ANEP presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la denuncia del primer grupo de personas afectadas por el cambio abrupto en las condiciones de pensiones IVM-CCSS
Autor: ANEP

Jornadas 4×3: afán enfermizo-explotador
En los últimos días, la pretensión obsesiva de “los Rodrigo”: Rodrigo Arias Sánchez (Presidente de la Asamblea Legislativa) y Rodrigo Chaves Robles (Presidente de la República), para imponer a como dé lugar, el más que desacreditado proyecto de ley conocido como las Jornadas 4×3; ha llegado a niveles irracionales que solamente merecen el calificativo de que se trata de un afán enfermizo-explotador.
En los últimos días, varias entidades con autoridad moral y propiedad ética para referirse a este proyecto, han emitido criterios y pronunciamientos que resultan imposibles de no reparar en los mismos. Solamente, repetimos, una pretensión obsesiva y un afán enfermizo-explotador, está explicando el alto desgaste político que están sufriendo de “los Rodrigo” en imponerle a la clase trabajadora esa legislación.
Impresionante resulta el criterio de los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), que manifiestan que las jornadas de 12 horas no solamente van a precarizar el trabajo, sino que, igual de grave, van a minar las bases de la familia. Y, destacan la naturaleza central del proyecto al afirmar lo siguiente: “el valor principal que tendrían para el sector empleador las jornadas laborales extendidas radica en la disminución del costo salarial de lo que hasta ahora legalmente se consideran horas extras”. ¡Exacto! El afán enfermizo-explotador del proyecto jornadas 4×3 lo tiene muy bien claro el obispado católico costarricense.
Categórico fue el pronunciamiento de la Defensoría de los y de las Habitantes de la República: ¡este proyecto es un retroceso en los derechos laborales! Y, en la misma línea que la CECOR, Jornadas 4×3 lo que busca es “transformar una jornada extraordinaria en ordinaria, siendo que las principales beneficiadas serían las empresas porque no incurrirían en el pago de las hornas extras a las personas trabajadoras”.
Dice la Defensoría que el proyecto Jornadas 4×3 ya no solamente significa un retroceso en los derechos laborales, sino que, más grave todavía, violenta el principio de progresividad de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, el pronunciamiento de la Defensoría nos orienta para desenmascarar la supuesta “voluntariedad” que tendría la persona trabajadora de aceptar o de rechazar someterse a la imposición patronal de la jornada 4×3 una vez aprobada. No hay tal “voluntariedad” y certifica que, en nuestro criterio, es ésta la parte más demagógica, más tramposa y más engañosa del proyecto.
Otro criterio en contra de este anti-obrero proyecto de ley, por demás contrario a los Derechos Humanos, lo expresó una entidad civil sumamente autorizada para fundamentar lo pernicioso del mismo: el Colegio de Profesionales en Psicología señala que las jornadas extendidas afectan la salud de las personas trabajadoras sometidas a las mismas.
Este colegio profesional indica que jornadas más largas aumentan riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, mayor depresión y ansiedad, estrés psicológico, consumo de alcohol, e inactividad física, disminución de las horas y calidad del sueño, accidentes y lesiones laborales. Casi que podemos afirmar que el proyecto Jornadas 4 x 3 “mata” paulatinamente.

