstos a evadir sus responsabilidades tributarias, a eludirlas, a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales.

La anterior circunstancia ha venido consolidando el peso político de la plutocracia (el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos), al punto de imponerle a la sociedad una ideología fanática en materia de fiscalidad; llevándonos al extremismo peligroso de, por ejemplo, la preponderancia absoluta del pago abusivo y extorsionante de los intereses de una deuda pública impagable, contra toda racionalidad de salvaguardar programas sociales que con gran necesidad ocupan grandes segmentos de la población afectados, de un modo u otro, precisamente por esa ideología fanática en materia de fiscalidad.

Dentro de este tétrico escenario de la institucionalidad que fuera diseñada, en otro momento de nuestra historia, para la inclusión y la movilidad sociales, hoy emerge con terrorífico poder destructivo la tal regla fiscal, misma que fuera aprobada con la ley del combo fiscal, en 2018, por parte de la actual Asamblea Legislativa: la más anti-obrera y desde la fundación de la denominada “Segunda República”, en 1949, dado su arrodillamiento ante el poder de la plutocracia.

Esta circunstancia se conecta con la dura realidad sufrida por los sectores mayoritarios de la población costarricense, al tener el mandatorio más impopular y más detestado desde que se tienen registros de opinión; criterios ciudadanos desdeñados con la grotesca frase de que él no gobierna para las encuestas. ¡Cierto! Ha venido gobernando para la plutocracia y en acuerdo con los partidos políticos operativo-funcionales a la misma: Liberación, Unidad, PAC y los religiosos.

Llega el Bicentenario con una amplia presencia político-delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico avanzando en el control social-territorial de una manera espeluznante; y, por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salariales con dramáticos casos de hambre familiar y gran precariedad de existencia.

Llega el Bicentenario que tiene a la clase trabajadora con “suerte” de tener empleo formal y salario fijo, con su ingreso congelado, precarizado y altamente endeudado. Además, con un fuerte ataque empresarial al salario mínimo, al que se le quiere imponer una reducción de, al menos, el 10%, para así incrementar los niveles de explotación obrera, por una parte; y, por otra, la orgía de acumulación desenfrenada de capital en que está la plutocracia gobernante.

Llega el Bicentenario con, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en el desempleo, en la informalidad, en el cuenta-propismo, en el “come cuando hay”, al margen de la Seguridad Social.

Llega el Bicentenario con la crisis educativa más profunda desde la promulgación de la Constitución Política de 1949, con un deterioro sistemático que ya venía dando señales perversas desde antes de la llegada de la pandemia; tratando de justificar la plutocracia ese magno retroceso, echándole la culpa a los movimientos sociales de los años 2018, 2019 y 2020, por una parte; y, por otra, con lo del covid. Tendremos una generación de gran pobreza intelectual en el futuro inmediato.

Llega el Bicentenario a la tierra que proclamó ante el mundo tener el 25% de su geografía como áreas de conservación; pero, hoy, sus parques nacionales son guarida al narco y del crimen organizado, coto de la caza furtiva, con un equipo humano de protección al borde de la extinción para facilitar la privatización de nuestra herencia ecológica.

Llega el Bicentenario con ausencia total de políticas urgentes y visionarias en materia de soberanía y seguridad alimentarias, las cuales se supone que deben tener un carácter estratégico ante riesgos de hambrunas en medio del severo proceso de deterioro del planeta producto del cambio climático para el cual, tampoco, hemos tomado previsiones como nación y como sociedad. Entonces, ¿podemos conmemorar este Bicentenario como si todo estuviera “normal”?…

ANEP, sindicato local y alcaldía logran acuerdo para evitar despidos en la municipalidad de Palmares

Nuestra organización atendió el llamado de trabajadores de la Municipalidad de Palmares preocupados ante una inminente restructuración planteada por la administración, la cual daría como resultado el despido de funcionarios y el cierre de algunos programas.

