Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

38 mil millones de dólares ($38.000.000.000), es la cantidad de plata que, al 30 de abril anterior, estaba en poder de los bancos comerciales del país, tanto los públicos como los privados. El dato sale del mismísimo Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Todo mundo está calladito en el sistema político. Gente bien informada y que se mueve en el mundo de las finanzas, nos comentan que una buena cantidad de esa plata es dinero proveniente del crimen organizado, del negocio del narcotráfico. Dicho de otra forma, ese dinero sucio tiene a la economía costarricense a flote pues hace tiempo debió haber quebrado.

¿Hablarán del tema en la Asamblea Legislativa? ¡No lo creemos! El narco está ya metido en la política nacional de corte tradicional, muy a pesar de la gente buena y honesta que todavía sigue en ella.

64 mil millones de dólares ($64.000.000.000), es el monto actual del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía costarricense. ¡Esto es de locura!: Los 38 mil millones de dólares atesorados por los bancos comerciales, equivalen a, prácticamente, el 60% del valor del PIB de hoy.

45 mil millones de dólares, al menos (sino más), es el espeluznante monto de la deuda pública que golpea, duramente, a la gran mayoría de la ciudadanía; especialmente, a su clase trabajadora, a sus sectores medios pauperizados, a las micro-pequeñas y medianas empresas. Las sucesivas administraciones del tripartidismo PLN-PUSC-PAC nos tienen al borde del precipicio, según diversos especialistas.

¿Habrá alguien en el seno de la clase política de corte tradicional que, sensatamente, plantee que hay que auditar esa monstruosa deuda pública? ¡No lo creemos! La deuda pública, así visto, estaría ya rondando el 70% del valor del PIB.

Y si la deuda pública es ya de 45 mil millones de dólares; entonces, la plata que está en los bancos comerciales (los 38 mil millones de dólares), equivale a casi el 85% del monto actual de esa deuda pública. ¡También esto es de locura!

El déficit fiscal y la venta de bonos que hace el Gobierno para sobrevivir, más la autorización que le pide al parlamento que le aprueben para pedir más prestado en el exterior (eurobonos), representa un gigantesco y oscuro negocio en los mercados financieros nacionales, donde están personajes y entes privados que poseen capitales en cifras inimaginables, que se enriquecen con la deuda pública.

Por otra parte, 10 millones de dólares diarios, 300 millones de dólares al mes, 3 mil 600 millones de dólares al año, es el monto estimado promedio en la evasión fiscal según cifras del Presidente Chaves Robles. Hablamos de un 5.62 puntos PIB anuales en robo de impuestos. Otras voces autorizadas y fuentes especializadas plantean que es mucho más. Valiosas iniciativas de ley para empezar a cambiar toda esta putrefacción tributaria, están congeladas en nuestro parlamento (ver informe legislativo sobre Los papeles de Panamá).

Si tomamos como base el dato presidencial, en los últimos diez años se habrían evadido unos 36 mil millones de dólares: cifra ésta que representa casi un 95% del valor de la plata que hay en los bancos ahorita, los 38 mil millones de dólares que nos indica el BCCR. Esto, por una parte. Por la otra, ese gigantesco monto evadido, representaría un 80% del monto actual de la deuda pública del país, por el orden de los 45 mil millones de dólares.

Con sinceridad, son datos duros como para digerirlos. Son datos duros que, para gran parte de las personas integrantes de la actual clase política tradicional del país, no interesan o, peor todavía, ni siquiera los manejan. Y para quiénes en las esferas del real poder que sí reparan en cada una de estas cifras, es porque viven de ellas y se enriquecen con ellas.

En buena medida, estos datos duros nos explican las razones por las cuales Costa Rica está, actualmente, dentro de los diez países más desiguales del planeta. En buena medida, estos datos duros pueden alimentar en un futuro no muy lejano, diversos tipos de explosiones sociales.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La señora Marta Acosta Zúñiga está en la máxima cúpula política de la Contraloría General de la República (CGR) hace 18 años. Los primeros ocho, de 2004 a 2012, como Subcontralora y, ahora, ajusta ya diez, desde 2012 a la fecha, como Contralora.

Cuando ella llegó a la cúpula contralora, la deuda pública de Costa Rica en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba cercana a la cifra del 38% (37,44%, para ser exactos). La fuente es esta:  HYPERLINK «https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica»

https://datosmacro.expansion.com/deuda/costa-rica. Hoy, tal relación se acerca al 70%, según la misma fuente y, para ser más exactos, en un 68,34%, al cierre de 2021.

Podemos verlo, también, de esta forma: desde que doña Martha está en la cúpula política contralora del país, la deuda pública en relación con el PIB creció en un 82,5%, pues pasó de un 37,44% a un 68,34%.

