TLC y Referéndum: Derrota total del modelo neoliberal corrupto y excluyente.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

_______________________________________________________________
Por supuesto que la base de ese fracaso ha sido el imponente ejercicio ciudadano del Derecho de Rebelión, vía el Referéndum de la Calle, en irrefrenable desarrollo, como lo demostró la gigantesca manifestación cívica del pasado 26 de febrero.

En este marco de condiciones, es que se abre espacio la oportuna intervención del grupo de costarricenses, encabezado por el Lic. José Miguel Corrales, demandando la realización de un referéndum por el mecanismo de iniciativa ciudadana, según la ley al respecto sin estrenar todavía en el país. Con el referéndum, según sus gestores, se busca evitar una confrontación social de proporciones impensadas, como ya se veía venir. Se emite así, la resolución histórica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizando la recolección de firmas que, en un mínimo del 5 % del padrón electoral, deben reunirse para legitimar la consulta popular por dicha vía. El “fácil” y “ágil” beneplácito de la oligarquía neoliberal a esta resolución, nos obliga a pensar, con profundidad, qué es lo que traman ahora.

Sin embargo, veamos lo siguiente. El Presidente Arias aparece ahora pretendiendo_ “robarse el mandado”_, como dice nuestro pueblo. Menos de veinticuatro horas después de la resolución del TSE, anunció que convocará el referéndum por otra vía, al emitir un decreto que deberá aprobarse en la Asamblea Legislativa por 29 votos. Si bien es cierto, está actuando conforme a esa misma ley del referéndum, no está en lo correcto pues lo que se pretende es ejecutar una burda maniobra política que desnaturalice este proceso de enorme significado democrático.

Se busca así impedir que los sectores sociales, cívicos y de real patriotismo, realicen plenamente el proceso recolector de firmas, a convertirse en una gigantesca operación de esclarecimiento, de alfabetización política sobre el TLC, de elevación de la calidad organizativa y de afinamiento de la movilización para derrotar al neoliberalismo corrupto y excluyente en las urnas, verdadero significado de lo que se estaría decidiendo en ese referéndum.

Los hermanos Arias y la oligarquía neoliberal que los tutela, la de los “quita y pone presidentes”, jamás creyeron en la consulta popular para resolver la controversia del TLC; siempre dijeron que el referéndum se produjo el día de las elecciones presidenciales, jactándose luego de haber logrado los 38 votos necesarios para su aprobación en el parlamento.

Es por eso que no podemos dejar de pensar en que la convocatoria del Presidente Arias, buscando “robarse el show” de convocatoria al referéndum (para efectos de “reconocimiento” internacional); lo que persigue, realmente, es la implementación de una maniobra política para tratar de quitarle la trascendente esencia democrática que tiene el referéndum; pretendiendo de esa manera, una participación disminuida, apresurada y hasta comprada, dado que es muy probable que las necesidades de la pobreza se ofrezcan atender a cambio del voto favorable al TLC.

De nuestra parte, ya habíamos planteado en diferentes foros y por otros medios que el asunto del TLC, dada su gravedad, su perversidad y su impacto negativo a perpetuidad, no podía resolverse en el estrecho marco de la Asamblea Legislativa; sino que era algo que nos competía directamente a todos cuantos tuvimos la bendición de Dios de nacer en esta bella patria. Nuestro artículo del 7 de noviembre de 2006, en esta misma columna, planteó el asunto, cuando hablamos de “TLC: Una decisión de todo el pueblo”. La semana próxima ampliaremos sobre este particular.

Costa Rica solitaria

*El Nuevo Diario (Managua)

En nuestro caso el Cafta no generó un debate profundo, ni medio profundo, tampoco fue un dispositivo aglutinador de las organizaciones de la sociedad civil, ni se generaron discusiones que trascendieran a las instituciones y altas esferas del poder.

¿Pero qué ocurre en ese país vecino con el que siempre tenemos fantasmas pero al que migran cientos de nicaragüenses y, por tanto, al que estamos irremediablemente unidos? ¿Por qué la resistencia de una sociedad organizada y con clara capacidad de movilización no suscita interés o al menos debate en Nicaragua, siendo que el desenlace afecta a muchas familias de este país?

Quizás hay un sentimiento de que “ya nada puede hacerse” y “mañana veremos qué pasa”, muy a tono con la baja autoestima del país y el “éxito” de las políticas de promoción del analfabetismo y el desconocimiento como resultado directo de la nula inversión en la educación. El legado más eficiente en materia de política pública de los últimos tres gobiernos.

Muy distinto, el tema del TLC ha creado en la sociedad tica una polarización nacional que ha paralizado la capacidad de toma de decisiones en algunas esferas. La sociedad entiende la importancia de firmarlo o no, y por eso se resisten. Lo han leído, estudiado y analizado con sus propios anteojos y no con los del poder económico y la clase política, es decir, de manera independiente y honesta.

Saben que con él están en juego las mismas bases del modelo de desarrollo que los ha llevado a donde están, y por eso, en palabras del Rector del estatal Tecnológico (TEC) y principal organizador de las últimas marchas, se pide el retiro del TLC de la Asamblea, para que se “abra un espacio de diálogo profundo de cómo debe ser el modelo de desarrollo y rechazando agendas de implementación que venden el país”.

Es muy interesante y alentador que las universidades públicas, ésas a las que muchos nicaragüenses eligen para estudiar, debido a su mejor calidad frente a las nuestras, son quienes están dando la cara en estas marchas. La razón es sencilla: funcionan. En ellas todavía hay académicos intelectualmente honestos, movimientos estudiantiles, administradores comprometidos y espacios de discusión integrados a la realidad social y económica del país.

A diferencia de Nicaragua, el cuerpo universitario tico asume su rol social y científico frente a la comunidad y es activo. Por eso, nuestro vecino ha logrado construir una clase media educada y socialmente conectada e identificada con el país, como ha quedado demostrado con el tema del TLC.

