Luego de varios años de lucha, se logró que fuera aprobado en segundo debate una reforma la le Ley General de Policía que permite que los uniformados estén cubiertos por las pólizas durante y después de sus jornadas de trabajo.
Autor: ANEP
Denuncian intimidaciones del alcalde de Quepos hacia los trabajadores
Diversas personas relataron como el miedo al alcalde de Quepos se ha apoderado de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad, ya que deben hacer lo que el señor Kim dice o de lo contrario se verán en problemas. También, se denunciaron aparentes favorecimientos a una empresa en carteles licitatorios.
Falta de custodios está poniendo en riesgo la vida de funcionarios judiciales, abogados y fiscales
Seccional de la Cruz Roja acude a diputada para presentar mal manejo administrativo de la benemérita
Deuda Pública: 5 millones de colones por cabeza
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
El distinguido ciudadano economista, don Luis Paulino Vargas Solís, académico universitario de gran respetabilidad, se pregunta: “¿Es sostenible la ruta fiscal por la que transita Costa Rica?” Desde un punto de vista obrero-social, la contundente respuesta es ¡NO!
Según documento-oficio del Ministerio de Hacienda, DM-0238-2021, fechado 23 de marzo del 2021, la deuda total del Gobierno Central, a ese momento, era de 24 billones 289 mil 926 millones 710 mil colones: 24.289.926,710.000: un 67.50% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para mayor comprensión, redondeemos esa cifra: 25.000.000.000.000 (25 billones de colones). Y si somos unos 5 millones de costarricenses, cada persona tica sin importar su edad, estaría “debiendo” 5 millones de colones.
Según las cifras fiscales a febrero del presente año 2022, la deuda pública ascendió a 27 billones 728.805 millones de colones: 27.728.805.000.000; o sea, en un año (marzo 2021-febrero 2002), aumentó esa deuda pública en 2 billones 728 mil 805 millones de colones. ¿Cómo estarán estas cifras al final del presente año?
En realidad, estamos hablando de cantidades de gigantesca dimensión, difícilmente comprensibles para el común de las personas. Esa deuda genera pago de intereses y es tan alto el mismo que, como bien lo afirma el ilustre economista don Luis Paulino, “…la proporción o porcentaje de los intereses en el PIB crece año con año, lo que hace imposible bajar el déficit fiscal, excepto que se recurra a medidas draconianas de recorte en renglones esenciales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la pobreza, las políticas de vivienda o el cuido de los parques nacionales”. Ya eso lo estamos viviendo, sintiendo, experimentando y sufriendo.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda indicó que durante los dos primeros meses de este año 2022, la recaudación de impuestos llegó muy cerca del millón de millones de colones (1.000.000.000.000). Sin embargo, casi la mitad de esa cantidad, cifra cercana a los 500 mil millones de colones, se fue en el pago de intereses de la deuda pública.
Esto nos lleva a destacar que, durante cada uno de los 31 días del mes de enero anterior, y de los 28 días de febrero recién pasado, 59 días en total, se cancelaron intereses de deuda pública por unos 8 mil 500 millones de colones ¡diarios!
Don Luis Paulino nos instruye a este respecto del obsceno pago de intereses de la deuda pública: “La cuestión va así: cuando uno revisa las cifras totales del año 2021, claramente detecta que el déficit del gobierno se origina, casi en su totalidad, en el pago por intereses. Estos representan el 94% del déficit total, y la parte de intereses asociada específicamente a la deuda interna, por sí sola representa el 82% del déficit total”.
Poco a poco, la cruel realidad de que el país está quebrado se impondrá. La monstruosa mentira-calumnia-infamia de que el déficit fiscal era producto de los salarios estatales, ha quedado completamente desnudada. Las draconianas leyes de combo fiscal, anti-huelgas y marco de empleo público tienen finalidades ocultas como precisamente esta: la de impedir que la ciudadanía tome plena conciencia de que si el país está al borde del precipicio es por la deuda pública y su inmanejable pago de intereses. ¡Nada más!
Esta ha sido la más grande patraña del gobierno por terminar, el del nefasto Alvarado y su tutor político-partidario por excelencia: el Partido Liberación Nacional (PLN).
