Sindicalismo sociopolítico bajo un contexto de cambio

Por: Daniel Castañeda Chinchilla, Asesor Sindical ANEP

Reto o responsabilidad social, este planteamiento hacia un sindicalismo sociopolítico podría traer ciertas divisiones, ya que, históricamente los sindicatos han establecido una corriente de participación política activa y constante en la profundización de los factores sociales que afectan a todas las personas y para empezar es inevitable pensar en que la vinculación de la clase trabajadora no incluye solamente a esa persona, sino, las personas que le rodean como es su familia y aquí se constituye la clase obrera en conjunto a la sociedad.

Pero el sindicalismo sociopolítico es esa trascendencia para involucrar la realidad que vive el país y la participación activa que cumplen los sindicatos entre ellos las posibles alianzas con la propia sociedad civil en conjunto a los diversos grupos sociales que participan activamente en la vida política del país y que no precisamente es una practica partidaria, sino, personas interesadas en un mejor país, existe una responsabilidad directa por parte de los sindicatos hacia una participación política activa, la defensa y lucha trabajadora no es solamente dentro del campo laboral, es precisamente velar por todos los factores sociales que influyen en la vida de una persona.

Pero bajo la perspectiva que quiero tomar es justo ese contexto de cambio en el cual tenemos un exceso de información, un punto en el cual las personas no saben que creer, esto se debe a la propia globalización que se ha encargado de que a través de la tecnología de que pueda masificarse la difusión de noticias, lamentablemente no todas son ciertas y ante este contexto de cambio es donde los grupos sociales han hecho un esfuerzo para que sus movimientos y formas de pensamiento puedan adaptarse a las nuevas formas de comunicación y de hacer política.

Pero, ¿la política también ha avanzado?, muy poco o nada, sigue existiendo una política anticuada la cual se basa en dar y pagar favores, en ofrecer puestos diplomáticos y de confianza para asegurar que otra corriente política esté bajo sus propios intereses, y así asegurar que las políticas favorables para algunos sectores sigan prevaleciendo y así es como la política sigue siendo la misma con algunos pequeños cambios.

Las condiciones sociales bajo los contextos económicos actuales son preocupantes y aún más  para las personas jóvenes que ven a lo lejos como se esfuma la posibilidad de algún día jubilarse, de algún día tener casa propia, se vive aun bajo un sistema que le debe mucho a las personas que actualmente mas necesitan que las condiciones sociales mejoren, porque la propia distribución de la riqueza continua desfavoreciendo a la propia clase trabajadora.

El sindicalismo es el protagonista, es la clase trabajadora la encargada de reivindicar todas las luchas conseguidas y proteger las políticas históricas e ir mas allá, continuar hacia la construcción de un mejor país bajo mejores condiciones de las personas integrantes de la nación.

El cambio involucra pensamiento, involucra trascendencia, acciones e incidencia, y justo hacia eso se orienta el sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que genera ideas, propuestas y que las mismas sean ubicadas dentro del espectro político hacia la generación de nuevas políticas publicas creadas por la clase trabajadora, dentro de esta línea de pensamiento de quienes sufren los embates de las irresponsables políticas actuales donde la personas que menos tiene es la más perjudicada

La renuncia al PLN del alcalde de Alajuela

No tenemos el texto completo pero un matutino consignó una frase de la carta de renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN), del actual alcalde de Alajuela y aspirante a ser reelecto en ese cargo, don Humberto Soto Herrera; frase que citamos de seguido, la cual constituye una acusación muy grave contra dicho partido que según el denunciante presenta: “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y muestra “falta de cohesión ideológica”.

Es obvio que don Humberto respira por la herida por cuanto en el PLN, la cúpula que manda lo dejó fuera de la candidatura a la reelección por esa bandera partidaria; por tanto, él decide salirse y, de seguro, seguirá promoviendo su candidatura con algún partido-taxi que le acoja para la contienda municipal verdadera. Esto de los partido-taxi, por cierto, ya es muy común en la política electoral costarricense.

También es más que obvio que la acusación al PLN de haberse distanciado de sus raíces socialdemócratas y de tener falta de cohesión ideológica, suena a oportunismo político y a una pose electorera, dado que don Humberto lanza dardos envenenados en contra de la colectividad partidista que le hizo alcalde, hasta ahora, cuando ésta le dio la espalda; con razón o sin razón, lo cual no corresponde a nosotros determinarlo. Lo real es que lo dijo, aunque sea por pose, resentimiento, venganza, dolor.

