5 años y 8 meses fue el tiempo que tuvieron que esperar tres trabajadores de la Municipalidad de Sarapiquí, para recuperar sus puestos de trabajo luego de ser despidos de forma injusta. Así lo determinó y ratificó la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por lo que ordenó su reinstalación inmediata, así como el pago de salarios caídos a los trabajadores.
Autor: ANEP
Sala II ordena reinstalación de trabajador despedido de empresa privada
Nueva Seccional ANEP-Municipalidad de Moravia luchará por mejores condiciones salariales
Criterio de la Procuraduría abre posibilidad de mejora salarial para policías
– Posición de las seccionales de ANEP en los cuerpos policiales
Las diversas seccionales de la ANEP presentes en los cuerpos policiales del país, como lo son Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional Guardacostas, hacen un llamado al Poder Ejecutivo para que mejore el salario de los y las policías, basados en el criterio de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022) que avaló el reajuste salarial de los Ministros y Viceministros de Estado.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, argumentando que sus salarios eran muy bajos. Antes de eso, el mismo Presidente mencionó que no podía contar con algunas buenas personas en su gobierno, por los bajos salarios que se pagaban. Ciertamente, en ANEP hemos considerado que las personas trabajadoras deben ganar un salario digno, justo y acorde a su nivel de compromiso y peligrosidad.
Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales se encuentran entre los más mal pagados del Gobierno Central. Por mencionar un ejemplo: el salario base de un oficial de la Fuerza Pública, de los que no tienen rango, ronda los ₵342.250,00 colones mensuales, sumándoles los incentivos de Riesgo Policial, Disponibilidad, títulos académicos y de formación policial, alcanza a lo sumo los ₵500.000,00, monto que sigue siendo bajo en relación con la peligrosidad, la entrega y el compromiso que implica el desempeñarse como oficial de policía, en cualquiera de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el aval de la Procuraduría General de la República mediante criterio (PJR-oj-102-2022), del incremento salarial de ministros y viceministros por voluntad del Ejecutivo, refleja claramente que cuando hay voluntad política las cosas son posibles, y los criterios técnicos responden favorablemente. Hay sectores laborales dentro del Empleo Público a quienes se les ha afectado mucho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), entre ellos, los servidores de los distintos cuerpos de policía del país.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), conoce muy bien la Ley 9635 y sus efectos adversos para los sectores más vulnerables del Empleo Público. De igual manera, coincide con que existen posibilidades reales de mejorar las condiciones salariales de estos grupos de servidores.
La Ley en mención señala que cuando el nivel de endeudamiento sea igual o mayor al 60% del PIB, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base, es decir, existe una imposibilidad de realizar incrementos por costo de vida. No obstante, de acuerdo a los criterios de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022), si es jurídicamente viable realizar una revaloración salarial por ajuste técnico, puesto que, las razones técnicas y jurídicas son distintas a las del costo de vida. Además, y concordante con las consideraciones de la Procuraduría, los puestos de policía están excluidos del Régimen del Servicio Civil, dejando abierta la posibilidad de realizar una revaloración salarial de estos servidores y estas servidoras.
Así que, ANEP solicita al Ejecutivo, con sobrada justificación que, se utilice una argumentación de similar naturaleza a la ofrecida para el incremento de las y los ministros, para el caso de los distintos Cuerpos de Policía. Y se les realice una mejora salarial, tomando en cuenta que, este ajuste técnico responde a causas totalmente distintas del factor costo de vida, lo cual, reiteramos, es jurídicamente posible según lo ha señalado la Procuraduría General de la República. Sin dejar de lado el hecho de que las y los policías no están siendo compensados justamente por el trabajo que brindan al servicio del país, lo que ha acumulado una deuda histórica con tan importante sector laboral.
Números fiscales-tributarios que dan pavor
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
38 mil millones de dólares ($38.000.000.000), es la cantidad de plata que, al 30 de abril anterior, estaba en poder de los bancos comerciales del país, tanto los públicos como los privados. El dato sale del mismísimo Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Todo mundo está calladito en el sistema político. Gente bien informada y que se mueve en el mundo de las finanzas, nos comentan que una buena cantidad de esa plata es dinero proveniente del crimen organizado, del negocio del narcotráfico. Dicho de otra forma, ese dinero sucio tiene a la economía costarricense a flote pues hace tiempo debió haber quebrado.
¿Hablarán del tema en la Asamblea Legislativa? ¡No lo creemos! El narco está ya metido en la política nacional de corte tradicional, muy a pesar de la gente buena y honesta que todavía sigue en ella.
