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Autor: ANEP
540 millones de colones “enhuacados”
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Ahora resulta que es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que le hace un fuerte llamado de atención al señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, en cuanto a que no se consideraron, como nuevos ingresos para la parte final del presente año 2022, la enorme cantidad de 540 mil millones de colones (₡540.000.000.000); lo que equivale a un 1.35 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), si consideramos que cada punto porcentual PIB es de 400 mil millones de colones (₡400.000.000.000).
En el lenguaje popular podríamos decir que esos 540 mil millones de colones, el Ministerio de Hacienda los tenía “enhuacados”, sombreados, escondidos. Y se pueden destinar para pagar-honrar deudas salariales pendientes, si tuviesen voluntad política real como le prometieron en campaña al personal policial del país, por ejemplo.
Este dado está comprendido en el informe contralor DFOE-FIP-MTR-00042-2022, recientemente publicado en prensa.
Por su parte, el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, con ocasión del trámite parlamentario de lo que se conoce como Presupuesto General de la República para el 2023, había denunciado no solamente una subestimación de ingresos por parte del Gobierno, en una cifra parecida, 500 mil millones de colones; sino que, además, también denunció que se fue al otro extremo el Ministerio de Hacienda, sobreestimando en 700 mil millones la cantidad para hacerle frente al pago de la deuda pública en el año venidero.
¡Nos han engañado! ¡Nos siguen engañando! Es este nuestro criterio con relación al estado actual y real de las finanzas públicas del país y, en específico, al tema de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Al menos, en lo que va de este Gobierno, las cifras dadas de deuda pública con relación al PIB se mueven entre 63.9 puntos y casi los 70, según diversas informaciones de prensa que dan cuenta de manifestaciones de parte del indicado Ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la verdad en este punto?
¡Nos sentimos indefensos! Tienen tiempo de estar atormentando a la sociedad con relación a ese punto, en cuanto a que estamos en el ojo criminal de las calificadoras de riesgo de inversión, acerca de la capacidad del país de manejar su abultadísima deuda pública. ¿Cuál es la realidad? Ya uno no sabe qué creer.
Y decimos que tienen tiempo de estarnos atormentando, por cuanto a pesar de que este Gobierno empezó a hacer gestión fiscal en mayo pasado, las líneas matrices ideológicas al respecto, se mantienen incólumes de una administración gubernativa a otra. Básicamente, la de carácter preponderante: primero la deuda y después la gente. Nosotros luchamos por liberarnos de esta esclavitud mental.
Al respecto, destacamos que el economista independiente don Francisco Esquivel Villegas, afirma de manera categórica, que los resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre del presente año 2022, indican la existencia de, al menos, un billón de colones (1.000.000.000.000), de superátiv, superávit primario; cantidad ésta susceptible de ser utilizada para, por ejemplo, pagar las deudas salariales pendientes por costo de vida que se tienen con grupos de empleados públicos, tales como los policiales y/o los del sector Educación y otros.
¡Noten ustedes! Enlacemos: la “huaca” de los 540 mil millones de colones, la sobrestimación del monto de amortización de la deuda pública arriba apuntado y los datos del economista mencionado; entonces, la conclusión es una: hay plata para honrar esas deudas salariales por reajuste por costo de vida, en el sector Público, en los años 2020-21-22. ¡Hagamos algo!
Organizaciones sociales buscan crear un Frente Nacional por la defensa del agua
El pasado sábado 3 de diciembre, se llevó a cabo el primer encuentro de personas defensoras del agua, en el marco del Día Internacional de no uso de plaguicidas. En la actividad participaron organizaciones como la ANEP, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Eco Cipreses, Bloque Verde y ASADAS, entre muchas más.
Lo que dijo el rector UCR: Mensaje histórico
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Hemos considerado conveniente, aprovechando el maravilloso espacio semanal que nos da esta prestigiosa publicación digital que es El Guardián, reproducir el mensaje del señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el pasado 28 de noviembre de 2022, con ocasión de un evento denominado “Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales”. Lo transcribimos tal cual fue pronunciado, por considerarlo atinadísimo en momentos en los cuales estamos viviendo la Costa Rica de la desigualdad.
La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.
Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.
Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.
También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.
No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.
No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.
La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.
Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.
Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.
Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.
Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.
Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.
Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.
Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.
El Día de los Derechos Humanos
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El próximo sábado, 10 de diciembre, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el lema para este año 2022, es Dignidad, libertad y justicia para todos.
En la corriente sindical en la cual militamos, hemos decidido que la incorporación de los Derechos Humanos a la lucha laboral y obrero-social de todos los días se ha vuelto una necesidad ya no solamente de primer orden, sino estratégica.
Por una parte, estamos viviendo la época más desigual de toda la historia de la Humanidad. Por otra, la Costa Rica actual está considerada ya, oficialmente, una sociedad desigual.
