En una reunión con la Gerente General se dejó clara la posición de ANEP en que no se permitirá privatizar el fondo y/o el despido de quienes forman parte del Fondo de Ahorro, pues la Junta Directiva de AyA aprobó suprimir estas 14 plazas.
Autor: ANEP
Seccional de ANEP en la Orquesta Sinfónica pide a ministra prorrogar el contrato del Director
Ante el turbulento momento que atraviesa la Orquesta Sinfónica, los representantes de ANEP solicitaron a la Ministra que se prorrogue la contratación de Carls St. Clair, Director General de la Orquesta, pues consideran que en caso de querer una transición se debe realizar de la forma correcta y no de manera intempestiva.
ANEP rechaza las acciones anti sindicales de funcionarias del Hospital San Vicente de Paul
“Saquen a la del sindicato”, se escuchó a todo pulmón por los pasillos del Hospital San Vicente de Paul, por parte de Lizbeth Granados del Departamento de Enfermería en contra de Carolina Castro Zúñiga, asesora sindical de ANEP quien realizaba un acompañamiento a una de nuestras personas afiliadas.
Nuestra afiliada se reincorporaba a sus labores tras una incapacidad psiquiátrica producto de discriminación por ser una persona con discapacidad y por su condición de sindicalista.
En el momento en el que se llega a donde era su espacio de trabajo se dan cuenta que no tenía escritorio, computadora, silla, teléfono ni nada de sus herramientas de trabajo, por lo que se acompañó hasta donde su jefatura. La funcionaria, temblaba, lloraba ya que nunca le comunicaron nada de esto y la misma temía por su estabilidad laboral y emocional.
Esperando una acción positiva por parte de la jefa, Lizbeth Granados, se dio todo lo contrario, pues manifestó que a ella no le correspondía, que se tenía que hablar con la señora Mildreth Garza Jiménez, Directora de Enfermería, a quien también se acudió pero, lamentablemente, tampoco quiso atenderlas y de forma tajante se los hizo saber.
Ante esto, se trató de conversar con Prisicila Balmaceda Chaves, Directora del Hospital, pero tampoco se logró, ya que rechazó el acceso a su oficina y solo pidió que se le enviara un correo electrónico.
Tras la nula respuesta de las encargadas y de ver como nuestra afiliada, presentaba ataques de ansiedad, por parte de nuestra asesora, Carolina Castro Zúñiga, se toma la determinación de levantar un acta que deje como evidencia lo sucedido.
Se esperaba que las funcionarias involucradas firmaran el documento, pero esto colmó su paciencia al punto en el que la señora Granados comenzó a pedir a gritos que la seguridad interna sacara tanto a nuestra asesora sindical y a nuestra afiliada, ya que, a su criterio, no estaba trabajando.
Durante ese momento Granados afirmaba que ella NUNCA iba a recibir, firmar o tener contacto con lo que tuviera que ver con el sindicato, acto sumamente reprochable para la ANEP.
Desde la Secretaria General de ANEP se solicitó incluir dentro de una audiencia conciliatoria próxima que se va a dar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tratar las presuntas practicas laborales desleales por parte de la parte patronal.
ANEP rechaza tajantemente toda acción violenta y solo busca que haya espacios laborales de paz y armonía, en donde prevalezca el dialogo.
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LMEP: LA MÁS GRANDE VIOLACIÓN DE DD.HH. DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS (Parte 2)
En el razonamiento de ANEP expuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: A) los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías); B) los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario); y, C) los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
ANEP manifestó a la Sala IV que el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
ANEP considera que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
Se señala que el constituyente estableció en la Constitución Política los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades; como una forma de garantizar un sistema de «pesos y contrapesos» que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
Estos poderes e instituciones son: el Poder Judicial (art. 9 CP), Tribunal Supremo de Elecciones (art. 9 y 99 CP), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS art. 73 CP), Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria (art. 84 de la CP), instituciones autónomas (art. 188 de la CP). Por ello, la pretensión del artículo 2 de la LMEP, de incluir en su ámbito de cobertura y aplicabilidad a los poderes e instituciones mencionadas, es inconstitucional.
ANEP plantea que la perversa LMEP genera inseguridad jurídica al violarse los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, lo cual puede equipararse con la violación del principio internacional de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y económicos (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La LMEP crea el denominado «salario global», que no es otra cosa que la rebaja encubierta del salario de una categoría de empleados públicos y, por ende, la reducción de derechos humanos (sociales, laborales y de seguridad social) o la regresividad de estos.
A esta categoría de empleados, a los cuales se les ha reconocido antigüedad vía anualidades, se les congela el salario por un tiempo indeterminado hasta que alcancen, paulatinamente, a la otra categoría de empleados que, con menos tiempo de laborar en el servicio público y cero anualidades, ingresan con salario global.
Visto así, la Ley Marco viola el principio constitucional de igualdad y de equidad, al congelar salarios de un sector de empleo público, lo cual supone una reducción salarial, -prohibida por la normativa laboral general-. No se compensará la inflación anual por varios años, lo que tendrá un efecto negativo en cascada sobre otros derechos económicos y sociales, vivienda, alimentación, educación, cultura, cuyos rubros mantienen un aumento sostenido. La semana próxima estaremos con la tercera parte.