Lo importante aquí es que, efectivamente, hace ya mucho tiempo que el PLN se distanció de sus raíces socialdemócratas y se alejó de tener una cohesión ideológico congruente con esas raíces.

Tan es así que todavía quedan personas militantes del PLN que, según afirman, dan fuerte lucha interna para que el PLN vuelva a su redil. Y uno siente que es así, con posiciones honestas y consecuentes. De la misma manera, en la actual fracción parlamentaria liberacionista hay algunas personas diputadas que, merecedoras de nuestro mayor respeto y consideración, afirman ser la conciencia crítica socialdemócrata de que, efectivamente, las últimas tres derrotas electorales del PLN a nivel presidencial, precisamente, tienen que ver mucho con la renuncia ideológica a los principios que animaron a los padres fundadores del PLN en sus orígenes.

Y no les será nada fácil un reposicionamiento del PLN como alternativa socialdemócrata en estos tiempos de gran concentración de riqueza, creciente desigualdad y de dramáticas y dolorosas exclusiones sociales y económicas.

En este sentido y en ese marco, las actuaciones parlamentarias del PLN en el período constitucional 2018-2022 resultan imposibles de ser olvidadas: hicieron viable el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y le dieron los votos a la tríada de legislación anti-obrera más cruel desde la fundación de la denominada Segunda República: leyes 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y Marco de Empleo Público (10.159). Además, dejó en la corriente parlamentaria, mediando toda su fracción de ese cuatrienio, el proyecto de ley contra la histórica jornada de las 8 horas; el cual, precisamente en la presente legislatura, fueron votos PLN de su actual fracción, con notables excepciones, los que garantizaran su aprobación en primer debate.

Un nuevo episodio de eso que don Humberto calificó como “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y una muestra “falta de cohesión ideológica”, es el voto al proyecto dizque para sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes del fraude fiscal que elabora la Unión Europea (UE); iniciativa que no nace de un sentimiento nacionalmente genuino por librarnos de la dictadura del fraude y de la evasión fiscal, sino porque esa potencia económica nos puso contra la pared.

Con admiración y respeto para quienes luchan todos los días por lo que podríamos llamar algo así como el “rearme de la socialdemocracia liberacionista”, fuera y dentro del parlamento, valga la siguiente cita tomada de la publicación denominada Nueva Socialdemocracia, del economista y político español Manuel Escudero:

(https://www.infolibre.es/cultura/nueva-socialdemocracia_1_1209479.html)

“Pusimos el dedo en la llaga al afirmar que, a pesar de la existencia de un Estado de bienestar, nuestra sociedad es cada día más desigual porque se está produciendo en términos de renta y de riqueza una polarización entre una minoría a la que las cosas le van muy bien, y una mayoría que se ha estancado o retrocedido. La lucha contra las desigualdades en renta y riqueza se ha convertido en un elemento central de la búsqueda de la justicia social en el proyecto político socialista”.  ¡Semejante reto tiene quienes quieren “refundar” el PLN!

¿Tomó partido el Estado de la Nación?

Con el título de Propuesta para un mejor futuro-Construyendo una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, don Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación, participará en la presentación de este documento elaborado por el think-tank costarricense Academia de Centroamérica; en acto solemne a celebrarse en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la Asamblea Legislativa, el próximo miércoles 20 de setiembre de 2023.

También, en el panel de presentadores-comentaristas de esta actividad, estará la investigadora del Programa Estado de la Nación, la señora Natalia Morales Aguilar.

El evento será presidido por el propio Presidente del parlamento, don Rodrigo Arias Sánchez, a quien nosotros catalogamos como uno de los rostros visibles del conjunto plutocrático del real poder en la Costa Rica actual.

Por supuesto, el Presidente de la Academia de Centroamérica y el asociado a la misma, señores Ricardo Monge González y Federico Villalobos Carballo, respectivamente, estarán entre los expositores.