Esto ha provocado la censura política feroz y represiva del poder, que ha girado su artillería contra los dirigentes sociales y, sobre todo, estudiantes. Según una carta hecha pública por el Movimiento Estudiantil Alternativo y después por la Comisión Nacional de Enlace, “la criminalización de la protesta social, la represión policíaca, la descalificación, el arresto y el juicio a dirigentes sociales y organizaciones, incluyendo a sacerdotes que apoyan nuestra causa, es un signo evidente de violencia política del sistema que quiere por todos los medios acallar la protesta”.

La violencia verbal y la intimidación son siempre las mismas: la sociedad civil cuando se opone es agitadora, comunista, izquierdista trasnochada, terrorista antidemocrática, manipulada, ignorante, irracional. Y la juventud es sinónimo de criminales cuando está contra el TLC en la campaña parcializada de los medios de comunicación, en concubinato con el gobierno, para crear un clima de confrontación y de inseguridad, y mostrar una cara agresiva en lugar del carácter cívico de las protestas.

¿Por qué los estudiantes universitarios, sindicatos, académicos prestigiosos, campesinos, ambientalistas, intelectuales, diputados y hasta ex presidentes y ex candidatos marchan contra el TLC? Tres razones: en Costa Rica hay un Estado que provee servicios públicos de gran cobertura y aplica políticas e instituciones para la inversión pública y distribución de la riqueza.

Segundo, esto ha permitido el desarrollo de una gran clase media (a diferencia del resto de Centroamérica), con mejor calidad de vida, movilidad y equidad social. Tercero, esta clase media está hoy golpeada económicamente debido a que los mecanismos de solidaridad se han debilitado con la apertura, la pobreza está aumentando y esto causa preocupación y alerta. El TLC es percibido como un tratado que beneficia a una minoría en detrimento de la mayoría. Por eso no se consulta con la sociedad, se impone. Como dijo un político, “preguntarle a la gente es peligroso, pues podría decir que no”.

¿Resistirá Costa Rica solitaria? Desde Nicaragua y demás países centroamericanos la resistencia de la sociedad civil costarricense la observemos lejana. Pero es muy importante por las cosas en juego, más allá del resultado final.

Las protestas contra el TLC le dejan al país una firme noción de colectividad, capacidad de movilización y reivindicación de las calles, síntomas sanos de una democracia. Pero, sobre todo, es un firme recordatorio de que la democracia como sistema (o cualquier otro régimen) no otorga derechos, éstos son productos de luchas sociales y hay que salir por ellos.

(www.elnuevodiario.com.ni/2007/03/05/opinion/42884)

Referéndum Ejecutivo es extemporáneo

Esta vez, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, forzado por las circunstancias del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones acogió la petitoria del ciudadano José Miguel Corrales, de dirimir por medio de un referéndum de INICIATIVA CIUDADANA, el controversial TLC con Estados Unidos; anunció como respuesta a lo dispuesto por dicho Tribunal, que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar decreto a la Asamblea Legislativa para que se llame a un REFERÉDUM EJECUTIVO sobre el TLC. Pero, ¿quién nos asegura que la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta de convocatoria a referéndum?

Nuevamente muestra el gobierno de los señores Arias inconsistencias en su pensamiento y actuación. Primero, ellos manifestaron que la reelección presidencial debía ser revisada por la Asamblea Legislativa. Nos hicieron creer que solo a ella se dirigirían, pero ya todos conocemos cómo la lograron. Ahora, con el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos”, nos dijeron que los diputados como representantes del pueblo, son los únicos con potestad para aprobarlo o rechazarlo. Ante la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones cambian de parecer, y lo hacen violentando nuevamente la Constitución (Art. 99), cruzándose en el camino tomado por el máximo órgano en materia electoral.

Al convocar a un Referéndum Ejecutivo, el gobierno estará creando un conflicto de competencia o atribuciones entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, (Art. 109 LJC), pues éste ya inició el proceso para la realización del referéndum de INICIATIVA CIUDADANA. Voto No. 790-E-2007. No puede ahora el Ejecutivo venir a decirle al Tribunal Electoral, que su resolución no es válida, y que la iniciativa ciudadana debe hacerse a un lado, para que el pueblo acuda al referéndum al ritmo y al modo que dicta el gobierno. Ya los señores Arias han estado gobernando por casi un año.

Tiempo de sobra tuvieron para sopesar la conveniencia de esta posibilidad de abrir el camino a una solución pacífica y verdaderamente democrática. La acción del Ejecutivo está fuera de lugar, es extemporánea. El TSE ya resolvió que será el pueblo costarricense, por medio de la democracia participativa o directa quién decida el destino del TLC con Estados Unidos, y que esta vez no será a través de la democracia representativa.

Abril 16, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

Expertos advierten sobre los riesgos del TLC en reunión de la ONU

.- En una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada este mes, expertos advirtieron que los tratados de libre comercio provocan con frecuencia una importante pérdida de espacio político para los países en desarrollo, además de situar en desventaja a sus bancos, industrias, agricultores y consumidores.

Los tratados de libre comercio (TLC) entre países en desarrollo pueden ayudar a fortalecer la cooperación regional, pero cuando se celebran entre un país industrializado y poderoso y países en desarrollo, pueden provocar muchos problemas para los consumidores, agricultores e industrias de estos últimos.

Esta preocupación se planteó en Ginebra, en una reunión sobre la conexión entre el sistema multilateral de comercio y los acuerdos regionales de comercio, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Los acuerdos regionales Sur-Sur (como el de la ASEAN en el sudeste asiático y el Mercosur en América del Sur) se realizan entre países vecinos con grados similares de desarrollo, mientras que en los TLC Norte-Sur, el país rico está tan aventajado económicamente que sus mercancías y empresas pueden avasallar a la economía de la otra parte.