64 mil millones de dólares ($64.000.000.000), es el monto actual del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía costarricense. ¡Esto es de locura!: Los 38 mil millones de dólares atesorados por los bancos comerciales, equivalen a, prácticamente, el 60% del valor del PIB de hoy.
45 mil millones de dólares, al menos (sino más), es el espeluznante monto de la deuda pública que golpea, duramente, a la gran mayoría de la ciudadanía; especialmente, a su clase trabajadora, a sus sectores medios pauperizados, a las micro-pequeñas y medianas empresas. Las sucesivas administraciones del tripartidismo PLN-PUSC-PAC nos tienen al borde del precipicio, según diversos especialistas.
¿Habrá alguien en el seno de la clase política de corte tradicional que, sensatamente, plantee que hay que auditar esa monstruosa deuda pública? ¡No lo creemos! La deuda pública, así visto, estaría ya rondando el 70% del valor del PIB.
Y si la deuda pública es ya de 45 mil millones de dólares; entonces, la plata que está en los bancos comerciales (los 38 mil millones de dólares), equivale a casi el 85% del monto actual de esa deuda pública. ¡También esto es de locura!
El déficit fiscal y la venta de bonos que hace el Gobierno para sobrevivir, más la autorización que le pide al parlamento que le aprueben para pedir más prestado en el exterior (eurobonos), representa un gigantesco y oscuro negocio en los mercados financieros nacionales, donde están personajes y entes privados que poseen capitales en cifras inimaginables, que se enriquecen con la deuda pública.
Por otra parte, 10 millones de dólares diarios, 300 millones de dólares al mes, 3 mil 600 millones de dólares al año, es el monto estimado promedio en la evasión fiscal según cifras del Presidente Chaves Robles. Hablamos de un 5.62 puntos PIB anuales en robo de impuestos. Otras voces autorizadas y fuentes especializadas plantean que es mucho más. Valiosas iniciativas de ley para empezar a cambiar toda esta putrefacción tributaria, están congeladas en nuestro parlamento (ver informe legislativo sobre Los papeles de Panamá).
Si tomamos como base el dato presidencial, en los últimos diez años se habrían evadido unos 36 mil millones de dólares: cifra ésta que representa casi un 95% del valor de la plata que hay en los bancos ahorita, los 38 mil millones de dólares que nos indica el BCCR. Esto, por una parte. Por la otra, ese gigantesco monto evadido, representaría un 80% del monto actual de la deuda pública del país, por el orden de los 45 mil millones de dólares.
Con sinceridad, son datos duros como para digerirlos. Son datos duros que, para gran parte de las personas integrantes de la actual clase política tradicional del país, no interesan o, peor todavía, ni siquiera los manejan. Y para quiénes en las esferas del real poder que sí reparan en cada una de estas cifras, es porque viven de ellas y se enriquecen con ellas.
En buena medida, estos datos duros nos explican las razones por las cuales Costa Rica está, actualmente, dentro de los diez países más desiguales del planeta. En buena medida, estos datos duros pueden alimentar en un futuro no muy lejano, diversos tipos de explosiones sociales.
ANEP se reunirá con autoridades de la CCSS para solicitar que se respete el salario mínimo inembargable en la institución
– En audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo.
Este jueves 4 de agosto, a partir de las 9:00 a.m., la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se reunirá con autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para solicitar que se respete el salario mínimo inembargable en la institución.
La audiencia conciliatoria obedece a una solicitud de la ANEP ante la cartera de trabajo, debido a que las autoridades de la CCSS, han hecho caso omiso a las notas enviadas por nuestra organización referentes al tema.
Ante la solicitud, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los siguientes representantes de la institución, Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General de la CCSS; Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero Caja Costarricense del Seguro Social y a Luis Fernando Campos, Gerente Administrativo.
Para Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, esto es un tema que ni siquiera debe discutirse, ya que existe un fallo de la Sala Segunda que indica que el salario mínimo inembargable debe de respetarse.
“La Caja está haciendo una interpretación errónea sobre este tema, por eso solicítanos una intervención del Ministerio de Trabajo con el objetivo de garantizarle a los trabajadores de la Caja que se respete ese mínimo, y que, a la vez, se permita garantizar sus necesidades mínimas esenciales”, detalló Quesada Fernández.
Actualmente el salario mínimo inembargable está fijado en ¢214.230,78, ya que se toma el salario mínimo mensual presente en la lista de salarios emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La lucha inició en el 2018
La lucha para que se respete el salario mínimo inembargable nació en la ANEP, precisamente en el año 2018 en la Municipalidad de San José, donde el Concejo Municipal llegó a un acuerdo con nuestra organización, para que se respetase dicho salario. A partir de ahí se buscó replicar en otros municipios con un saldo positivo.
