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Bota enviada a la ANEP por el compañero y ex Directivo Carlos Alberto Elizondo.

Buenas noches: EsTimados compañeros de la ANEP, un saludo fraternal. Sobre este tema de la legalización de las drogas como alternativa para reducir el problema de las drogas, me veo en la obliación de realizar un comentario para aclarar algunos puntos.

Algunas personas, sostienen que el problema del consumo de drogas, se solucionaría con la legalización de las mismas.

Pretendo desmitificar las tres principales premisas de los defensores de esta posición:

Mito Número 01: Con la legalización disminuiría la oferta de drogas (narcotráfico).
ESTO ES FALSO. El mercado negro de las drogas persistiría incluso con la legalización. La legalización se presenta con frecuencia como un argumento abstracto, sin haber analizado con seriedad las áreas de debate subsecuentes. ¿Qué es lo que debe legalizarse? ¿Tan sólo la marihuana? ¿La marihuana y la heroína? ¿Todas las drogas? ¿Para qué edades? ¿Quién vendería las drogas – el gobierno o empresas privadas? ¿Quién será responsable por los costos sociales del uso de las drogas? Recordemos que la existencia de un mercado negro depende en gran parte de los parámetros que determinan el uso legal. Por lo tanto, si sólo se legalizara la marihuana, los narcotraficantes continuarían su comercio ilegal de heroína y cocaína; si el uso de drogas fuera legal para los mayores de 18 años, los narcotraficantes tratarían de venderlas a los menores de 18 años. Por tanto, lo que provocaría la legalización de las drogas, sería el desplazamiento de nichos de mercado de los traficantes, hacia otros sectores poblacionales.

Mito Número 02: Con la legalización bajaría la demanda (consumo).
FALSO Y SIN FUNDAMENTO EMPÍRICO. Un elemento fundamental del debate sobre la legalización es la afirmación de que el consumo de las drogas y la drogadicción no aumentarían si se legalizaran. Esto es evidentemente falso. El consumo de bebidas alcohólicas aumentó de manera importante después de que se abolió la prohibición de las mismas en los EUA. Vivimos en un mundo de adicciones. El número de adictos a la nicotina y al alcohol en nuestro país, se cuenta en decenas de miles. ¿Acaso alguna persona cree con seriedad que el acceso más libre a las drogas sin ninguna amenaza de sanción o castigo tendría como consecuencua una baja en el número de personas que usan drogas? ¿Acaso alguna persona seria quiere hacer más fácil que los jóvenes obtengan drogas? No creo que así sea. Sin embargo, éste sería el resultado inevitable de la legalización.

Mito Número 03: Los programas de legalización han tenido consequencias positivas (eficiencia comprobada).
Otra falacia en cuanto a los argumentos en pro de la legalización es la idea de que los programas de descriminalizar han tenido éxito en otras naciones. Las leyes liberales de Holanda en cuanto a las drogas son tema de amplia discusión en los medios informativos. No obstante, lo que no se conoce ampliamente es el hecho de que ese país, cuyo tamaño es un poco menor que Panamá, tiene más de 50 clínicas que proporcionan metadona a los adictos a la heroína, y que quienes abusan de las drogas constituyen un gran porcentaje de los reos en las cárceles holandesas.

Es más, el número de personas que usan marihua ha aumentado en ese país desde que se discriminalizó su uso. Suiza liberalizó el uso y venta de drogas en una parte de la ciudad de Zurich llamada “Parque de las agujas”, atrajo drogadictos de toda Europa. Las autoridades suizas clausuraron finalmente el parque en 1992, despés de que se registró un aumento de violencia y muertes. Se calculaba entonces que el número de usuarios de drogas había aumentado de unos cuantos cientos hasta 20,000.

De manera que, las personas qiue defienden la legalización, son personas que no menejan información veraz sobre el problemas de las drogas, carecen de datos, conocimientos empíricos y evidencias que sustenten tales posiciones. Se trata de postulados liberales sin fundamento científico. La tolerancia socia hacia la oferta y la demanda de drogas, solo conducen al estimular el consumo y a acentuar este problema de salud pública.

Finalmente, cabe señalar que lo que hay que evaluar es la efectividad de los programas de prevención o tratamiento que brindan los países, ya que en muchos de éstos (méxico, Colombia, etc) lo que ha fracasado es que los estados le han dado énfasis a los programas represivos (leyes y militarismo). Y en relación con los programas de Reducción de Daño (suministro de insumos o drogas sustitutas) a poblacion adicta de alto riesgo, es otro tema más complejo que se debe discutir aparte.
Espero que lo anotado, sirva para dar elementos más técnicos sobre este tema tan complejo.