Lakshmi Puri, directora de la división de comercio de la UNCTAD, señaló que los nuevos acuerdos regionales de comercio trascienden el comercio para abarcar servicios, inversiones, competencia y propiedad intelectual. Sin embargo, excluyen a los subsidios agrícolas, que son una herramienta fundamental de protección para los países industrializados.

Esta cuidadosa selección de los temas, tratada por los expertos reunidos en Ginebra, refleja el desequilibrio de tales acuerdos. En estos se incluyen cuestiones como la inversión y la propiedad intelectual, que benefician a los países desarrollados, y se excluyen las que más podrían beneficiar a los países en desarrollo, como la eliminación de los subsidios agrícolas del Norte, por insistencia de los países más poderosos.

Ransford Smith, subsecretario general de la Commonwealth, dijo que los países en desarrollo tienen razón en preocuparse por los acuerdos regionales de comercio Norte-Sur, como el que negocian actualmente la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En tales acuerdos, los países en desarrollo deberían reclamar un trato especial y la facilitación del movimiento de sus trabajadores hacia los países industrializados.

Yash Tandon, director del South Centre, señaló que hay algunos acuerdos regionales en que predomina la solidaridad y el apoyo a los socios más débiles. Pero otros, que involucran a países en desarrollo e industrializados, tienen una “estructura forzada” en que una parte impone los términos y la otra debe limitarse a tomarlos o dejarlos tal como están, dijo.

Tandon hacía referencia a lo que se denomina una “plantilla”, es decir, un
modelo de acuerdo con cuestiones y demandas fijas de los países industrializados. Solo hay espacio para una variación muy limitada. Si el país en desarrollo discrepa, no hay acuerdo. Y si se firma el tratado, el país en desarrollo acepta un arreglo desequilibrado y debe implementar políticas con frecuencia perjudiciales.

La influyente organización Oxfam afirmó que los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea y a países en desarrollo despojan a estos del espacio político que precisan para gobernar eficazmente sus economías.

Los TLC con Estados Unidos retardan la introducción de medicamentos genéricos, advirtió Celine Chaveriat, directora comercial de Oxfam. En Colombia, los costos de los fármacos aumentarán 919 millones de dólares para 2020 debido a su TLC con Estados Unidos. Con ese dinero se podría tratar a 5,2 millones de pacientes, dijo.

Los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea, agregó Chaveriat, exigen al país en desarrollo que apruebe una ley para derogar el derecho de los agricultores a guardar o compartir semillas, lo que aumenta la vulnerabilidad de ese sector.

Estados Unidos y la Unión Europea también desean abrir, a través de TLC, los servicios financieros en el Sur. Por otro lado, los países en desarrollo liberalizan esos servicios en la esperanza de lograr una mayor eficiencia, pero ocurre lo contrario. Recientes estudios de la ONU y del Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestran que la apertura del sector bancario lleva a los bancos extranjeros a elegir solo a los clientes más lucrativos y a dejar a los clientes más pobres y riesgosos a los bancos nacionales, con lo cual la rentabilidad de estos se reduce.

En México, tras la firma de su TLC con Estados Unidos y Canadá, la propiedad extranjera de los bancos aumentó a 85 por ciento entre 1994 y 2000, pero los créditos a empresas mexicanas cayeron de 10 por ciento a 0,3 por ciento del producto interno bruto en el mismo período.

Los países en desarrollo también son presionados para que eliminen sus aranceles a los productos agrícolas y manifacturados, mientras que los países industrializados se niegan a negociar sus subsidios agrícolas, que perjudican gravemente a los agricultores del Sur, observó Chaveriat.

La experta citó un estudio según el cual, en Colombia, los ingresos podrían reducirse 57 por ciento y el empleo 35 por ciento en nueve sectores agrícolas, como resultado del TLC con Estados Unidos.

Oxfam exhortó a revisar las normas de la Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos regionales de comercio, así como a promover un cambio de mentalidad de los grandes actores acerca de sus políticas comerciales hacia los países en desarrollo.

David Vivas, del International Centre for Trade and Sustainable
Development, también destacó que Estados Unidos utiliza sus TLC para
proteger los intereses de sus empresas, insistiendo en disposiciones sobre propiedad intelectual que van más allá de las actuales normas
internacionales. Los países en desarrollo tendrán más dificultades para
proteger el interés público a medida que la expansión de los derechos de
propiedad intelectual reduzca su espacio político para hacerlo. Por lo
tanto, deben ser cuidadosos al aceptar esas condiciones, añadió.

Funcionarios de varios bloques regionales, incluida la ASEAN, estuvieron
presentes en la reunión, así como representantes de distintos gobiernos.

Enviado por Alvaro Madrigal Mora

Se avecinan fijaciones salariales del segundo semestre de 2007

La Administración Arias Sánchez se enfrentará, por tercera vez desde el inicio de su gestión, al proceso “negociador” que determinará el incremento del reajuste salarial para los sectores Privado y Público, que debe entrar en vigencia a partir del 1 de julio próximo.

Son negativas las expectativas que se están generando en importantes segmentos de la clase trabajadora asalariada del país (particularmente en los que tienen la oportunidad de tener organización sindical), dado que las dos fijaciones anteriores del presente gobierno, conservaron la misma línea política de las administraciones anteriores en materia salarial:

a) Los reajustes salariales no compensan, debidamente, el alza en el costo de la vida del período precedente.
b) Los reajustes salariales no incrementan el poder de compra del salario (recuperación salarial).
c) Los reajustes salariales no ayudan a cerrar la creciente brecha de la desigualdad en cuanto a la concentración del ingreso.
d) Los reajustes salariales no reconocen la sistemática pérdida del poder adquisitivo acumulada a lo largo de los últimos años.
e) Ausencia de voluntad política para discutir sobre la necesidad de instaurar políticas salariales de carácter integral, para mejorar la calidad de vida de la familia de la persona trabajadora.

