Autor: ANEP

Así se desprende del documento GG-PIMG-1282-2025, fechado el 24 de junio de 2025, enviado por la Dirección de Plan Innovación de la Caja Costarricense del Seguros Social, luego de la consulta realizada por nuestra organización, para conocer los costos económicos asociados a las licencias del sistema administrativo ERP-SAP, a nivel nacional, desde el inicio de su implementación hasta la finalización de los contratos vigentes. Así como los costos económicos correspondientes al mantenimiento del sistema informático.

Según se establece en el documento, la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá pagar anualmente una suma de $1.155.000 para el mantenimiento, actualización y licencias de dicho programa.

A esto se suma que la institución ya ha pagado la suma de $1.624.904 en dos contratos adicionales a la licitación original de $52 millones para implementar el sistema ERP-SAP.

“ Finalmente, para dar continuidad a los servicios de actualización y soporte de las 12,071 licencias SAP S/4 HANA posterior al año 2025, se tramitó una nueva contratación mediante el SICOP, bajo el procedimiento 2025LY-000002-0001101161. De este procedimiento se derivó el Contrato N.º 0432025116100044-00, por un monto de $1,155,000.00 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil dólares con 00/100) anuales, el cual actualmente se encuentra en etapa de refrendo jurídico institucional.  Este contrato tiene como objetivo cubrir los servicios de actualización y soporte correspondientes a los años 2026 y 2027, por un total de $2,310,000.00.”, indica el documento.

Por su parte, el Secretario General de la ANEP, cuestionó el monto millonario que deberá desembolsar la CCSS anualmente por estas licencias y actualización del sistema 

“Las cifras que estamos conociendo del costo de ese proceso informático, del costo de las licencias y de lo que hay que pagar en los próximos años para que el sistema opere, es realmente escandaloso, es más, debería generarse ya una investigación de oficio del Ministerio Público”, declaro Vargas.

En el documento también se establece que, la CCSS, debió realizar una modificación del contrato inicial por un monto cercano al millón de dólares.

“Posteriormente, se realizó una modificación unilateral del contrato N° 2020-09, amparada en el artículo 208 de la Ley de Contratación Administrativa. Esta modificación dio origen a la Adenda N° 2, correspondiente al Entregable N.º 47, cuyo objeto fue la contratación de los servicios de actualización, soporte y mantenimiento de las licencias SAP S/4 HANA.”, se indica en el archivo.

Además agrega “El monto asociado a esta adenda es de $955,500.00 (novecientos cincuenta y cinco mil quinientos dólares estadounidenses), con una vigencia comprendida entre el 16 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2024.”

Pero este no sería el único desembolso realizado por la institución, luego de la implementación del sistema ERP-SAP, que habría costado la suma de 52 millones de dólares, ya que se debió gestionar una nueva contratación, esta vez por un monto cercano a los 670 mil dólares

“Como se desprende de lo anterior, la vigencia del soporte contratado mediante la Adenda N.°2 concluyó en noviembre de 2024. Por tal motivo, se gestionó una nueva contratación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), bajo el procedimiento 2024XE-000002-0001101161, del cual se derivó el Contrato N.º 0432024116100272-00, por un monto de $669,404.24 (seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticuatro centavos), con vigencia para todo el año 2025.

El pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

El 10 de junio la ANEP, también solicitó, al Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), investigar una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP en la CCSS.

ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto y ahora se suman estos nuevos datos.

Este 24 de junio la Contraloría General de la República informó que ya ha dado tramite a la denuncia de la ANEP,  la cual fue trasladada como insumo al Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social (BIS), con la finalidad de que sea considerado para la planificación de una acción de fiscalización, en el marco de las competencias de la Contraloría General.    

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.  

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en AyA, manifiesta su profunda preocupación ante la renuncia presentada por la Directora de Comunicación Institucional (interina) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María Jesús Chavarría Montero, quien en su carta denuncia limitaciones estructurales, falta de visión estratégica y una preocupante instrumentalización de la comunicación institucional con fines personalistas.

