Autor: ANEP

En nuestro país existen grupos de personas que desde los diferentes espacios en los que actúan, cuando se trata de la cosa pública, de las políticas públicas, de la práctica política cotidiana, muestran cada vez con mayor agresividad su visión de mundo que quisieran imponérsela al resto de la sociedad.

Esa visión de mundo, de corte totalitario y totalizante, nosotros la hemos catalogado como el todo mercado-nada Estado. Es para nosotros el lado incorrecto de la Historia.

Por el contrario, y muy a pesar de la visión de mundo todo mercado-nada Estado, las cosas en Costa Rica surgieron desde la perspectiva de una acción de política pública con sentido social; de tal suerte que fue la preocupación por poner a la búsqueda y a la promoción del bien común, en la centralidad del esfuerzo colectivo por fomentar una sociedad promotora de la inclusión social y económica. Según nuestro entender, es éste el lado correcto de la Historia.

En la pugna cotidiana entre estas dos visiones del ordenamiento social, en Costa Rica el todo mercado-nada Estado no ha logrado imponerse completamente, pese al mayor esfuerzo político que ha podido desplegar al ser el controlador de las últimas administraciones gubernativas, incluyendo la actual.

A la inversa, el otro lado,la acera de enfrente a la del todo mercado-nada Estado, muestra importantes episodios de lucha cívico-social a lo largo de los últimos 40 años, que han permitido mantener en pie a grandes herencias institucionales pensadas para la inclusión social y económica. Ahí están, en pie, por ejemplo, herencias vitales del bien común y de la inclusión social como la CCSS, el INS, el ICE, el INA, el AyA, el BCR, el Código de Trabajo, la universidad pública, entre otras joyas de la abuela.

Sin embargo, es más que obvio que los del todo mercado-nada Estado se han venido apropiando, exageradamente, de los beneficios del crecimiento económico lo cual les ha permitido tener abultadísimas fortunas producto de un sistema tributario injusto y corrupto que ya es sistémico.

Frente al todo mercado-nada Estado,con su proclividad a lo totalitario y totalizante, lo correcto es enriquecer el campo de la acción democrática con contenido social. Y para ello, la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) nos ofrece una gran posibilidad de aglutinamiento constructivo de amplia base.

Al ser Costa Rica un país que ha decidido adherirse a la comunidad continental y planetaria de los DD.HH., firmando, aprobando y ratificando la más amplia serie de tratados en la materia; el todo mercado-nada Estado ha de enfrentar un desafío imposible de superar pues su egoísmo glotón le ha de ganar la repulsa social más amplia… si trabajamos para ello.

En la corriente sindical en la cual militamos, y ante el ataque furioso del todo mercado-nada Estado, a las leyes laborales, a la Negociación Colectiva, al salario mínimo, a la seguridad social, al empleo público, al propio clima y a la preservación del ambiente que nos fuera heredado; creemos que en los diversos tratados de Derechos Humanos estamos encontrando nuevos contenidos, renovados bríos, argumentaciones sólidas, como para aportar a la derrota, ojalá definitiva, del todo mercado-nada Estado.

“Nuestro modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”. Este criterio no es de origen sindical; es de los obispos costarricenses integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Estamos hablando del documento eclesiástico Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria.

¡Descuiden, señores del Poder! No se trata de la abolición de la propiedad privada, ni nadie del capital sufrirá expolio alguno bajo ninguna circunstancia, aunque su enorme dimensión en ciertos ámbitos de la producción, de la economía y de las finanzas, ponen en entredicho su limpieza.

Lo que a nuestro juicio está indicando, de manera implícita, la CECOR, es que estamos necesitando de otro modelo de organización socioeconómica que sea estructuralmente capaz de superar la pobreza de modo significativo.

Además, agregamos nosotros, ese otro modelo de organización socioeconómica también debe ser capaz ya no solamente de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión, sino de devolvernos a la senda de la inclusión social y económica.

Como nuestro “modelo de organización socioeconómica ha demostrado ser estructuralmente incapaz de reducir la pobreza de modo significativo”; entonces (a modo de ejemplo), es sumamente urgente que:

1. hay que proceder a la radical transformación del sistema tributario, que incluya una declaratoria de emergencia del sistema de aduanas;
2. hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda pública desde la Asamblea Legislativa pero con una comisión mixta que incluya a entidades ciudadanas;
3. hay que revisar, profundamente, el tema de las zonas francas y su orgiástico aquelarre de exenciones y de exoneraciones;
4. hay que contratar, al menos, a 20 mil personas jóvenes para los diversos cuerpos policiales del país;
5. hay que darle un giro de 180 grados a la gestión, ya casi inexistente, del MAG, para que se dedique a la soberanía y a la seguridad alimentarias;
6. hay que establecer un nuevo salario mínimo de fijación semestral, con limpieza y fortalecimiento de la inspección laboral;
7. hay que pagarle la deuda a la Caja;
8. hay que crear más empleo público gestor de empoderamiento para la movilidad social con carácter estructural;
9. hay que fomentar el cooperativismo de los micro y medianos emprendimientos conectados con las zonas de gran pobreza y de exclusión económica y de notorio desempleo juvenil;
10. hay que darles más potestades y más financiamiento a las municipalidades para una provisión de servicios públicos y de impulso a políticas públicas rompedoras de estereotipos institucionalizados que han colapsado en el seno del Estado central.

La incapacidad del actual modelo de organización económica para la integración social plena tiene también enormes consecuencias negativas en los ámbitos del empleo juvenil, de vivienda social, de los servicios educativos públicos, de nuestro sistema de salud y de seguridad social. En todos estos ámbitos la denuncia pública de su proceso de deterioro sistemático y acelerado es cosa de todos los días. 

El Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal a la Iglesia y al pueblo de Costa Rica al finalizar la CXXVII Asamblea Ordinaria, merece que le demos gran atención.