Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, se presentó en la Asamblea Legislativa en el marco de la tramitación parlamentaria de lo que, anualmente y por estas fechas, se conoce como el presupuesto “nacional” de la República, y en este caso para el ejercicio fiscal del año 2024.

Como bien se sabe, eso de “nacional” es engañoso, considerando que los diputados y las diputadas discuten solamente el 40% de la estructura financiero-presupuestaria del aparato del Estado. El otro 60% no pasa por sus manos, dado que lo tramita, precisamente, el órgano contralor.

Como si fuese un llanto, pero de “lágrimas de cocodrilo”, la contralora “lamentó” que la inversión pública del país esté cayendo, fuertemente, producto del peso de la deuda pública en ese presupuesto “nacional”.

Ella indicó que éste demanda la casi totalidad del mismo, por cuanto hay que destinar el 46% de los gastos presupuestados para atender el servicio de la deuda pública: amortización y pago de intereses, catalogados ya como obscenos y por parte nuestra, como socialmente criminales.

5 billones 814 mil millones de colones es ese 40% del presupuesto “nacional” de la República que va para lo que conocemos como deuda pública.

En cifras así: 5.814.000.000.000. Eso significa por cada una de las 8 mil 760 horas que tendrá el año 2024, hay que estar destinando al servicio de la deuda pública, unos 664 millones de colones (₡ 664.000.000).

Ese “lamento” contralor llega demasiado tarde. Son “lágrimas de cocodrilo” aunque doña Marta diga que el servicio de la deuda genera “muchísima rigidez” que golpea las partidas destinadas al gasto social; admitiendo que el tema de la deuda es, dice ella, “grande y profundo”.

¿Cuánto tiempo tardó doña Martha en darse cuenta de que el servicio de la deuda pública genera “muchísima rigidez”, que golpea lo necesario para la inversión social y que es un asunto “grande” y “profundo”?

Son “lágrimas de cocodrilo” su lamento con relación a que la inversión pública se está quedando sin dinero, el cual es devorado por la deuda pública a razón de 664 millones de colones durante cada hora del año venidero 2024; pues ella elude abordar las causas estructurales del problema de la deuda, el cual es “grande” y “profundo”.

¿Cómo no va ser “grande” y “profundo” el problema de la deuda pública si tiene que ver con la rapidez con que se está dando en el país la concentración de la riqueza, de la mano con la sistemática y sistémica evasión y elusión fiscales-tributarias?

La magnitud del problema de la deuda pública y su profundidad seguirá creciendo, lamentablemente. Doña Marta sabe muy bien las razones de tal magnitud y de tal profundidad. Calla de manera complaciente y cómplice. Está en su zona de confort pues su ingreso personal y futuro familiar lo tiene asegurado.

El país carece de un liderazgo político para afrontarlo. Los últimos gobiernos, incluido el actual, han carecido de ese liderazgo político para enfrentar semejante problema. Sólo hemos tenido gobiernos administradores de la deuda pública.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ni el Presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa llevan razón en sus respectivas posiciones con relación al resello legislativo que anuló el veto presidencial a la ley de modificación a la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), expediente legislativo N° 23.581, usualmente denominado proyecto de la lista gris.

Ni el Presidente Chaves ni las diputaciones que se convirtieron en poderosas aliadas de la banca plutocrática de desmesurado poder en el país, han hablado con claridad y con honestidad a la ciudadanía en esto del proyecto de la lista gris.

Lleva razón el mandatario y su lugarteniente en el parlamento, la diputada Cisneros, por pegar ambos el grito al cielo ante la jugada de la plutocracia banquera de colarse en el indicado proyecto y así, de un tirón, darle punto final a una controversia tributaria de muchos miles de millones de colones en juego que, con dicha legislación, los perderá el pueblo costarricense. Este reclamo oficialista merece apoyo y desde nuestra corriente sindical se lo expresamos.

Sin embargo, ni él ni ella han querido entrarle a la profundidad del problema tributario nacional, comiéndose la bronca (lema de gran notoriedad en la campaña electoral de Chaves), con este grave mal nacional que, de una manera u otra, está carcomiendo la democracia.

Ni, mucho menos, las diputaciones que se aliaron a la plutocracia bancaria tienen interés en ver temas como la altísima regresividad que caracteriza al injusto y corrupto sistema tributario nacional; ni tampoco entrarle a la exagerada y obscena cantidad del pago diario de intereses de la deuda pública; ni investigar la perversión de la concepción original de las zonas francas ahora “de moda” para potenciar más todavía el fraude de impuestos del gran empresauriado nacional…

A la Unión Europea (UE) le han venido mintiendo. El proyecto de ley de la lista gris, ahora ley por decisión, únicamente, del resello legislativo, es un espejismo y los niveles de fraude fiscal que preocupan a la UE seguirán.

Es por ello que un notable grupo de organizaciones de la sociedad civil costarricense, incluyendo varios sindicatos, han enviado una segunda carta a la señora María José Garde, en su condición de Presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial (Economic and Financial Affairs Council), de la UE; invocando la Aplicación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AACUE), que entró en vigor el 21 de mayo del 2013, y que señala que la participación del pilar de la sociedad civil como parte consustancial del Acuerdo de Asociación de la UE firmado entre los países centroamericanos y Bruselas.

Estamos seguros que ni Chaves ni las diputaciones protagonistas del resello tienen la más mínima noción de este compromiso internacional del país; ¿o sí?… En todo caso, considerando que, tal y como cientos de veces lo hemos denunciado, la base de sustentación de la espantosa desigualdad que nos carcome, es la injusta distribución de la riqueza; y que ésta tiene su pilar fundamental en la existencia de un sistema tributario que como el costarricense es injusto y es corrupto, resulta correcto afirmar que ni Chaves ni esas diputaciones han dicho la verdad a la gente en esto de la lista gris.

La denuncia interpuesta ante la UE por parte de ese importante grupo de organizaciones civiles, va en la línea de este compromiso histórico con la Democracia que es este dueto político-estratégico: injusta distribución de la riqueza/sistema tributario injusto y corrupto.