Autor: ANEP

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una oportunidad histórica para el desarrollo de la Democracia en lo que respecta al mundo laboral organizado de la clase trabajadora, tanto pública como privada, lo representa la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Emitida por la Corte IDH el 5 de mayo de 2021, la Opinión Consultiva OC-27/21 tiene para nuestro país una vinculatoriedad imposible de soslayar dada la naturaleza histórica de los compromisos de Costa Rica para con la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) y los correspondientes tratados que se han suscrito en la materia, que se han ratificado por parte de la Asamblea Legislativa y que por disposiciones de la Constitución Política tienen potencia jurídica superior a las leyes ordinarias.

Para que tenga usted una idea del calibre obligante para el país de esta histórica decisión de la Corte IDH, póngase a pensar que el establecimiento en el país del matrimonio igualitario, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue, también, producto de una Opinión Consultiva de este Máximo Tribunal de los Derechos Humanos en el Continente Americano, que es la Corte IDH.

Esta Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH llega para quedarse, definitivamente, insertada en el sistema jurídico costarricense el cual tendrá, sí o sí, que hacer las adaptaciones y modificaciones que correspondan para ajustarse en esos contenidos estratégicos de la Democracia para que ésta llegue a plenitud al mundo del trabajo asalariado costarricense.

Establece la Corte IDH que quien se dedique en el día a día a la actividad sindical cotidiana, abogando por los derechos laborales y económico-sociales de sus iguales de clase en todo tipo de centros de trabajo, públicos o privados, deben ser considerados como personas defensoras de Derechos Humanos. Y, por tanto, las autoridades político-ejecutivas del país deben brindarles no solamente las facilidades para su actividad sino para garantizarles protección al respecto.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica debe proceder a derogar/modificar la perversa ley anti-huelgas, No. 9808, impuesta por el co-gobierno 2018-2022 de los partidos Liberación, Unidad y el hoy extinto PAC con el non-grato Carlos Alvarado Quesada, a la cabeza.

La Negociación Colectiva, mediante el establecimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, al adquirir la categoría de Derecho Humano Fundamental, van a adquirir un protagonismo fortísimo en el establecimiento de condiciones plenas de trabajo decente; y, por ejemplo, a nivel del sector Público, dejarán en total obsolescencia las antidemocráticas regulaciones impuestas en la perversa Ley Marco de Empleo Público, hoy cuestionada sólidamente en la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, que las conciencias democráticas costarricenses estamos celebrando el retorno de Diario Extra; las conciencias democráticas del mundo obrero-social nos sentimos esperanzadas ante los alcances y la profundidad de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH para un potenciamiento de la actividad sindical al instituirse que la misma es una lucha por los Derechos Humanos.

En los últimos días, la pretensión obsesiva de “los Rodrigo”: Rodrigo Arias Sánchez (Presidente de la Asamblea Legislativa) y Rodrigo Chaves Robles (Presidente de la República), para imponer a como dé lugar, el más que desacreditado proyecto de ley conocido como las Jornadas 4×3; ha llegado a niveles irracionales que solamente merecen el calificativo de que se trata de un afán enfermizo-explotador.

En los últimos días, varias entidades con autoridad moral y propiedad ética para referirse a este proyecto, han emitido criterios y pronunciamientos que resultan imposibles de no reparar en los mismos. Solamente, repetimos, una pretensión obsesiva y un afán enfermizo-explotador, está explicando el alto desgaste político que están sufriendo de “los Rodrigo” en imponerle a la clase trabajadora esa legislación.

Impresionante resulta el criterio de los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que manifiestan que las jornadas de 12 horas no solamente van a precarizar el trabajo, sino que, igual de grave, van a minar las bases de la familia. Y, destacan la naturaleza central del proyecto al afirmar lo siguiente: “el valor principal que tendrían para el sector empleador las jornadas laborales extendidas radica en la disminución del costo salarial de lo que hasta ahora legalmente se consideran horas extras”. ¡Exacto! El afán enfermizo-explotador del proyecto jornadas 4×3 lo tiene muy bien claro el obispado católico costarricense.

Categórico fue el pronunciamiento de la Defensoría de los y de las Habitantes de la República: ¡este proyecto es un retroceso en los derechos laborales! Y, en la misma línea que la CECOR, Jornadas 4×3 lo que busca es “transformar una jornada extraordinaria en ordinaria, siendo que las principales beneficiadas serían las empresas porque no incurrirían en el pago de las hornas extras a las personas trabajadoras”.

Dice la Defensoría que el proyecto Jornadas 4×3 ya no solamente significa un retroceso en los derechos laborales, sino que, más grave todavía, violenta el principio de progresividad de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, el pronunciamiento de la Defensoría nos orienta para desenmascarar la supuesta “voluntariedad” que tendría la persona trabajadora de aceptar o de rechazar someterse a la imposición patronal de la jornada 4×3 una vez aprobada. No hay tal “voluntariedad” y certifica que, en nuestro criterio, es ésta la parte más demagógica, más tramposa y más engañosa del proyecto.

Otro criterio en contra de este anti-obrero proyecto de ley, por demás contrario a los Derechos Humanos, lo expresó una entidad civil sumamente autorizada para fundamentar lo pernicioso del mismo: el Colegio de Profesionales en Psicología señala que las jornadas extendidas afectan la salud de las personas trabajadoras sometidas a las mismas.

Este colegio profesional indica que jornadas más largas aumentan riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, mayor depresión y ansiedad, estrés psicológico, consumo de alcohol, e inactividad física, disminución de las horas y calidad del sueño, accidentes y lesiones laborales. Casi que podemos afirmar que el proyecto Jornadas 4 x 3 “mata” paulatinamente.