Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada termina su nefasta gestión gubernativa de cuatro tormentosos años, este próximo domingo 8 de mayo de 2022. Resaltamos algunos de los aspectos que le llevaron a ser el mandatario peor evaluado por la ciudadanía, el más detestado por el pueblo trabajador, desde que se hacen encuestas que miden la credibilidad y la aceptación presidencial.

1) Pulverizó, política y electoralmente hablando, al partido que lo llevó a la Casa Presidencial. Al cometer la estafa política más relevante de los últimos tiempos, dejó al PAC sin una sola diputación.

2) Se va con el más alto número de causas judiciales, de carácter penal, abiertas en su contra y en proceso de tramitación.

3) Deja a la clase trabajadora asalariada y no asalariada en mayores niveles de pobreza, de exclusión económica y social, de altísimo endeudamiento personal y familiar y con salarios totalmente precarizados.

4) Facilitó que los sectores económicamente poderosos, se hicieran más ricos de lo que ya acumulaban cuando él entró a ejercer la presidencia. La concentración de la riqueza se volvió incontrolable. Tan es así que ahora, al irse, advierte que el crecimiento de la desigualdad se volvió peligroso para el país. ¡Qué cinismo!

5) En materia de derechos laborales, que son Derechos Humanos, se convirtió en violador de los mismos. Por ejemplo, le pasó por encima, con la complicidad de partidos políticos como Unidad y Liberación, así como con la connivencia de la Sala Cuarta, a este artículo de la Constitución Política de 1949: “Artículo 34. – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.

6) Persiguió, hostigó, impulso el despido, mandó a tribunales y hasta impulsó cárcel a una serie de dirigentes sindicales de base, militantes de las organizaciones laborales que no se le alinearon como él quería. Esto representó una grave violación al Derecho de Libertad Sindical que es un Derecho Humano Fundamental, así sentenciado por la Opinión Consultiva de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

7) Acuerpó, estimuló e impuso, igualmente con la complicidad de partidos como Liberación y Unidad (y el suyo propio), la más represiva legislación contra el Derecho Humano de Huelga, contra el Derecho Constitucional de Huelga; generándose una legislación que “compite” con disposiciones similares en tiempos de dictadura en diversos países latinoamericanos.

8) La deuda pública del país la llevó hasta niveles insostenibles cercanos al 70 % del Producto Interno Bruto (PIB); obligando al pueblo trabajador a un pago diario de intereses (especulativos, obscenos y criminalmente sociales), de unos 8 mil millones de colones; pues le tuvo miedo, miró para otro lado y hasta se volvió cómplice por inacción, con el inconmensurable fraude tributario fiscal y aduanero; mismo que obliga al país a endeudarse sin fin para no quebrar del todo. De hecho, no pocos pensamos que deja al país muy cercano a una caída libre en cuanto a esto.

9) Se matriculó con una política de extremismo orden ideológico-neoliberal para cuestiones fundamentales de la inversión pública, especialmente en lo social: la regla fiscal. El fanatismo y el dogmatismo de la misma no solamente le obligó a impulsar exclusiones institucionales de último momento; sino que deja altísimamente vulnerados una serie de programas precisamente previstos para enfrentar el altísimo grado de pobreza que su gestión gubernativa generó.

¡Qué va! Nos faltó espacio. Su gestión gubernativa terminó de fragmentar a la sociedad costarricense. No puede uno dejar de pensar en que “sembró”, fuertemente, el germen pernicioso de estallidos sociales por venir; sectoriales, regionales y hasta nacionales.

A las nuevas autoridades legislativas y ejecutivas del país: ante el altísimo costo de la vida, ante la abusiva concentración de la riqueza, ante la creciente desigualdad y exclusión social y económica,  ante la corrupción que amenaza a la democracia misma.

PROCLAMOS Y DEMANDAMOS:

01- Que se decrete con urgencia, una fijación extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola bananero-piñera y cañera; a los choferes de autobús, a quienes laboran en seguridad privada y en comercio.

02- Que se vuelva a la fijación semestral de reajuste por costo de vida al salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.

03- Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo.

04- Que se restablezca la protección de una cantidad mínima inembargable al salario, legislando con urgencia al efecto. Ya salió la primera sentencia judicial en tal sentido.

05- Que se restablezca la Comisión de Negociación de Política Salarial para el Sector Público: analizando con urgencia la precariedad salarial en programas sociales y de seguridad: CEN-CINAI, control de plagas, cuerpos policiales, por ejemplo.