Del odio fanático al baño de sangre
Ya van tres episodios de odio que se han expresado de manera abiertamente pública en las últimas semanas que deben llamarnos a la reflexión y a la acción.
Los tres, protagonizados por personas que se declaran, explícitamente, partidarias del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Estos tres eventos de odio son: el ataque verbal de carácter soez y cuasirreligioso en las afueras de la sede oficial de la ANEP, la pinta de un “grafitti” en la acera de la sede de la Sala Constitucional tildando a sus magistrados de “filibusteros”; y, el ataque verbal desde las barras del parlamento, con amenazas de muerte incluidas, a los diputados Ariel Robles Barrantes y Francisco Nicolás Alvarado, por parte de un sujeto de poco pudor que casi se desnuda ahí mismo.
Desde esta columna no solamente condenamos, de la manera más enérgica los episodios de odio descritos y cualesquiera que se manifiesten, vengan de donde vengan; sino que, emplazamos, de manera abierta a la primera persona que debería ponerse al frente de una cruzada cívica por la paz, por el diálogo y contra el odio: el propio Presidente.
Sin embargo, no creemos que lo hará y tampoco tiene autoridad moral para hacerlo por cuanto su silencio al respecto de estos tres episodios activos de odio explícitos, ya nos dejó claro que los está avalando.
Las personas costarricenses que no creemos que sea el odio lo que determine nuestra convivencia cívica como nación, en medio de este doloroso y dramático proceso de involución en que estamos, algo tenemos que hacer.
Ha sido una entidad de mucha reputación la que nos ha dado los primeros datos estadísticos con relación a los mensajes de odio que invaden ya todo el tejido social costarricense en estos momentos. Se trata de la oficina en nuestro país de las Naciones Unidas (ONU), que habla de 1 millón 400 mil mensajes de odio en el último año de la medición efectuada, especialmente en redes sociales.
Muchas son las razones que podrían explicar tan pernicioso fenómeno desintegrador de la misma democracia como lo es el odio; aunque ya hay otros factores en desarrollo que están impulsando ese proceso desintegrador de nuestra democracia: la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la precariedad-congelamiento salarial, la corrupción tributario-fiscal, el pago de intereses obscenos de la deuda pública, entre otros.
Volviendo al fenómeno del odio en nuestro país hay que reconocer que éste se alimenta, no solamente de factores citados en el párrafo anterior; sino, de patologías sociales como la xenofobia, la homofobia, la aporofobia, la misoginia… y el antisindicalismo.
Y es en esto del antisindicalismo que queremos hacer una breve puntualización: lo que pasó en el período constitucional 2018-2022, cuando se manifestó la más perversa y grosera campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada antes contra grupo social alguno en los tiempos de la Segunda República: hablamos de la campaña de odio contra el empleo público y contra todas las personas trabajadoras asalariadas estatales y sus familias.
Una coalición mediático-político partidista, con sus operadores decisores en los poderes Ejecutivo y Legislativo, 2018-2022, sembró gran odio en nuestra sociedad cuyo fuego sigue ardiendo en el tejido social costarricense.
Llega Chaves Robles y su estilo confrontativo, autoritario, soberbio, burlesco, despreciativo de la institucionalidad jurídica y el odio coge fuerza.
Estamos a tiempo de que ese odio eleve su temperatura. El odio, si se hace sistémico en una coyuntura determinada, puede generar un baño de sangre, en pequeña o en gran escala, pero baño de sangre al fin.
No tenemos que ver más allá de nuestras fronteras para constatarlo. Solamente recordemos lo que nos pasó en 1948, hace tan solo 75 años. El odio se desbordó y unos 3 mil compatriotas de entonces, de uno y otro bando, murieron en un baño de sangre.
Definitivamente, tenemos que actuar.

Viceministro de Seguridad mostró el equipamiento ideal para la Fuerza Pública, hoy decenas de policías no tienen el equipo adecuado
– Molestia en el seno policial
En la Seccional ANEP-Fuerza Pública, hemos recibido cientos de mensajes de oficiales de policía que muestran malestar o disconformidad con lo presentado por el Viceministro de Seguridad Pública, Erick Lacayo en el programa 7 Días de Teletica, emitido el pasado 3 de julio, en el cual se muestra el equipo que debe portar un oficial de la Fuerza Pública. La molestia radica en que actualmente existen decenas de policías sin el equipamiento adecuado.
Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública compartimos el sentir de nuestros abnegados oficiales de policía, sin que sea algo achacable a la actual administración, ni siquiera a la que le antecedió, sino a las ultimas dos legislaturas que de alguna manera impusieron una camisa de fuerza a los cuerpos policiales, con políticas de regresividad en materia de seguridad ciudadana.
Se ha dejado de invertir en equipamiento, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, este último equipo fue lo que más llamó la atención de los oficiales, ya que nunca han recibido un foco para el desempeño de sus funciones, si algunos lo portan dentro de su equipo de trabajo es porque lo han adquirido por sus propios medios, lo mismo sucede con fundas para la portación del arma de reglamento, en cuanto a los chalecos antibalas, la mayoría lucen en muy mal estado, algunos inclusive están vencidos o próximos a vencer.
Por ello, para que todos nuestros uniformados se vean como los compañeros que estuvieron en el programa de 7 Días, es necesario que se le asigne el presupuesto suficiente al Ministerio de Seguridad Pública, para la adquisición de equipo policial, asimismo, es imperativo que se excluya a los cuerpos policiales de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida también como la “Regla Fiscal”, que vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana.
No nos sigamos engañando, el país vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si eso fuera poca cosa, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos.
Seccional ANEP Fuerza Pública.










