La ANEP y su seccional en la Municipalidad de Limón sostuvieron una importante reunión con la nueva Alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla. En el municipio se respira un ambiente de cambio, tras la salida del ex alcalde Néstor Matis por pensión anticipada.
Autor: ANEP
ANEP denuncia penalmente al Director General del Centro Nacional de la Música por presunta falsedad ideológica
Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
Aclaración: Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
CONGELAMIENTO SALARIAL TOTAL. Desde el día 1 de enero de 2020 a la fecha, la práctica totalidad del personal asalariado del sector Público NO RECIBE NI SIQUIERA UN CENTAVO de reajuste en sus salarios por variaciones en el costo de vida. Nótese la diferencia: una cosa es aumento salarial; y otra, muy distinta, reajuste por costo de vida para, supuestamente, recuperar pérdida en el poder de compra del salario que no aumenta.
Ni en el 2020, ni en el 2021, ni el 2022, ni el 2023, prácticamente nadie en el empleo estatal recibió dinero alguno por la pérdida del poder adquisitivo del salario, lo cual, como venimos señalando, se agrava en este 2024 que acaba de iniciar: serán cinco años consecutivos de congelamiento salarial total.
Es en el sector municipal, con algunas excepciones y gracias a la lucha sindical de la ANEP, que se han logrado reajustes por costos de vida, moderadamente decentes, en esos años.
Esta cruel situación de congelamiento salarial total está afectando al personal de todo el Gobierno Central (incluyendo cuerpos policiales, Magisterio Nacional) y sus entes adscritos, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, como el ICE, como el A y A, entre otras.
Este congelamiento salarial total ha venido siendo denunciado y combatido, fuertemente, por la ANEP. Sin embargo, el valor cívico de la Democracia de la Calle puede revertirlo, en todo o en parte, mediando, eso sí, un gran acuerdo gremial multisectorial que está en construcción.
DEUDA POR REAJUSTE POR COSTO DE VIDA. Ahora bien, la última vez que se dio por parte del Gobierno de la República un reajuste por costo de vida al Sector Público y valedero para la totalidad del mismo, fue en diciembre de 2019, mismo que entró a regir desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, hoy, miércoles 3 de enero de 2024, no se ha aplicado en estos sectores:
Todos los cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI. Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
El personal trabajador de todas estas entidades públicas está con “condena doble” en cuanto a sus salarios: Ni les pagan el último reajuste por costo de vida que hubo para el sector Público, el de diciembre de 2019; y, ahora, acaban de ingresar al quinto año de congelamiento salarial total sin reajuste alguno por costo de vida: en 2020, 2021, 2022, 2023 y, ahora, en 2024.
En este caso, la deuda salarial pendiente por el reajuste por costo de vida definido en diciembre de 2019, legalmente hablando, está dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR) como patrimonio personalísimo de cada policía, de cada persona educadora, etc. En cada caso y como se indicó ya, promedialmente hablando, esa deuda es de unos 400 mil colones per cápita.
En esta segunda circunstancia y ante la desidia del actual Gobierno en responder y resolver, la apelación a la Democracia de la Calle va cogiendo forma y fuerza.
CONCLUSIÓN. En ambas situaciones, el grueso de las personas trabajadoras estatales afectadas, reciben ingresos salariales medios o bajos, no perciben “salarios dorados”. Sus ingresos salariales, en franca caída, han venido empobreciéndoles y, por ende, a sus familias. Se les ha sacrificado por la situación injusta de la impagable deuda pública y su más que obsceno para de intereses, asunto éste que es denuncia constante de la ANEP.
San José, miércoles 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Sector Público asalariado agudiza su empobrecimiento
•No tiene reajuste por costo de vida en este 2024: Quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
•Estado no paga el reajuste pendiente desde el 2020 a la fecha.
•Electricidad sube un 15 %
Los y las oficiales del personal de la Fuerza Pública y de los otros cuerpos policiales del país: Control de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Policía de Fronteras, Policía Profesional de Migración, Guardaparques, Penitenciaria, Tránsito, Policía Fiscal y OJI, arriban al año 2024, teniéndose que enfrentar a una mayor profundización en el proceso de precarización salarial del cual son víctimas desde el 1 de enero del año 2020.