Este hecho no puede verse como un caso aislado. Se trata de una señal clara del deterioro en la gobernanza interna de una institución estratégica para el país, en donde la comunicación —en lugar de servir al interés público— ha sido utilizada como un mecanismo de promoción de la figura del Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada, ignorando su verdadero rol institucional: informar, educar, conectar y generar confianza con la ciudadanía.

Interinazgos cuestionables y prácticas contrarias a la ley

A pesar de que la señora Chavarría fue seleccionada mediante un concurso externo, su puesto se mantuvo en condición interina. Tras su salida, la Presidencia Ejecutiva nombra nuevamente de forma interina a otra persona, sin abrir el proceso para un nombramiento en propiedad, lo cual evidencia un patrón de prácticas administrativas que violentan la legalidad y perpetúan la discrecionalidad en el acceso a cargos estratégicos.

Desde ANEP denunciamos esta situación como una clara violación al marco regulatorio vigente, en particular a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159), que en su artículo 38 establece que los interinazgos deben ser temporales, debidamente justificados y no pueden utilizarse para evadir los concursos públicos. El artículo 39 de la misma ley advierte que el abuso de estas figuras puede acarrear responsabilidad administrativa para los jerarcas que incurran en estas prácticas.

Estas acciones debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza en los procesos de selección, y excluyen a profesionales calificados que desean aportar desde el servicio público bajo condiciones estables y justas.

Comunicación institucional al servicio de una persona y no de la ciudadanía

La carta de renuncia deja en evidencia que la Dirección de Comunicación ha sido reducida a una función reactiva y operativa, sin planificación estratégica ni articulación real con los objetivos institucionales. Lejos de utilizarse para informar sobre los grandes retos del AyA en saneamiento, infraestructura y acceso al agua, la comunicación ha sido dirigida principalmente a reforzar la imagen pública del jerarca, en detrimento de una verdadera rendición de cuentas.

Campañas institucionales, recursos humanos y esfuerzos técnicos han sido dirigidos, según lo denunciado, más al posicionamiento de una figura que a la misión institucional. Esto representa un uso indebido de los recursos públicos que no puede pasar inadvertido.

ANEP solicita la intervención urgente de la Junta Directiva de AyA, para que se de:

1. La apertura inmediata de un concurso para el nombramiento en propiedad de la Dirección de Comunicación Institucional.
2. La revisión administrativa y legal de los nombramientos interinos en el AyA, especialmente en puestos estratégicos.
3. El cese inmediato de toda campaña institucional orientada a beneficiar la imagen del Presidente Ejecutivo.
4. La publicación de un informe detallado sobre el uso de recursos en comunicación durante los últimos 12 meses.

Desde ANEP reiteramos que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, mérito, equidad y eficiencia. La renuncia de una profesional calificada, motivada por razones éticas y estructurales, debe encender las alertas institucionales y ciudadanas.

La comunicación institucional no es una herramienta de propaganda para campañas políticas con recursos públicos.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

– La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.

– La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.

En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.

Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.

No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.

No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.

¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?

Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:

• Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
• Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
• Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.

La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.

Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.

La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.

La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En relación con el comunicado emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de forma categórica cualquier insinuación de que este sindicato haya divulgado información falsa sobre la adquisición del vehículo de lujo para la Presidencia Ejecutiva.

La cifra de 14.831 kilómetros reportada para el vehículo BPL438, Toyota Land Cruiser Prado TX año 2017, fue obtenida directamente del Sistema de Gestión de Transporte GETRANS, herramienta institucional, cuya confiabilidad en la sana teoría debería cumplir con lo que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno, que exigen la integridad y trazabilidad de los sistemas de información.

Es importante señalar que dicha información fue consultada días antes de que la unidad fuera entregada a la empresa proveedora, y ya ha sido formalmente remitida a las entidades de fiscalización como parte de la denuncia presentada por ANEP.

Frente a las afirmaciones del AyA de que el vehículo tenía 178.000 kilómetros, solo caben dos posibilidades:

1.  Que el AyA cuenta con sistemas de información institucional poco confiables o incluso manipulables, lo cual compromete gravemente la transparencia en la gestión pública.

