Autor: ANEP

Hoy queremos llamar la atención de las autoridades políticas de los gobiernos locales de nuestro país, las municipalidades, con relacion a lo que estimamos podría ser un amenazante futuro, especialmente en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera.

Le hablamos por esta vía a los señores alcaldes, a las señoras alcaldesas, así como a las personas integrantes de los correspondientes concejos, ya sea como regidores y como regidoras, en propiedad o en suplencia; e, igualmente, a quienes ocupan las sindicaturas.

Con especial énfasis, es nuestro interés que nos ponga atención la población trabajadora municipal y sus correspondientes liderazgos sindicales y profesionales; haciendo especial énfasis en los liderazgos comunales de distinto orden.

Entremos de lleno en materia expresando, previamente, un agradecimiento por la atención que se nos brinde.

Nuestra clase gobernante, tanto la del poder formal como la del poder real, a la altura de este primer cuarto de siglo, nos está dejando ver con claridad que solamente tiene una gran prioridad político-estratégica, con dos caras: por una parte, desarrollar y profundizar el negocio de la deuda pública y su escandaloso pago diario de intereses, a razón de 7 mil millones de colones al día, con lo cual se fortalece la matriz hegemónica-ideológica que domina toda nuestra política: el capital bancario-financiero.

Por otra, seguir avanzando en el desmontaje de lo que conocemos como Estado Social de Derecho, impulsando recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales; deteriorando servicios y programas de política pública destinados, otrora, al bienestar de las mayorías; y, continuar en el proceso sostenido que impulsan para la apropiación de las mejores y más rentables empresas estatales que todavía quedan en pie. En este caso, estamos en presencia del actual ataque artero para el robo-privatizador del modelo eléctrico nacional, histórico y exitoso, gestionado por el ICE.

Nos queremos centrar, de seguido, en lo siguiente: con esa altísima carga de deuda pública y de pago de intereses; más los brutales recortes presupuestarios en diversos ámbitos de la otrora sobresaliente política social del país que, prácticamente, podemos afirmar estar en presencia de un Estado central en quiebra técnica, misma que se va a agudizar hasta ser dolorosamente explícita.

Con base en ese escenario es que estamos notando la peligrosa tendencia política de los últimos años, potenciada por todos los partidos políticos responsables del desastre fiscal, de “trasladarle” a las municipalidades esos servicios públicos en estado de pre-quiebra; estrategia diseñada desde que se impulsó la ley de traslado de competencias hasta llegar al más reciente proyecto de ley en trámite para que los gobiernos locales definan, sin pasar por la Asamblea Legislativa, su propia estructura tributaria.

Han venido “preparando” a las municipalidades para que asuman el mantenimiento de la red vial nacional, las carreteras nacionales, obligándoles a asumir tramos de las mismas que pasan por sus respectivos territorios; las están “exhortando” (por no decir obligando), a que “adopten” una delegación de la Fuerza Pública en el radio de acción de sus comunidades; nada extraño será que en el corto plazo les delegan la policía de tránsito aunque ya hay policía municipal que hace partes en varios gobiernos locales. La construcción y el mantenimiento de infraestructura educativa está en proceso para endosárselas, desde el MEP, a los gobiernos locales.

En futuro no muy lejano, podrían ser obligados los gobiernos locales a asumir atención primaria en salud, servicios de atención a la niñez, de educación primaria y secundaria; de guardianas de áreas protegidas y de parques nacionales, etc. Pero, ¿y la plata para todo ello? ¡No se habla nada! En la segunda parte de este comentario, hablaremos de los aspectos sociolaborales y sociales.

El pasado lunes 17 del mes en curso, Diario Extra publicó en su primera plana nota de prensa titulada Una sola patrulla para 20.000 personas, remitiéndonos a la página 16 de la edición de ese día. En esta encontramos este pretítulo: Vecinos pide más vigilancia policial; y, a todo lo largo de la página este otro: Una sola patrulla cuida a 20.000 personas en el Caribe.

Se da cuenta en tal información periodística de un reclamo al Ministerio de Seguridad Pública por parte de vecinos de las comunidades de Valle La Estrella y de Bananito, habitantes en esas zonas del Caribe Sur de nuestro país. Don Miguel Rojas y don Juan Campos fueron los voceros de ese clamor-reclamo comunal. “Con sobrada razón”, pensamos nosotros, de manera inmediata, al leer la nota de prensa.

Y también pensamos nosotros, al mismo tiempo, en la gigantesca tarea cívico-popular que está pendiente de ejecutar para que los miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas como don Miguel Rojas y como don Juan Campos, puedan comprender la maldad y la perversidad que impera en el sufrimiento de los sectores populares de nuestro país ante el deterioro de las más diversas políticas públicas por la precariedad de los recursos financieros que a éstas se han venido asignando, presupuestariamente hablando, en los últimos gobiernos, incluido el actual.

Todos se han venido sometiendo a la dictadura (ésta si lo es en el amplio sentido del término), del capital financiero-bancario que, como su principal arma de presión, la deuda pública y el vulgar y obsceno pago de intereses; doblegando a las sucesivas administraciones gubernamentales a sacar la plata para esta barbaridad que es primero que todo antes que, por ejemplo, la compra de patrullas necesarísimas para la debilitada logística estratégica que debe enfrentar el desafío cotidiano de la Seguridad Ciudadana.

Fíjense ustedes, don Miguel y don Juan, que con la plata del pago de intereses de esa (impagable) deuda pública se podrían comprar cientos de patrullas, de paquete, de último modelo, para que las comunidades del Valle de La Estrella, de Bananito y de todas las localidades del país tuvieran una excelente dotación de vehículos de patrullaje de último modelo.

Pero no es así. Quédense ustedes con una única patrulla, a lo mejor ya envejecida y por destartalarse, para la vigilancia operativa móvil de 20.000 personas ciudadanas como ustedes, pues la plata que haya es para pago de intereses de esa deuda y su, socialmente criminal, pago de intereses, obscenos y vulgares.

Vieran ustedes, don Miguel y don Juan, que pregunté en el MSP por el valor de una patrulla nueva, de paquete y cuesta unos 31 mil dólares. Al tipo de cambio actual (525,54 colones por dólar), son casi 16 millones 300 mil colones por vehículo-patrulla. Nos atendieron muy bien, por cierto.

Pero, distinguidos ciudadanos, el presente gobierno (como todos los anteriores), sacrifican a su comunidad porque la prioridad es el pago de los intereses de esa deuda; y, ¡por favor!, escuchen bien: han venido pagando en los primeros 121 días de este año 2024 (31 de enero, 29 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril), “¡cáiganse de espaldas!”: 7 mil 100 millones de colones (7.100.000.000), ¡por día!, ¡cada 24 horas!, solamente por concepto de esa deuda “satánica”.

Si tan solo por un único día, solamente un día, se dejara de pagar esos 7 mil 100 millones de colones, se podrían comprar 435 patrullas, nueveciticas, de paquete, no solamente para mejorar la seguridad en el Valle de la Estrella y en Bananito, sino en todas las comunidades del país que hoy sufren violencia de todo tipo producto de la exclusión social y económica fuertemente en desarrollo en nuestro otrora país de movilidad social ascendente.

Don Miguel y don Juan: les puedo contar más de las implicaciones de esta mortífera deuda pública y de su diabólico pago de intereses obscenos y vulgares. ¡Ah! A ningún político le importa.