El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó la reinstalación del dirigente sindical de la ANEP, Leónidas Vásquez Arias en la Municipalidad de San Carlos, luego de un proceso irregular de despido por parte de la administración anterior.
Autor: ANEP
Empleados del sector Público sin reajuste por costo de vida para el 2025
ANEP-Municipalidad de Turrialba solicita intervenir oficina de Recursos Humanos del municipio
Ante acuerdo fallido: ANEP solicitará intervención de inspección laboral del MTSS en Plantel del AyA en Socorrito de Puntarenas
Directivos de la seccional ANEP AyA, junto afiliados de la Unidad de Operación y Mantenimiento de Socorrito de Puntarenas, sostuvieron una importante audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo con representantes de AyA, ante diversas problemáticas que afectan a los trabajadores de ese recinto, con su jefatura.
Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución
Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SIANRT, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:
Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.
El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.
El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.
Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.
Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.
Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.
Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.
Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SIANRT para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.
¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.
El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SIANRT la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SIANRT es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.
Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.
Ineficacia e irresponsabilidad del MSP en la compra de patrullas
–MSP tiene 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2147 están activos
– Para el año 2025, no se contemplaría ni un solo colón para compra de vehículos.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como un sindicato preocupado por la seguridad ciudadana, y como una institución que una y otra vez ha cuestionado, y hemos constatado, la improvisación de los actuales jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), denunciamos el debilitamiento sistemático de los cuerpos policiales, específicamente en la compra y mantenimiento de vehículos.
Según datos extraídos del oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-161-2024, actualmente el MSP cuenta con 6.326 vehículos de uso terrestre, de los cuales solo 2.147 están activos (un 34%), mientras que 4.179 vehículos, es decir un preocupante 66% de la flotilla está fuera de servicio, 2437 (39%) de estos de manera permanente y solo 99 vehículos se encuentran en reparación.
A pesar de estos datos y los cuestionamientos, el MSP, sigue sin adquirir nuevas unidades durante este 2024, situación que se extenderá un año más, Así queda plasmado en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP, en el cual se observa que, en el anteproyecto presupuestario, no se contempla ni un solo colón para compra de vehículos para el año 2025.
A estas situaciones se suma las compras agrupadas, según lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública Nº9986, lo que ha venido a constituir un riesgo para la adquisición de equipamiento y recurso de los cuerpos policiales.
Sobre este último tema, desde la ANEP, se le consultó al Ministro de Seguridad Mario Zamora, si estaba al tanto y qué acciones se tomarían para mitigar o subsanar estos riesgos, pues la merma de equipo policial influye directamente en el servicio de seguridad ciudadana. Zamora respondió con el oficio MSP-DM-0588-2023, diciendo que “no existía riesgo alguno y que todo está bien”.
Otra de las situaciones que llaman la atención, es que en el año 2023 no se ejecutaron ₡600 millones del Instituto Costarricenses sobre Drogas (ICD), en Fuerza Pública, según oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B-2092-2024. La Subdirectora General de Fuerza Pública, Yadelly Noguera Corea, indica que “todo ese dinero fue reasignado para reparación y mantenimiento de vehículos, y no para compra de vehículos”. Esto a pesar de que solo 99 vehículos se encuentran en reparación, según datos del propio MSP.
En el mismo documento, esta jerarca indicó que ₡1.533 millones no podrán ser ejecutados por falta de procedimiento de contratación.
Esta situación ha generado decisiones como la de la Subdirectora General de FP, quien, en el oficio, MSP-DM-DVURFP-DGAF-SDGFP-B-2491-2024, asume la responsabilidad de mandar a reparar un vehículo (placa08-5132), que cuenta con un criterio técnico para no repararla. Poniendo en riesgo la seguridad de oficiales y ciudadanía.
Para la ANEP es preocupante observar la cantidad considerable de recursos destinados al servicio de seguridad ciudadana, que el MSP no está ejecutando. En momentos de crisis fiscal o bien con procesos mal ejecutados.
Procedimientos de compra fracasados, según datos de SICOP:
| Procedimiento | Acto Final | Motivo |
| 2022LA-000023-0007100001 Adquisición & Canje Vehículos 2022. PCD | Infructuoso | El punto 1.6.1.3.4 del cartel, no se ajustaba a la formalidad de certificación notarial. La contratación era por un estimado de ¢452.837.255. Se declara infructuosa por no presentar a una certificación notarial. |
| 2023LE-000002-0007100001 Compra de vehículos. PCD_097 | Infructuoso | La contratación era por un estimado de ¢264.498.436 colones, para adquirir 9 vehículos, y se declara infructuosa por una nota al plazo de entrega; esto, a pesar de que se indica que el análisis legal y el análisis técnico indicaron que una de las ofertas presentadas cumplía. |
| 2024LY-000004-0007100001 COMPRA INSTITUCIONAL DE VEHICULOS TIPO PICK UP, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO | Declarado Infructuoso por el MSP. Tiene dos recursos de revocatoria ante la CGR | La contratación era por un estimado de ¢31.858.397.858,53 Es declarado infructuoso por diferencias en precios (+ $15,14, +$319.74, y -$101,91) Es decir: $232.97 |
| 0062024000400011 Solicitud | Rechazado | Orden de la Viceministra Administrativa de Seguridad Pública, se desconocen justificaciones. |
Del cuadro anterior, llama la atención los motivos que parecen ser fácilmente subsanables para no dejar perder todo un procedimiento y la complejidad que esto conlleva. Especialmente es cuestionable que un departamento político sin conocimientos técnicos, como es el despacho de la viceministra de Seguridad Pública mande la orden a Proveeduría de rechazar un procedimiento, sin ningún tipo de justificación. Tal y como se constata en el oficio MSP-MSP-DM-DVA-DGAF-DTRANS-177-2024 en poder de la ANEP.