Un abrazo Carlos Alberto.

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La guerra contra las drogas ha fracasado

Juan Carlos Hidalgo-El Financiero

La noticia recorre hoy el globo: la guerra mundial contra las drogas ha fracasado. En realidad no es ninguna novedad. Basta con ver los titulares desde México donde la violencia del narcotráfico ya suma más de 35.000 víctimas mortales en poco más de 4 años. O las estadísticas que muestran que el consumo de estupefacientes permanece relativamente estable alrededor del planeta a pesar de los ingentes esfuerzos de los gobiernos por combatirlo: cada año al menos 250 millones de personas alrededor del mundo consumen sustancias ilícitas.

Sin embargo, el tema es noticia hoy porque un panel de 19 destacadas figuras mundiales, donde se encuentran el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), así como otras personalidades como el Premio Nóbel Mario Vargas Llosa, ha publicado un poderoso reporte que condena el fracaso evidente de la guerra contra las drogas y llama a los gobiernos a considerar alternativas como la despenalización y la legalización de las drogas.

El reporte dice todas las cosas correctas: la prohibición ha fracasado en disminuir el consumo mundial de drogas, y más bien ha llevado a la creación de mercados negros y redes criminales que recurren a la violencia y a la corrupción a la hora de conducir su negocio. Esta violencia relacionada al narcotráfico amenaza la estabilidad institucional de naciones enteras, especialmente en los países en desarrollo. Además, la prohibición ha provocado la estigmatización y la marginalización de la gente que consume drogas ilegales, lo cual dificulta ayudar a aquellos que son adictos. El reporte también denuncia lo que muy apropiadamente llama el “imperialismo del control de drogas”, es decir, cómo Estados Unidos “ha trabajado enérgicamente durante los últimos 50 años para asegurar que todos los países adopten el mismo enfoque rígido en la política de drogas”.

En la sección de recomendaciones, el reporte señala que la legalización de las drogas “es una opción política que debería explorarse con el mismo rigor que cualquier otra”. Como he señalado en anteriores ocasiones, únicamente la legalización de las drogas, al eliminar los mercados negros, garantiza una disminución substancial de la violencia del narcotráfico y de los demás flagelos sociales asociados con la prohibición. El informe también resalta las experiencias positivas de otros países como Suiza con programas de entregarles drogas sustitutas a los adictos. En nuestro país, una idea similar fue rechazada ad portas por la presidenta Laura Chinchilla.

Este informe sin duda alguna recibirá mucha cobertura mediática en los próximos días y semanas. Es hasta ahora el espaldarazo de más alto perfil a la idea de reformar las políticas sobre drogas alrededor del mundo. Y, al contar con el actual Primer Ministro de Grecia, George Papandreou, como uno de sus signatarios, ofrece la esperanza de que otros líderes mundiales que actualmente ostentan cargos públicos se unan al llamado a acabar con la fracasada guerra contra las drogas. Solo imaginémonos que nuestro país, en lugar de ir a una Comisión de Derechos Humanos de la ONU donde callaremos las violaciones a estos por parte de China, levantara la bandera por acabar con una política que le cuesta la vida a tantos miles de personas alrededor del planeta, incluyendo dentro de nuestras fronteras. Pero nuevamente, esperar una posición de avanzada de la administración Chinchilla sería como pedirle peras al olmo.

Una Comisión de Alto Nivel compuesta por mandatarios, ex presidentes y figuras de renombre internacional publicó un crítico reporte que cataloga de fracaso la guerra contra las drogas y pide un replanteamiento total de la estrategia antinarcóticos del planeta.

En su reporte, la “Comisión Global de Políticas de Drogas” pide a los países acabar con criminalización y experimentar con la regulación del uso de sustancias hoy ilícitas.

“La lucha contra las drogas ha fracasado y con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo.

A 50 años del inicio de la Convención de la ONU sobre Drogas Narcóticas y 40 años de que el presidente Nixon lanzara la guerra contra las drogas, son necesarias, y de manera urgente, reformas fundamentales a nivel nacional y en las políticas globales de las drogas”, dice el informe obtenido por ELTIEMPO.COM

Entre los miembros de la Comisión figuran el Primer Ministro de Grecia, George Papandreou, el ex secretario General de la ONU Kofi Annan, el ex jefe de la Reserva Federal de EE. UU. Paul Volcker, el ex secretario de Estado George Shultz y los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Cardoso (Brasil), entre muchos otros.

De acuerdo con el reporte, pese a las enormes sumas de dinero que se han invertido en la criminalización y otras medidas represivas contra los productores, estas no han logrado reducir ni la demanda ni el consumo.

