Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

De una manera muy “sospechosa”, estando al rojo vivo la campaña electoral con motivo de los comicios presidenciales y diputadiles del próximo domingo 6 de febrero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), anunció con toda pompa (bombos y platillos incluidos), que el crecimiento de la economía costarricense en el pasado año 2021, fue un 7.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, para incrementar la suspicacia acerca del indicado anuncio en estos momentos cruciales de la vida del país, Alvarado se ufana y pregona que es el más alto crecimiento desde el año 2008; es decir, según el mensaje que nos quiere enviar, es en los dos períodos gubernamentales del Partido Acción Ciudadana (PAC), que la economía tica alcanza tan “notable” éxito.

Más allá de la oportunidad politiquera del anuncio del BCCR en estos días electorales tan intensos, es absolutamente necesario e inevitable que nos pongamos a reflexionar sobre la cuestión de la distribución de los beneficios de un crecimiento de la economía, al 7.6% y, en tiempos de pandemia.

Desde una perspectiva objetiva, sin apasionamientos con respecto a la política electoral de estos momentos, no se puede negar que es de resaltar tal cifra de crecimiento y si, permítanos ser desconfiados, no existe algún manejo “especial” para tal alarde de manejo de la economía por parte del gobierno de Alvarado; siendo él el presidente más impopular y de la menor credibilidad desde que se hacen encuestas que miden el grado de aceptación de la figura presidencial.

Así las cosas, las organizaciones obreras del mundo sindical laboral que revindicamos los derechos económico-sociales de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado, que cuentan con empleo formal y salario fijo; el dato oficial de un crecimiento de la economía el año pasado de un 7.6%, obliga a replantearnos, de manera profunda, toda la política del reajuste salarial por costo de vida para este 2022 y, a la vez, la cuantía institucional fijada para el salario mínimo.

Si tal crecimiento de la economía es objetivamente real, sin manipulación con fines electorales y/o con la intención de lavarle la cara “sucia” al mandatario, los sindicatos estamos más que legitimados para plantear una revisión extraordinaria del monto establecido para el salario mínimo que ha de estar vigente en todo el presente año 2022, como reajuste por costo de vida; y, acudir ante el Consejo Nacional de Salarios (CSN), a abrir la respectiva discusión.

En octubre del año anterior 2021, el CNS fijó un reajuste por costo de vida a los salarios mínimos del sector privado, en un 2.09. Sin embargo, la inflación final de ese año fue de 3.30. Es decir, la persona trabajadora de este sector tendrá un “déficit” en el salario mínimo de este 2022, de un 1.21%.

Uno podría colegir, entonces, que es conveniente, necesario y justo que haya un reajuste salarial extraordinario por costo de vida, en esa cifra, 1.21, con base en el dato del BCCR de que hubo el año anterior un crecimiento económico del 7.6%.

En realidad, nuestro énfasis en todo este planteamiento, tiene que ver con la necesaria e imperativa discusión de que, en materia de salarios mínimos, debe imponerse una nueva política y su correspondiente metodología de cálculo; que, por lo menos, relacione y vincule, el crecimiento económico, la reactivación económica del mercado interno a partir del incremento del poder de compra del salario y, para aportar en la reducción de la cruel desigualdad que se ha entronizado en el país; a partir de decisiones de política pública en el nivel macroeconómico-fiscal que tienen totalmente en el cajón de la basura, la cuestión de la distribución sana y justa de los beneficios del crecimiento económico, el cual, es más que notorio que solamente ha servido para impulsar la concentración de riqueza.

En lo inmediato, creemos que, con la correspondiente ayuda profesional especializada, podríamos acudir ante el CNS con una solicitud de revisión del monto fijado como reajuste por costo de vida para este 2022 (ese escuálido 2.09%); al menos, en algunos sectores obreros como el agrícola bananero-piñero, el de los choferes de autobús y el de los servicios de seguridad privada.

Finalmente, este tema del salario mínimo será muy cuidadosamente abordado por la corriente sindical en la cual militamos, con ocasión de la, prácticamente segura, segunda ronda de las elecciones presidenciales para abril próximo.

Vemos muy necesario emplazar a las dos personas candidatas que pasarán a disputar las votaciones de abril próximo con este asunto del salario mínimo con perspectiva integradora.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Trate usted de comprender bien la magnitud de esta cantidad: 50 billones. ¡Difícil!, ¿verdad? Se escribe así: 50.000.000.000.000. El número 50 seguido de 12 ceros. También se puede decir 50 millones de millones. Hablamos de plata. De dinero en colones. Sin duda, es una cifra extraordinariamente grande, muy compleja para comprenderla, para asimilarla: 50 millones de millones de colones.