Como se puede colegir, de los contenidos del documento nada más sabemos su título y subtítulo, aunque está clarísimo cuáles podrían ser los mismos si se sabe bien la matrícula ideológica de la Academia de Centroamérica, siempre del lado del todo mercado-nada Estado. Y, ¿es que esto debe ser censurable, criticable? ¡En lo absoluto! Es la democracia del libre pensar y de la exposición de las ideas.

Lo que nos llamó poderosamente la atención es la participación, con rango oficial y explícito, del Programa Estado de la Nación, habida cuenta de su siempre reiterada y proclamada posición de neutralidad ante el conflicto social costarricense de estos tiempos, caracterizado por una dramática concentración del ingreso y una dolorosa exclusión social y económica.

El Programa Estado de la Nación nos tiene acostumbrados a su riguroso diagnóstico anual de nuestras penurias como sociedad y a algunas advertencias, cuidadosamente redactadas, de que el camino del desarrollo del país de los últimos tiempos no es el correcto. Aun así, ha logrado un posicionamiento de prestigio en la sociedad con no pocas reservas.

Ahora aparece el Programa Estado de la Nación en un foro en el cual su protagonista central, la Academia de Centroamérica, defiende un ideario que, a nuestro atender, por un lado, es co-responsable de la intrusión de un pensamiento en la política pública costarricense altamente pernicioso para una democracia con inclusión; y, por otro, las denuncias diagnósticas anuales del equipo de don Jorge Vargas Cullell parten, precisamente de la implantación en la sociedad de los contenidos centrales defendidos por el indicado think tank.

Desde la sensibilidad de quienes hemos estado militando en la acera que ha venido defendiendo las Garantías Sociales, la Constitución Política de 1949, el Estado Social y Democrático de Derecho; así como la importancia estratégica para la Democracia de la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) sus tratados internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país con su obligatoriedad y vinculatoriedad absolutas; consideramos que en la Academia de Centroamérica se forja el pensamiento fundamental que ha venido consolidando el poder de la plutocracia en el seno de nuestra alicaída democracia y su, hoy muy atacada, institucionalidad republicana.

Por ello nos sentimos con la atribución de hacer este señalamiento al Programa Estado de la Nación pues su participación en la indicada actividad nos genera enorme duda acerca de su ruta neutral en el análisis diagnóstico de la realidad nacional.

Hasta la fecha hemos entendido esa ruta neutral,considerando que el Programa Estado de la Nación, con la alta capacidad diagnóstica que tiene, reconocida por tirios y troyanos, si se decidiese a formular propuestas concretas, posiblemente chocaría con los intereses mezquinos de la plutocracia en el poder. Juntándose con uno de los think tank que ésta tiene como proveedor de ideología, no le hace nada bien al grupo investigador académico de don Jorge Vargas Cullell; ya de por sí, aunque en carácter personal, columnista permanente del medio emblema de esa plutocracia.

Oficiales de PCD denuncian fortalecimiento al narcotráfico por parte del MSP

  • Personal del Vigilancia Aérea, Guardacostas y Fronteras se encargarán de las tareas de la Policía de Control de Drogas.
  • Investigadores aseguran que este debilitamiento fortalecerá a las tareas del crimen organizado.

La seccional que se encuentra dentro de la Policía de Control de Drogas (PCD) denuncia como los han ido sacando de muelles, aeropuertos y fronteras terrestres para asignarlos en otro tipo de investigaciones, al tiempo que quienes quedan a cargo de lo pertinente en los espacios antes mencionados son policías que no cuentan con la pericia ni los elementos jurídicos necesarios.

Como es de conocimiento público, el crimen organizado cada vez tiene mayor poder y el trasiego, bodegaje, distribución aumenta en el país y precisamente es esta policía quien con su capacitación y experiencia ha logrado golpes durante el último tiempo, a pesar de estar en desventaja en cuanto a personal y recursos.

Un oficial especializado en este tipo de investigaciones y parte de la ANEP, a quien por seguridad no se va a identificar, fue enfático en cuestionar estas decisiones, las cuales solo benefician a los grupos encargados de enviar y distribuir droga en Costa Rica e internacionalmente.

“A quienes se les va a asignar el trabajo no tienen la instrumentación ni la preparación para atender de la mejor manera las situaciones que se vayan a dar, lo cual va a generar problemas procesales, de custodia y todas estas investigaciones o casos van a terminar en nada”, afirmó.

