Autor: ANEP

En realidad, estamos alarmados. Estamos convencidos de que, al menos, en el ámbito del Gobierno Central estamos en una situación de quiebra técnica en materia de las finanzas públicas.

El señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, se enfureció ante la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó devolver dineros para la asistencia a las personas más pobres de nuestra sociedad, plata que él había recortado para este año 2024. Fueron 62 mil 130 millones de colones (₡62.130.000.000) que él le quitó al presupuesto del Fondo Social de Asignaciones Familiares.

Su enojo le llevó a amenazar a los diferentes ministerios y a las entidades adscritas a los mismos con más duros recortes para el presupuesto del 2025. Sin duda, está pensando en recortar, por ejemplo, más a los servicios de educación pública, de salud, de asistencia social, de cultura, de infraestructura y otros.

Este tema de los recortes presupuestarios, de reducción del financiamiento para programas sociales, de sacrificar a las personas más vulnerables a favor de las que más tienen, está muy estudiado.

Por ejemplo, la prestigiosa organización no gubernamental Oxfam, con sede en el Reino Unido, en su más reciente informe sobre la cruel situación de la desigualdad en la América Latina, puso el dedo en la llaga y propuso cinco grandes áreas en las cuales hay que actuar ya a fin de, precisamente, reducir la desigualdad y la exclusión económica que, para el caso costarricense, está poniendo en riesgo la misma Democracia.

1. Gravar la extrema riqueza y la concentración de poder.
2. Elevar de manera sistemática los impuestos recaudados sobre las rentas del 1% más rico.
3. Romper con una cultura de privilegios fiscales.
4. Poner coto a la evasión y elusión fiscales, tanto de grandes fortunas como de grandes corporaciones.
5. Revisar la tributación de grandes corporaciones y gravar las ganancias extraordinarias.

Se trata, dice Oxfam, de avanzar a una nueva era de reformas tributarias progresivas, gran necesidad de la Costa Rica actual.

Costa Rica, afortunadamente, tiene ciudadanos y ciudadanas no solamente con conocimiento pleno en estos temas, sino que, muestran una gran sensibilidad social para entender que esta quiebra técnica del Estado central nos está hundiendo más en el abismo de la violencia y de la desestabilización del mismo sistema democrático.

También, de manera afortunada, hay costarricenses de militancia activa en diversas organizaciones sociales que, conscientes de la magnitud del problema, están dispuestos a abordarlo, sin miedo, empezando por la denuncia activa y constante, la difusión de las propuestas alternativas y, lo más alentador aún, esforzarse al máximo para darle gigante potencia al poder de la Democracia de la Calle.

Pero, tristemente, no vemos en la clase política actual, al menos la que está representada en la actual Asamblea Legislativa, ni la más mínima voluntad de abordar el tema con toda la potencia que se requiere para enfrentar ya no solamente la furia de don Nogui, sino la de la plutocracia reinante y su élite gubernativa que defenderán, hasta con sangre si es necesario, el estado actual de situación del sistema tributario costarricense: injusto y corrupto.

Nadie nos contradice. Todo el mundo en Costa Rica lo sabe. En el caso de los y de las de abajo, lo sufren todos los días pues son sus víctimas directas. En el caso de los y de las arriba, le sacan jugoso provecho de manera constante.

Hablamos de que el sistema tributario nacional es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Hasta la saciedad lo hemos dicho y, como acabamos de indicarlo, nadie nos contradice.

¿Qué hacer? Las universidades públicas que, con toda razón y con eficiente gestión, anualmente, reclaman los recursos necesarios para su operación anual en lo que conocemos como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); están ética, moral y políticamente obligadas a presentarle a la sociedad las propuestas pertinentes para que el sistema tributario nacional evolucione de su actual perversa situación regresiva hacia uno de carácter progresivo. Si ya han hecho un trabajo de esta naturaleza, lo desconocemos y nos disculpamos, anticipadamente, por nuestra “ignorancia”. Si no lo han emprendido, la legitimidad con la cual se enfrentan a los gobiernos de turno, por la solidez financiera del FEES, se irá perdiendo.

¿Por dónde empezar? Al considerar que a la clase política, prácticamente, sin excepción, no le interesa el tema tributario-fiscal; las universidades públicas podrían desempolvar los documentos y las conclusiones contenidas en el informe sobre el trabajo realizado en la tramitación parlamentaria Expediente Legislativo No. 19.973, Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa que analizó la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias (Panama Papers).

Otra entidad pública que tiene mucho que decir y que hacer en esto del sistema tributario nacional doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto, es la Contraloría General de la República (CGR). No solamente podría llamarle a la atención a su jefatura política, la propia Asamblea Legislativa, por engavetar las valiosas recomendaciones del informe legislativo derivado de la investigación sobre el tema de los Panamá Papers; sino también al propio Ministerio de Hacienda tomando en cuenta las responsabilidades que se le señalaron en el mismo y que no ha cumplido.

Como es bien sabido, la CGR ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán politiquero de turno y ahora que ha salido fortalecida del aventurero ataque del chavecismo, tendrá suficiente autoridad moral para alzar su voz contralora por lo que han dejado de hacer los poderes Legislativo y Ejecutivo con relación a las directrices y las recomendaciones que vertió el indicado informe del Expediente 19.973.

De la misma forma, debe la Contraloría General de la República (CGR) abordar dos áreas “tabú” del tema fiscal-tributario y su perversidad corrupta. Por un lado, el pago en exceso de los intereses de la deuda pública con su socialmente criminal carga diaria de intereses; por otro, lo que ha venido ocurriendo con el régimen de zonas francas, sus treinta y resto de años de exoneración total de pago de impuestos y su degeneración en otros casos, pues hoy día la “moda empresarial” es que toda actividad productiva calce para desarrollarse bajo el régimen de zona franca y así evadir pago de impuestos.

Finalmente, si los dos temas anteriormente mencionados para efectos tributarios son “tabú” (intereses de la deuda y zonas francas); hay un tercero que es el más “tabú” de todos: los saldos de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos al 30 de junio de 2024: 18 mil 3 millones de dólares. 9 billones 540 mil millones de colones. ¿Son estos dineros sujetos de tributación tributaria? Nosotros creemos que sí.