Autor: ANEP
ANEP se abre paso en el MEP e insta personal trabajador a afiliarse
ANEP solicita a la fiscalía General de la República investigar inversiones de la CCSS en La Nación S.A.
Dentro de las petitorias que la ANEP, solicita a la Fiscalía General, es que se informe si existe alguna denuncia planteada en contra de La Nación S.A. por los hechos denunciados por la prensa nacional, o bien, si el Ministerio Público tomará acciones concretas, con base en la información que ha transcendido a la luz pública, donde se describen algunos comportamientos supuestamente irregulares en el manejo de inversiones que involucran fondos de la CCSS
La ANEP logró extraer las notas periodísticas publicadas por Diario Extra, Semanario Universidad, El Guardián y El Mundo.cr, en las cuales se informa que La Nación S. A. tiene una deuda, en apariencia, por aproximadamente ¢19 mil millones de colones, misma que vence entre 2024 y 2025. Estas informaciones han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República junto a la petitoria de nuestra organización.
En las informaciones dadas a conocer por los medios de comunicación en mención, también se extrae que de los dineros de pensiones que administra la CCSS, que corresponden al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE), se tendrían invertidos aproximadamente ¢6 mil millones de colones en instrumentos de deuda con La Nación S. A.
La CCSS tiene invertidos en La Nación S. A., según notas del elmundo.cr y Semanario Universidad, 2 mil cuatrocientos millones de colones del IVM; también 3 tres mil millones de colones del FRE y 732 millones de colones de la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS.
En julio de 2020, La Nación S. A. le indicó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que desarrollaría un proyecto inmobiliario por medio de un fideicomiso, a pesar de reportar deudas desde el año 2019. En dicho proyecto inmobiliario, se indicó, que incluirían la propiedad de Llorente de Tibás, además de otras propiedades, indican las informaciones periodísticas.
Trascendido a la luz pública que la CCSS, mediante el oficio GF-365-06-2022-GP-1046-2022, enviado a la Sugeval, con fecha 29 de junio de 2022, le pide información sobre este fideicomiso y el impacto que ha tenido en los estados financieros de La Nación S. A.
Otro de los cuestionamientos, indicados en las notas de prensa, hace referencia a las calificaciones financieras de La Nación S. A. que pasaron de “AAA” a “A”, razón por la cual, la CCSS, con base en diversos informes emitidos por el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, así como por la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera, ha mantenido una atención especial a inversiones que se tienen en los instrumentos de La Nación. S. A.
En criterio de ANEP, los hechos publicados por esta prensa nacional, reflejan una situación de urgencia que debe ser analizada por las autoridades superiores del Poder Judicial, en especial del Ministerio Público, pues podríamos estar, en apariencia, frente a algún fraude de simulación que involucra fondos del IVM, del FRE y de la Operadora de Pensiones Complementaria de la CCSS.
ANEP ve necesaria una investigación del Ministerio Público mediante la cual se aclare si los fondos pertenecientes a la CCSS sufren algún riesgo, pero también que se investiguen las conductas denunciadas públicamente y se determine si configuran algún tipo de hecho castigado por el ordenamiento jurídico penal.
San José, lunes 04 de julio de 2022.
Unidad de Información y Comunicación ANEP.
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¿En cuántos barriles de pólvora estamos sentados?
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Este martes 28 de junio, el pueblo trabajador (asalariado o no), tuvo que pagar más porque subió la tarifa de bus, aunque se anunció, prácticamente al mismo tiempo, una reducción en el precio de los combustibles. ¿Quién gana aquí? La respuesta es más que obvia.
El pasado lunes 27, el gran empresariado “ofreció” un 1% para un reajuste extraordinario en el salario mínimo pagado a la clase trabajadora del sector privado, asunto que se está “debatiendo” en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de composición tripartita (cámaras-Gobierno-sindicatos); considerando el alza incesante en el costo de la vida en lo que va de este año 2022 y cuyo porcentaje inflacionario para la mitad del año se acerca al 9%.
Y todavía osan impulsar más explotación laboral con el funesto proyecto de jornadas 4-3, siendo que es la malnutrición y el hambre lo que está imperando en el seno de los hogares de salario mínimo. En el caso del sector laboral que trabaja para el Estado, su situación económico-financiera va en picada hacia deterioros del poder de compra del salario jamás pensados.
Una parte del mismo, totalmente minoritaria, la sigue pasando bien (por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática de los tres poderes y el resto de la institucionalidad republicana); y quienes dentro de esta cúpula estaban mal pagados, ministros-ministras y sus respectivos vices, se les aumentó, de un solo tiro, un 100%. Lo realmente injusto y dramático es que la gente de ingresos salariales medios y bajos que constituyen la abrumadora mayoría del personal de la Administración Pública del país, la está pasando muy mal.
Durante una reunión que nos concedió el Sr. Presidente, don Rodrigo Chaves Robles, en la propia Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo, le comentamos que por los graves retrocesos que está experimentando la sociedad costarricense en materia de desigualdad y de exclusión económico-social, nuestra impresión es que Costa Rica está sentada en un barril de pólvora.