Llegan al Año Nuevo sin un centavo de incremento salarial por costo de vida y deben enfrentar, desde este mismo 1 de enero 2024, un aumento 15 % en la tarifa de electricidad en sus respectivos hogares, sin hablar de más alzas en camino. Este 2024 es el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total.
Además, el Gobierno-Ministerio de Hacienda guarda un sepulcral silencio en cuanto si, ¡por fin!, honrará la deuda salarial del reajuste por costo de vida que entró a regir el 1 desde el 1 de enero de 2020, a razón, promedialmente hablando, de 7.500 colones a la base de cada una de esas personas trabajadoras policiales, hombres y mujeres, integrantes de los sectores de ingresos medios y bajos del aparato estatal costarricense.
En promedio, repetimos, esa deuda abarca 48 meses: los 12 meses del año 2020, los 12 del 2021, los 12 del 2022, los 12 del 2023; más, lo proporcional correspondiente a 4 aguinaldos y a 4 salarios escolares. Hablamos de unos 400 mil colones, en promedio y per cápita.
Esta deuda salarial que el Estado tiene con este personal estatal policial ya es patrimonio personalísimo de cada uno y de cada una. Su legalidad es incontrovertible, así dictaminado por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Idéntica situación aqueja, afecta e indigna al personal magisterial y administrativo del MEP, al de otros ministerios y entes adscritos al mismo; así como el de varias instituciones autónomas y semiautónomas.
Una vez más, ANEP hace emplazamiento público vehemente al propio Presidente de la República y al Ministro de Hacienda, señores Rodrigo Chaves Robles y Nogui Acosta Jáen, para que hablen con contundencia:
1) ¿Pagarán el retroactivo de esos 4 años que, presuntamente, cada entidad pública deudora ya presupuestó para honrar tal deuda salarial que no es por aumento sino por un reajuste por costo de vida?
2) ¿Invocarán la perversa regla fiscal y a última hora nos dirán que la relación deuda pública/Producto Interno Bruto (PIB), arrancó el año 2024 por encima a los 60 puntos para con ello dilatar y seguir dilatando ese pago?
El pago-depósito se puede efectuar de manera automática. Los sistemas digitales institucionales tienen la información precisa de si a alguna persona funcionaria acreedora de esa deuda se le deben reconocer los 48 meses o menos. No se vale venir a plantear que cada quien debe formular un reclamo administrativo: ESO ES HACER TRAMPA para dilatar el pago y hacer colapsar las diferentes dependencias públicas involucradas. ANEP rechaza, contundentemente, la triquiñuela del reclamo administrativo.
Al parecer, la movilización social se impone y parece que se está evidenciando que sin la misma no se atenderá este justo reclamo. ANEP exhorta a las personas trabajadoras afectadas a mantener una disposición para algo semejante. Por el contrario, los acreedores de la deuda pública no tienen problema alguno: a ellos se les paga puntualmente.
San José, martes 3 de enero de 2024.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Las luces largas de don Rodrigo
Por: Albino Vargas Barrantes
D. Rodrigo Arias Sánchez, próximo a cumplir su segundo período como Presidente de la Asamblea Legislativa (y ya se escucha en pasillos de palacio que lo van a elegir para un tercer mandato en ese cargo): acaba de publicar un artículo de su puño y letra que tituló Recuperemos las luces largas, especificando que “las fuerzas políticas y sociales debemos comenzar un proceso de diálogo conducente a la creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”.
De manera categórica planteó: “Si no somos capaces de comprometernos en la práctica con los intereses superiores de Costa Rica y con el bienestar social de la población, el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”.
Esta posición de don Rodrigo es muy significativa desde nuestra perspectiva, aunque no por ser él presidente de nuestro parlamento. Le consideramos autoridad política dentro del conglomerado político-económico del real poder de la Costa Rica actual; ese poder que no va a elecciones, pero determina, en gran medida, quién las gana y quién las pierde.
Analicemos el asunto y, a lo mejor, tendremos que escribir una segunda parte de este comentario.
Que don Rodrigo diga que “el país corre el riesgo de precipitarse en una pesadilla de la que después será muy difícil despertar”; es porque en el seno de la clase dominante pudieran estar sintiendo “pasos de animal grande”, en cuanto a lo insostenible que resulta el desarrollo incesante de la exclusión social y económica que, en similares condiciones y considerado dimensiones nacionales específicas, en otras naciones latinoamericanas se han venido escenificando fuertes estallidos sociales con consecuencias políticas de alto riesgo para la misma democracia.