Mas de medio millón de afectados dejará cierre de Patronato Nacional de Ciegos

-Proyecto de ley pretende cerrar institución que vela por los derechos de personas con discapacidad visual.

-Trabajadores de PANACI ven con incertidumbre sus derechos laborales en caso de aprobarse el proyecto.

El Patronato Nacional de Ciegos es la institución creada bajo el amparo de la ley 2171, su objetivo es de dar protección y defensa a las personas con discapacidad visual, y coordina la acción de los organismos y entidades relacionadas con el quehacer de esta población, contribuyendo a mejorar de su calidad de vida defendiendo, la autonomía personal.

Desafortunadamente, un proyecto el proyecto de Ley 22.315 que pretende fortalecer el CONAPDIS, generaría una afectación para más medio millón de personas que, históricamente, se han visto beneficiada por la operatividad del Patronato.

Álvaro Valverde Granados, asesor sindical de ANEP, fue enfático en afirmar que el CONAPDIS no tiene la estructura idónea para atender a esta población.

«El CONAPDIS ha quedado debiendo mucho. Recordemos que anteriormente fue cerrado el Patronato Nacional de Rehabilitación (Panare) y el CONAPDIS ha dejado en el aire a quienes eran beneficiados».

El Patronato Nacional de Ciegos es y ha sido la institución que por 64 años ha trabajado en atención, capacitación y acompañamiento para miles de personas que poseen discapacidad visual.

Mas de 10 organizaciones que han trabajado de la mano con PANACI, se suman al rechazo de la aprobación del proyecto, ya que consideran muy peligroso la desaparición del Patronato.

Tras el ingreso del proyecto a la Asamblea Legislativa en 2019, se ha venido dando un debilitamiento continuo al PANACI, pero a pesar de eso los trabajadores continúan esforzándose por dar el mejor servicio posible.

Asimismo, existen varios legisladores que, al conocer realmente el trasfondo del proyecto, se han opuesto rotundamente la aprobación dentro del plenario.

Cabe mencionar que esta institución, además de dar acompañamiento a más de medio millón de personas, trabaja con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la escritura braille en las cédulas; con el Banco Central (BCCR) con los billetes; la voz guía en diversos servicios, entre otros.

Por último, de parte de la población trabajadora del PANACI se hizo el siguiente llamado.

“Hoy en plena efervescencia social y política vemos disminuidos los derechos de las personas con discapacidad visual, un mes que se debería estar celebrando la asunción de los derechos; alzamos la voz de la bandera de la inclusión y un no rotundo al cierre de una institución como el Patronato Nacional de Ciegos. Señor presidente, señores diputados y señoras diputadas: la historia se mide según lo actuado. En este festejo del Bicentenario de nuestra Patria, demuestren que son un gobierno inclusivo: ¡no al cierre del Patronato Nacional de Ciegos!”.

¡Qué monstruosidad!: que la vejez sea considera una enfermedad

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Expresamos nuestro público reconocimiento al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), por alertarnos acerca de lo que en nuestro criterio debe ser catalogado como una monstruosidad, y planteado por una entidad internacional que, presuntamente, está dedicada a procurar el bienestar de salud de la población del planeta, de la Humanidad: la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en español).

El Consejo Universitario de la UCR, denuncia que esta entidad, parte fundamental del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “…ha manifestado su intención de incorporar a la vejez en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), undécima edición, la cual deberá publicarse en enero de 2022”. Así lo expresa el punto No. 8 del Considerando del Comunicado R-234-2021, fechado 24 de agosto de 2021, dado a conocer por la respetada y prestigiosa UCR y su Consejo Universitario.

Según datos de la UCR consignados en el documento en mención, Costa Rica tendrá, en menos de 30 años (2050), un 21% de su población total compuesta por personas mayores de 65 años; lo cual, demandará 5.9 millones de consultas médicas y 2 millones de urgencias por parte de las personas adultas mayores para ese entonces.