Otra de las instituciones donde la ANEP llevó la batuta para respetar el salario mínimo inembargable fue en la Fuerza Pública, elevando el caso de miles de oficiales de policía ante instancias judiciales y con protestas incluidas frente al Ministerio de Hacienda. En estas protestas se unió personal de CEN-CINAI e incluso educadores.
Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP, fue enfático en indicar que esta es una lucha que la ANEP ha venido dando en defensa de los trabajadores y las trabajadoras costarricenses y su calidad de vida.
“Las personas y sus familias deben subsistir y se les debe garantizar un mínimo salarial para ello. Con estas acciones lo hemos venido logrando ante las diversas instituciones e incluso en instancias judiciales”, manifestó Mora.
Este tipo de acciones ya se han realizado en el fondo de pensiones IVM, Fuerza Pública y diversas municipalidades, en estas últimas instituciones incluso se llegaron a acuerdos antes de que el Ministerio de Hacienda emitiera la circular (CIR_TN_017-2022) para respetar el salario mínimo inembargable.
Convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La contralora del capital y la reforma del Estado
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
La señora Marta Acosta Zúñiga está en la máxima cúpula política de la Contraloría General de la República (CGR) hace 18 años. Los primeros ocho, de 2004 a 2012, como Subcontralora y, ahora, ajusta ya diez, desde 2012 a la fecha, como Contralora.
Cuando ella llegó a la cúpula contralora, la deuda pública de Costa Rica en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba cercana a la cifra del 38% (37,44%, para ser exactos). La fuente es esta: HYPERLINK «https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica»
https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica. Hoy, tal relación se acerca al 70%, según la misma fuente y, para ser más exactos, en un 68,34%, al cierre de 2021.
Podemos verlo, también, de esta forma: desde que doña Martha está en la cúpula política contralora del país, la deuda pública en relación con el PIB creció en un 82,5%, pues pasó de un 37,44% a un 68,34%.
¿Y qué ha estado haciendo ella, desde el 2004 a la fecha, mientras la crisis de las finanzas públicas costarricenses se manifestaba y se profundizaba? Nosotros pensamos que doña Martha estaba viendo para otro lado.
Ahora que esa relación deuda/PIB es, prácticamente, del 70%, las vocerías y sectores políticos, con más histeria que razonamiento, están hablando de una reforma del Estado, pero erráticamente conceptuada e ideológicamente impulsada. Doña Marta también está en ese patín.
En la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado de la Asamblea Legislativa, la señora Contralora “recomendó volar machete”, o, “pasar la podadora” a seis áreas del servicio público en aras de esa reforma del Estado: infraestructura vial, sector agropecuario, sector energía, sector protección social, sistema de pensiones y sector ambiente.
En cuanto al personal, se mencionó que sobra gente en ámbitos como los de proveeduría, asesoría legal, recurso humano, auditorías internas, entre otros. “Es al perro flaco al que se le pegan las pulgas”; o, “el hilo se revienta por lo más delgado”.
Si consideramos que el altísimo endeudamiento público del país aumentó en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en un 82,5% en la época contralora con sello Marta Acosta Zúñiga, uno hubiera esperado “recomendaciones” de ella en materia de Reforma del Estado en cuanto a la institucionalidad relacionada con los diversos ámbitos de lo fiscal-tributario y hacendario.
Hubiésemos esperado que hiciese planteamientos concretos para reducir en algo los estratosféricos montos de evasión fiscal-robo de impuestos que, según el propio y actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, es de, en promedio, 10 millones de dólares diarios.
O, si es que no quería ella “metérsele al tren” del poderío político de la evasión; al menos, cuáles serían pautas de Reforma del Estado propuestas por la Contraloría para atender el servicio de la deuda pública por su lado correcto: auditándola, renegociándola, reestructurándola, condonando, postergando; y para redefinir sobre su pago obsceno de intereses, etc.
En cada uno de los 18 años de gestión contralora de doña Martha, el fraude fiscal y la evasión tributaria crecían y crecían; el endeudamiento público subía y subía; las grandes corrupciones con fondos públicos en colusión con mega-consorcios privado-empresariales le pasaban a ella por sus narices y nada de nada… Doña Martha estaba viendo para otro lado. Mientras, los cientos de personas trabajadoras estatales que ahora sobran, según doña Martha, pagaban y pagaban puntualmente sus impuestos: el de ventas, en la caja registradora del supermercado al momento de la compra; y el de renta, deducido puntillosamente, quincena a quincena, del salario. Señora Contralora: usted está sin autoridad moral para hablar de Reforma del Estado.
