Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Estamos bajo el chantaje de los grupos financieros que manejan los mercados”. “El poder económico es el que va a determinar quién es el que va a llegar a Casa Presidencial”. “Está imperando la plutocracia”.

Tres frases, tres conceptos sociopolíticos claves, tres señalamientos contundentes acerca de la realidad política actual de la sociedad costarricense.

Don Welmer Ramos González, candidato presidencial del partido en el actual y desastroso gobierno, el Partido Acción Ciudadana (PAC), dio unas explosivas declaraciones que el diario de mayor circulación de Costa Rica y el más leído, publicó recientemente, con el título de prensa “Los bancos no nos quieren prestar plata”. Así se resume el lamento de don Welmer pues los banqueros privados no le quieren prestar plata a su partido para financiar su campaña electoral buscando la presidencia de la República.

Don Welmer dice que a él esos banqueros privados le están pasando factura pues algunas de sus posiciones como legislador, en el actual período parlamentario, habrían afectado los intereses de los grupos financieros que no solamente controlan los mercados, sino que han venido controlando toda la acción política fundamental los últimos gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC. Es este un criterio nuestro.

Él lo explica así: “Eso se podría relacionar directamente con las acciones que se han generado en defensa de la población costarricense para ponerles tope a las tasas de interés por usura y por el tema de datáfonos. Nosotros interpretamos que es una sacada de clavo. Hay una relación directa y este tipo de situaciones vulnera la democracia”, dijo.

Justo es reconocer que este tipo de legislaciones, aunque tímidas para nosotros pero que acertadamente impulsó don Welmer, tienen muy molestos a los grupos financieros que han acumulado un desmedido poder político. Y, probablemente, se estén sacando el clavo con don Welmer para no prestarle la plata que necesita su campaña presidencial.

Desde este punto de vista, es más que comprensible el lamento de don Welmer; aunque, desde un punto de vista popular, que las candidaturas presidenciales dependan de la plata de los banqueros privados es ya una enfermedad degenerativa de la Democracia.

Ahora bien, lo que sí resulta realmente importante, lo que no podemos dejar pasar desapercibido, lo que hay que destacar a más no poder, es que sea una persona del nivel político de don Welmer, que ha estado cerquísima de los altos niveles de decisión político-ejecutiva en los dos gobiernos del PAC, la que afirme que: A) Es el poder económico el que determinará quién llegará a la Casa Presidencial. B) Que está imperando la plutocracia. C) Los grupos financieros que manejan los mercados, realizan chantaje político y político-electoral.

Lo que don Welmer nos “revela” es una verdad del tamaño de la catedral que muchísimas personas sabemos desde hace tiempo. Las reales elecciones presidenciales y diputadiles claves ocurren en esos altos niveles del poder económico y de la plutocracia. Los comicios de febrero, cada cuatro años, no pasan de ser actos protocolario-formales en los cuales nos ponen a votar, pero no a elegir.

“Está imperando la plutocracia”, grita don Welmer. Pero, don Welmer, entonces, ¿cómo entender que usted haya votado el combo fiscal impuesto por esa misma plutocracia que hoy le cierra las puertas del crédito bancario privado, siendo que usted les fue leal en ese sentido? ¿Qué más sabe usted de la plutocracia que la gente de a pie no sabe y que debe saber? ¿No cree usted que ya es justo exhibir los nombres, los apellidos, los rostros de los plutócratas que imperan en la cosa política del país? Recordemos los dos significados que el diccionario de la Real Academia Española (RAE), nos da del concepto plutocracia: 1) Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado. 2) Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado.

También podemos entender a la plutocracia como: A) Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. B) Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza. Sin duda alguna, considerando la gravedad de los actuales momentos sociopolíticos del país y considerando la involución que estamos experimentando en cuando a desarrollo social y a inclusión económica; es más que necesario saber de esas personas plutócratas que tienen el real poder; situación esta que llevó a don Welmer a indicar que “está imperando la plutocracia”.

Don Welmer, con vehemencia y con respeto: ¿Estaría usted hablando de la plutocracia que se mueve en el mundo perverso del periodismo de odio? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que se ha hecho archimillonaria con la venta monopólica al Estado de una conocidísima marca de vehículos automotores? ¿Estaría hablando usted de la plutocracia que ha acumulado poder y riquezas, a más no poder, con mega-negocios inmobiliarios? ¿Se refiere usted a esa plutocracia que explota los regímenes de zonas francas cuando bien se sabe que son empresarios nacionales? 