Las dos ocasiones en que al presente gobierno le ha tocado el tema, la decepción es la norma entre la clase trabajadora de ambos sectores, por incrementos salariales tan raquíticos e indignos. Veamos por los porcentajes (%):

Semestre……………………Sector Privado……………Sector Público
Segundo del 2006……………..6.00……………………………………3.5
Primero del 2007……………….4.95……………………………………4.0

En las próximas semanas se deberá discutir, nuevamente, sobre el particular. En el caso del Sector Privado, se espera que el Consejo Nacional de Salarios (CNS), tenga mentalidad abierta, al menos, para poder plantear el tema de la instauración del Salario Escolar en la empresa privada, ya que no hay voluntad para una discusión de fondo sobre el tema.

En el caso del Sector Público, la tónica del “decretazo” salarial, muy probablemente, se repetirá por tercera vez, ante la total ausencia de voluntad política y una gran muestra de incapacidad de diálogo, que hasta ahora ha mostrado el presente gobierno, para discutir el punto con las organizaciones más representativas de la clase trabajadora del Sector Público. Tan grave es la situación, que la denominada “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”, está sepultada.

La ANEP ya está preparando sus correspondientes planteamientos y petitorias, que se esperan compartir con otras entidades laborales de ambos sectores, para darle más fuerza, solidez y unidad a la demanda por reajustes salariales realmente dignos y verdaderamente compensatorios, para toda la clase trabajadora asalariada del país.

San José, 16 de abril de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

La conquista democrática del Referéndum y el futuro del TLC

* Profesor asociado
Escuela de Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica

El referéndum sobre el TLC es un triunfo del movimiento social anti-TLC

Más allá del intento del presidente de la República de apropiarse de la iniciativa democrática del referéndum sobre el TLC, no se debe obviar que su realización es un triunfo del movimiento social, político y ciudadano anti-TLC y no de quienes apoyan el tratado.

Esa decisión no es una graciosa concesión de un político que repitió una y otra vez que el país tiene capitán, que ha dicho que no era necesario un nuevo referéndum porque ya había habido uno en las elecciones presidenciales y que, además, dijo que la instancia que tenía que aprobar el tratado era la asamblea legislativa donde contaba con una clara mayoría de 38 votos, la denominada coalición de la mayoría automática.

Estas son evidencias suficientes que demuestran que la convocatoria al
referendum no es resultado de la convicción democrática del gobierno sino un intento de ponerle al mal tiempo buena cara. Además, de muy mal gusto el intento oportunista del presidente de quitarle la iniciativa de convocar el referéndum a los grupso sociales y a la ciudadanía, pero esto no es nuevo, ha sido una actitud permanente del bipartidismo.

Lo que no se puede permitir es que la actitud oportunista gubernamental opaque lo fundamental: el triunfo popular y ciudadano que es que, a instancia de un grupo de ciudadanos encabezados por José Miguel Corrales, el Tribunal Supremo de Elecciones se haya visto obligado a convocar al referéndum para resolver una decisión tan fundamental como el TLC.

Dicho sea de paso, cabe recordar que fueron los grupos empresariales conservadores de este país los que repitieron, una y otra vez, que el tratado no se podía resolver por medio de un referéndum porque contenía tema fiscales, argumento que también fue utilizado por altos funcionarios del gobierno.

Una pregunta clave

Para que no nos arrebaten el significado de esta victoria popular tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno del capitán Arias y sus 999 tripulantes se vió obligado a convocar al referéndum? Esta es la cuestión. En esa línea, tenemos que analizar la trayectoria de la lucha contra el TLC y contra el proyecto neoliberal-transnacional que empujan de manera desesperada los grupos de poder que Arias representa, tomar consciencia de cuál era nuestra situación y la de ellos al iniciar esta lucha nacional y dónde estamos ahora, para entender el cambio de estrategia del grupo dominante.

En ese sentido, un primer elemento a recordar es que, después de la derrota del Combo en el 2000, los grupos de poder dominantes aprendieron la lección y decidieron rearticular una alternativa que les permitiera imponer de manera definitiva sus intereses y su visión excluyente y polarizante del desarrollo nacional.

Coyunturalmente, enfrentaron la elección de 2002 impulsando la candidatura de Ábel Pacheco, una figura de transición que ellos imaginaron dócil y trataron como un títere hasta que les salió güero, particularmente a partir del momento en que don Ábel entendió la jugadita que le hicieron con una negociación del tratado que incluyó la entrega del ICE y del INS, cosa que él de manera explícita había dicho que no sucedería. A partir de ese momento, empezó a patear la pelota hacia adelante, con jugadas hábiles como la de la Junta de los Notables, para retrasar el envío del nefasto tratado a la asamblea. A esta altura del partido, se podría imaginar que la lógica de don Ábel fue la de aquél dicho popular que dice “quien quiere celeste, que le cueste”. Es decir, si el tratado le serviría de forma tan descarada a un grupito tan pequeño y poderoso en detrimento de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho, pues que fueran ellos los que pagaran el costo político de la aprobación de ese tratado. Por supuesto, hubiera sido más digno que don Ábel hubiera tenido el valor de decir que los negociadores incumplieron el mandato que él les dio y que, por tanto, no aceptaba el tratado, pero eso no es obstáculo para reconocer que el retraso en el envío permitió que el TLC se transformara en un tema de la campaña presidencial, lo cual cambió de manera sustancial la dinámica electoral y política del país.

La apuesta de los grupos dominantes

Sin embargo, los grupos dominantes siempre trabajan en la configuración de varios escenarios pues no están dispuestos a ceder sus privilegios por iniciativa propia o gratuitamente y, mucho menos, están dispuestos a ser derrotados por la gente común, por la ciudadanía, por lo popular.