ANEP fortalece estrategias ante golpes contra la clase trabajadora
Cruz Roja tiene dos años de no contratar socorristas a pesar de tener recursos para hacerlo
Desde el 2020 se modificó la ley 8690 con el fin de brindarle recursos a la benemérita para la contratación de socorristas, pero, luego de dos años esto no se ha hecho, generando que muchos conductores tengan que salir solos a atender las emergencias, a pesar de que es prohibido por la Ley de Atención Prehospitalaria.
Municipalidad de Garabito mejora instalaciones y dota de uniformes a trabajadores
Desde ANEP se había denunciado como los trabajadores tenían varios años sin que se les dieran uniformes nuevos ni los implementos necesarios para sus tareas. La nueva coordinación de servicios ambientales y municipales se ha avacado en este tema y por fortuna, ya los funcionarios cuentan con todo nuevo. Además se han acoplado diferentes instalaciones para que las condiciones sean optimas.
Herencias del pasado que jamás debemos deshonrar
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Una de las principales motivaciones que todavía permite nuestra propia permanencia en la lucha social y sindical costarricense, tienen que ver con esas herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; legados vinculados con postulados, valores, principios y legislaciones centradas en dos grandes ejes que, articulados, deben permitir una convivencia en sociedad, si no total, medianamente sana.
Hablo, por una parte, del proceso que significa la eterna lucha por la búsqueda y por la promoción del bien común, mediando la justicia social. Por otra, y de la mano del anterior y en paralelo, del proceso perseguido en la no menos eterna lucha por la inclusión social y económica, impulsando la reducción de las desigualdades al máximo posible.
Nací un 3 de abril de 1956 en una Patria que ya había tenido tres grandes conmociones sociales, entrando en la etapa histórica de la segunda parte del siglo XX; y, en el marco del desarrollo, nada unilineal, de tres procesos sociohistóricos que se derivan de esos dos grandes ejes:
1) La conmoción sufrida en la década de los años 40’s del siglo veinte anterior, misma que podemos nombrar como la de las Garantías Sociales.
2) Los acontecimientos reseñados como la Guerra Civil del 48; ese conflicto armado entre costarricenses que arrojó entre 2 mil y 3 mil compatriotas abatidos por las armas de un bando en contra del otro, en los meses de marzo-abril de 1948; proceso bélico que generó una dictadura de 18 meses, denominada Junta Fundadora de la Segunda República, bajo la dirección de José Figueres Ferrer (el legendario “Don Pepe”).
3) El proceso sociopolítico, parlamentariamente deliberante, conocido como Asamblea Constituyente, desarrollado entre el 15 de enero de 1949 y el 7 de noviembre de ese mismo año de 1949, el cual estableció la actual Constitución Política de Costa Rica, precisamente conocida como la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.
Más concretamente, deseo resaltar la circunstancia de que la abrumadora mayoría de las personas costarricenses que están vivas hoy día, nacieron en alguno de los años que se marcan en los anteriormente citados tres procesos.
Dicho de otra manera, los y las costarricenses que en la actualidad tienen 80 o menos años, nacieron en la década de los 40’s del siglo anterior; nacieron en el marco del proceso bélico-político de 1948-1949; y, la abrumadora mayoría viviente, nació luego del 7 de noviembre de 1949.
¿A dónde quiero llegar? Los tres procesos citados, producto de la articulación de los dos ejes citado al inicio del presente artículo, dieron origen a lo que conocimos como Estado Social de Derecho; considerando que la institucionalidad que se estableció a partir de las Garantías Sociales, fue la que ha prevalecido hasta la fecha, si bien, ahora en franco retroceso.
Nuestra generación, básicamente la que nació luego del establecimiento de la actual Carta Magna de Costa Rica, prácticamente tuvo a su alcance, sin mayor esfuerzo, diversas posibilidades de desarrollo personal y sociofamiliar a partir de los contenidos fundamentales de ese Estado Social de Derecho y de la amplia diversidad de políticas públicas que se generaron bajo su alero.