“Victorias aparentes en la eliminación de una fuente o organización narcotraficante son diezmadas casi de inmediato con la aparición de otras fuentes o narcos. Las medidas represivas contra los consumidores impiden medidas de salud pública para reducir el Sida, las muertes por sobredosis y otras consecuencias nocivas del consumo”, sostiene el documento.

La Comisión plantea una serie de recomendaciones, como acabar con la criminalización, estigmatización y el marginar a las personas que usan drogas, pero que no le causan daño a otros.

Pide, a su vez, que se experimente con modelos legales de regulación de drogas (especialmente para el caso de la marihuana) con el objetivo de diezmar el poder de las organizaciones criminales y que se debe traducir en mejores condiciones de seguridad en los países.

También sugiere que se pongan a disposición diferentes modalidades de tratamiento asistido para drogadictos como los que se han puesto en práctica en muchos países de Europa y Canadá para el caso de la heroína.

Para la Comisión, así como debe cambiar el enfoque frente a los consumidores también debe hacerse frente aquellos eslabones bajos de la cadena como vendedores o cultivadores, que son víctimas también del problema.

“El arresto de miles de ellos en las últimas décadas solo ha llenado las cárceles sin reducir la disponibilidad de la droga. Parece no existir límite en la cantidad de personas dispuestas a meterse en el negocio para salir de la pobreza o sostener a su familia. Esos recursos, por tanto, deberían invertirse en otras cosas “, sostiene el reporte.

La Comisión planea un modelo de prevención que no se limite a campañas de “cero tolerancia” o decir “no a la droga” pues los considera simplistas y sugiere enfocarse más en grupos de alto riesgo con estrategias basadas en información creíble.

Otro énfasis del reporte es que los gobiernos se deben enfocar en acciones represivas contra las organizaciones criminales, pero no con el simple objetivo de reducir el mercado sino para disminuir su poder, influencia y capacidad de intimidación.

En otra recomendación el grupo pide a los países dejar atrás las políticas y estrategias antidrogas guiadas por “conveniencia política” y reemplazarlas por políticas responsables en términos fiscales y que estén basadas en la ciencia, salud, seguridad y derechos humanos.

La Comisión se integró como seguimiento al esfuerzo realizado en el 2009 por los ex presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, que en su momento publicaron un reporte pidiendo un cambio de paradigma en las políticas antidrogas.

El informe será presentado oficialmente este jueves en Nueva York.

Según Gaviria, que será uno de los participantes en la conferencia de lanzamiento, “no podemos seguir ignorando como el crimen la violencia y la corrupción que genera la droga son el resultado de política antidrogas fallidas. Es hora de romper el tabú que existe para discutir todas las opciones, incluidas alternativas a la prohibición”.

Por su parte, el ex presidente de Suiza, Richard Dreifuss, destacó la contundente evidencia recopilada en Europa y que demuestra los beneficios humanos y sociales de abordar el problema de la droga desde una perspectiva de salud pública y no de crimen.

“Estas políticas deben ser adoptadas a nivel mundial, con cambios requeridos a las convenciones internacionales sobre control de drogas”, dijo Dreifuss.

Los miembros de la Comisión

-Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ghana.

-Louise Arbour, ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presidente de International Crisis Group, Canadá.

-Richard Branson, empresario, activista de causas sociales, fundador de Virgin Group, cofundador de The Elders, Reino Unido.

-Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, Presidente de la Comisión.

-Marion Caspers-Merk, ex Secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud de Alemania

-María Cattaui, miembro de Petroplus Holdings Board, ex secretaria general de International Chamber of Commerce, Suiza

-Ruth Dreifuss, ex presidente de Suiza y ministra de Asuntos Internos

-Carlos Fuentes, escritor e intelectual público, México

-César Gaviria, ex presidente de Colombia

-Asma Jahangir, activista por los derechos humanos, ex Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakistán

-Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Francia

-Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual público, Perú

-George Papandreou, Primer Ministro de Grecia

-George P. Shultz, ex Secretario de Estado, Estados Unidos (Presidente Honorario de la Comisión)

-Javier Solana, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, España

-Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Noruega

-Paul Volcker, ex Director de la Reserva Federal de Estados Unidos y de la Economic Recovery Board

-John Whitehead, banquero y funcionario público, director del World Trade Center Memorial Foundation, Estados Unidos

-Ernesto Zedillo, ex presidente de México

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL ELTIEMPO.COM
WASHINGTON

Ya del asunto nadie habla mucho, después de que las tasas de desempleo en Costa Rica se elevaron a sus máximos en más de un cuarto de siglo, y cuando al mismo tiempo las regulaciones de ese tratado imponen restricciones que hoy devienen obstáculo a la creación de nuevos empleos. Me refiero, en concreto, a la imposibilidad de frenar la entrada de capitales especulativos, a raíz de lo cual la moneda se ha revalorizado, provocando efectos negativos para las actividades exportadoras, turísticas y a las que compiten con productos importados.