Entonces, utilizando toda su capacidad de influencia, lograron que la Sala IV eliminara la prohibición de la reelección para permitir el lanzamiento del candidato perfecto, miembro de alcurnia de los grupos de poder, con un Nóbel de la Paz a sus espaldas, un gran prestigio internacional y una alta valoración positiva en los estudios de opinión nacionales. Es decir, un candidato invencible. Oscar Arias y el TLC eran el combo perfecto, una apuesta ganadora para lograr mesa gallega e imponer el triunfo definitivo de los grupos de poder en la orientación del desarrollo nacional.

Parafraseando al famoso Fukuyama, arribaríamos al fin de la historia costarricense pues de allí en adelante todo sería un para siempre más de lo mismo con un solo grupo de ganadores hasta el final de los tiempos.

Era tan evidente la sensación de triunfo ante tan magistral jugada que el periódico de los grupos de poder, La Nación, tituló una vez sí y otra también, que la ventaja de don Oscar era tan abrumadora, tan contundente, que la cosa ya estaba resuelta, el capitán ya estaba en Zapote aún cuando la campaña electoral ni siquiera había arrancado formalmente. Es más, para qué molestarse en ir a votar.

Que el triunfo anunciado se confirmaría el primer domingo de febrero de 2006 lo garantizaban dos campañas paralelas, la de Oscar Arias (Sí Costa Rica) y la del grupo Por Costa Rica (Sí al TLC), que parecían tener capacidad financiera ilimitada. En todo caso, desde la lógica de ellos valía la pena esa inversión porque la apuesta era muy alta; en realidad, no era una apuesta más, era la apuesta definitiva.

La respuesta ciudadana

Pero la manipulación mediática tiene límites y, afortunadamente, la gente tiene mucho más sabiduría política y sentido común que lo que los grupos de poder y la clase política tradicional imaginan. Afortunadamente, a los grupos de poder su prepotencia les ciega y les impide reconocer que el país cambió y que la gente ya no se deja manipular burdamente. Eso contribuye a explicar lo que sucedió en las elecciones presidenciales: poco a poco la campaña fue calentando, el tema del TLC se fue posicionando y las redes sociales contrarias al tratado se activaron, la voz se fue pasando, hubo un trabajo tipo celular, de hormiga, persona a persona, con los grupos juveniles utilizando medios novedosos vinculados a internet y las organizaciones sociales utilizando medios alternativos, miles de acciones y micro-movimientos que permitieron que se generara una creciente resistencia política contra Arias, que terminó siendo capitalizada electoralmente por el candidato Ottón Solís del PAC, quien fue el que mejor logró posicionar el tema del rechazo al TLC.

El resultado electoral sorprendió a muchos, incluyendo a los grupos de poder que apoyaron al candidato invencible y seguro que a él también. El resultado final fue una diferencia del uno por ciento, menos de tres votos por mesa electoral, ni más ni menos que el resultado más ajustado de las elecciones contemporáneas en un proceso que, además, generó suspicacias y serios cuestionamientos por las debilidades en la fiscalización por parte del TSE e inconsistencias en muchas urnas y que parecían favorecer al partido del candidato reeleccionista.

La metáfora de la casa dividida

Una vez consolidado el resultado, pareció que el presidente Arias había entendido que su victoria fue pírrica, pues al inicio utilizó la metáfora de la casa dividida. El reconocimiento de que el país estaba polarizado debió haber obligado al presidente, en buena ley, a retirar el factor de conflicto, el TLC, y a crear un espacio democrático de verdadera negociación sobre el futuro del desarrollo nacional. Sin embargo, hizo todo lo contrario e inició un discurso prepotente que señalaba que era indiferente ganar por un voto o por muchos, el presidente manda y hace lo que quiere; que el país ya eligió capitán; que el TLC debe aprobarse porque lo apoyó en campaña y punto; que para eso se tiene una coalición de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Luego empezaron las descalificaciones y acusaciones contra los sectores opuestos al TLC, con la colaboración de los medios comerciales de siempre, algo que se convirtió en una suerte de campaña neo-machartista de intimidación y de criminalización de los grupos sociales opuestos al tratado, en particular, de las organizaciones estudiantiles y universitarias.

Es decir, empezaron a actuar como si hubieran ganado con el 60% de los votos y sin abstención; como si hubieran obtenido un mandato político tan fuerte y legítimo como para transformar radicalmente el país. En política, eso solo se puede cuando se hace una revolución (don Pepe en el 48) o cuando se gana por una mayoría contundente de votos (como la que obtuvo Calderón Guardia y el Bloque del Triunfo en el 40). Obviamente, este no es el caso de don Oscar, quien ganó con un porcentaje menor al que obtuvo en su primera elección 20 años atrás y en la elección más reñida de las últimas cuatro décadas.

La realidad del poder y el veto ciudadano

Pero la realidad del poder se impone, de tal suerte que las promesas y predicciones del gobierno de que el TLC y su agenda complementaria se iban a aprobar rápidamente (a más tardar en febrero de este año) se fueron desvaneciendo poco a poco. Por un lado, la prepotencia pronto les hizo cometer graves errores de procedimiento que fueron rechazados por la Sala IV, lo que les retrasó el ya de por sí lento avance en la discusión del tratado. A ello se suma la resistencia parlamentaria realizada por los partidos PAC, PASE y Frente Amplio, que terminaron por evidenciar que en el parlamento la aprobación del tratado iba para rato.

Sin embargo, el puntillazo más fuerte a la estrategia gubernamental de aprobación del tratado lo dio la movilización social con la gigantesca marcha del 26 de febrero. Esta impactante demostración de fuerza fue posible porque es resultado de un proceso que empezó a organizarse desde antes de que se negociara el TLC y que ha venido en un proceso ascendente de acumulación y articulación social. La marcha demostró, de forma contundente, que la oposición al tratado no era de un sector minoritario del país y que la causa contra el TLC tenía gran capacidad de organización y convocatoria. Este evento tuvo un efecto inmediato en el parlamento, con el endurecimiento de la oposición al TLC y el desánimo de la mayoría mecánica; posiblemente algo tuvo que ver con el pronto dictamen negativo de la Sala IV a la aplicación del artículo 41 bis al tratado, que intentaba la coalición parlamentaria pro TLC y, sobre todo, tuvo que haber generado en el gobierno la percepción de que la aprobación del tratado tendría un costo político muy alto.