Ley de Empleo Público: ¿qué paralizó la Acción de Inconstitucionalidad de la ANEP que Sala IV acogió?
¡Hoy una familia está feliz! reinstalamos trabajador en la Municipalidad de Limón
Se trata de Juan Luis Cascante Mora, operador de maquinaria, con más de 11 años de trabajar en la Municipalidad de Limón y quien fuese despedido de forma irregular, el 9 de enero del presente año, luego de afiliarse a nuestra organización. Por lo que un juzgado de Trabajo ordenó su reinstalación provisional, la cual, se hizo efectiva con la presencia de la Fuerza Pública.
ANEP-Orquesta Sinfónica Nacional participó en congreso internacional con 50 organizaciones de músicos de todo el mundo
ANEP conforma primera seccional ciudadana en Limón
Presentan demanda contra el Estado por eliminar pago de peligrosidad en sector privado
La ANEP, el Sindicato de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) y el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (Sitrachiri), presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), contra el Estado costarricense por la rebaja en un 33% del salario mínimo que devengan las personas trabajadoras que realizan labores pesadas, insalubres y peligrosas en sector privado.

Tras denuncia de Ecocipreses, Bloque Verde y ANEP, organización suiza Public Eye lanza investigación periodística sobre la contaminación del agua en Cipreses y Santa Rosa de Cartago
–Transnacional Syngenta con sede en Suiza exportó clorotalonil a Costa Rica, pese a su prohibición en Europa en 2019, por contaminar fuentes de agua.
–Costos de cisternas que abastecen desde octubre del 2022 a unas 10 mil personas de las comunidades afectadas han costado al AyA más de 100 millones de colones
Bajo el título “El agua también es sagrada” “Cómo un pesticida prohibido en Europa le robó el agua a un pueblo en Costa Rica”, la organización de origen suizo, Public Eye da a conocer la problemática que viven desde hace tres años las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno en Cartago, con la contaminación de los mantos acuíferos con el pesticida clorotalonil.
Public Eye es una organización no gubernamental Suiza, con más de 28 mil personas miembros y 50 años de incidir la conducta de las compañías suizas en países en desarrollo. También están preocupados por el ambiente de su país y por eso son testigos directos de lo que ha pasado con la contaminación con clorotalonil, su consecuente prohibición en la 2019 en la Unión Europea y ahora como las compañías
lo exportan en países con débil legislación para regular agro venenos, como el nuestro.
En Francia y Suiza vivieron exactamente la misma situación que experimentan las comunidades de Cartago. En Francia un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de 4 años, es decir es una molécula muy persistente.
“En Suiza unas 700.000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable y el costo de la descontaminación podría conducir a un aumento del 75% en el precio del agua.” asegura Laurent Gaberell investigador y activista sobre alimentación y agricultura de Public Eye
La investigación para Public Eye, fue realizada por el periodista nacional Álvaro Murillo, desde inicios de año y revela impactantes testimonios que serán conocidos por medios, opinión pública y tomadores de decisión europeos desde el día de hoy. Esto luego de que Ecocipreses, Bloque Verde y la ANEP denunciaran la contaminación del agua en estos pueblos cartagineses.
Incluso medios como Euro News y Yahoo, ya hacen replica de esta situación que se vive en nuestro país y dan cuenta de que el clorotalonil contamina el agua en Costa Rica y como desde la Unión Europea y Reino Unido se exportaron mil toneladas de este pesticida prohibido a países más pobres.
En el reportaje revelan sobre la contaminación de fuentes de agua en Cartago “Las autoridades temen que esto podría ser sólo la punta del iceberg en un país donde las autoridades no tienen la capacidad de analizar su propia agua para detectar estos contaminantes”. Agrega que “nadie sabe cuántas personas en Costa Rica han estado expuestas a estos contaminantes ni por cuánto tiempo. Las autoridades costarricenses nunca han analizado sistemáticamente el agua potable para detectar la presencia de uno de los pesticidas más utilizados en el país.”
Según un informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AyA que fue clave para que la Sala Constitucional solicitara la prohibición del clorotalonil en junio pasado, en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
Según datos aduaneros oficiales costarricenses analizados por la investigación “los productos de Syngenta representaron más de una cuarta parte (26%) de todo el clorotalonil importado a Costa Rica entre 2020 y 2022”. Es decir que es la principal empresa que suministra el producto al país. Syngenta es el mayor exportador de clorotalonil de la Unión Europea y se fabrica principalmente en la cuidad Suiza de Basilea.
Asegura la investigación que “la evidencia” de estudios en países europeos donde el producto químico ya está prohibido es que los metabolitos del clorotalonil son muy persistentes en el medio ambiente y es probable que “deterioren significativamente las aguas subterráneas durante muchos años”.
Desde El Frente Ecologista de Cipreses, Bloque Verde y la ANEP, hacemos un llamado al Gobierno de la República sobre la importancia de la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, como lo indica el informe técnico del Ministerio de Salud, Minae y AyA, informe respaldado por el fallo de la Sala Constitucional, que indica que debe acatarse lo estipulado en dicho informe.
Ver reportaje completo, videos y fotos en: https://stories.publiceye.ch/es/costa-rica/ o https://preview.shorthand.com/43OaDxzQHtRamxMN