Y es que no es solo el hecho de que los saquen de los puntos principales por donde entra y sale droga y dinero, sino que también los espacios y bases de datos en donde se recopilan datos que sirven de inteligencia pasarán a ser ocupados por el personal de las otras policías.

FALTANTE POLICIAL

La problemática en cuanto a la inversión cada vez golpea más a los oficiales, ya que las plazas vacías y el faltante de personal afecta el desarrollo de las investigaciones. Además, existen varias directrices administrativas que hacen que los vehículos, las plazas, los artículos técnicos, entre otros se le entreguen a otros cuerpos policiales o ministerios.

“La capacitación de un oficial de la PCD dura por lo menos dos años. Antes el reclutamiento lo estaba haciendo la misma Policía de Control de Drogas y eran rápidos, pero el proceso pasó al Ministerio de Seguridad Pública con las famosas 100 plazas del presupuesto extraordinario, lo cual no garantiza que esas contrataciones vayan para nuestra policía”, expresó.

Según los cálculos actualmente existen 60 plazas vacantes, más las 100 aprobadas en el presupuesto extraordinario, es decir, 160 plazas. Pero, desde ANEP consideramos que, para poder luchar realmente en contra del narcotráfico, en el entendido de que es una base de operaciones regional deberían sumarse 200 oficiales más, para un total de 460.

CORRUPCIÓN

Los investigadores de la PCD afirman que el éxito de la mayoría de casos que han logrado se debe a que el personal que atiende no es de la zona, por lo que el índice de corrupción es casi nulo, por lo que les inquieta que a la hora en la que la Policía de Control de Drogas no esté, el crimen organizado pueda aprovecharse de la vulnerabilidad de los oficiales que queden destacados en cualquiera de los puntos.

“No decimos que las otras policías son corruptas, solo que en muchas ocasiones los grupos narcos ofrecen dinero y ante la negativa de los oficiales honestos proceden a amenazarlos con hacerles daño o a sus familiares y es ahí cuando ellos buscan la seguridad de sus seres queridos y pasan a las filas de la delincuencia”, remarcó.

Sumado a lo anterior, el brutal congelamiento salarial y las condiciones laborales cada vez más van en detrimento, motivo por el cual para el narco es más fácil aprovechar todo este tipo de elementos y buscar corromper a los oficiales.

Por otra parte, todas estas falencias también hacen que los investigadores decidan renunciar a la PCD y buscar trabajo en embajadas, policías municipales o en el sector privado, ya que las funciones conllevan un menor riesgo y la diferencia de salario no es mucha.

Desde ANEP se hace el llamado a Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República para que como Comandante en Jefe tome cartas en el asunto y se puedan revertir estas decisiones y por el contrario ordenar al Ministro de Seguridad implementar las acciones pertinentes para fortalecer la PCD.

“Queremos que el señor Presidente sea congruente y que analice lo que está pasando, que no se deje engañar, que se reúna con las bases de las policías, quienes son los que realmente conocen y tienen ideas reales que permitan combatir al crimen organizado y no estás ideas que hacen que la seguridad se vuelva un juego y un experimento político”, sentenció el investigador

Jonathan Flores Mata, asesor sindical de esta seccional va en la misma línea de que se puedan reunir el mandatario y los cuerpos policiales ya que desde ANEP se tienen las siguientes solicitudes para el Ejecutivo:

  • Fortalecimiento del sistema de reclutamiento para la PCD.
  • Utilizar una plaza vacante para una persona especializada en informática que permita hacer el soporte de datos y archivos de la PCD.
  • Que otros cuerpos policiales cooperen con las acciones de la Policía de Control de Drogas más no, que asuman sus funciones.
  • Desde la PCD paulatinamente se capacite a los funcionarios de los otros cuerpos de policía a fin de que adquieran la pericia necesaria para ir apoyando el trabajo.

Seccional de ANEP se presenta ante Junta Directiva de JUDESUR

Con el objetivo de poder fortalecer a la institución y de ser parte del apoyo para el crecimiento, la seccional dentro de JUDESUR se presentó ante la Junta Directiva en donde mutuamente prometieron estrechar lazos y trabajar unidamente.

https://youtube.com/watch?v=Ez8DzQTVLFE%3Fsi%3D5oyZXVg4_mo4tmZz

Seccional ANEP-IAFA da voto de confianza a su Junta Directiva y los eligen en el cargo por dos años

La seccional ANEP-IAFA realizó su Asamblea Ordinaria para elegir nueva Junta Directiva y brindar el informe de labores de la junta saliente, donde se abordaron diversos temas durante los dos años de gestión.