De 1982 a 2022, período de 40 años, las administraciones gubernativas anteriores (5 del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC), dejaron al país en estado calamitoso con una deuda pública (impagable, decimos nosotros), cercana a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000). Y, para nuestra sorpresa, el mandatario nos corrigió inmediatamente: ¡él afirmó que son varios barriles de pólvora en los que Costa Rica está sentada! Él y su gobierno recibieron a Costa Rica en total desastre.
¡Tiene razón el Sr. Presidente! Estamos sentados en varios barriles de pólvora. ¿Cuántos? Veamos: Se dice que bajarán el precio de los combustibles, pero no bajarán los precios de los artículos y servicios de consumo básico (no hay mejor ejemplo ahorita que el de las tarifas de autobús). Un 1% de incremento extraordinario en el salario mínimo cuando la inflación se acerca al 9% a mitad del año. Esto es prácticamente un congelamiento salarial para el sector privado que pinta de extrema gravedad, como el que ya se manifiesta en el público; al cual, por cierto, le quieren imponer un congelamiento brutal por al menos una década, sino más, con la imposición de la inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.
¿Cómo explotarán esos barriles de pólvora? ¿A nivel sectorial, regional y/nacional? Son potenciales estallidos sociales y Costa Rica ya los ha tenido recientemente: revisen lo que pasó en los años 2018, 2019 y 2020.
Una eficaz estrategia preventiva se impone, pero la misma pasará por desafiar, sino todos, algunos contenidos del modelo hegemónicamente dominante en lo político y en lo económico, de forma tal que el egoísmo de la plutocracia reinante no termine de imponerse para desventura de la Democracia misma.
Don Nogui: 210 veces la cantidad de 6 mil millones de colones
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El señor Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, pegó el grito al cielo porque una “rebajita pequeñita” en el impuesto único a los combustibles, como la que van a tramitar en la Asamblea Legislativa, le generaría al fisco, dice él, una disminución de 6 mil millones de colones (₡6.000.000.000). Sería una reducción simbólica, como de 15 colones por litro y durante unos seis meses. ¡Vaya tomadura de pelo a la gente!
Sin embargo, el punto del presente comentario no es ese. Queremos centrarnos (una vez más de los cientos de veces en que hemos tratado el asunto), en que el problema número uno de Costa Rica, en materia de finanzas públicas, es la existencia y persistencia de un sistema tributario que es doblemente perverso: es totalmente injusto y está muy corrupto.
Este criterio nuestro recibió un espaldarazo político inesperado para nosotros y es que el actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la conversación que con él tuvimos el privilegio de sostener el pasado jueves 12 de mayo y en la propia Casa Presidencial, nos reconoció que en nuestro país el fraude fiscal-tributario, ¡por año!, es del orden de los ¡TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE DÓLARES! Lo hemos escrito entre signos de admiración y en letras mayúsculas para dimensionar la terrible magnitud de este crimen social que es el robo de impuestos en Costa Rica.
Este robo de impuestos de $3.600.000.000 por año, según la denuncia presidencial que les estamos comentando, equivale a que, en un semestre, la cifra sería de $1.800.000.000 (mil ochocientos millones de dólares).
Si esos $1.800.000.000 lo multiplicamos por 700 colones (valor del dólar que anda ya cercano a esta cantidad), entonces nos da ₡1.260.000.000.000 (UN BILLÓN 260 MIL MILLONES DE COLONES).
Don Nogui -repetimos-, se pegó una llorada porque la “rebajita pequeñita” que definirían en la Asamblea Legislativa al impuesto único a los combustibles, que sería temporal (seis meses), le quitaría a las finanzas públicas 6 mil millones de colones.
Pero, don Nogui, ¡vea usted!: en esos mismos seis meses, el robo de impuestos sería de ₡1.260.000.000.000 (UN BILLÓN 260 MIL MILLONES DE COLONES).
Y esta inmensa cantidad que debería entrar al fisco si tuviéramos otro sistema tributario, es, oiga usted don Nogui, 210 veces los 6 mil millones de colones que dice usted le harán falta por la “rebajita temporal en el precio único a los combustibles”. Conste, Sr. Ministro de Hacienda, que estos cálculos parten de un dato de procedencia presidencial. ¡Nada más y nada menos!
Por supuesto que nadie espera (mucho menos nosotros), que el robo de impuestos desapareciera en un 100%. Pero es que, don Nogui, ¡no se hace algo! Y el ministerio bajo su dirección, y usted lo sabe muy bien, no tiene como principal característica una transparencia absoluta en materia de gestión de cobro de tributos, dicho de manera elegante.
Los 3 mil seiscientos millones de dólares anuales que representa el robo de impuestos en Costa Rica, no solamente equivalen a 210 veces los 6 mil millones de colones que le preocupan a don Nogui; sino que, equivalen a, prácticamente, ¡SIETE MIL MILLONES DE COLONES DIARIOS! (₡7.000.000.000).