Son estos factores los que explican el hecho de que el gobierno de Arias decidiera cambiar radicalmente de estrategia de la asamblea al referéndum y eso, tenemos que celebrarlo. También tenemos que celebrarlo porque estamos logrando una profundización de la democracia participativa.

Ningún país del resto de Centroamérica o de América Latina y menos Estados Unidos, ha tenido un movimiento social que, gracias a su resistencia, haya obligado al gobierno respectivo a consultar de manera directa a la ciudadanía para decidir sobre la aprobación de un tratado que compromete de forma definitiva y radical la orientación del desarrollo nacional.

Celebrar pero…

Celebrar no quiere decir que se asuma que la situación está resuelta favorablemente. Por supuesto que hay cabos sueltos que se tienen que amarrar. Menciono algunos en los que hay que insistir:

Primero, que se respete la iniciativa popular en la convocatoria al referéndum. Sino se respeta el orden de solicitud (primero en llegar, primero en derecho), el gobierno y la clase política siempre estarán en ventaja en la convocatoria al referéndum pues los mecanismos que ellos tienen son sumamente fáciles de cumplir, no así el de la iniciativa ciudadana.

Segundo, previo al referéndum debe hacerse la consulta sobre la constuticionalidad del tratado a la Sala IV. Si no se hace de previo, no habría cuando hacerlo y existe un mandato constitucional de que todo tratado internacional debe ser consultado antes de ser votado.

Tercero, debe haber financiamiento público y equitativo para la realización de las campañas del sí y del no al tratado. De hecho, debería prohibirse todo financiamiento privado, nacional o extranjero y realizarse solo con financiamiento estatal, para garantizar igualdad de condiciones.

Cuarto, debe suspenderse la discusión de la agenda complementaria del TLC mientras se hace el referéndum pues son proyectos derivados del tratado o, desde otro punto de vista, son parte del combo TLC.

Quinto, debe abrirse la fiscalización del proceso de votación a la participación ciudadana y no solo a los partidos políticos, sobre todo después de los problemas e inconsistencias que se presentaron con este tipo de fiscalización en la recién pasada campaña electoral.

Sexto, vigilar y exigir de manera estricta la no participación del gobierno en la campaña y en la movilización de votantes.

De David y Goliat; de Pinochet, el Sí y el No

Más allá de las condiciones mencionadas, muy posiblemente el referéndum se va a desarrollar en condiciones de desigualdad en acceso a recursos económicos y mediáticos que favorecerán a quienes apoyan el TLC. Sin embargo, de ninguna manera eso significa que el Sí ganará la batalla.

Creo lo contrario, que la perderá y de manera rotunda.

Esta batalla es más David contra Goliat que burro amarrado contra tigre suelto. Posiblemente se parece más al plebiscito a favor o en contra de la dictadura de Pinochet en la que el Sí tenía la plata, pero el No tenía la organización, la mística, la dignidad, los argumentos y la justicia a su
favor, haciendo que al final la verdad prevaleciera. Pienso que lo mismo
sucederá con el TLC.

Si bien ellos tienen la plata y los medios comerciales, ¿cuánto más pueden decir que no hayan dicho ya en estos años?

En cambio, el movimiento anti-TLC ha ido revirtiendo gradual pero consistentemente la ventaja que llevaba el Sí en las encuestas y hoy
prácticamente están empatados. Es más, si se analizan los indecisos, se
encontrará que tienden a inclinarse contra el TLC más que a favorecerlo,
un fenómeno similar al de las elecciones presidenciales en las que las
personas indecisas terminaron votando mayoritariamente contra Oscar Arias.

Otro elemento inédito favorable es que en el referéndum no habrá divisiones partidarias en el bloque anti-TLC y no pesarán tanto las lealtades personales. Por ejemplo, muchos liberacionistas contrarios al tratado que votaron por Arias podrían votar ahora contra el TLC sin problemas. Es decir, más allá de las diferencias sobre métodos, consignas, perspectivas políticas e ideológicas, todos los grupos sociales y partidos políticos contrarios al tratado podrán trabajar conjuntamente para derrotarlo.

Otro elemento importante es que, aunque con seguridad se establecerán
importantes niveles de coordinación político y social, es un proceso en
que cada ciudadano que se sienta activo y preocupado por la eventual
aprobación del tratado podrá movilizar a su entorno inmediato. El referéndum, a diferencia del proceso electoral partidario, no necesita los
niveles de centralismo que requiere la campaña electoral y, por el contrario, es un buen escenario para la movilización del enorme tejido
social anti-TLC que funciona como una efectiva red para la movilización
ciudadana.

El entierro democrático del TLC y el avance hacia un desarrollo solidario

En síntesis, ¿qué tiene el bloque del sí? Dinero y medios comerciales de comunicación. ¿Qué tiene el bloque del No? Mística, compromiso, gente y organización.

Como me dijo un amigo y excelente analista sobre la convocatoria del
referendum: tenemos que celebrarlo en grande. El referendum se ganará hablando con la gente, argumentándole, convenciéndole. El Sí tiene nada más que publicidad. Nosotros hace tres años talvez teníamos 20 personas que podían pararse ante un grupo a hablar contra el TLC, hoy tenemos muchos. Yo agregaría que posiblemente sean miles, si se entiende que la gran mayoría de personas que participaron el 26 de febrero en la marcha son gente consciente, con capacidad de argumentar y de convencer.