Sin embargo, corrientes económicas foráneas, centradas en fundamentalismos ideológicos radicalmente opuestos a los valores contenidos en lo que denominamos Estado Social de Derecho, han abierto el peligroso sendero de su involución, de su retroceso y de la reversión de sus basamentos fundamentales; poniéndose en entredicho y en serio cuestionamiento la persecución del bien común y de la inclusión social y económica en la Costa Rica del Siglo XXI. Por ello, afirmamos y reafirmamos que hay herencias del pasado que jamás debemos deshonrar; y, siendo así, hay sólido terreno abonado para reconstruir la lucha social y cívica en las actuales y difíciles circunstancias que se ven en el escenario político nacional que se abrirá a partir del domingo 3 de abril de 2022.
7 de noviembre de 1949 – 9 de marzo de 2023 (Primera parte)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Entre el 7 de noviembre de 1949 y el 9 de marzo de 2023, median 73 años, 4 meses y 2 días.
El día 7 de noviembre de 1949, entró a regir la hoy vapuleada Constitución Política de la Republica, nuestra Carta Magna.
El 9 de marzo de 2023 entrará a regir (si no media algún acontecimiento extraordinario que lo impida), la Ley Marco de Empleo Público, No. 10159, la que provoca una tácita violación del principio clásico de las democracias republicanas, la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Para el caso costarricense, se ha considerado que la institucionalidad vigente ha consolidado un cuarto poder, el electoral, materializado en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), también violado en su independencia por la indicada legislación.
73 años, 4 meses y 2 días, según nuestra visión obrero-social, al margen de la hegemonía político-ideológica dominante, es, en consecuencia, el período de duración de la institucionalidad republicana basada en la división de poderes que establecía la indicada Carta Magna.
A partir del 9 de marzo de 2023, la institucionalidad será de corte totalitario, hegemónicamente autoritaria, pues la indicada Ley Marco de Empleo Público da origen a la preponderancia del poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes clásicos (incluso, sobre el TSE): surge una peligrosa involución en el desarrollo de la Democracia.
Es más, durante el período constitucional próximo a concluir, 2018 – 2022, en el seno de la Asamblea Legislativa que finaliza sus funciones el 30 de abril venidero, ocurrió un Golpe de Estado Parlamentario a la Constitución de 1949. ¡Sí! Así lo sostenemos: Un Golpe de Estado Parlamentario a la carta magna del 7 de noviembre de 1949. Y lo que es más impactante y conmovedor, es que éste ocurrió con la connivencia jurídica del más alto tribunal de la República, el guardián de la Carta Magna de 1949, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría diputadil del congreso saliente emitió tres leyes de peso determinante para la transformación estructural de la institucionalidad republicana salida de la Constitución Política de 1949: a) La Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; b) la Ley No. 9808, Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos; y, c) la Ley No. 10159, Ley Marco de Empleo Público; las cuales constituyen un todo armónico, de concatenación estratégica y con profundo contenido ideológico-hegemónico, político y económico, del todo mercado-nada Estado, ese de corte neoliberal extremista, a fin de avanzar en el camino hacia la desaparición plena de lo que hemos conocido como Estado Social Derecho.
Estado Social de Derecho que se asienta, particularmente, en las Garantías Sociales de los años 40 del siglo XX anterior, pasando por los valores en pugna armada con ocasión del conflicto bélico de abril de 1948 entre costarricenses; resultando de ello una dictadura de 18 meses de duración, liderada por José Figueres Ferrer, bautizada como la Segunda República; para luego, con un retorno a la institucionalidad republicana plasmada en la Constitución Política que entró a regir el 7 de noviembre de 1949… hasta el próximo 9 de marzo de 2023.
Tal tríada de legislación neoliberal, todo mercado-nada Estado, está contaminada con violaciones más allá de lo constitucional, pues se pisotearon valores universales consagrados en los tratados de Derechos Humanos (DD.HH.). Estos son compromisos legales-internacionales del país de obligado acatamiento para Costa Rica, habida cuenta de su ratificación por nuestra Asamblea Legislativa, según los casos; y, más grave aún, por la emisión de una voluntad explícita como nación de someternos a los dictados-sentencias-opiniones consultivas de las respectivas cortes de DD.HH, que se vean apeladas por las fuerzas sociales y las personas ciudadanas violentadas en sus más diversos derechos; específicamente, por las violaciones contenidas en las leyes (popularmente designadas), del combo fiscal (No. 9635, de 2018), de la ley anti-huelgas (No. 9808, de 2020) y, la de empleo público (No. 10159, de 2022). La semana próxima estaremos con usted en una segunda parte de este comentario.