Su llorada, don Nogui (dicho con respeto), por esos 6 mil millones de colones que el fisco “perdería” por la “rebajita temporal” en el precio de los combustibles, usted los recuperaría en un solo día sin evasión fiscal y, por el contrario, le “sobrarían” mil millones de colones.
Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno
– Ministerio de Salud pide investigar situación al AyA. Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago.
– ANEP respalda las acciones del Frente Ecologista de Cipreses.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sociopolítica que practicamos el sindicalismo ciudadano, nos pronunciamos con vehemencia a favor de las acciones jurídicas y comunales del FRENTE ECOLOGISTA DE CIPRESES, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.
ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) sobre la contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno.
Petición respaldada en análisis realizados en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil, sobre el límite permitido, así como trazas de otros plaguicidas; lo cual incluso ha sido reconocido por el AyA en su informe técnico: GSD-UEN-GAR-2022-01098.
Además, muestras del agua de Cipreses fueron enviadas desde el IRET-UNA al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, por sus siglas en inglés), en donde se encontró que también había otros productos de la degradación de clorotalonil, encontrando hasta 13 productos diferentes de la degradación, como se indica en el oficio UNA-LAREP-OFIC-054-2021 dirigido a la ASADA de Cipreses.
Este agroveneno que hoy contamina el agua de Cipreses (y probablemente en otras comunidades del país), está prohibido en Europa y otros 17 países del mundo precisamente por ser altamente contaminante y por los efectos mortales que causa en la salud pública y los efectos negativos en el ambiente.
Ministerio de Salud pide investigar
Ante esta grave situación, el pasado 3 de junio, la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, Director Ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas.
La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, señalo el Frente Ecologista de Cipreses
“Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población”, manifestó el grupo ecologista.
Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago entre estos: Cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso.
Ante este escenario, urge que el Gobierno fortalezca las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida; pues solamente pueden analizar 24 plaguicidas cuando en nuestro país hay más de 200 que podrían estar contaminando el agua de los y las costarricenses.
Las anteriores afirmaciones se realizaron el pasado 8 de junio por parte del funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, señor Darner Mora Alvarado en un foro efectuado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde también manifestó “que ellos trabajan en un cuchitril…” ¿cómo es posible que este importante laboratorio no sea prioridad nacional siendo este país uno de los que más utilizan fumigaciones en el mundo?
Para la ANEP y el Frente Ecologista de Cipreses resulta apremiante sacar al LNA de la Regla Fiscal y robustecer su competencia con el fin de proteger la salud pública y ambiental, ante la realidad de ser uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo, como consta en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica 2022, donde se evidencia que incluso hay muchos plaguicidas contaminando nuestra comida y agua los cuales son altamente peligrosos y están prohibidos en otros países. Costa Rica debería ir a la vanguardia en protección ecológica y de la salud y no ser un país reconocido por usar todos los plaguicidas prohibidos en otros países. (https://impactoplaguicidas.cr/)
Dicho informe reveló que la población costarricense, especialmente la rural y las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a una elevada cantidad de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador/trabajadora agrícola por año.
Es importante que el Laboratorio Nacional de Aguas establezca alianzas estratégicas con el prestigioso laboratorio del IRET (LARET) de la UNA. Para atender los hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses; ya que hay nuevos desafíos en materia de ecotoxicología ambiental y salud pública, de manera que las comunidades afectadas cuenten con acompañamiento técnico de alta calidad.
Cuestionan resultados sin tener capacidades técnicas.
El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA a pesar de no contar con las capacidades técnicas para detectar los productos de degradación del clorotalonil, se precipitó a criticar los análisis y resultados realizados por el IRET-UNA donde sí han podido detectar los productos de la degradación del plaguicida en el agua de Cipreses de Oreamuno gracias a su larga experiencia y contactos internacionales.
Hay que reconocer que este es un tema muy nuevo y apenas en el 2019 se descubría en Suiza y en Europa. Por otra parte, lamentamos las declaraciones ante la prensa del señor Darner Mora Alvarado del LNA del AyA según consta en su entrevista en Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/aya-dice-que-se-necesitan-mas-pruebas-para-comprobar-contaminacion-con-fungicida-en-agua-de-cipreses-de-oreamuno/) por lo que instamos a él y todo su equipo técnico en trabajar de forma proactiva con sus colegas del IRET-UNA para atender este problema que hoy enfrenta la sociedad costarricense, ya que no solo afecta a la comunidad de Cipreses de Cartago.
ANEP felicita a las personas del Frente Eco Cipreses, así como a quienes trabajan en el IRET-UNA que actualmente demuestran su compromiso en defensa de la salud pública y les reiteramos nuestro apoyo en su lucha por el bien común.
Al mismo tiempo recordamos que el Estado debe cumplir el artículo 50 de nuestra Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.
San José, 21 de junio de 2022.
Directriz Ministerio de Salud