¿Y qué ha estado haciendo ella, desde el 2004 a la fecha, mientras la crisis de las finanzas públicas costarricenses se manifestaba y se profundizaba? Nosotros pensamos que doña Martha estaba viendo para otro lado.

Ahora que esa relación deuda/PIB es, prácticamente, del 70%, las vocerías y sectores políticos, con más histeria que razonamiento, están hablando de una reforma del Estado, pero erráticamente conceptuada e ideológicamente impulsada. Doña Marta también está en ese patín.

En la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado de la Asamblea Legislativa, la señora Contralora “recomendó volar machete”, o, “pasar la podadora” a seis áreas del servicio público en aras de esa reforma del Estado: infraestructura vial, sector agropecuario, sector energía, sector protección social, sistema de pensiones y sector ambiente.

En cuanto al personal, se mencionó que sobra gente en ámbitos como los de proveeduría, asesoría legal, recurso humano, auditorías internas, entre otros. “Es al perro flaco al que se le pegan las pulgas”; o, “el hilo se revienta por lo más delgado”.

Si consideramos que el altísimo endeudamiento público del país aumentó en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en un 82,5% en la época contralora con sello Marta Acosta Zúñiga, uno hubiera esperado “recomendaciones” de ella en materia de Reforma del Estado en cuanto a la institucionalidad relacionada con los diversos ámbitos de lo fiscal-tributario y hacendario.

Hubiésemos esperado que hiciese planteamientos concretos para reducir en algo los estratosféricos montos de evasión fiscal-robo de impuestos que, según el propio y actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, es de, en promedio, 10 millones de dólares diarios.

O, si es que no quería ella “metérsele al tren” del poderío político de la evasión; al menos, cuáles serían pautas de Reforma del Estado propuestas por la Contraloría para atender el servicio de la deuda pública por su lado correcto: auditándola, renegociándola, reestructurándola, condonando, postergando; y para redefinir sobre su pago obsceno de intereses, etc.

En cada uno de los 18 años de gestión contralora de doña Martha, el fraude fiscal y la evasión tributaria crecían y crecían; el endeudamiento público subía y subía; las grandes corrupciones con fondos públicos en colusión con mega-consorcios privado-empresariales le pasaban a ella por sus narices y nada de nada… Doña Martha estaba viendo para otro lado. Mientras, los cientos de personas trabajadoras estatales que ahora sobran, según doña Martha, pagaban y pagaban puntualmente sus impuestos: el de ventas, en la caja registradora del supermercado al momento de la compra; y el de renta, deducido puntillosamente, quincena a quincena, del salario. Señora Contralora: usted está sin autoridad moral para hablar de Reforma del Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Es difícil imaginarse esta cantidad de plata: 38 mil millones de dólares. En números se escribe así: 38.000.000.000. 

En realidad, la cantidad exacta es 38 mil millones 477 mil 700 dólares. En números: 38.000.477.700.

La cifra la sacamos de la carta que a la ANEP le envió la señora Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Se trata de su oficio GER-0158-2022, fechado 23 de junio de 2022.

Doña Hazel le respondió la pregunta que le formuló la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en carta de ésta fechada 15 de junio de 2022 (oficio S.G. 21-25-0701-22).

La ANEP tenía «curiosidad» de conocer el dato acerca de «los depósitos del público en moneda extranjera en los bancos y tenencias de los bancos de activos en moneda extranjera».

Aunque la ANEP pidió ese dato con corte al 31 de mayo de 2022, se lo dieron con corte a abril 2022. Sin embargo, es espectacularmente impactante.

El BCCR nos da el informe en dos partes. 

Una que nos habla de la siguiente cifra: 16 mil millones 268 mil dólares. 

La otra nos expone la cantidad de 22 mil millones 209 mil 700 dólares.

Como ven, sumadas ambas dan 38 mil millones 477 mil 700 dólares. 

Y si esa gigantesca cantidad de plata nos causa asombro, más asombroso es que todo ese dinero está en suelo nacional. Está en poder de los bancos comerciales (públicos y privados).

Doña Hazel nos explica en su carta que la primera cantidad arriba mencionada, los 16 mil millones 268 mil dólares, corresponde a «depósitos del público en moneda extranjera».

Pero nosotros nos preguntamos: ¿Cuál «público» es el que tiene depositados en los bancos comerciales 16 mil millones de dólares? De manera contundente podemos afirmar que la clase trabajadora no es ese «público» con semejante cantidad de plata depositada en los bancos comerciales.

Ahora, vamos a la otra parte. Son 22 mil millones 209 mil 700 dólares los «activos en moneda extranjera en poder de los bancos comerciales». En consecuencia, estos están, literalmente, inundados, requetecontrainundados de plata.