En lo que respecta a Crucitas, la empresa involucrada ha actuado como político a la caza de votos o como uno de esos narco-lavadores-de-capitales: reparten dádivas intentando aprovecharse de la pobreza y la necesidad para ganarse las simpatías populares, en una cínica operación de soborno y corrupción. La minera, en particular, se ha querida presentar como salvadora de una población que, en efecto, carece de oportunidades productivas y de empleo y es víctima de este modelo económico concentrador y excluyente.

Guardando las proporciones del caso, es innegable que la propaganda del sí al TLC guarda notable parecido con la propaganda con que la minera canadiense promueve su imagen.

El TLC venía a ser como el puntillazo final, o, si se prefiere, el solemne acto de coronación, de un modelo de desarrollo –el modelo o estrategia neoliberal- que a lo largo de los años produjo enormes desequilibrios de desarrollo, perpetuación de la pobreza y un ahondamiento brutal en las diferencias sociales. Parte de esta problemática lo fue la radical pérdida de calidad de los empleos disponibles y su galopante precarización, en un contexto de sistemático irrespeto a toda la normativa en materia laboral.

Instalada la inseguridad económica y laboral y la consecuente angustia que ello genera, quedó abonado el terreno para el chantaje. Y con base en el puro chantaje –y a gran escala- se logró aprobar ese tratado. El TLC es hijo de la amenaza y el miedo ejercido sobre una población que, de cualquier forma, ya vivía acongojada respecto de sus fuentes de ingreso y trabajo. De forma elocuente, ello quedó recogido en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, los cuales evidenciaron la abierta intervención de la embajada estadounidense.

Crucitas es, a estos efectos, un caso extremo, aunque en pequeño, de ese mismo cuadro de precariedad e incertidumbre. Una comunidad empobrecida y largamente olvidada por políticos y políticas, partidos y gobiernos, que deviene víctima del espejismo de empleo y prosperidad creado por una minera que, en realidad, tan solo les dará un puñado de empleos transitorios y de mala calidad, al costo de una pavorosa devastación ambiental.

Es como al modo de un círculo vicioso que esta estrategia neoliberal engendra y del cual parece alimentarse para sostener su hegemonía. Su base y sostén es la negación: niega derechos laborales y seguridad en el empleo y los ingresos; niega la igualdad y la justicia; niega la posibilidad de una interrelación respetuosa con la naturaleza; niega el acceso a un desarrollo regionalmente equilibrado; niega el espacio para que florezca el capital nacional y, en especial, bloquea la posibilidad para que se consoliden las pequeñas empresas y los emprendimientos de la economía social. Niega, incluso, el derecho a la salud, la educación y el agua. Y desde ese espacio de negación, genera un contexto de terror: una población carenciada que teme que lo poco que a duras penas tiene o logra aún conservar se le vaya de las manos. Surge entonces el chantaje de la alternativa única: si no se aprueba el TLC no habrá empleo ni ingresos para vivir. O, en un contexto más reducido pero igualmente significativo: si no se cuenta con la minera, no habrá trabajo para una comunidad pobre y olvidada.

Así, esta estrategia neoliberal ejerce una especie de efecto disolvente sobre la esperanza; conforme se instala la incertidumbre y la precariedad, la vida se convierte en una lucha del “sálvese quien pueda”, de la cual queda expulsada la posibilidad de un algo distinto, lo cual tiene un efecto políticamente paralizante.

Y, sin embargo, el desarrollo debería ser muy otra cosa. Y quizá el caso de Crucitas, justo por ser algo que se da en pequeña escala, lo ilustra con especial claridad. Esa pequeña población debería tener el derecho efectivo de un desarrollo sano y justo: empleos de calidad con pleno respeto a las garantías laborales; ingresos estables y suficientes; equitativa distribución de la riqueza; servicios públicos de calidad; educación, arte y esparcimiento; paz y tranquilidad; armonía con la naturaleza; un ambiente sano y disfrutable; vivienda digna. Y, deseablemente, una cultura que promueva la equidad de género, el respeto a lo diverso y la participación en democracia.

La minera no les dará nada de eso, como tampoco las piñeras o las bananeras se lo han dado a las regiones donde se instalan. Un desarrollo distinto es seguramente urgente, pero de por medio hay una tarea cultural, política y educativa muy compleja: la de lograr que la gente comprenda que ese otro desarrollo sí es posible y que la esperanza sigue viva.

*especial para ARGENPRESS.info