Puede usted pasar a ocupar un sitial de honor en la historia Patria si ayuda al pueblo trabajador, aunque el poder económico ya vetó su candidatura, a comprender la naturaleza de ese real poder que hoy se está sacando el clavo con su campaña presidencial.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Solamente un único factor puede explicar que, a estas alturas de la discusión del llevado y traído tema del más que controversial asunto del empleo público, las diputaciones de los partidos Liberación y Acción Ciudadana (PLN-PAC), mantengan su terquedad enfermiza de aprobar, a como dé lugar, el expediente legislativo No. 21.336, conocido como Ley Marco de Empleo Público.

Ese único factor es que don José María Figueres Olsen, candidato presidencial del PLN, ha decidido darle un sostén político al decadente Carlos Alvarado Quesada y a su agónico gobierno. ¿Y por qué razón estaría comprometiendo y arriesgando su propia elección el candidato verdiblanco apostando a una alianza con el mandatario más desprestigiado, más desacreditado, más repudiado de todos los años transcurridos del período histórico conocido como Segunda República?

No hay otra explicación más que una comunidad ideológica entre Figueres y Alvarado en los aspectos estructurales de uno de los contenidos fundamentales más infames de la concepción neoliberal del déficit fiscal: echarle la principal responsabilidad del mismo a los salarios devengados por las personas trabajadoras del sector Público; una mentira de tal magnitud que únicamente es sostenida desde el fanatismo extremista de los adoradores del dios mercado.

Don José María tiene ya el liderazgo político suficiente como para indicarle a la actual fracción parlamentaria liberacionista que el proyecto Ley Marco de Empleo Público es absolutamente inviable por las siguientes y principales razones:

A) Desde el punto de vista constitucional-jurídico: es imposible que una ley ordinaria como el expediente 21.336, derogue postulados angulares de la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Seguir con este proyecto no es más que ejercer una especie de golpismo parlamentario en contra de la actual Constitución Política.

B) Desde el punto de vista macro-fiscal: ni siquiera un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de “ahorro” en las finanzas públicas generarán las mutilaciones salariales incluidas en ese proyecto; siendo que, por el contrario, es por el lado de la deuda pública y del sistema tributario que están las salidas a la actual crisis fiscal del país.

C) Desde el punto de vista social, se va a acentuar la desigualdad por cuanto la abrumadora mayoría de las actuales personas trabajadoras empleadas públicas no devengan salarios de privilegio: pregúntele a los y a las policías, a las personas educadoras de base del MEP, al personal penitenciario, al personal hospitalario sin ley específica en materia salarial, al personal administrativo-profesional de los ministerios… Lo que sí debería existir es una ley reguladora de los salarios de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado en sus cuatro poderes y en las grandes entidades fuera de éste.

Carlos Alvarado Quesada cometió un embuste político al presentar como “imprescindible” el proyecto de empleo público para el crédito con el FMI, por 1.778 millones de dólares. ¡Eso no es cierto! Estuvimos en una reunión digital con personeros de esta entidad y así quedó constando. Fue él, atendiendo a la campaña del periodismo de odio, quien ofreció la cabeza salarial de 330 mil personas trabajadoras estatales a cambio de ese préstamo, a sabiendas de que estaba cometiendo una gran injusticia y, por supuesto, otra más de las estafas políticas propias de su comportamiento gubernativo.

¿Desea el señor Figueres seguir cohonestando esta patraña? ¿Ha sopesado, realmente, cuánto impacto puede tener en su campaña seguir sosteniendo, políticamente, a Alvarado, al cual la comunidad electoral del Estado, en abrumadora mayoría le repudia, le detesta, le considera un gran estafador político?

Además, ¿cómo se puede sostener tal proyecto de ley que, en su última versión, genera rechazo de la propia Corte Plena del Poder Judicial, de la misma Procuraduría General de la República (PGR), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), etc.?

El proyecto Ley Marco de Empleo Público está ya en el descrédito total. Los más notables juristas costarricenses de la actualidad, con diversas posiciones filosófico-políticas, se han encargado de demostrar sus inconexidades, sus incongruencias, sus contradicciones, sus estúpidas ocurrencias pues, como lo que lo sostiene es una concepción fanático-extremista anti-Estado, ese proyecto es catalogado como un “Frankenstein jurídico”, como un “ornitorrinco jurídico”.

Estamos planteando que este asunto del empleo público, pásenlo a las propias autoridades políticas del país, ejecutivas y legislativas, que se elegirán el próximo domingo 6 de febrero de 2022. Un proceso realmente participativo de abordaje segmentado del empleo público que permita construir una integralidad conceptual y operativa del mismo para la sociedad de la desigualdad, que ya lo somos, es lo que recomendamos.