En sus consideraciones sobre la “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”, don Rodrigo plantea el papel de las fuerzas sociales pues, tácitamente, admite el desgaste de las fuerzas políticas (léase, las partidarias o la partidocracia); mismas que por su sistemático y sistémico desprestigio y reiterada estafa electoral cuatrienal, han sobredimensionado al rol de la democracia representativa para asumir el desafío de la exclusión social y económica.
A lo mejor y ante la constatación del agotamiento de una democracia formal que excluye y, por tanto, se está autoaislando, don Rodrigo tuvo a mano el Artículo 9 de nuestra Constitución Política que indica lo siguiente: “Artículo 9- El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias”.
Nótese: “El Gobierno de la República es popular, …participativo”. “Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí…”.
Tres aspectos son mencionados por don Rodrigo para darle fuerza a su propuesta de “…creación de una Hoja de Ruta Estratégica para el Desarrollo Nacional”: a) Se descuidó la visión estratégica del país; b) se han debilitado los logros históricos de nuestro Estado (Social) de Derecho; c) estamos postrados social y económicamente.
De nuestra parte, ¡coincidimos!, en términos generales. Y las partes más sólidas y representativas de las fuerzas sociales a las cuales apela don Rodrigo hace ya mucho tiempo tenemos diagnosticado esos aspectos y, además, hemos formulado gran cantidad de propuestas. (Continuará…)
Corrupción: hora de una gran ofensiva ciudadana
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Acaba de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, ya con los dos debates de rigor, el Expediente Legislativo No. 23.449, Ley de promoción de denuncias y protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales; iniciativa que, si bien fue convocada por parte del Poder Ejecutivo para que el Legislativo resolviera -como ocurrió, en definitiva-, la misma obedece a diversos compromisos internacionales del país en materia de combate a la corrupción.
Por ejemplo, la obligación que representa para Costa Rica respetar y practicar la Ley de la República No. 7670, Convención Interamericana contra la Corrupción, de 17 de abril de 1997; tanto como la Ley No. 8557, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 29 de noviembre de 2006. Ambas pretenden el establecimiento de sistemas de protección para el funcionariado público y para la ciudadanía que se decida a denunciar actos de corrupción.
Otra ley, la No. 9450, de 11 de mayo de 2017, nos obligó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en algo más de fondo: aportar en el combate de la corrupción de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Desde la corriente sindical en la cual militamos de manera cotidiana celebramos que se haya emitido dicha ley, exhortando a las personas trabajadoras de los sectores público y privado a que asuman esta ley en toda su plenitud, disponiéndose a invocarla todos los días para aportar el saneamiento de nuestra institucionalidad republicana tan contaminada de corrupción; misma que se ha venido entronizando con la potencia que le da la connivencia del sector privado que entra en colusión con el público para deteriorar el bien público que es el bien común.
Esta ley establece una serie de prohibiciones de ejercer represalias contra quien denuncie corrupción con independencia de los motivos que tenga para ello. Veamos algunas:
- La suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
- Descenso o denegación de ascensos.
- Cambios desfavorables en las condiciones de trabajo, tales como funciones, horarios, lugar de trabajo o remuneración.
- Restricción o discriminación en la promoción u oportunidades de formación.
- Evaluación o referencias negativas con respecto a su desempeño laboral.
- La no prórroga del contrato a plazo fijo o por obra determinada.
- Anulación de una licencia o permiso otorgado por el empleador.
- Otros daños reputacionales, profesionales, financieros, sociales, psicológicos o físicos.
Este fuero de protección especial por denunciar corrupción aplicará a los compañeros de trabajo, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad; así como terceras personas que estén relacionadas con el denunciante en el mismo contexto laboral y sufran represalias con motivo de la interposición de la denuncia.
Nosotros vemos grandes oportunidades de una ofensiva ciudadana contra la corrupción de la mano de esta ley (todavía sin número), en ámbitos de la política pública que se relaciona con el sector privado tales como: construcción de infraestructura vial y educativa, aduanas y defraudación fiscal, salud y seguridad social, protección eco-ambiental, sistema financiero-bancario, entre otros. Estamos muy entusiasmados por las oportunidades que abre esta ley en defensa de la propia institucionalidad republicana.