Caja utiliza a conveniencia reglamento para evitar ajuste de las pensiones IVM
Por años, la Caja ha realizado los ajustes a las pensiones semestralmente. Sin embargo, ante el reclamo de la ANEP, la Gerencia de Pensiones indicó que “las revaluaciones de las pensiones del Seguro de IVM se realizan apegadas a la normativa respectiva, la cual no obliga a que se deban ajustar los montos de las pensiones ni cada semestre ni con la inflación”.
Solicitan investigación penal por supuesta administración fraudulenta de Aldesa
38 mil millones de dólares
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Es difícil imaginarse esta cantidad de plata: 38 mil millones de dólares. En números se escribe así: 38.000.000.000.
En realidad, la cantidad exacta es 38 mil millones 477 mil 700 dólares. En números: 38.000.477.700.
La cifra la sacamos de la carta que a la ANEP le envió la señora Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Se trata de su oficio GER-0158-2022, fechado 23 de junio de 2022.
Doña Hazel le respondió la pregunta que le formuló la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en carta de ésta fechada 15 de junio de 2022 (oficio S.G. 21-25-0701-22).
La ANEP tenía «curiosidad» de conocer el dato acerca de «los depósitos del público en moneda extranjera en los bancos y tenencias de los bancos de activos en moneda extranjera».
Aunque la ANEP pidió ese dato con corte al 31 de mayo de 2022, se lo dieron con corte a abril 2022. Sin embargo, es espectacularmente impactante.
El BCCR nos da el informe en dos partes.
Una que nos habla de la siguiente cifra: 16 mil millones 268 mil dólares.
La otra nos expone la cantidad de 22 mil millones 209 mil 700 dólares.
Como ven, sumadas ambas dan 38 mil millones 477 mil 700 dólares.
Y si esa gigantesca cantidad de plata nos causa asombro, más asombroso es que todo ese dinero está en suelo nacional. Está en poder de los bancos comerciales (públicos y privados).
Doña Hazel nos explica en su carta que la primera cantidad arriba mencionada, los 16 mil millones 268 mil dólares, corresponde a «depósitos del público en moneda extranjera».
Pero nosotros nos preguntamos: ¿Cuál «público» es el que tiene depositados en los bancos comerciales 16 mil millones de dólares? De manera contundente podemos afirmar que la clase trabajadora no es ese «público» con semejante cantidad de plata depositada en los bancos comerciales.
Ahora, vamos a la otra parte. Son 22 mil millones 209 mil 700 dólares los «activos en moneda extranjera en poder de los bancos comerciales». En consecuencia, estos están, literalmente, inundados, requetecontrainundados de plata.
Figúrense ustedes que, hablando de manera redondeada, esos 38 mil millones de dólares que en estos momentos atesoran los bancos comerciales equivalen a unos 26 billones (millones de millones) de colones. En cifras así: 26.000.000.000.000.
Esos 26.000.000.000.000 de colones nos da un per cápita de 5 millones 200 mil colones por cada costarricense vivo en estos momentos, sin importar su edad, asumiendo que ya somos 5 millones de personas ticas habitantes del país.
¿Quién se atreverá, ahora, a afirmar que somos un país al borde de la quiebra?
¿Cuál fuerza política se quiere atrever a preguntar cómo fue que los bancos comerciales han llegado a manejar/poseer/custodiar esas hipergigantescas cantidades de dólares?
¿Cuánta relación existe para que tal realidad nos ayude a entender la dolorosa circunstancia de la desigualdad que ya reina a plenitud en el país, al punto de estar en el deshonroso octavo puesto del escalafón mundial en tal sentido?
No hay que ser experto para concluir que una buena parte de esos 38 mil millones de dólares son fondos sucios, lavado de dinero producto del crimen organizado y del negocio del narcotráfico.
¿Es que acaso es el dinero del narco lo que ha impedido que el país quiebre?
¿Se atreverán en la actual Asamblea Legislativa a abordar este sensible y delicado asunto?
¿Podría alguien atreverse a determinar si el actual precio del dólar se fundamenta en una especulación financiera criminal que empobrece a los sectores de la otrora pujante clase media y, por otro lado, expolia aún más a una clase trabajadora asalariada estrangulada económicamente hablando?
¡Qué va! Es este un tema tabú. Sin embargo, desde el campo de lo popular hay que entrarle. Y aunque sea «en solitario» lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo con la impagable deuda pública y su criminal y obsceno pago de intereses.