Contrario a la monstruosidad pretendida por la OMS, la UCR nos indica esta vital consideración: “La edad constituye un factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades y debe ser tomada siempre en consideración. Cabe acotar que, aún cuando no se puede modificar esta condición humana (edad), con una adecuada promoción de la salud y las medidas preventivas pertinentes se logra un envejecimiento saludable”.

Es imposible no tomar en cuenta que el perverso rumbo actual de la globalización neoliberal, excluyente y criminal, tiene que estar detrás de esta monstruosidad pretendida por la OMS. Dado que estamos viviendo la etapa más crítica de la historia de la Humanidad en cuanto a la concentración de la riqueza, por un lado; y, por otro, el riesgo más grave jamás vivido en cuanto a la existencia del mismo planeta (cambio climático, por ejemplo); nada raro sería que algunas mentes científicas estén pensando en que tanta gente adulta mayor es un “problema” para la convivencia humana en tan crítico escenario.

Nos hacer ver la UCR que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, mediante su Resolución No. 66/127, estableció el día 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

También, esta alta casa de estudios superiores costarricense, resalta la existencia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que data desde el año 2015; pretendiendo este importante instrumento del Derecho Internacional, dándole gran preponderancia a la promoción, aseguramiento y protección de “los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona adulta mayor para lograr un envejecimiento saludable, activo y digno, contribuyendo de esta manera a su integración, inclusión y participación plena en la sociedad.”

Considerar que la persona adulta mayor por llegar a la edad que le da tal categoría, ya es una persona enferma, es una aberración que es imposible aceptar y, por tanto, todas las personas luchadoras sociales, especialmente las que se inspiran en los Derechos Humanos, debemos ya no solamente rechazar enfáticamente la monstruosa pretensión de la OMS, sino luchar para evitar que la misma se concrete. Por esta vía, hacemos un llamado en tal sentido.

Por otra parte, no tenemos conocimiento de que este delicado asunto esté ocupando la atención del actual Gobierno de la República, en los diferentes niveles de política pública que tienen relación con la situación integral de las personas adultas mayores; gran parte de las cuales y dada la precariedad del mayor sistema jubilatorio del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuestionadamente administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), han mermado su calidad de vida pues la pensión que reciben está muy alejada del salario que percibían en su vida laboral activa. Bien sabemos que pensionarse por IVM-CCSS es empobrecerse.

En tal caso, debe haber un fuerte emplazamiento público al actual Poder Ejecutivo pues sus jerarcas todavía estarán al mando del país para enero de 2022, fecha en la cual la OMS pretende que la vejez ingrese en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

De la misma forma, la misma Asamblea Legislativa del país debe pronunciarse al respecto y desde esta columna, exhortamos a las diputaciones que la integran a interesarse en el tema.

Debemos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR); pues este pronunciamiento-denuncia, como indica el mismo, hace gran honor su Estatuto Orgánico, el cual en su artículo 3 estableció: “La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

En nuestro caso y desde la corriente sindical en la cual militamos, procederemos a gestionar lo que nos compete, ya no solamente desde la perspectiva de los Derechos Humanos; sino porque, recientemente, un grupo de personas trabajadoras pensionadas de IVM-CCSS, han decidido agruparse para defender sus derechos. Ahora esta malsana y monstruosa pretensión de la OMS, es un poderoso estímulo para potenciar más su organización.

ANEP busca que nuevas concesiones de autobuses contengan normas que garanticen derechos laborales

Debido a las constantes denuncias de choferes integrantes de nuestras seccionales en el sector autobusero y las solicitudes de intervenciones al Ministerio de Trabajo por el irrespeto a los derechos laborales, la ANEP se ha dado a la tareas de buscar que las nuevas concesiones de rutas de autobuses, que se entregarán a partir del 31 de septiembre del presente año, contengan normas que garanticen el respeto a los derechos laborales de los choferes.

