El FMI «la voló»

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos «no usuales», acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son «altos». De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de «altos» para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI «la voló»

Se ocupa un nuevo salario mínimo en Costa Rica

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.

Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.

Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.

Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.

Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.

Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.

Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.

SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.

Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.

Sistema Nacional de Juventudes:  Un espacio para los de siempre y no para las juventudes

James Porras López, Asesor Sindical ANEP

El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes y que el mismo posee distintos órganos de representación en donde se discute, aprueba o se consulta sobre las políticas publicas de las personas jóvenes de nuestro país.

Este Sistema Nacional de las Juventudes, posee a su responsabilidad, muchos espacios “en teoría de participación” para las personas jóvenes de nuestro país, desde un espectro cantonal, nacional y hasta niveles de un viceministerio de las personas jóvenes. Estos espacios de representación están formados bajo el amparo de la ley, y a su vez, poseen presupuestos públicos que se pueden destinar a proyectos que pueden cambiar en incidir en la vida de muchas personas jóvenes.

Dentro de estos espacios de participación para las personas jóvenes, podemos entender no solo lo que realizan, sino que también, podemos aprender más sobre su importancia:

El Consejo de la Persona Joven (CPJ):


El Consejo de la Persona Joven posee una rectoría técnica, como órgano rector, le corresponde cumplir con la elaboración y ejecución de la Política Pública para las Personas Jóvenes.

La rectoría política, la tiene en el máximo jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud, quien podrá servirse de la persona que ejerza el puesto como jerarca del Viceministerio de Juventud, además de presidir la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para hacer valer su visión política material e intersubjetiva.

Para el ejercicio de esta rectoría, el Consejo de la Persona Joven requiere de la coordinación activa y permanente con distintos agentes sociales: Sistema Nacional de Juventud, entidades del Estado y la sociedad civil.

Al Consejo de la Persona Joven, en el desempeño de su papel coordinador de la acción pública en juventudes, le corresponde desarrollar política pública definidas a partir de los intereses y necesidades de las personas jóvenes.

La Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven (ANPJ):

La Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven en Costa Rica, es un organismo clave en la formulación y aplicación de políticas públicas relacionadas con la juventud. Sin embargo, es importante señalar que en la práctica, este sistema nacional de juventudes ha enfrentado desafíos, incluyendo la politiquería de los partidos tradicionales y la recurrencia de las mismas personas en su composición. A continuación, se presenta una estructura de la información junto con estos puntos adicionales:

Historia:

El Consejo de la Persona Joven es la institución rectora de las políticas públicas de juventud en Costa Rica. Fue creado mediante la Ley General de la Persona Joven, No. 8261, publicada el 20 de mayo de 2002, sucediendo al Movimiento Nacional de Juventudes que había estado en funcionamiento desde 1966. Su propósito es elaborar y ejecutar políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes.

Objetivo:

La Red Nacional Consultiva de la Persona Joven tiene como objetivo principal brindar una participación efectiva a las personas jóvenes del país en la formulación y aplicación de las políticas públicas que los afectan.

Composición:

La Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven está conformada por representantes de diversas organizaciones y grupos. Los miembros de la asamblea incluyen:

– Una persona representante de cada uno de los Comités Cantonales de la Persona Joven.

– Una persona representante por cada Universidad Pública.

– Tres representantes de las universidades privadas.

– Dos representantes de instituciones parauniversitarias.

– Veinte representantes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

– Cinco personas representantes de los grupos étnicos.

– Cinco personas representantes de organizaciones no gubernamentales.

– Dos representantes de las asociaciones de desarrollo.

– Dos representantes de asociaciones o fundaciones integradas por personas con discapacidad.

Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ):

Estos comités son instancias municipales formadas por jóvenes de 12 a 35 años del cantón, con el propósito de elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que contribuyan a la construcción de la Política Pública Nacional de las Personas Jóvenes. La composición de estos comités es la siguiente:

– Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal.

– Dos personas representantes de los colegios del cantón, elegidas en una asamblea de este sector.

– Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente registradas en la municipalidad respectiva, elegidas en una asamblea de este sector.

– Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, seleccionada por el Comité Cantonal de Deportes.

– Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto en la municipalidad del cantón, elegida en una asamblea de este sector. Cada organización tiene la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el Comité Cantonal de la Persona Joven.

Desafíos:

Es importante destacar que a lo largo de su historia, el sistema nacional de juventudes en Costa Rica ha enfrentado desafíos significativos. Entre ellos:

Democratización del espacio: Esto incluye la politiquería de los partidos tradicionales, así como la recurrencia de las mismas personas en su composición, lo que puede limitar la diversidad de voces y perspectivas representadas en la Asamblea de la Red Consultativa de la Persona Joven, personas que llevan más de 12 años en el mismo Sistema Nacional de Juventudes, sin darles la oportunidad que más personas puedan incorporar ideas nuevas al sistema o simplemente que se pueda dar a conocer y democratizar el espacio de representación.

Poseer un presupuesto consolidado: Para que el sistema nacional de juventudes, pueda lograr más alcances y proyectos que puedan incidir en la vida de las personas jóvenes, se necesita presupuesto para lograr llegar a la población que necesita el apoyo del sistema, para esto, se debe de trabajar no solo en la política publica de la persona joven, sino que se debe de realizar la encuesta necesaria para el fortalecimiento de la PPPJ.