Figúrense ustedes que, hablando de manera redondeada, esos 38 mil millones de dólares que en estos momentos atesoran los bancos comerciales equivalen a unos 26 billones (millones de millones) de colones. En cifras así: 26.000.000.000.000.

Esos 26.000.000.000.000 de colones nos da un per cápita de 5 millones 200 mil colones por cada costarricense vivo en estos momentos, sin importar su edad, asumiendo que ya somos 5 millones de personas ticas habitantes del país.

¿Quién se atreverá, ahora, a afirmar que somos un país al borde de la quiebra?

¿Cuál fuerza política se quiere atrever a preguntar cómo fue que los bancos comerciales han llegado a manejar/poseer/custodiar esas hipergigantescas cantidades de dólares?

¿Cuánta relación existe para que tal realidad nos ayude a entender la dolorosa circunstancia de la desigualdad que ya reina a plenitud en el país, al punto de estar en el deshonroso octavo puesto del escalafón mundial en tal sentido?

No hay que ser experto para concluir que una buena parte de esos 38 mil millones de dólares son fondos sucios, lavado de dinero producto del crimen organizado y del negocio del narcotráfico.

¿Es que acaso es el dinero del narco lo que ha impedido que el país quiebre? 

¿Se atreverán en la actual Asamblea Legislativa a abordar este sensible y delicado asunto?

¿Podría alguien atreverse a determinar si el actual precio del dólar se fundamenta en una especulación financiera criminal que empobrece a los sectores de la otrora pujante clase media y, por otro lado, expolia aún más a una clase trabajadora asalariada estrangulada económicamente hablando? 

¡Qué va! Es este un tema tabú. Sin embargo, desde el campo de lo popular hay que entrarle. Y aunque sea «en solitario» lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo con la impagable deuda pública y su criminal y obsceno pago de intereses.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Se va acercando la fecha del 9 de marzo de 2023. Es el día fatídico para todas las personas trabajadoras asalariadas estatales, pues es la fecha de entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), número 10.159.

La corriente sindical en la cual militamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está realizando un fuerte proceso de información y de sensibilización en el seno de los diversos grupos laborales del empleo público, acerca de las graves consecuencias económico-salariales y sociales de esta perversa ley.

Perversa es la más adecuada palabra-concepto que hemos encontrado para definirla, dada la magnitud de sus efectos negativos en los núcleos familiares del empleo público y más allá del mismo.

«Curiosamente», los principales partidos políticos de la clase gobernante tradicional le dieron sus votos; siendo que los mismos y sus diez administraciones consecutivas son los responsables directos de que la deuda pública del país esté en un 70 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Es precisamente este dato-circunstancia el que impone el congelamiento salarial brutal por una década, 2023-2033, a quienes trabajan para el Estado; y, ni siquiera habrá reajuste semestral salarial por costo de vida en esos diez años.

Según los «ideólogos» de la perversa LMEP, habrá reajustes por costo de vida hasta que el nivel de la relación deuda pública/PIB, baje del 70 % al 60 %. Y eso demoraría, en el mejor de los casos, una década: 2023-2033.

Esas diez administraciones gubernativas se dieron entre los años 1982 – 2022.

Hubo 5 gobiernos del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC.

Al final de tal período, mayo 2022, la deuda pública que dejaron esos 10 gobiernos va hacia el espantoso monto de 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000).

Nosotros estamos rechazando, de manera categórica y contundente, esa perversa LMEP.

Razones sobran y de diverso orden: constitucional-jurídico, ético-moral, de Derechos Humanos (DD. HH.), fiscal-tributario, jurisprudencial-administrativo.

El que más rechazo nos genera, es del congelamiento salarial brutal.

La clase trabajadora, ni la pública ni la privada, es responsable de esa monstruosidad del endeudamiento público de los casi ya 50 mil millones de dólares.

Por eso que se le cobre el mismo, vía brutal congelamiento salarial (entre otros espantosos efectos que ya se están manifestando y otros que vienen próximamente), no tiene perdón de Dios.

Es nuestro mayor desvelo que esto lo entienda, lo comprenda, lo interiorice quien es policía, quien es persona educadora y trabajadora del Magisterio Nacional, quien labora para la Caja y la Seguridad Social, quien lo hace para las municipalidades, quien trabaja en todos los ministerios y sus entes adscritos, en las instancias judiciales y de la universidad pública.

Esto es muy pero muy grave. Y es que no solamente es la cuestión de la deuda pública; la cuestión es más profunda: es el ataque más ideológicamente artero al orden de convivencia que se pactó, luego del conflicto armado entre costarricenses, en 1948; orden de paz que es la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La Ley Marco de Empleo Público (LMEP), en su esencia perversa representa un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949.