2. O que el vehículo recorrió en pocas semanas una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta al Polo Norte, lo cual resulta francamente absurdo.

Este intento de justificar lo injustificable agrava la ya deteriorada credibilidad de la administración del AyA.

Además, es aún más cuestionable la compra de un nuevo vehículo de lujo, valorado en más de USD $90.000, cuando la institución ya dispone de vehículos en operación y asignados a los más altos niveles jerárquicos, entre ellos:

•   Unidad 102-2325, Pick-Up 4x4 año 2021, prestado a la Presidencia Ejecutiva desde septiembre 2023.

•   Unidad 102-2225, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Subgerencia General.

•   Unidad 102-2224, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Gerencia General.

¿Cómo se justifica entonces la adquisición de otra unidad de alta gama si ya existe un parque vehicular disponible y funcional en la institución?

Más aún, ¿cómo es posible que la empresa proveedora aceptara como parte del trato un vehículo en mal estado mecánico? Esto evidentemente, no corresponde con la realidad técnica ni comercial, ya que agencias como Grupo Purdy Motor solo reciben unidades en buenas condiciones y luego las revenden a un precio acorde con el mercado.

Además es importante señalar otros gastos suntuosos que ya ha realizado la institución, como:

• El alquiler de vehículos para el transporte discrecional del Presidente Ejecutivo.

•   La remodelación de su oficina con acabados de lujo, en momentos en que muchas regiones operativas carecen de vehículos en condiciones funcionales para cumplir tareas esenciales.

Mientras se despilfarran recursos públicos en lujos para jerarcas, las unidades operativas enfrentan carencias críticas. Además, con las decisiones administrativas que se están tomando, la ejecución del presupuesto 2025 podría verse comprometida, e incluso, configurarse un eventual fraccionamiento presupuestario o ineficiencia administrativa.

Desde ANEP, ratificamos nuestra denuncia formal ante las autoridades competentes, y advertimos que daremos seguimiento firme y continuo a este caso hasta que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, hacemos un llamado enérgico a la Asamblea Legislativa para que cite a comparecer a la Gerente General Alejandra Mora Segura y a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, para que rindan cuentas ante el país sobre estas decisiones que atentan contra el interés general.

La ciudadanía merece instituciones responsables, no administraciones al servicio del confort personal de sus jerarcas.

¡Basta de privilegios con fondos públicos!

ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a la opinión pública, que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes contra la Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Alejandra Mora Segura, y la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, por el uso injustificado de recursos públicos en la compra de un vehículo de lujo para uso de la Presidencia Ejecutiva.

Mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre la adquisición de dicho vehículo, sin embargo, los verdaderos responsables de tramitar y facilitar esta compra, para complacer los gustos personales del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, permanecen sin ser llamados a cuentas. Este sindicato ha decidido actuar con responsabilidad institucional y denunciar los hechos concretos, con base en pruebas y fundamentos jurídicos claros.

Según consta en la documentación oficial, la institución contaba con un vehículo en excelente estado, con apenas 14.831 kilómetros recorridos, y en buen estado de conservación, el cual fue entregado como parte del pago de una nueva unidad valorada en más de $92.000, sin que existiera una justificación técnica válida para su reemplazo. Esta decisión se tomó a pesar de que la institución aún debe ejecutar un presupuesto millonario para la compra de vehículos esenciales, como camiones y unidades pick-up, indispensables para las tareas operativas del AyA.

Este tipo de decisiones administrativas comprometen gravemente la eficiencia del gasto público, violan los principios de legalidad y probidad que deben regir en la función pública, y representan un claro acto de despilfarro institucional.

La ANEP considera de suma importancia, que la Asamblea Legislativa también asuma su responsabilidad en el control político y cite a comparecer tanto a la Gerente General, Alejandra Mora Segura, como a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, a fin de que den cuentas ante el país sobre estos hechos.

Desde la ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos públicos, el combate a la discrecionalidad administrativa y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los fondos que pertenecen a toda la población.

¡El país no tolera más lujos ni privilegios con dinero público mientras tantas necesidades básicas siguen sin ser atendidas!.

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)