Impulsar el empleo y educación decente para las personas jóvenes: Para nadie es un secreto que en nuestro país, estamos viviendo una de las épocas más violentas en la historia de nuestro país, y lastimosamente la población que más vulnerable para las organizaciones criminales, son las personas jóvenes, más aun cuando no tiene la oportunidad de un trabajo digno y decente, y mucho menos, cuando no poseen el derecho a la educación de calidad.

Gestiones de la ANEP para reajuste en pensiones del IVM dan resultado

Las gestiones realizadas por la seccional ANEP-Personas Pensionadas de IVM para que se reajuste el monto de las pensiones por costo de vida, ha dado resultado nuevamente; ya que la Caja anunció un incremento entre el 5.99% y el 0.14%.

ANEP-Policía Profesional de Migración denuncia pésimas condiciones de instalaciones en Paso Canoas y Limón

La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería denunció ante máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las pésimas condiciones en las que deben de laborar y descansar los Policías de Migración destacados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes en Paso Canoas, así como en la Zona de Limón, específicamente en APM Terminals.

En la reunión participaron La jefa del Despacho del Viceministerio del Área Laboral, el Director del Departamento de Asuntos Laborales, así como el Director del Departamento Nacional de Inspección del MTSS y el Asesor del Viceministro de Trabajo.

ANEP solicita a la CCSS la intervención del Hospital de Pérez Zeledón

La ANEP envió una carta a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Martha Esquivel Rodríguez, solicitando una intervención urgente del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, ya que los problemas en los servicios son repetitivos y hasta inmanejables; lo que expone a los funcionarios y pacientes a riesgos en su integridad física, emocional y laboral.

 “Reestructuración” de AyA es para facilitar la privatización

– ANEP inicia lucha contra la reestructuración de la institución

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Nacional A y A, han tenido acceso al documento Propuesta de Reorganización Integral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 245 páginas, procediendo a una revisión, muy general pero responsable, mediando para ello visiones obrero-sindicales, jurídico-legales y estratégicas, producto de las consultas efectuadas a varias personas especialistas; todo lo cual nos permite compartir con ustedes nuestras primeras impresiones que, para ser claros y contundentes, nos motivan a lanzar una alerta general. Así las cosas, tenemos:

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A es producto de un reducido círculo de personas y, por tanto, no obedece, ni siquiera para aparentar, a voluntades políticas de facilitar un proceso participativo de real y amplia base.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A tiene como finalidad fundamental generar despidos, puros y duros, en la concepción neoliberal del término, para dar paso a una reducción cuantitativa de la planilla institucional, sin considerar la posibilidad de reacomodos, tácticos y estratégicos, de personal apto y capacitado para fortalecer áreas y/o sectores que podrían mostrar debilidades y/o carencias destinadas a lograr la mayor satisfacción de la población usuaria.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, por el contrario, apunta a un debilitamiento de mayor calado de cara a la demanda ciudadana por mejores servicios, dándose así un paso para continuar con un proceso de descrédito público al que ha sido sometida la institución en los últimos gobiernos, incluido el actual.

Esta Propuesta de Reorganización Institucional de A y A concibe al Fondo de Ahorro de A y A como un factor anexo o endógeno a la estructura institucional, disponiendo de su personal experimentado llevándolo a una especie de limbo; sin considerar que el Fondo de Ahora es consustancial a la existencia misma de la institución.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A está en la línea de impulsar el camino de la privatización del agua, tan ansiado por varios sectores políticos de fuerte procedencia y/o con respaldo al más alto nivel del macro-empresariado económico del país; privatización del agua que, paralelamente, se viene impulsando en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, tal como el Expediente No. 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A considera como “material sobrante” una serie de personal experimentado que, de un modo u otro, es susceptible de adaptación y de asimilación del cambio para fortalecer diversas áreas institucionales necesarias para la trascendencia y consolidación de A y A como proveedor de servicios de agua y de alcantarillado sanitario por excelencia en nuestro país.

Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, con una primera visión jurídico-legal que ya se le efectuó, presente serias contradicciones y vacíos que ANEP ha de puntualizar próximamente; amén de que tenemos serios cuestionamientos de su tramitación procedimental a señalarse en el momento oportuno.

La ANEP y su Seccional ANEP-A y A dejan explícito su total rechazo a la Propuesta de Reorganización Integral de A y A, al considerar que la misma es parte de la estrategia de los sectores político-hegemónicos de la sociedad costarricense de la actualidad y que son los mismos en las sucesivas administraciones gubernativas, los cuales y bajo la consigna ideológica del todo mercado-Nada Estado, desean un

A y A entregado a la lógica mercantil del lucro con la privatización del agua; todo lo cual nos hacer manifestarnos en contra del proyecto de ley Expediente 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

A la vez, llamamos a toda la familia laboral de la Institución a cerrar filas, sin distingos de ningún tipo; así como a la unidad en la acción de las respectivas organizaciones sociolaborales que, mediante un protocolo de trabajo compartido y firmado, nos dispongamos a la defensa activa y militante de A y A.

ANEP busca fortalecer su membresía en la JASEC y luchar por la Convención Colectiva

Con el objetivo de fortalecer su membrecía en la Jasec, la ANEP brindó una charla a funcionarios de esta institución Cartaginesa, sobre el quehacer diario de nuestra organización, compromiso y ejes de trabajo en la dicha institución.

ANEP logra frenar despido de trabajadora y representante sindical en la empresa Transfeco

La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logró frenar un despido injustificado de una trabajadora y representante sindical que pretendía realizar la empresa Transfeco, esta última presta servicio al INCOFER.