06- Que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector Público correspondiente al año 2021, arbitrariamente retenida por el saliente gobierno pese a tener contenido presupuestario debidamente financiado.

07- Que se pague la deuda por reajustes pendientes de costo de vida ante la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras pensionadas del régimen de IVM-CCSS, 80 % de las cuales ni siquiera tiene un monto de pensión igual al actual valor del salario mínimo que, por cierto, ya no está procurando ni bienestar ni existencia digna.

08- Que se instale, con urgencia, una mesa de discusión, no amañada y transparente, para analizar lo que está pasando con la sostenibilidad financiera del régimen IVM-CCSS: las razones del faltante en sus arcas de casi 50 billones de colones (50.000.000.000.000); y de la cruel decisión, aún no puesta en práctica, de elevar la edad para pensionarse, de reducir la cuantía al jubilarse y de, eventualmente, un nuevo aumento en la cotización obrera.

09 – Que se descarte toda viabilidad política, por mínima que sea; y, que, por el contrario, se manifieste un rotundo rechazo al perverso proyecto para eliminar el pago de prestaciones-cesantía al momento en que la persona trabajadora asalariada se pensione. Hablamos del expediente legislativo No. 23.078, presentado por el partido PUSC (a través de ahora exdiputado Pedro Muñoz Fonseca).

10 – Que se le dé aprobación legislativa y ejecutiva, con urgencia, al Convenio No. 190, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, Expediente Legislativo No. 22.569.

11- Que se establezca un proceso político, serio y transparente, de diálogo participativo y de análisis riguroso sobre la aberrante Ley Marco de Empleo Público.

12- Que se restauren las autonomías constitucionales, derogadas por la especie de golpe de Estado parlamentario que tal ley dio, al régimen municipal, a la CCSS, al Poder Judicial, al TSE, a las universidades públicas.

13- Que se fortalezcan, de manera estratégica e integral las valiosas empresas públicas fundadas para la promoción del bien común y para la integración social; descartándose las intentonas de desmantelamiento y de privatización. Hablamos de la CCSS, del A y A, del ICE, del INS, del CNP, de FANAL, de Correos, de Recope, del INA, del INDER, de Japdeva, entre otras.

14- Que se derogue la perversa REGLA FISCAL diseñada para evitar el colapso radical de importantes servicios públicos que tienen que ver con política social (ejemplos: IMAS, PANI, Comedores Escolares-Educación Pública, CNE, CEN-CINAI, por una parte; y, por otra, impiden la inversión pública para la reactivación económica y atentan contra la estabilidad de las históricas y exitosas empresas públicas costarricenses.

15- Que se proceda a impulsar una Transformación Tributaria Estructural, empezando por una real discusión política del archivado expediente legislativo acerca de Los papeles de Panamá;en aras de corregir un sistema tributario que es doblemente perverso: es cruelmente injusto y está corrupto.

16- Que se proceda a legislar con la finalidad de emitir una ley para una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública cuyo pago abusivo y obsceno de intereses (casi 8 mil colones DIARIOS), le está sacando del bolsillo a cada persona trabajadora costarricense que está viva sin importar su edad ni sus posibilidades de ingreso, en promedio, 45 mil colones mensuales para pagarlos.

17- Que se pase a tomar decisiones urgentes, tanto ejecutivas como legislativas, en el ámbito de la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritivas, ante las cada vez más claras amenazas de escasez mundial de alimentos y de hambrunas en perspectiva, considerando la guerra en desarrollo en territorio europeo que puede volverse mundial.

18- Que se tomen todas las medidas, tanto ejecutivas, como judiciales y legislativas, para respetar y aplicar en todos sus alcances, la sentencia-Opinión Consultiva No. 27, de 5 de mayo de 2021, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDN), sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga con Perspectiva de Género.

19- Que la Presidencia de la República establezca un despacho en Casa Presidencial, con una autoridad con el carácter de comisionada, para presentarle todo tipo de denuncia de presunta corrupción y de irregularidades con fondos públicos y con tráfico de influencias que se hayan dado o que estén por darse en todas las instituciones del Estado, especialmente cuando se da la sucia connivencia de empresarios privados con funcionariado corrupto.

20- Que se derogue de inmediato, la ley derivada del Expediente Legislativo No. 20.799 diseñada para establecer fuerte mordaza de prensa con relación a la ventilación en público de casos de corrupción de todo tipo.

San José, domingo 1 de mayo de 2022.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)

Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU)

Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD)

Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE)

Sindicato de Trabajadores del CNP y FANAL (SIPRO-CNP)

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)