Si algo ha quedado claro, lamentablemente, en la Administración Chaves Robles, es la falta de claridad en lo referente a la seguridad ciudadana. La improvisación y las decisiones irresponsables, que incluso, desde la óptica de varias personas estudiosas en temas de seguridad, entre ellas el equipo de trabajo de ANEP, han tildado como más beneficiosas para la delincuencia y el crimen organizado, que, para la seguridad de la población costarricense, son la principal característica del MSP desde que el ministro Zamora tomó el mando.
Más allá del debilitamiento por la falta de aviones, de extraer a la PCD de los lugres donde se obtiene la información para detectar los movimientos de los carteles narcotraficantes internacionales, de la ausencia de verdaderas acciones preventivas, el equipo de trabajo de Mario Zamora incluso está fallando en los aspectos básicos de la articulación de este ministerio, que debería trabajar en pro de la seguridad ciudadana.
San José, martes 10 de setiembre de 2024.
Racismo educativo aporofóbico
Copiamos de internet-Google la definición de aporofobia: “La aporofobia es el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. El término fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, para dar nombre a este fenómeno que afecta especialmente a las personas en situación de sinhogarismo”. Y del diccionario de la Real Academia Española (RAE) esta definición de aporofobia: “fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.
Los extremistas fundamentalistas que imponen desde hace ya varios gobiernos la política fiscal del país, lo hacen con una fuerte carga ideológica de contenido aporofóbico, el cual se hace notar con más crueldad en el actual gobierno considerando que su cabeza ejecutiva tiene una concepción ideológica de la sociedad al estilo “bancomundialista”, fortalecida por sus tres décadas de servicio tecnocrático-financiero lejos del país.
El proyecto de presupuesto de la Republica para 2025 que fue enviado por el Gobierno a la actual Asamblea Legislativa muestra propuestas de recortes presupuestarios con fuerte carga aporofóbica.
En cuanto a Educación Pública los recortes afectarán la calidad de la enseñanza que se debe dar a los hijos y las hijas de personas trabajadoras de ingresos medios, bajos o casi inexistentes; clase trabajadora (pública o privada) con ingreso salarial precario que no pueden pagar un servicio educativo privado.
Es decir, la aporofobia fiscal en materia de Educación Pública condena a la gente pobre a tener un servicio educativo malo y no una educación de excelencia para el ascenso social. Este pésimo servicio educativo tiene una intencionalidad perversa cual es la de mantener en exclusión social y económica a la gente pobre.
Ya no se trata de un asunto de desigualdad: es algo más malo y profundo. La aversión a los pobres, ideológicamente marcada por una política fiscal aporofóbica, es de tal calibre que es mejor que no cuenten, que no existan, que no importen.
Tan es así que la actual y descalificada-cuestionada ministra MEP se niega a entregar los datos estadísticos estratégicos del rezago educativo al Programa Estado de la Nación, habida cuenta de que los pobres ya no cuentan para las estadísticas del sistema educativo público carcomido por el ajuste fiscal del recortismo presupuestario aporofóbico.
Tenemos entonces que en el sistema educativo público, especialmente en sus niveles de pre-primaria, primaria y secundaria, podemos encontrar la confluencia de las consecuencias del sostenido proceso de exclusión económico-social que estamos sufriendo, ahora agravado por ese recortismo fiscal aporofóbico: a) acuden a recibir educación los hijos y las hijas de las personas asalariadas del exiguo salario mínimo pagado en el sector privado; b) los hijos y las hijas del personal trabajador del sector público que tiene su salario congelado desde hace 5 años; c) las clases son impartidas por personal magisterial víctimas de ese congelamiento salarial y con altísimo endeudamiento personal; d) las lecciones se dan con carencia de material educativo idóneo y de calidad y en instalaciones tugurescas; en fin, la educación pública muestra un patético y doloroso retroceso que nos llevará a un subdesarrollo pedagógico que posibilitará el control futuro de la sociedad por los privilegiados de la educación privada.
!Que no cuenten los pobres! !Que no cuenten a los pobres! Esta parece ser la maligna consigna del racismo educativo aporofóbico. De terror…
Tribunal Contencioso da curso a denuncia de la ANEP para frenar adjudicación de EBAIS a cooperativas
El Tribunal Contencioso de lo Administrativo ha dado curso a la denuncia presentada por la ANEP, el pasado 12 de agosto, donde se solicita por medio de una medida cautelar frenar la adjudicación otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de 10 áreas de salud a cooperativas para su administración.
La seccional ANEP-MAG solicita al viceministro intervención en temas de salud ocupacional e infraestructura