Todas estas razones me llevan a creer que en el referendum se enterrará
democráticamente al TLC y al neoliberalismo en Costa Rica y se iniciará
una nueva etapa del desarrollo nacional, más democrático, incluyente y
solidario.

TRIBUNAL AMBIENTAL DA CURSO A DENUNCIA POR CONTAMINACION EN CRUCITAS

Mediante resolución Nª 364-07, dada a conocer esta semana, el Tribunal Ambiental considera necesario que el solicitante dé el nombre del presunto responsable del daño ambiental para lo cual le da un plazo de diez días; también se le indica al Ingeniero Eugenio Androveño, director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud que efectúe un análisis químico de la quebrada El Descubrimiento con el propósito de determinar la contaminación del mismo para lo cual también le otorgan un plazo de diez días.

El Tribunal efectuará una inspección ocular en el sitio con autoridades del departamento de aguas del MINAE y del área de Conservación Huetar Norte.

Consultado el Licenciado Edgardo Araya sobre el presunto responsable del daño ambiental señaló que: “Antes de que se iniciaran los trabajos de exploración minera en la zona, la quebrada El Descubrimiento poseía vida acuática abundante y era utilizada por la familia Arias para consumo y abrevar el ganado, luego de excavaciones y muestreos empezaron los problemas con vacas que murieron y otras que perdían sus crías, también desaparecieron los peces y otras especies a tal punto que personeros de la empresa minera le donaron a la familia Arias Elizondo tres kilómetros de manguera para que trajera el agua de otro sector y le recomendó que no tomaran agua de la quebrada El Descubrimiento, por lo que se presume que es la exploración minera la causante del daño ambiental y así se lo informaré al Tribunal”.

A raíz de los serios problemas de salud que vienen sufriendo los miembros de la familia Arias Elizondo, fueron tomadas seis muestras en diferentes partes del curso del río. El resultado del análisis emitido por el Laboratorio de la Unidad de Servicio a la Industria de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica determinó que existen altísimos niveles de arsénico, hasta setenta veces lo permitido.

Aguas arriba de la quebrada El Descubrimiento no hay casas ni fincas solo bosque; en esa quebrada desaguan, entre otras, aguas provenientes de los terrenos que posee la empresa minera.

Los sectores ambientales esperan que la investigación determine el responsable del daño ambiental y aplique las sanciones correspondientes.

Marco Tulio Araya
Unión Norte por la Vida

__________________________________
Fuente: FECON

Posición oficial de la ANEP: REFERÉNDUM SÍ, FRAUDE NO

Creemos que el mejor despliegue de la democracia participativa está dado por esta decisión histórica de reconocer que es al pueblo costarricense al que le compete definir el modelo de desarrollo que tendrá durante las próximas décadas.

Felicitamos al grupo de ciudadanos y ciudadanas denominado Convergencia Patriótica, y particularmente al Licenciado Jose Miguel Corrales Bolaños, en su lucha por abrir este espacio democrático. Es claro que los sectores dominantes se han visto obligados a aceptar la utilización de este instrumento en torno al TLC, ante el impacto de la creciente, diversa y sólida oposición social, cívica y política, de la que esta agrupación es parte y que ha venido defendiendo el referéndum de la calle.

Precisamente por la relevancia histórica y política de esta decisión que permitirá utilizar el referéndum por primera vez en nuestro país, es que debemos garantizar su realización en condiciones que lo legitimen a futuro y garanticen que la democracia participativa es un proceso irreversible.

Queremos transparencia, no fraude, porque solo así evitaremos confrontaciones sociales y políticas similares a las que como país hemos transitado en otros momentos históricos.

Como organización queremos ir a un referéndum. Eso sí, un referéndum sin fraude y sin engañar a la gente.

Evitar el fraude depende de una voluntad política férrea y transparente y abarca tres elementos fundamentales:

1. La ciudadanía debe decidir soberanamente sobre un proyecto de ley que sea incuestionablemente constitucional

En los últimos meses la Rectoría de la Universidad de Costa Rica convocó a un conjunto de distinguidos juristas para que se pronunciaran sobre la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio.

El día 12 de abril dicha comisión realizó la presentación pública del resultado de un exhaustivo análisis jurídico que señala y justifica 12 inconstitucionalidades por el fondo y 7 por la forma. Además existen ya otros análisis de igual calibre elaborados por prestigiosos juristas que plantean este grave problema constitucional del TLC.

Para la ANEP es urgente identificar caminos políticos y legales para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del TLC, antes de la realización del referéndum; de forma tal que se garantice a las y los ciudadanos que manifestaremos nuestra decisión sobre un proyecto que no atente contra la Constitución Política.

2. Debe detenerse el trámite legislativo del TLC y su agenda de implementación

El referéndum no puede ser un mecanismo para burlarse de la voluntad popular. Existe una íntima vinculación entre los proyectos de ley de la agenda de implementación del TLC y éste; por tanto, es un verdadero fraude a la voluntad popular permitir una decisión por medio del referéndum, pero a la vez aprobar partes del TLC a través de los proyectos de ley que desarrollan los contenidos y exigencias de ese inconstitucional TLC.

Para la ANEP es urgente que el gobierno demuestre a la ciudadanía que se toma en serio la consulta popular, retirando del trámite legislativo el TLC y la agenda de implementación mientras se convoca a la ciudadanía a manifestarse en las urnas. Estos proyectos son, entre otros, los relativos a la apertura del mercado de telecomunicaciones, a la apertura de seguros, a la propiedad intelectual (incluyendo medicamentos y agroquímicos), y a la biodiversidad incluyendo la protección de las semillas.

3. El dinero no debe definir el referéndum

Es imprescindible que la voluntad popular sea fruto de la reflexión individual y colectiva de los y las costarricenses, y no fruto de la manipulación propagandística de los sectores económicamente poderosos.

Es por eso que requerimos que el Tribunal Supremo de Elecciones actúe eficaz y oportunamente, para evitar la manipulación del pueblo costarricense.