Preocupación en trabajadores del SINART ante informaciones que cuestionan a la institución

La seccional ANEP- SINART desarrolló una Asamblea Extraordinaria con toda su afiliación, para analizar diversas situaciones e informaciones que se han dado a conocer a lo interno y externo de la institución, afectando la imagen del SINART y sus trabajadores.

Presupuesto 2024 y deuda pública: casi ₡16 mil millones diarios

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

¿Cómo es posible que, en la actual Asamblea Legislativa, prácticamente, a ninguna persona legisladora le esté importando que al pueblo trabajador costarricense le saquen de sus estrujados y apretados bolsillos, la espantosa cantidad de casi 16 mil millones de colones al día (16.000.000.000), para atender lo que denominan el servicio de la deuda pública, en especial el pago obsceno y vulgar de los intereses de la deuda pública?; los cuales, por cierto, son, de los más altos del mundo?

El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al parlamento lo que se conoce como el Presupuesto Nacional 2024, el cual solamente representa cerca del 40% de la totalidad de la estructura financiera del Estado (Gobierno Central, en esencia). En realidad, debería denominarse “presupuesto parcial” pues el 60% no se tramita en la Asamblea Legislativa, sino ante la Contraloría General de la República (CGR).

De ese mal llamado “presupuesto nacional”, cuya totalidad es 12 billones 600 mil millones de colones (en cifras, así: ₡12.600.000.000.000), casi la mitad, el 46%, debe destinarse a lo que denominan servicio de la deuda pública, lo cual incluye el pago diario, escandaloso y obsceno, de los intereses de la deuda pública.

Ese 46% representa la enorme cantidad de 15 mil 928 millones 767 mil 123 colones, al día, c/24 horas, para la deuda pública; en cifras redondeadas, 16 mil millones de colones por día: ₡16.000.000.000.

En total, para los doce meses del próximo año 2024, el pueblo trabajador costarricense debe sacar de sus, financieramente, estresados bolsillos, para esa deuda pública, casi los 6 billones de colones; con exactitud, 5 billones 814 mil 600 millones de colones: ₡5.814.600.000,000.

Esta cruel y criminal, socialmente hablando, realidad se viene repitiendo durante todos estos años sin que la clase política tradicional, la vieja y la nueva, alce ni la más tímida voz de alarma o de denuncia; considerando que cada vez son más graves, las afectaciones-recortes al financiamiento de las diversas políticas públicas que desde el Gobierno Central están obligadas a atender programas de Seguridad Social (Educación, Salud y Seguridad Social, Eco-ambientales, Cultura, Infraestructura Vial, Seguridad Ciudadana, combate estratégico al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros).

Como bien lo vienen afirmando y demostrando personas estudiosas de la academia y del pensamiento social costarricense, dedicados a la defensa de los bienes comunes (como lo son, por ejemplo, los de la seguridad social y los de los ecosistemas); la deuda pública y su escandalosísimo y súper-usurero pago diario de intereses está minando las bases de la Democracia misma.

¡Así es! La deuda pública, casi cercana a los 29 billones de colones, ligada a ese aplastante pago diario de intereses, guarda relación intrínseca y perversa con la permanencia de un sistema tributario injusto y corrupto; el cual tiende a profundizarse por las ilegales maniobras del macro-empresariado evasor-elusor fiscal nacional que, como gran “moda”, está trasladando sus lucrativas empresas al régimen de zonas francas, desnaturalizándolo y prostituyéndolo, pues el mismo siempre fue destinado para atraer inversión extranjera, no para abusar de él como mecanismo de evasión tributaria.

Esta realidad corrupta ameritaría, al menos, la conformación de una comisión legislativa para entrarle al asunto con gran seriedad y quitarle el amplio manto que cubre tanta operación tributario-fiscal sucia; proceso que caería como anillo al dedo a propósito de la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto nacional 2024. Creemos que, ni siquiera, habrá una persona diputada que plantee algo así en las actuales circunstancias.