2024: Clase trabajadora asalariada seguirá pagando el ajuste fiscal
•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo
•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total
La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.
En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.
El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.
Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.
Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.
Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.
Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.
Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.
San José, lunes 18 de diciembre de 2023.
*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*
*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*
Presidente Chaves: todavía puede usted ser disruptivo
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Disruptivo: “Que rompe algo o que rompe con alguna cosa o situación”. Supusieron sus electores que usted iba a ocasionar una ruptura o un cambio determinante; que usted iba a ser “innovador”, “revolucionario”, “transformador”; en fin, que usted sería disruptivo en lo que respecta a la politiquería de los últimos tiempos. Nada de eso… hasta la fecha. Casi que podemos decir que estamos ante una nueva estafa política cuatrienal como las de las elecciones presidenciales de, más o menos, los últimos 40 años.
El “güiquilís” tico (los audios) le está dejando a usted muy mal parado. En la pelea inter-élites le están goleando. El bloque político-hegemónico-mediático tradicional, el del poder real, ese que estuvo sosteniendo al desastroso gobierno anterior, el del detestado Carlos Alvarado Quesada, para que no se cayera; está mostrando de qué son capaces y exhibiendo su nada despreciable capacidad de incidir en la agenda-país.
Se está demostrando que la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de la República fue algo sucio, aunque nada distinto de las que se desplegaron en las elecciones anteriores a la suya. Usted está, prácticamente solo y sus huestes, cada vez más disminuidas, “combaten” desde las redes sociales con gran precariedad intelectual y notorias debilidades argumentales. Doña Pilar Cisneros Gallo, desde el parlamento, hace ingentes esfuerzos por sacar agua del bote; sin embargo, se ha disipado todo su prestigio ganado durante tantos años, al reconocérsele ser una de las voces más autorizados en materia de control de la suciedad en la cosa pública.
Leímos la entrevista de página completa que le hizo el periódico impreso más leído de Costa Rica, Diario Extra, publicada este pasado lunes 11 de diciembre; la cual se tituló Chaves: “Choreco ya no es mi asesor”. Cuesta creer eso puesto que, urbi et orbe (a la ciudad y al mundo), ustedes se presentaban como uña y carne. Ahora, por el contrario, Choreco dice que usted es un “bocón”. La cosa está tan horrible para ambos que, a lo mejor, decidieron vender el producto comunicacional de una “ruptura” entre ambos. Sin embargo, puede ser que la ley les alcance a final del camino.
En esa entrevista, usted pone la bola en el punto de penal cuando indicó: “La desigualdad ha estado subiendo en Costa Rica por más de 40 o 50 años. Parar el deterioro de la desigualdad es complejo. ¡Se deben hacer cambios estructurales profundos!” Nada más atinado pudo usted haber dicho en esta complicada situación político-social y económica de la Costa Rica actual.
Y con este otro comentario, usted la voló: “Seguimos siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. ¿Por qué? Tenemos un sistema tributario regresivo. Estamos luchando contra eso, pero todavía hay muchas resistencias”.
En el seno de la corriente sindical en la cual militamos, el tema de la creciente, sistemática y sistémica desigualdad; amén de ese sistema tributario regresivo que incluye ese monstruoso y criminal pago de intereses de la deuda pública; viene ocupando, prácticamente, los puntos medulares de nuestro accionar patriótico-social de los últimos tiempos. Creemos que, también, en otras corrientes sindicales y en el seno de la gran diversidad de los movimientos sociales, estas preocupaciones forman parte de sus agendas de lucha de una u otra manera.
¡Dele un giro a su gobierno! Asuma la disrupción que usted, aunque no con ese nombre, prometió en campaña (incluida, la revisión del tema de los intereses de la deuda pública). Convoque a la gran diversidad de grupos sociales de diversa naturaleza (incluidos los sindicales) para, al menos, hablar del asunto y de otros no menos relevantes. Revise la Historia Patria. Revise la disrupción que en su momento decidió impulsar el Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; histórica decisión que hoy hace que tengamos Código de Trabajo y que tengamos CCSS. Reflexione usted en Navidad y en Año Nuevo.