Ley de usura agobia cada vez más a policías: «He dejado de comer para alimentar a mi familia»

Conversamos con dos oficiales de la Fuerza Pública que se han visto afectados fuertemente por las modificaciones realizadas a la ley de usura, al punto de no recibir salario desde hace tres meses. Ellos retratan la realidad que actualmente viven cientos de oficiales.

Invitación: inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado»

Invitamos a la familia Anepista a la inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado», el próximo lunes 6 de setiembre a las 5:00 p.m.

Inscripciones con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) al correo: marialaura@anep.or.crLa actividad es dirigida para personas afiliadas a nuestra organización.

Cierre de inscripciones domingo 5 de setiembre

ANEP suma Opinión Consultiva de la Corte IDH a la Acción de inconstitucionalidad presentada contra la ley antihuelgas

– La Opinión Consultiva de la Corte es vinculante y de acatamiento obligatorio para los países.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Opinión Consultiva sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como un hecho nuevo a la Acción de Inconstitucionalidad presentada, desde marzo anterior, contra la Ley No. 9808, Para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos.

La acción de la ANEP se da luego de analizar en profundidad la Opinión Consultiva de la Corte IDH, la cual es clara en su postura con respeto al derecho de huelga y, se presenta como un hecho nuevo, debido a que ésta no existía al momento de interponer la indicada Acción de Inconstitucionalidad. Esta última ha sido admitida por el alto tribunal constitucional para su estudio desde abril del presente año.

Karen Carvajal Loaiza, Subcoordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP), detalló la relevancia de la Opinión Consultiva de la Corte IDH y el impacto sobre el análisis e interpretación que deberán realizar los magistrados y las magistradas ante este nuevo hecho.

“La Opinión Consultiva de la Corte IDH es vinculante y de acatamiento obligatorio de los países, entre estos Costa Rica. En esta se señala que, la huelga es un derecho fundamental y no puede limitarse de forma irracional, especificando claramente el tema de limitación temporal, esto último incorporado en la Ley 9808. La opinión de la Corte IDH claramente reitera como deben interpretarse el tema de servicios esenciales, mientras que en la ley se amplía este apartado incumpliendo los supuestos internacionales”, detalló Carvajal.

Precisamente, la Opinión Consultiva de la Corte IDH reivindica el derecho de huelga como un derecho humano, y como un componente indispensable del Derecho a la Libertad sindical, señalando concretamente que no es posible concebir la libertad sindical, sin un efectivo ejercicio del Derecho de huelga, y reconociendo su naturaleza como un medio de presión sobre el empleador en la búsqueda de la solución de los conflictos, “así como un medio legítimo de defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales”.

Dentro de la obligación de los Estados de permitir el ejercicio pleno de un Derecho Fundamental, como lo es la huelga, señala la Corte IDH que, dicho derecho no puede estar limitado de previo a una duración determinada: “No ocurre lo mismo con el requerimiento de poner un límite a la duración de la medida puesto que, por su naturaleza de último recurso para la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no puede predeterminarse.”

La opinión consultiva de la Corte IDH, nace luego de varias denuncias debido a que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe una sistemática política de desestimulo y criminalización de la huelga y demás derechos laborales, que viene sucediendo en América Latina y otros varios países del mundo. Así se recibieron informes: “sobre restricciones al ejercicio de la libertad sindical, [el] derecho de manifestación y [el] derecho de huelga y la criminalización de la protesta en el continente americano, con enfoque en Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Argentina y Costa Rica….si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a regímenes de abuso y a unas prácticas laborales injustas. Asimismo, se registran 8 países del continente donde se violarían sistemáticamente tales derechos.”

“Si la Sala Constitucional se separa de la opinión vendrán las demandas internacionales como las que ya conocemos, y por las cuales se sancionó al país y se obligó acatar los dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó la subcoordinadora de la Unidad Jurídica de la ANEP.

La Acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP, impugna cerca de 18 artículos de la Ley denominada como anti huelgas y la Opinión Consultiva de la Corte IDH, viene a darle un mayor sustento a los argumentos planteados.

Compartimos el documento presentado ante la Sala Constitucional