El ciudadano don Rodrigo Arias López, profesional experto en Matemática Actuarial, académico de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien ha sido profesor en la Escuela de Matemática, ha estado estudiando por mucho tiempo el problema de la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según su acendrado conocimiento en este campo de la Matemática Actuarial, al IVM-CCSS le hacen falta esos 50 billones de colones que deberían estar en sus reservas financieras en estos momentos, pero que no es así.

¿Por qué tan grande, enorme y de difícil comprensión para las mentes sencillas como las nuestras, esa cantidad de plata no está, en la actualidad, en las reservas financieras de este fondo de pensiones? ¡Es éste el corazón del problema!

Es cruel realidad socioeconómica comprobar que cuando la persona trabajadora se pensiona por el IMV-CCSS, se empobrece. Un altísimo porcentaje de las pensiones que este régimen otorga quedan por debajo del monto del salario mínimo y éste, como bien sabemos, en Costa Rica es un muy bajo confrontado con el alto costo de la vida.

El IVM-CCSS siempre fue conceptuado como un sistema de capitalización. Es decir, el aporte obrero, el patronal y el Estatal, al caer en un fondo común, se empezaron a capitalizar, a reproducirse los dineros depositados. Sin embargo, los sucesivos gobiernos y administraciones de las últimas, al menos durante las últimas 4 décadas, le empezaron a meter mano, a repartir la plata capitalizada; dictando resoluciones de política pública, ejecutiva y legislativa, para que, con los dineros acumulados en el IVM, se financiaran diversos programas, en el mejor de los casos. En otros casos, se manejaron los fondos de maneras inapropiadas, como malas inversiones que le acarrearon más pérdidas.

Con el paso del tiempo y con la acumulación de los desvíos de fondos y las malas decisiones de gestión, al IVM solamente le quedó una reserva de menos de 3 billones de colones cuando debió tener, repetimos, cerca de 50 billones. Es éste el fondo del problema; no es la edad para pensionarse. Por el contrario, subir la edad para pensionarse, es una medida facilona e injusta, socialmente hablando, para tratar de enmendar el gran error cometido a lo largo del tiempo con la plata IVM.

Con la guía experta e intelectual de don Rodrigo, la corriente sindical en la cual militamos se ha propuesto luchar porque la verdad del problema del IVM salga a la luz, que se puedan determinar las personas responsables del colapso y, desde luego, se puedan implementar alternativas de solución, aunque el grueso del daño ya está hecho. Estamos en el plano legal, dando la pelea correspondiente; pero, a la vez, apostamos a que la gente trabajadora dé su apoyo activo a esta causa, en el momento oportuno.

La directiva política de la Caja, una vez más, mediando un falso diálogo con sectores, impuso medidas más injustas para tratar de salvar al IVM: edad de retiro de 65 años para hombres y 63 años para mujeres; reducir el monto a recibir por la pensión en hasta un 15% de la actualidad; y, en el futuro cercano, no se descarta, aumentar la cotización obrera y poner a pagar a las personas pensionadas, seguro de enfermedad.

En tal marco de cosas, nos llena de satisfacción la posición de la Defensoría de los Habitantes de la República, en la persona de su titular, la señora Catalina Crespo Sancho, de interpelar a la Gerencia de Pensiones de la Caja al respecto de este tema; interpelación que podríamos resumir en una frase: el pueblo trabajador necesita saber toda la verdad sobre el colapso financiero del IVM.

La Defensoría, a la vez, critica el falso proceso de diálogo promovido por la directiva política de la Caja y del propio gobierno actual, cuando plantea las siguientes conclusiones de su interpelación:

Primera: El proceso de socialización que culmina con la audiencia pública de la reforma al Reglamento del IVM, le deja a la Defensoría un sin sabor de poca transparencia y de irrespeto al principio de participación ciudadana. Segunda: Las propuestas de reforma en análisis son una solución temporal e incompleta que solamente procrastina la solución para el futuro, cargando la responsabilidad de la sostenibilidad financiera del sistema en los actuales cotizantes y obviando que hay decisiones país que ni si quiera se discuten. Tercera: Las propuestas en análisis tienen debilidades desde el punto de vista de equidad y progresividad, razón por lo cual al Defensoría de los Habitantes no está acuerdo con su aprobación.

De alguna manera, el pronunciamiento de la Defensoría nos valida el camino de lucha que hemos decidido transitar en esto del Régimen IVM-CCSS. Nos negamos a cohonestar este otro ataque neoliberal contra los derechos de las personas trabajadoras asalariadas.