El último informe del proyecto Estado de la Nación es contundente: Costa Rica está partida en dos. A la mayoría de la población le está yendo mal. Y, particularmente, es la clase trabajadora la que está sufriendo las consecuencias de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza, en la exclusión económica y en la marginación social.
En tal sentido, enarbolar la bandera de los Derechos Humanos como estandarte fundamental de la lucha del sindicalismo sociopolítico, nos parece que resulta una decisión acertada.
Particularmente, lo que se conoce como los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
Los Derechos Humanos de Primera Generación, los Derechos Civiles y Políticos, no se pueden disfrutar a plenitud sin la total aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Podría uno decir, en consecuencia, para qué libertad con hambre.
“Nuestros líderes han adquirido un gran número de compromisos en materia de derechos humanos en nuestro nombre. Si cada una de las garantías que han firmado se cumpliese, nuestras vidas serían pacíficas, seguras, cómodas y saludables; nuestros sistemas jurídicos serían justos y ofrecerían a todos la misma protección; y nuestros procesos políticos serían transparentes y democráticos y servirían a los intereses de la gente”.
La anterior reflexión (que hemos tomado de este sitio web: HYPERLINK «https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights» https://www.coe.int/es/web/compass/the-evolution-of-human-rights), nos describe la naturaleza del desafío que enfrentamos desde una perspectiva integral de lucha social en estos duros tiempos de desigualdad: cada cuatro años, de manera reiterada, somos víctimas de estafas políticas.
Poco a poco, Costa Rica ha venido siendo desenmascarada en su doble moral en cuanto a los Derechos Humanos. Así las cosas, ha quedado más que legitimado que la lucha social que se impone en la actualidad es aquella que debe ir ligada a la divulgación, educación, promoción y defensa de los tratados de Derechos Humanos a los cuales el país se ha adherido, ha firmado y ha ratificado.
En lo inmediato, en materia de Derechos Humanos, nuestro mayor reto es que el presente gobierno se ponga al día en cuanto a sus obligaciones con relación a la Opinión Consultiva No. 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Sobre los derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género.
ANEP: Las cifras fiscales del Gobierno no generan confianza
Correos de C.R. reduce cesantía a 8 años: ANEP manifestó su rotunda oposición
S Y R: esclavitud laboral “la punta del iceberg”
El caso de las tiendas S Y R es “la punta del iceberg” sobre explotación laboral en Costa Rica. Todo el país sabe qué es este caso. Se trata de una agresión laboral sumamente grave, dolorosa, dramática e indignante que conmocionó mucho a la ciudadanía. Prácticamente, se trató de una acción patronal de esclavitud laboral.
Quien lo calificó como “la punta del iceberg” de la explotación laboral en suelo costarricense fue, nada más y nada menos que, el señor Tomoya Obokata, alto personero internacional del Sistema de las Naciones Unidas, la ONU, con el cargo de Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Él indicó que en nuestro país se dan más casos de tal índole.
Nos consta. En producción agrícola bananera y piñera, en la actividad de servicio público de choferes de autobús, en seguridad privada y servicio doméstico, en la actividad comercial de tiendas de ropa y de supermercados, en construcción e, incluso, en actividades de servicio público estatal; la esclavitud laboral se muestra con sobreexplotación de jornadas sin pago de horas extra, salarios congelados, sobrecargas laborales. Incluso, con irrespeto total al Derecho Humano del Salario Mínimo que, en Costa Rica, tiene naturaleza constitucional. En este caso, se muestra así un tipo de esclavitud financiero-bancario que tiene al grueso de la población con altísimos niveles de endeudamiento.
La gravedad del problema de las formas contemporáneas de esclavitud que se manifiestan en Costa Rica, llevaron al señor Relator de las Naciones Unidas a formular un conjunto importante de recomendaciones para el país. Reparemos en una de las más relevantes:
Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ, adoptando el Proyecto de Ley 21.706 para el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección Laboral, e involucrar a los sindicatos u otros terceros en la inspección del trabajo para aumentar la transparencia.
Y esta otra es de gran trascendencia: Imponer derechos sindicales sin discriminación e imponer sanciones adecuadas a los empresarios que no los reconozcan.
El señor Relator de las Naciones Unidas pide a las autoridades políticas del país, además, garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación; y, a la vez y relacionado con ello, ratificar e implementar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de los miembros de sus familias, de 1990.
De gran relevancia es el señalamiento que formula el señor Obokata para regularizar la conducta de los subcontratistas que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. En nuestra visión del problema, lo que cabe es la prohibición total de la subcontratación, especialmente, en el campo agrícola y, además, penalizada con encarcelamiento por ser una real acción perversa de esclavitud moderna. Queda muchísimo material sobre este delicado asunto. Volveremos…
ANEP logra ser reconocida por APM Terminals