Esto requiere garantizar la suspensión inmediata de la propaganda y las manifestaciones de gobierno a favor del TLC, así como garantizar el acceso a los medios de comunicación en condiciones equitativas.

Se requiere además la fiscalización cuidadosa de los fondos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para garantizar el respeto de nuestra legislación, de forma tal que se garantice que no sean intereses extranjeros ni los grandes capitales de los sectores dominantes los que definan el futuro del país. Creemos que tal y como lo ha hecho en el pasado nuestro país, debemos invitar a diversos observadores internacionales que nos acompañen en este proceso fundamental para el sistema democrático costarricense.

Solo en la medida que atendamos adecuadamente estos elementos fundamentales, evitaremos el fraude en el ejercicio del poder soberano del pueblo costarricense.

Ronald Barrantes Moya

María Eugenia Martínez Vargas

Douglas Carrillo Azofeifa

Flor de Lis Monestel Corrales

Yamileth Céspedes Garro

Édgar Morales Quesada

Yahaira Chambers Moya

Guillermo Murillo Castillo

Mainor Díaz Gómez

Juan Carlos Paniagua Soto

María del Milagro Gómez Araya

Isabel Portuguez Quesada

Guillermo Keith Bonilla

Ligia Solís Solís

Lydia Lacayo Mena

Albino Vargas Barrantes

Junta Directiva Nacional
Período 2005-2007

SIN MIEDO AL REFERÉNDUM

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas ha ejercido su derecho constitucional a solicitar la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones para iniciar un proceso de recolección de firmas para determinar si el pueblo de Costa Rica está de acuerdo con someter a referéndum vinculante por iniciativa popular el TLC con los Estados Unidos.

El Tribunal ha acogido esta solicitud y ha autorizado el inicio de la recolección de firmas. Los ciudadanos interesados tienen ahora un plazo de 8 meses para cumplir con este requisito. Será entonces el pueblo el que decida si se convoca o no un referéndum vinculante sobre el TLC.

El Gobierno y los grupos económicos que promueven la aprobación del TLC a golpe de tambor deben respetar este proceso democrático y abstenerse de obstaculizarlo o manipularlo.

Sería inaceptable cualquier maniobra para burlar la iniciativa popular mediante recolección de firmas, a través, como se rumora quiere hacer el presidente Arias, de una solicitud de convocatoria del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

En particular se debe suspender el trámite acelerado del TLC Y SU AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN mientras se realiza la recolección de firmas, a fin de hacer viable que la población pueda decidir.

Si mientras estas firmas se están recolectando el Gobierno insiste en tramitar de manera abrupta las leyes exigidas por el TLC se estaría cometiendo un fraude contra nuestro sistema democrático. Se estaría burlando al pueblo costarricense al hacerle creer que se le va a permitir manifestar su voluntad de forma directa, mientras que, por la espalda, se imponen una serie de leyes que consolidan los efectos más perniciosos del Tratado que se pretende consultar.

Los cientos de miles de costarricenses que salimos a las calles para manifestar nuestra oposición al TLC no tenemos porque temerle al referéndum ni a cualquier otro mecanismo de consulta directa al pueblo. Lo que si debemos es rechazar cualquier consulta amañada y manipulada, donde no existan garantías mínimas de participación en igualdad de condiciones para ambas partes.

Por eso es que, de previo a decidir sobre una convocatoria a referéndum, deben garantizarse, entre otras, estas condiciones básicas.

  • Que va a existir equidad en el acceso a los medios de comunicación, para que tanto los sectores que están a favor como los que están en contra del proyecto que se consulta puedan exponer sus posiciones.
  • Que las instituciones de Gobierno no van usar recursos públicos para favorecer una posición, que no se va extorsionar, amenazar o manipular al pueblo, condicionando ayudas o servicios públicos.
  • Que los empresarios no van a amenazar a sus trabajadores para obligarlos a que voten de una determinada manera como ocurrió recientemente en El Salvador y ya está pasando en Costa Rica.
  • Que va a haber un estricto control sobre las contribuciones privadas para evitar que gobiernos extranjeros, empresas trasnacionales y poderosos grupos económicos destinen millonarios recursos para comprar conciencias y promover el fraude.
  • Que haya transparencia y no se permita la intervención de grupos como el mal llamado “Grupo Por Costa Rica”, mientras persista en su práctica de realizar campañas millonarias para atemorizar y desinformar a la población negándose a informar de donde viene el dinero que las financia.

Hoy en día la Ley que regula el referéndum (Nº 8492) carece de las normas para asegurar estas garantías mínimas. Por eso habría que tramitar un proyecto de ley para reformar esta legislación para incluirlas a la mayor brevedad posible. Esta iniciativa debería discutirse de previo a una convocatoria a referéndum.

En el caso específico del TLC también es indispensable que antes de convocar a una consulta popular de este tipo se aclaren las inmensas dudas que existen sobre las INCONSTITUCIONALIDADES que contiene este Tratado.

De lo contrario, se podría estar nuevamente engañando y burlando al pueblo de Costa Rica, al consultarle un proyecto que sería contrario a nuestra Constitución Política. Es decir, un proyecto sobre cuya viabilidad no existiría seguridad alguna. Ninguna ley que violente nuestra Carta Fundamental puede tener vigencia aún cuando haya sido sometida a referéndum.

Por lo tanto, de previo a una convocatoria a referéndum del TLC debe consultarse a la Sala Constitucional sobre los grandes roces de constitucionalidad que presenta este Tratado.

Ante esta situación el pueblo y sus organizaciones sociales deben mantenerse unidos en estado de alerta, incrementando la protesta cívica y la movilización, hasta conseguir la derrota del TLC y su agenda de implementación.

José Merino del Río
Diputado Asamblea Legislativa
Partido Frente Amplio

Comunicado de Prensa, 12 de abril de 2007